Las seis universidades públicas de Madrid paran el 4 y 5 de noviembre

Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han convocado una huelga general para los días 4 y 5 de noviembre contra lo que la comunidad universitaria organizada define como una situación de «asfixia económica». El paro afecta a la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos y llega después de meses de tensión por la financiación, los ajustes internos y el modelo acordado para sostener el sistema universitario madrileño durante los próximos años.

La convocatoria no se limita a una protesta simbólica de profesores. La Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública, integrada por organizaciones de las seis instituciones madrileñas, plantea dos jornadas de movilización de ámbito interuniversitario y relaciona el conflicto con las condiciones laborales, el deterioro que denuncia en determinados servicios y facultades y la presión económica que soporta el alumnado. El mensaje lanzado desde la Universidad Autónoma ha sido bastante poco ambiguo: aseguran que «no se van a callar».

Dos días de huelga en las seis universidades públicas

El calendario sitúa el núcleo de la protesta el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre de 2026. Están implicadas la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Autónoma (UAM), la Universidad Politécnica (UPM), la Universidad de Alcalá (UAH), la Universidad Carlos III (UC3M) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

No es, por tanto, un conflicto aislado de un campus con problemas presupuestarios propios. La convocatoria pretende presentar la financiación de la universidad pública madrileña como una cuestión común a las seis instituciones, aunque la situación económica, académica y patrimonial de cada una sea distinta.

Antes de las dos jornadas de huelga habrá más protestas. La Coordinadora ha anunciado una concentración ante la Consejería de Educación el 28 de octubre y, durante la semana de los paros, la iniciativa «La Uni en la calle», con clases trasladadas fuera de las aulas. Para el 5 de noviembre se ha previsto también una asamblea ciudadana a las 15:00 en la plaza del Museo Reina Sofía y una manifestación central a las 18:00.

El otoño universitario madrileño venía, en realidad, bastante cargado antes de llegar a noviembre. La Complutense y la Rey Juan Carlos ya estuvieron llamadas a parar el 14 de octubre, mientras en otros campus se desarrollaban movilizaciones vinculadas al conflicto de la enseñanza pública no universitaria. La huelga de noviembre amplía ahora el pulso a todo el sistema universitario público regional.

El dinero, centro de una disputa que viene de lejos

Detrás de las pancartas hay una discusión mucho menos vistosa, pero bastante más importante: cuánto dinero necesita una universidad para funcionar con normalidad y de dónde debe salir. Los colectivos convocantes sostienen que las universidades madrileñas continúan instaladas en una infrafinanciación estructural que obliga a contener gastos, limita contrataciones y termina repercutiendo en servicios, instalaciones y capacidad docente.

En su diagnóstico, la financiación pública universitaria se mantiene alrededor del 0,4 % del PIB regional. Las organizaciones movilizadas denuncian también que esa presión económica empuja a las universidades hacia una mayor dependencia de ingresos propios, contratos externos y otras vías de financiación que no sustituyen, a su juicio, una aportación pública estable.

Algunos indicadores comparativos alimentan esa discusión. Los últimos estudios disponibles han colocado a Madrid entre las comunidades con menor financiación pública por estudiante universitario, aunque cualquier comparación exige cierta cautela: una universidad con una estructura científica, tecnológica o investigadora intensa no tiene los mismos costes que otra con un perfil académico diferente. Aun así, la distancia respecto a otras autonomías se ha convertido en uno de los argumentos centrales del conflicto.

El 1 % de la LOSU, con un matiz que importa

Los convocantes contraponen esa situación madrileña al objetivo del 1 % del PIB recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Aquí conviene afinar el lenguaje, porque una cifra política repetida muchas veces puede acabar pareciendo algo ligeramente distinto de lo que dice la norma.

La LOSU establece que el Estado, las comunidades autónomas y las universidades comparten el objetivo de alcanzar para 2030 un gasto público en educación universitaria pública equivalente, como mínimo, al 1 % del PIB en el conjunto de España. No ordena literalmente que cada comunidad autónoma deba dedicar por separado el 1 % de su propio PIB regional a la universidad.

Ese matiz jurídico no borra el problema de fondo que denuncian las universidades, pero sí evita confundir un objetivo nacional de financiación con una obligación autonómica formulada exactamente en esos términos. En educación, una décima puede parecer una minucia hasta que aterriza en una nómina, un laboratorio que necesita renovar equipos o un grupo de alumnos demasiado lleno.

El acuerdo de 14.800 millones que no ha cerrado el conflicto

La paradoja es evidente. La huelga llega pocos meses después de que el Gobierno madrileño y los seis rectores firmaran precisamente un modelo diseñado para proporcionar estabilidad financiera hasta 2031.

El acuerdo se suscribió en marzo y fue presentado por la Comunidad de Madrid como un pacto histórico: contempla que las seis universidades dispongan durante el periodo 2026-2031 de alrededor de 14.800 millones de euros, con un marco plurianual destinado a dar mayor previsibilidad a sus cuentas. Es uno de los grandes argumentos con los que el Ejecutivo regional rebate la idea de abandono financiero.

La cifra impresiona escrita con todos sus ceros, pero ahí comienza precisamente la controversia. De ese volumen global, una parte procede de los Presupuestos regionales y los precios públicos, mientras el modelo también contempla recursos generados por las propias universidades. Los colectivos críticos consideran que reunir todos esos conceptos bajo una gran cifra total dibuja una fotografía más favorable de la financiación de la que ellos observan en los campus.

Los sindicatos y plataformas movilizados sostienen que el acuerdo no resuelve el déficit acumulado y que mantiene una excesiva dependencia de ingresos propios y financiación condicionada. Desde los rectorados, sin embargo, la recepción inicial fue más favorable: el nuevo esquema fue presentado como un cambio de tendencia capaz de separar la financiación ordinaria de otros fondos ligados a objetivos, inversiones e infraestructuras.

Ahí está buena parte del choque. Gobierno regional, rectorados y organizaciones universitarias contemplan el mismo modelo desde lugares bastante distintos. Una cosa es garantizar una cantidad plurianual sobre el papel; otra, discutir cuánto cubre realmente los costes del sistema y qué margen deja para contratar, investigar, mantener edificios y afrontar nuevas necesidades.

La Comunidad de Madrid defiende un modelo «histórico»

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechaza el diagnóstico de asfixia que sostienen los huelguistas. La Consejería de Educación ha defendido el nuevo modelo de financiación como un acuerdo histórico y considera que proporciona a las universidades una estabilidad presupuestaria que hasta ahora no tenían garantizada durante un periodo tan prolongado.

El Ejecutivo autonómico destaca que el sistema crea una programación financiera a seis años, incorpora fondos específicos para inversiones y establece mecanismos para atender determinados desequilibrios entre universidades. Las cantidades asignadas varían en función del tamaño, estructura y necesidades de cada institución, con la Complutense y la Politécnica como principales receptoras por volumen.

También habrá financiación condicionada a objetivos y mayores exigencias de seguimiento y rendición de cuentas. Las universidades deberán justificar el destino de determinados fondos y avanzar hacia sistemas más completos de contabilidad analítica y control económico. La Administración habla de transparencia y eficiencia; los sectores críticos temen que esa lógica termine condicionando demasiado la autonomía universitaria. Una vieja discusión con traje nuevo.

Qué puede ocurrir en los campus el 4 y 5 de noviembre

La convocatoria afecta al funcionamiento ordinario de las seis universidades, aunque su impacto concreto dependerá del seguimiento de la huelga entre personal docente e investigador, personal técnico y de administración y otros colectivos universitarios, además de las condiciones específicas que se establezcan en cada centro.

Para el alumnado, el efecto puede variar entre facultades. Clases, prácticas, laboratorios, bibliotecas, secretarías o pruebas previstas durante esas fechas podrían verse alteradas dependiendo de quién secunde el paro y de cómo se organicen los servicios. Una huelga universitaria general no supone automáticamente que cada edificio cierre ni que desaparezca toda actividad académica.

La movilización aspira, de hecho, a ir más allá del campus vacío. Sacar clases a la calle responde justamente a esa estrategia: hacer visible que la protesta no pretende simplemente suspender la actividad, sino discutir qué universidad pública puede sostenerse con los recursos disponibles. Hay cierta ironía en tener que abandonar el aula para explicar por qué se reclama más inversión dentro de ella, pero esa imagen forma parte del mensaje.

El conflicto enlaza también con otras protestas protagonizadas por la enseñanza pública madrileña. Los convocantes universitarios consideran que existe un deterioro común de los servicios educativos y han incorporado a su discurso asuntos que van desde las condiciones laborales hasta el coste de vivir en Madrid para estudiantes, investigadores y trabajadores jóvenes.

La financiación universitaria llega a su examen político

Los días 4 y 5 de noviembre servirán para medir algo más que el seguimiento de dos jornadas de paro. Pondrán a prueba la capacidad de la Coordinadora para convertir el malestar de seis universidades muy distintas en un frente común y, al mismo tiempo, obligarán al Gobierno regional a defender sobre el terreno un acuerdo financiero que considera suficiente y que sus críticos juzgan corto desde su nacimiento.

Madrid posee uno de los mayores sistemas universitarios de España y concentra una enorme actividad docente, científica e investigadora. Esa maquinaria no funciona solo con una cifra global anunciada a seis años vista; necesita financiación estable para pagar personal, mantener edificios, renovar equipamiento, abrir laboratorios y evitar que los ajustes cotidianos terminen convirtiéndose en paisaje.

La discusión, despojada de eslóganes, es bastante sencilla. El Gobierno regional sostiene que ha construido el marco financiero más estable que han tenido las universidades madrileñas. Quienes convocan la huelga responden que el nuevo modelo no corrige la infrafinanciación que denuncian. Entre ambas versiones quedan los campus, las cuentas y dos días de noviembre llamados a comprobar hasta dónde llega el malestar universitario.