Una familia con un bebé de un mes afronta su desahucio en Granada

Una familia de Santa Fe, en Granada, afronta este martes 13 de octubre un desahucio de la vivienda en la que reside desde hace más de dos décadas. En la casa conviven tres generaciones y hay una niña de apenas un mes de vida. A media mañana, plataformas por el derecho a la vivienda trataban de detener el lanzamiento, sin que constara todavía públicamente su ejecución.

El caso ha saltado del ámbito local porque reúne varias de las aristas más ásperas de la crisis de vivienda: una hipoteca que dejó de poder pagarse tras el golpe económico de 2008, años de intentos para conseguir una solución asumible, una familia arraigada en el mismo municipio y, ahora, un bebé recién nacido dentro de una vivienda con fecha de lanzamiento. No es una discusión abstracta sobre ladrillos. Es quién duerme esta noche bajo ese techo y qué ocurre después.

Un desahucio fijado para este martes en Santa Fe

La mujer que ha contado públicamente la situación utiliza el nombre ficticio de Carmen para preservar su identidad. Según su relato, vive en esa casa de Santa Fe desde 2005. Cuando llegó la crisis económica de 2008 tenía dos hijos a su cargo y comenzó a acumular dificultades para hacer frente a la hipoteca.

El problema no nació ayer. Durante años, sostiene, intentó encontrar una salida que le permitiera permanecer en la vivienda pagando una cantidad adaptada a sus posibilidades económicas. Su versión es que buscó un alquiler social y renovó documentación en repetidas ocasiones, pero esa solución nunca llegó a materializarse.

La fotografía familiar también ha cambiado desde entonces. A Carmen, su marido y sus hijos se ha sumado una nieta de solo un mes. El lanzamiento estaba señalado para el 13 de octubre y el caso se encuentra entre los desahucios que colectivos sociales tratan de frenar en Andalucía por afectar a hogares en situación vulnerable.

El Sindicato de Vivienda de Granada identifica a Banco Santander como propietario de la vivienda y reclama una solución que permita a la familia continuar en Santa Fe, donde mantiene sus vínculos familiares y laborales. Las informaciones difundidas sobre el caso no recogen una respuesta pública del banco sobre las circunstancias concretas denunciadas por la familia.

Una deuda que arrastra la sombra de la crisis de 2008

Hay algo casi arqueológico en muchos desahucios que siguen llegando a los juzgados: al rascar unas capas aparece todavía la gran crisis inmobiliaria. Hipotecas concedidas en otra España, empleos que desaparecieron, cuotas que dejaron de encajar en salarios menguantes y familias que pasaron en pocos meses de la normalidad al impago.

Según el testimonio difundido sobre este caso, Carmen trató inicialmente de mantener los pagos, aunque terminó alcanzando un punto en el que la situación económica resultaba insostenible. Desde entonces, la familia asegura que ha buscado una fórmula para regularizar su permanencia en la casa.

No plantea, según su versión, permanecer gratuitamente de manera indefinida. Lo que pide es una cuota que pueda asumir o una alternativa residencial. Esa diferencia importa. Entre el impago y el desalojo existe un terreno incómodo donde se cruzan las obligaciones contractuales, la protección de la propiedad, la actuación de los servicios sociales y la atención pública a situaciones de vulnerabilidad.

El alquiler social que la familia dice haber esperado durante años

El alquiler social se ha convertido precisamente en una de las fórmulas utilizadas para intentar evitar que determinados procedimientos terminen con familias vulnerables sin vivienda. No supone regalar un inmueble ni borrar automáticamente una deuda: busca adecuar el coste residencial a unos ingresos que, por definición, son insuficientes para acudir con normalidad al mercado.

En Santa Fe, la familia sostiene que ese camino se intentó durante años sin llegar a buen puerto. El tiempo, mientras tanto, hizo lo suyo. Los niños crecieron, nació una nueva generación y el expediente siguió avanzando. Una casa puede permanecer exactamente en el mismo lugar mientras todo a su alrededor cambia.

El nacimiento de una niña no elimina por sí mismo un procedimiento judicial, pero sí añade un elemento evidente al análisis de vulnerabilidad y de la alternativa habitacional disponible. Un recién nacido no convierte mágicamente un litigio en otra cosa; tampoco puede ser tratado como un detalle burocrático al pie de una resolución.

Qué protección existe ante un desahucio vulnerable

El contexto legal acaba de cambiar. El Real Decreto-ley 29/2026, publicado el 7 de octubre y en vigor desde el 8 de octubre, introduce nuevas medidas para suspender procedimientos que afecten a personas vulnerables sin alternativa habitacional. La norma contempla distintos supuestos según quién promueva el procedimiento y las circunstancias jurídicas de la vivienda.

El régimen aprobado llega hasta el 31 de diciembre de 2030 en determinados casos y prevé mecanismos adicionales para otros procedimientos, incluidos periodos de suspensión sujetos a revisión. La filosofía es clara; la aplicación concreta, bastante menos sencilla. Hay que acreditar vulnerabilidad, analizar la naturaleza del procedimiento, determinar quién es el demandante y comprobar si existe una alternativa residencial adecuada.

Eso significa que la existencia de protección legal no equivale a una suspensión automática de cualquier desahucio. Cada expediente aterriza en un juzgado con su propia historia, documentos, plazos y circunstancias. Precisamente por eso resulta especialmente importante la intervención a tiempo de servicios sociales, abogados, propietarios y administraciones. Cuando el reloj llega a la mañana del lanzamiento, el margen suele haberse vuelto diminuto.

La nueva regulación también refleja una discusión de fondo que España arrastra desde hace años: cómo hacer compatibles la seguridad jurídica y el derecho de propiedad con la protección de quien, acreditadamente vulnerable, no dispone de otro lugar donde vivir. No es una ecuación amable. Tampoco admite la solución infantil de fingir que una de las dos realidades no existe.

Granada registró 329 desahucios durante 2025

El caso de Santa Fe llama la atención por la presencia de una recién nacida, pero se integra en una realidad bastante más extensa. La provincia de Granada registró 329 lanzamientos durante 2025. Fueron casi uno al día.

La composición de esos desahucios también cuenta una historia. 223 estuvieron relacionados con alquileres, el 67,7% del total, mientras que 82, un 24,9%, derivaron de ejecuciones hipotecarias. La imagen clásica de la crisis de 2008 —la familia perdiendo la casa por la hipoteca— ha ido dejando espacio a otro problema: hogares incapaces de sostener el precio del alquiler.

Las cifras son inferiores a las de hace una década, cuando Granada superaba ampliamente los registros actuales. Pero 329 procedimientos siguen siendo 329 puertas tras las que hay contratos rotos, deudas, propietarios, inquilinos, bancos, jueces y, algunas veces, niños. Las estadísticas ordenan el problema; no lo vuelven pequeño.

Una casa, tres generaciones y una decisión que pesa

Santa Fe concentra en una sola vivienda un debate que suele presentarse en términos enormes: crisis inmobiliaria, banca, protección social, derecho a la propiedad, parque público. Aquí todo eso cabe en unas habitaciones donde una familia lleva instalada desde 2005 y donde desde hace un mes también duerme una bebé.

El desenlace deberá producirse dentro de los cauces legales y con las garantías correspondientes. También hay una responsabilidad que rebasa el expediente judicial: evitar que una situación de vulnerabilidad acreditada termine simplemente desplazándose de una vivienda a una calle, un alojamiento provisional o el sofá de un familiar. Desahuciar no crea una casa alternativa. Solo resuelve quién conserva la posesión de la primera.

La familia pide quedarse mediante una fórmula económica que pueda asumir o recibir otra vivienda. Los colectivos que la apoyan reclaman que el lanzamiento se detenga. En medio están las normas recién estrenadas, los servicios públicos competentes y una realidad doméstica muy concreta: una niña de un mes que, evidentemente, no sabe nada de hipotecas, escritos judiciales ni balances bancarios.

Y quizá ahí esté la parte más incómoda del caso. Los procedimientos necesitan números, fechas y firmas para funcionar; la vulnerabilidad, en cambio, casi siempre llega con nombres, cunas, facturas y una bolsa preparada junto a la puerta.