Rosario, 75 años y un 38% de discapacidad, afronta otro desahucio

Rosario tiene 75 años, un 38% de discapacidad y lleva más de cuatro décadas viviendo en la misma casa del centro de Sevilla. Allí ha construido prácticamente toda su vida adulta. Ahora vive sola y pendiente de una nueva orden de desahucio después de que la vivienda fuese subastada y pasara a manos de otro propietario. El primer lanzamiento consiguió frenarse; el siguiente todavía no tiene fecha.

Su situación tiene otro dato difícil de sortear: cobra una pensión de poco más de 500 euros y solicitó hace alrededor de año y medio una vivienda social al Ayuntamiento de Sevilla sin haber obtenido una solución. Incluso lleva más de un año aplazando una operación de cadera. Teme ingresar, ser operada y descubrir al recibir el alta que ya no puede volver a casa.

Una casa comprada hace 44 años y un negocio que salió mal

La historia del posible desahucio de Rosario no empieza con un alquiler contratado hace unos meses ni con una ocupación reciente. La vivienda de la calle Patricio Sáenz, en Sevilla, fue comprada hace 44 años. El problema llegó mucho después, cuando la familia necesitó financiación para poner en marcha un negocio.

El inmueble terminó vinculado a una hipoteca para respaldar aquella operación. El negocio familiar no funcionó como esperaban, golpeado por las consecuencias de la crisis iniciada en 2008, y la situación económica se fue deteriorando. Con el paso de los años apareció una fórmula para que la familia pudiera continuar residiendo allí: se formalizó un contrato de alquiler a nombre del hijo de Rosario y de su nuera.

Después de la pandemia dejaron de abonarse las rentas. La vivienda acabó subastada por el banco y fue adquirida por un nuevo propietario dedicado a la compraventa y alquiler de inmuebles. Ahí cambia todo. La casa seguía siendo para Rosario el lugar donde había vivido durante décadas; jurídicamente, sin embargo, la propiedad ya estaba en otras manos.

El expediente tiene esa crudeza tan habitual en determinados conflictos de vivienda: detrás de palabras como hipoteca, impago, subasta y lanzamiento caben años enteros de una vida familiar.

La orden llegó mientras su marido estaba hospitalizado

Rosario asegura que conoció que tendría que abandonar la vivienda cuando su marido se encontraba ingresado en el hospital. La comunicación concedía aproximadamente un mes para dejar la casa. Él murió el pasado abril y ella se quedó sola en el inmueble.

Desde entonces, el temor al desahucio ha contaminado incluso decisiones que nada tienen que ver, en apariencia, con el mercado inmobiliario. Una operación de cadera, por ejemplo.

Rosario lleva más de un año retrasándola porque no sabe dónde podría pasar la recuperación. No teme solo perder cuatro paredes. Teme algo mucho más elemental: salir del hospital y no tener una casa a la que regresar.

Servicios Sociales ha acreditado su situación de vulnerabilidad y ha señalado otro obstáculo evidente: con su edad y sus ingresos resulta especialmente difícil acceder a un contrato de alquiler en el mercado privado. Su discapacidad añade otra capa al problema.

El primer desahucio pudo detenerse

El primer lanzamiento estaba previsto para el 2 de diciembre de 2025, pero finalmente fue suspendido. Había una particularidad procesal importante: la orden afectaba al hijo y a la nuera de Rosario, que figuraban formalmente como arrendatarios, y no a ella.

Aquella suspensión no resolvió el conflicto. Simplemente evitó que el desalojo se ejecutara entonces.

El procedimiento continúa y el segundo lanzamiento está pendiente de que el Juzgado de Instancia número 15 de Sevilla determine una fecha. El abogado de Rosario, Alberto de Lara, sostiene que se ha documentado su extrema vulnerabilidad y mantiene abierta la posibilidad de negociar con el actual propietario para que pueda permanecer en la vivienda. Hasta el momento, esa negociación no ha dado resultado.

Una nueva norma puede cambiar el escenario, pero no automáticamente

El caso llega además en un momento peculiar. El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, publicado en el BOE el 7 de octubre y en vigor desde el día 8, ha reforzado los mecanismos para suspender determinados desahucios cuando existen personas vulnerables sin alternativa habitacional.

La norma establece hasta el 31 de diciembre de 2030 un régimen específico para determinados procesos en los que concurren circunstancias relacionadas con la parte demandante, la vulnerabilidad acreditada y la ausencia de una alternativa residencial. También contempla mecanismos de suspensión judicial que deben valorarse dentro de cada procedimiento.

Eso no significa que el desahucio de Rosario quede cancelado por decreto ni que exista una paralización automática. La aplicación depende de las características concretas del procedimiento, de quién ejerce la acción, de la situación jurídica de la vivienda y, finalmente, de la decisión judicial.

Pero la vulnerabilidad acreditada de Rosario y la ausencia de una alternativa residencial colocan esas nuevas medidas en el centro de su defensa. Su abogado confía en que el nuevo marco pueda impedir el lanzamiento o, al menos, abrir un margen que antes era más reducido.

La regulación también refuerza la intervención de las administraciones cuando una persona vulnerable corre el riesgo de perder su vivienda sin disponer de una solución habitacional adecuada. Es ahí donde el caso deja de ser exclusivamente un pleito entre particulares y entra de lleno en la política de vivienda.

Una solicitud de vivienda social que sigue sin solución

Rosario presentó hace alrededor de un año y medio una petición de vivienda social ante el Ayuntamiento de Sevilla. Su situación económica deja poco espacio para alternativas: vive con algo más de 500 euros mensuales y no dispone, según la información conocida, de una solución residencial estable fuera de su domicilio. Sus vecinos son ahora su principal apoyo cotidiano.

Ese punto resulta especialmente relevante. Una suspensión judicial puede ganar tiempo, pero el tiempo por sí solo no crea una casa.

La cuestión de fondo aparece cuando una persona mayor, con discapacidad y unos ingresos extremadamente reducidos pierde su vivienda habitual y el mercado privado queda prácticamente fuera de su alcance. Pedirle que encuentre otro alquiler puede sonar razonable sobre un formulario. Fuera del papel, con precios de mercado, fianzas, garantías y exigencias de solvencia, la escena cambia bastante.

Rosario cumplirá 76 años en diciembre. Lo hará, salvo que la situación cambie antes, pendiente de un procedimiento judicial y de una solicitud de vivienda pública que todavía no le ha proporcionado una salida efectiva.

Más de cuatro décadas en una casa que ahora puede perder

Durante más de 40 años, la casa de Rosario fue precisamente lo contrario de algo provisional. Allí estaba la rutina, los muebles, el barrio, los vecinos, la memoria familiar. La deuda nacida alrededor de un negocio fallido terminó convirtiendo ese espacio en el centro de un procedimiento de desahucio que todavía puede acabar con su salida.

El nuevo marco legal ofrece más protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, aunque será el juzgado el que tenga que valorar cómo afecta al caso concreto. Mientras tanto, sigue abierta la negociación con el propietario y continúa pendiente la respuesta residencial de las administraciones.

Para Rosario la discusión es bastante menos abstracta. Tiene 75 años, una discapacidad reconocida, unos ingresos que apenas superan los 500 euros y una operación de cadera que lleva aplazando por una razón brutalmente sencilla: no sabe si, cuando salga del hospital, seguirá teniendo dónde volver.