El FMI alerta: la deuda mundial roza el 100% y encarece los intereses

La deuda pública mundial vuelve a acercarse a una frontera que durante décadas parecía reservada a guerras y crisis extraordinarias: un volumen equivalente al 100% del producto interior bruto del planeta. El Fondo Monetario Internacional ha elevado este 14 de octubre el tono de sus advertencias y reclama a los gobiernos que saneen sus cuentas antes de que sean los mercados quienes impongan el ajuste, normalmente de una manera bastante menos delicada.

El problema no es únicamente cuánto deben los Estados. Es cuánto cuesta mantener esa deuda. Los tipos de interés son sensiblemente más altos que durante la larga etapa de dinero barato, numerosos bonos emitidos hace años están llegando a vencimiento y los gobiernos tienen que refinanciarlos a precios mayores. Ese cambio, casi silencioso para el ciudadano, empieza a comerse una porción creciente de los presupuestos públicos. El dinero dedicado a pagar intereses es dinero que no llega a pensiones, sanidad, educación, infraestructuras o defensa.

El FMI pide actuar antes de que lo hagan los mercados

El diagnóstico del FMI es incómodo precisamente porque no habla de una crisis futura perfectamente identificable, sino de una acumulación de riesgos fiscales. Deuda elevada, intereses más caros y mayores necesidades de gasto coinciden en un momento en el que muchos países disponen de menos margen para reaccionar ante otra recesión, una guerra o una nueva crisis energética.

Rodrigo Valdés, director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo, ha resumido la posición del organismo con una advertencia poco habitual por su claridad: los países con mayores riesgos fiscales deberían actuar antes de que los mercados les obliguen a realizar un ajuste mucho más doloroso.

No significa que el FMI esté reclamando el mismo recorte presupuestario en todas partes. Las posiciones fiscales son muy distintas. Sí reclama que los países con déficits persistentes y endeudamiento elevado construyan planes creíbles para reducirlos y que las ayudas públicas extraordinarias sean temporales, focalizadas y transparentes.

La vieja comodidad fiscal se ha terminado. Durante muchos años, un Estado podía aumentar considerablemente su deuda y, paradójicamente, no ver crecer en la misma proporción la factura de intereses porque los tipos estaban pegados al suelo. Ese paisaje cambió.

La deuda se acerca a niveles inéditos en tiempos de paz

El FMI ya calculó que la deuda pública mundial había alcanzado aproximadamente el 94% del PIB en 2025 y que, manteniendo la trayectoria prevista, llegaría al 100% alrededor de 2029. Sería un nivel asociado históricamente al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La cifra tiene otra lectura importante. No todos los países están endeudándose de la misma manera y la inquietud está cada vez más concentrada en algunas de las mayores economías del planeta. Una crisis fiscal en una economía pequeña puede ser grave para sus ciudadanos; un problema de financiación en una potencia emisora de enormes cantidades de deuda soberana puede trasladar las ondas de choque al resto del sistema financiero.

Las economías avanzadas mantienen ratios de deuda especialmente elevadas y el conjunto del G7 se mueve muy por encima del 100% del PIB. Estados Unidos es uno de los focos principales. Francia también se encuentra bajo una atención creciente de los mercados.

El verdadero peligro está en los intereses

Una deuda del 100% del PIB no provoca automáticamente una crisis. Japón lleva décadas conviviendo con un endeudamiento muy superior y otros países han tenido problemas con porcentajes bastante menores. Importan el crecimiento económico, la moneda en la que se emite la deuda, quién la compra, los vencimientos, la credibilidad del Gobierno y, especialmente, el coste al que puede refinanciarse.

Aquí está el cambio que inquieta al FMI. El gasto mundial en intereses ha aumentado en los últimos años mientras los bonos que vencen son sustituidos por nuevas emisiones con rendimientos superiores. Son décimas que parecen pequeñas en una hoja de cálculo, pero que trasladadas a economías de billones de euros equivalen a cantidades gigantescas.

En los países de bajos ingresos la presión es aún más áspera. El pago de intereses absorbe en muchos casos una parte muy elevada de los ingresos fiscales, dejando menos recursos para necesidades básicas y haciendo a esos Estados especialmente vulnerables cuando el crédito internacional se encarece.

Es la aritmética menos vistosa de la deuda. Un Gobierno no necesita devolver mañana todo lo que debe; va renovando los vencimientos. Pero si una obligación que financiaba al 1% termina sustituida por otra al 4%, la factura anual comienza a subir aunque el volumen total de deuda apenas cambie.

España va en dirección contraria, pero arrastra una deuda enorme

España aparece en una posición peculiar dentro de este mapa. Su deuda continúa siendo muy alta en términos históricos, aunque la ratio respecto al PIB está descendiendo y las previsiones apuntan a que seguirá haciéndolo durante los próximos años.

El dato trimestral oficial del Banco de España situó la deuda de las administraciones públicas en el 101,4% del PIB al cierre del segundo trimestre de 2026, 1,8 puntos menos que un año antes. En julio, el avance mensual la situó provisionalmente en el 99,9%, por debajo del 100% según esa estimación mensual. El saldo ascendía entonces a unos 1,744 billones de euros.

La aparente paradoja merece atención: la ratio disminuye aunque el importe nominal de la deuda crezca. Ocurre porque también aumenta el PIB utilizado como denominador. En julio, por ejemplo, el volumen de deuda era superior al de un año antes, pero su peso relativo sobre la economía había disminuido.

Eso explica buena parte de la trayectoria española. Un crecimiento nominal relativamente fuerte facilita reducir la relación entre deuda y PIB sin necesidad de amortizar centenares de miles de millones de euros de golpe.

El FMI venía proyectando para España un descenso progresivo de la deuda durante los próximos años en su escenario de referencia. También advertía, sin embargo, de que los gastos por intereses tenderían a aumentar gradualmente a medida que la deuda antigua se refinanciara.

Bajar del 100% no convierte el problema en pequeño

La frontera del 100% tiene una enorme fuerza visual, pero poca magia económica. Pasar del 100,1% al 99,9% no abre una puerta secreta ni transforma de repente las cuentas públicas españolas. El Estado sigue cargando con alrededor de 1,7 billones de euros de deuda y necesita acudir constantemente a los mercados para renovar vencimientos y cubrir sus necesidades de financiación.

España tiene, eso sí, una diferencia favorable frente a otras grandes economías: su ratio de deuda está descendiendo mientras las previsiones para varios países desarrollados siguen apuntando hacia arriba.

También cuenta el crecimiento. Una economía que avanza con más fuerza facilita la reducción del peso relativo de la deuda y permite absorber mejor el coste de financiación. El PIB español, por tanto, es una pieza esencial de esta ecuación.

Pero confiar indefinidamente en que el PIB resuelva el problema sería otra versión de aquel optimismo fiscal tan popular cuando el dinero costaba casi cero. El crecimiento puede frenarse; los intereses, en cambio, continúan llegando puntualmente.

Por qué una deuda cara acaba afectando a los ciudadanos

La deuda pública suele parecer una cuestión remota hasta que empieza a competir con el resto del presupuesto. Ahí deja de ser una discusión de ministros de Finanzas y mesas de bonos. Cada euro destinado al servicio de la deuda es un euro que debe salir de alguna parte.

Cuanto mayor es la factura de intereses, menos espacio queda para aumentar otras partidas sin subir impuestos, reducir gasto o volver a endeudarse. Es el llamado margen fiscal: la capacidad de un Estado para responder a nuevas necesidades sin poner en duda la sostenibilidad de sus cuentas.

Ese margen importa especialmente cuando aparecen acontecimientos inesperados. La pandemia enseñó para qué sirve poder gastar enormes cantidades de dinero en muy poco tiempo. La crisis energética hizo lo mismo. Defensa, envejecimiento de la población, pensiones, transición energética o adaptación climática añaden ahora nuevos compromisos presupuestarios que no precisamente tienden a abaratarse.

El escenario internacional añade otra capa. El encarecimiento de la energía, las tensiones geopolíticas y unos tipos de interés elevados pueden reducir simultáneamente el crecimiento y aumentar las necesidades presupuestarias. Menos crecimiento y más gasto: una combinación bastante poco amable para unas cuentas públicas ya cargadas de deuda.

El ajuste no tiene por qué significar únicamente recortes

El mensaje del Fondo tiene además una vertiente fiscal menos automática de lo habitual. El FMI dedica especial atención a recaudar mejor, no necesariamente a elevar indiscriminadamente los tipos impositivos.

El organismo sostiene que reducir distorsiones en el IVA, mejorar el tratamiento fiscal de la inversión empresarial, revisar determinados incentivos y modernizar las administraciones tributarias puede impulsar inversión, empleo y productividad sin sacrificar necesariamente ingresos públicos.

Es una diferencia relevante. Consolidar las cuentas públicas puede hacerse mediante reducción del gasto, mayores ingresos, crecimiento económico o una combinación de los tres. La calidad de las medidas importa tanto como el tamaño del ajuste: recortar inversión productiva para cuadrar rápidamente un déficit puede mejorar una cifra este año y deteriorar el crecimiento durante los siguientes.

Algo parecido ocurre con los impuestos. Una subida mal diseñada puede aumentar la recaudación a corto plazo y reducir actividad; una reforma que cierre agujeros, simplifique el sistema o elimine tratamientos ineficientes puede recaudar con menos daño económico.

No hay una receta indolora. Ese es, en realidad, el fondo de la advertencia.

El margen fiscal se estrecha mientras la factura sube

La economía mundial no está ante una repetición automática de la crisis de deuda soberana de hace década y media. Los bancos son más resistentes, los mercados son diferentes y cada país llega a 2026 con circunstancias propias. El problema es otro: los Estados deben mucho más dinero y financiarlo vuelve a costar de verdad.

Para España, la fotografía es mejor que hace unos años. La deuda pierde peso sobre el PIB, la economía mantiene una evolución relativamente favorable y el coste de financiación no refleja la tensión que sufren otros países. Pero alrededor de 1,7 billones de euros de obligaciones públicas no desaparecen porque una ratio cambie de tres a dos cifras.

El aviso del FMI va precisamente por ahí. Los gobiernos que aprovechen los años de crecimiento para reconstruir margen presupuestario estarán en mejores condiciones cuando llegue el siguiente golpe. Los que pospongan indefinidamente el ajuste pueden terminar descubriendo una vieja ley de los mercados: mientras prestan dinero parecen pacientes; cuando dejan de serlo, el calendario lo ponen ellos.