Ciencia
Elecciones del 29N: qué propone cada partido para la ciencia española
Los partidos coinciden en reducir la burocracia científica, pero discrepan sobre la financiación pública, la investigación empresarial y el empleo.
Resumen
- Los partidos coinciden en pedir menos burocracia y financiación más estable
- El PSOE plantea el 1,5 % de inversión pública; Podemos propone el 2 %
- El PP propone incentivos fiscales y Vox vincula la ciencia a la industria
La ciencia también se juega parte de su futuro en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Los principales partidos políticos coinciden en la necesidad de garantizar una financiación estable para la investigación, reducir la burocracia y atraer talento científico. Sin embargo, sus programas electorales presentan diferencias importantes sobre cuánto dinero invertir, cómo distribuirlo y qué papel deben desempeñar las empresas y las administraciones públicas.
El PSOE propone elevar la inversión pública en I+D hasta el 1,5 % del PIB en 2035, mientras que Podemos plantea alcanzar el 2 %. Frente Amplio fija un objetivo de inversión total, pública y privada, del 3 % del PIB en 2030. Por su parte, el Partido Popular apuesta por incentivos fiscales, colaboración empresarial y financiación vinculada a resultados. Vox incorpora la investigación a sus propuestas industriales y económicas, sin establecer un porcentaje presupuestario equivalente.
Las diferencias no se limitan al dinero. La contratación de investigadores, las patentes, la inteligencia artificial, la investigación farmacéutica y la posibilidad de recuperar científicos que trabajan en el extranjero ocupan un espacio relevante en los compromisos electorales.
A ocho días de las urnas, los partidos presentan así distintas respuestas a uno de los problemas estructurales del sistema científico español: cómo sostener proyectos de investigación durante años sin depender exclusivamente de convocatorias, presupuestos anuales o financiación extraordinaria.
España invierte el 1,5 % del PIB en investigación científica
El punto de partida permite entender el alcance de las promesas. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, España destinó 23.931 millones de euros a investigación y desarrollo, un 6,9 % más que el año anterior.
Esa cantidad representa el 1,50 % del producto interior bruto, contabilizando conjuntamente la inversión pública y privada. La cifra todavía está lejos del objetivo nacional de alcanzar el 3 % del PIB en 2030, contemplado en la planificación española de ciencia e innovación.
Conviene distinguir las magnitudes. Cuando un partido promete invertir el 1,5 % del PIB con dinero público no está planteando lo mismo que otro que propone destinar el 3 % sumando administraciones y empresas. Tampoco son equivalentes los compromisos que tienen diferentes fechas de cumplimiento.
La estabilidad presupuestaria constituye otro asunto central. Un proyecto científico puede necesitar varios años para producir resultados, mientras que las convocatorias de ayudas y los presupuestos públicos funcionan con calendarios más cortos. De ahí que la financiación plurianual aparezca entre las prioridades compartidas por distintas formaciones.
PP y PSOE: incentivos privados frente a objetivos de inversión pública
El PP propone ventajas fiscales y facilitar el regreso de científicos
El Partido Popular plantea un modelo basado en reforzar la colaboración entre instituciones científicas y empresas. Su programa contempla garantizar la continuidad de la financiación pública entre ejercicios presupuestarios y vincular una parte de esos recursos a los resultados obtenidos.
El partido de Alberto Núñez Feijóo también propone ampliar las deducciones fiscales por I+D+i, aprobar una nueva Ley de Mecenazgo y facilitar la explotación comercial de los descubrimientos científicos mediante procedimientos más ágiles para las patentes.
Una de sus medidas más concretas afecta a los investigadores españoles que desarrollan su carrera en el extranjero. El PP plantea aplicarles un IRPF reducido del 20 % durante seis años cuando regresen a España para participar en proyectos estratégicos, además de agilizar los trámites de homologación.
Su programa incluye crear Zonas de Innovación Estratégica con ventajas fiscales para actividades vinculadas a los semiconductores, la biotecnología y la inteligencia artificial. También contempla acelerar el acceso de los pacientes a nuevas innovaciones biomédicas.
En materia presupuestaria, el PP no establece una meta propia de inversión en I+D expresada como porcentaje del PIB comparable a las propuestas cuantificadas de otras formaciones.
El PSOE apuesta por grandes instalaciones y carreras científicas estables
El Partido Socialista plantea aumentar progresivamente los recursos públicos destinados a investigación mediante una planificación plurianual. Su programa recoge alcanzar el objetivo de inversión pública del 1,25 % del PIB y elevarlo posteriormente al 1,5 % en 2035.
Entre sus prioridades figura reforzar grandes instalaciones científicas españolas, como el acelerador de partículas IFMIF-DONES, proyectado en Granada, el sincrotrón ALBA de Barcelona y el Barcelona Supercomputing Center, especializado en supercomputación.
El PSOE también propone aprobar el Estatuto del Personal Investigador, mejorar las perspectivas profesionales de científicos y técnicos y reforzar el programa ATRAE para incorporar investigadores de prestigio internacional.
En el ámbito tecnológico, plantea desarrollar una estrategia específica de inteligencia artificial aplicada a la ciencia, regular los neuroderechos y tramitar la primera Ley de Actividades Espaciales.
Estas iniciativas se acompañan de medidas para mejorar la transferencia del conocimiento a las empresas, impulsar tecnologías avanzadas y reducir las diferencias de género en la investigación.
Frente Amplio y Podemos priorizan la inversión y el empleo científico
Frente Amplio propone que España alcance una inversión total en I+D+i del 3 % del PIB en 2030, con un reparto del 1,25 % de financiación pública y el 1,75 % de inversión privada. La coalición eleva posteriormente su objetivo global al 4 % durante la década siguiente.
Su programa contempla aumentar un 15 % los programas de la Agencia Estatal de Investigación y establecer presupuestos plurianuales que permitan mantener los proyectos científicos incluso cuando finalicen los fondos extraordinarios europeos.
La coalición también plantea crear un fondo público de inversión tecnológica para apoyar empresas innovadoras, impulsar el software de código abierto y reforzar la participación pública en sectores estratégicos.
En el ámbito sanitario, apuesta por una empresa farmacéutica íntegramente pública y por condiciones que garanticen un acceso justo a medicamentos desarrollados con financiación pública. También propone impulsar alternativas a la experimentación con animales mediante un plan estatal y un centro especializado.
Podemos presenta compromisos diferentes, especialmente en financiación y condiciones de trabajo. Su programa establece como objetivo elevar la inversión pública en ciencia e innovación hasta el 2 % del PIB, garantizar la ejecución de las ayudas directas y controlar el destino de las subvenciones concedidas a empresas.
La formación de Irene Montero incluye entre sus medidas una subida salarial mínima del 30 % para el personal investigador, limitar el encadenamiento de contratos temporales y duplicar las convocatorias de contratos predoctorales, postdoctorales y de estabilización.
También plantea un nuevo Estatuto del Personal Investigador, con derechos laborales y protección social desde la etapa predoctoral, además de carreras profesionales específicas para personal técnico y de gestión científica.
Otras propuestas son introducir mecanismos de participación de los trabajadores en la elección de directores de centros de investigación, revisar los procedimientos burocráticos y establecer la gratuidad de los museos públicos y centros de ciencia.
Vox vincula la investigación a la industria y la productividad
Vox no reserva un capítulo específico de su programa electoral a la política científica, aunque incorpora propuestas relacionadas con la investigación en sus apartados de economía, industria, educación y regulación administrativa.
La formación de Santiago Abascal plantea reforzar la inversión en investigación, desarrollo e innovación, fomentar la colaboración entre centros científicos y empresas e impulsar medidas que favorezcan la actividad innovadora.
También propone utilizar la inteligencia artificial para mejorar la productividad empresarial y reducir cargas burocráticas en las administraciones públicas.
En materia industrial, defiende eliminar determinadas restricciones legales y medioambientales que considera obstáculos para la investigación, exploración y explotación de recursos minerales y naturales.
Su programa incorpora asimismo el objetivo de reforzar las materias científicas en los currículos escolares. No obstante, no fija una cuantía global ni un calendario presupuestario específico para I+D equivalente a los compromisos expresados en porcentaje del PIB por otras formaciones.
Los presupuestos y la estabilidad laboral marcarán la próxima legislatura
El análisis de los programas electorales muestra que existe un terreno común entre partidos con planteamientos ideológicos muy diferentes: la necesidad de mejorar la financiación, reducir trámites administrativos y facilitar que los resultados científicos lleguen a la sociedad y al tejido productivo.
Las discrepancias aparecen cuando se concreta quién debe financiar esa transformación, cuánto dinero público debe comprometerse y cómo gestionar los beneficios de la innovación. También existen diferencias sobre los derechos laborales de los investigadores, la titularidad de las patentes y el grado de intervención del Estado en sectores tecnológicos estratégicos.
Para las universidades, los organismos públicos de investigación y los centros tecnológicos, las medidas más relevantes serán aquellas que permitan planificar contrataciones, mantener equipos estables y garantizar recursos durante varios ejercicios. La simplificación administrativa también tendrá consecuencias prácticas sobre el tiempo que los investigadores pueden dedicar a su trabajo.
El resultado de las elecciones del 29 de noviembre determinará qué propuestas pueden incorporarse a la agenda del próximo Gobierno, aunque su aplicación dependerá de los acuerdos parlamentarios, los presupuestos y las normas que finalmente se aprueben.
La diferencia entre anunciar más inversión y transformar el sistema científico estará en la ejecución de los compromisos electorales: cuánto dinero llega realmente a los proyectos, durante cuánto tiempo se garantiza y qué condiciones encuentran quienes trabajan en ellos.
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