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Salud

574 personas recibieron la eutanasia en España en 2025, un 35,7% más

En España se realizaron 574 eutanasias en 2025, un 35,7% más que en 2024. Se presentaron 1.284 solicitudes y 382 personas murieron durante el proceso.

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La eutanasia crece

Resumen

  • En España se realizaron 574 eutanasias en 2025, un 35,7% más
  • Hubo 1.284 solicitudes y 382 personas murieron durante la tramitación
  • Cataluña concentró 235 prestaciones y el 40,9% del total nacional

Un total de 574 personas recibieron la eutanasia en España durante 2025, lo que supone un incremento del 35,7% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 423 prestaciones. Son 151 casos más en un año, según el informe anual publicado este miércoles, 18 de noviembre de 2026, por el Ministerio de Sanidad. Las enfermedades neurológicas y el cáncer concentraron tres de cada cuatro prestaciones realizadas.

El aumento también se refleja en las peticiones. Durante 2025 se registraron 1.284 nuevas solicitudes de ayuda para morir, un 30,6% más que las 983 del ejercicio anterior. Sin embargo, no todas llegaron a materializarse. De los 1.219 procedimientos que finalizaron durante el año, 574 concluyeron con la prestación, mientras que 382 personas fallecieron durante la tramitación, antes de recibirla.

Los datos dibujan una realidad que va más allá del crecimiento de las solicitudes. La edad media de quienes recibieron la prestación fue de 72,4 años y el tiempo transcurrido desde la primera petición hasta su realización alcanzó los 72,4 días de media. El informe también revela diferencias territoriales importantes y permite conocer dónde se practicaron las eutanasias, qué enfermedades tenían los pacientes y cuántas solicitudes fueron rechazadas.

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Casi la mitad de los procedimientos terminó con la eutanasia

El balance de 2025 muestra que el 47,1% de los procedimientos finalizados concluyó con la prestación de ayuda para morir. Las otras tres situaciones fueron el fallecimiento durante la tramitación, la denegación y la retirada voluntaria de la petición.

En concreto, 382 procedimientos finalizaron porque la persona solicitante falleció antes de recibir la prestación, lo que representa el 31,3% del total. Otros 165 terminaron con una denegación, equivalentes al 13,5%, y 98 personas revocaron su solicitud, el 8%.

Conviene distinguir entre las peticiones registradas y los procedimientos resueltos durante el año. De los 1.219 expedientes que llegaron a término en 2025, 1.052 se habían iniciado ese mismo ejercicio y otros 167 procedían de años anteriores. Por eso, las solicitudes nuevas y los procedimientos finalizados no son cifras directamente equivalentes.

La legislación permite reclamar las denegaciones ante las Comisiones de Garantía y Evaluación. Durante 2025 se emitieron 188 pronunciamientos desfavorables en las distintas fases de evaluación, que dieron lugar a 72 reclamaciones. De ellas, 20 fueron estimadas favorablemente, aproximadamente el 28%.

También hubo 76 personas que decidieron aplazar la prestación después de obtener una resolución favorable. El dato resulta relevante porque obtener una autorización no implica necesariamente que la eutanasia se practique de inmediato: la persona conserva la capacidad de decidir cuándo recibirla o si prefiere desistir.

Enfermedades neurológicas y cáncer, las principales causas

Las patologías neurológicas fueron las más frecuentes entre quienes recibieron la eutanasia en España durante 2025. En total, 263 personas padecían enfermedades neurológicas, el 45,8% de las prestaciones realizadas, mientras que otras 172 tenían enfermedades oncológicas, el 30%.

Ambos grupos concentraron el 75,8% de las eutanasias practicadas. El resto correspondió a personas con patologías cardiovasculares, respiratorias, enfermedades múltiples y otros problemas de salud contemplados en los supuestos establecidos por la legislación.

El perfil de los solicitantes refleja una población mayoritariamente de edad avanzada. Entre los 1.219 procedimientos finalizados, el 79,8% correspondió a personas de 60 años o más, mientras que el 91,7% pertenecía a mayores de 50 años. El grupo más numeroso fue el de personas de 80 años o más, con el 29,3%.

La edad media de quienes tuvieron un procedimiento finalizado fue de 70,6 años, mientras que entre las 574 personas que recibieron efectivamente la prestación ascendió a 72,4 años.

La distribución por sexos fue prácticamente equilibrada. De los procedimientos finalizados, el 50,5% correspondió a mujeres y el 49,5% a hombres. Entre las prestaciones efectivamente realizadas hubo 296 mujeres y 278 hombres.

Un total de 382 personas fallecieron durante la tramitación

Uno de los datos más significativos del informe es el número de pacientes que murieron mientras se resolvía su solicitud. En 2025, 382 personas fallecieron antes de recibir la eutanasia, lo que equivale a casi uno de cada tres procedimientos finalizados.

De esos fallecimientos, 281 se produjeron antes de que la Comisión de Garantía y Evaluación emitiera una resolución. Los otros 101 tuvieron lugar después de obtener una resolución favorable, pero antes de que se realizara la prestación.

El cáncer aparece especialmente relacionado con estas situaciones. Las enfermedades oncológicas estaban presentes en 232 de los 382 fallecimientos durante la tramitación, el 60,7% del total. De hecho, el 52,1% de los procedimientos correspondientes a pacientes con cáncer terminó con el fallecimiento de la persona antes de recibir la prestación.

Los tiempos administrativos y sanitarios constituyen otro de los aspectos relevantes. Entre la primera solicitud y la resolución de la comisión transcurrieron 46,5 días de media, mientras que el plazo medio hasta la realización de la prestación fue de 72,4 días. La mediana de este último periodo, menos afectada por los casos excepcionalmente largos, se situó en 57 días.

Entre quienes fallecieron durante la tramitación, el tiempo medio desde la primera petición hasta la muerte fue de 55,3 días, con una mediana de 26 días. En los casos de fallecimiento anterior a la resolución de la comisión, la mediana se redujo a 18 días.

Estas cifras no permiten atribuir automáticamente los fallecimientos a retrasos administrativos, pero sí muestran la importancia del tiempo en los procedimientos que afectan a personas con enfermedades graves, algunas de ellas en fases avanzadas.

Más de un tercio de las eutanasias se practicaron en domicilios

Los hospitales continuaron siendo el principal lugar de realización de la prestación de ayuda para morir. Durante 2025 se practicaron 292 eutanasias en centros hospitalarios, equivalentes al 50,9% del total.

Otras 201 personas recibieron la prestación en su domicilio, el 35%, mientras que 81 lo hicieron en centros sociosanitarios, principalmente residencias, que concentraron el 14,1%.

También existen diferencias respecto a la forma de administrar las sustancias. En 563 casos, el 98,1%, fueron los profesionales sanitarios quienes realizaron la administración directa. En los 11 restantes, las sustancias fueron autoadministradas por la persona solicitante, dentro del procedimiento legalmente establecido y bajo supervisión sanitaria.

Cataluña concentra cuatro de cada diez eutanasias en España

La distribución territorial de las prestaciones presenta diferencias considerables. Cataluña registró 235 eutanasias durante 2025, lo que representa el 40,9% del total nacional.

Le siguieron el País Vasco, con 78 prestaciones, y la Comunidad de Madrid, con 76. Entre los tres territorios concentraron el 67,7% de las eutanasias practicadas en España.

Andalucía registró 35 prestaciones, la Comunidad Valenciana contabilizó 33 y Navarra, 20. En el otro extremo, Extremadura registró una y la Región de Murcia, dos. Melilla no contabilizó solicitudes durante el ejercicio.

Las diferencias también aparecen cuando se relacionan las prestaciones con el conjunto de fallecimientos de cada territorio. Tanto Cataluña como el País Vasco registraron una proporción del 0,35% de los fallecimientos, frente al 0,13% de media nacional.

Los datos reflejan una distribución territorial desigual, aunque por sí solos no permiten determinar qué parte de las diferencias se explica por la demanda, las características de la población o el funcionamiento de los procedimientos sanitarios.

Los requisitos legales para solicitar la eutanasia en España

La eutanasia está regulada en España por la Ley Orgánica 3/2021, que entró en vigor el 25 de junio de 2021. La norma reconoce la prestación de ayuda para morir como un derecho para las personas que cumplan determinadas condiciones clínicas y legales.

Pueden solicitarla las personas mayores de edad que tengan nacionalidad española, residencia legal o acrediten mediante empadronamiento una permanencia superior a doce meses en España. Deben padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, en los términos definidos por la ley.

La petición debe responder a una decisión libre, informada y voluntaria. Con carácter general, se requieren dos solicitudes separadas por al menos 15 días naturales, aunque ese periodo puede reducirse en determinadas circunstancias clínicas justificadas.

El procedimiento incluye la valoración del médico responsable, la intervención de otro facultativo y la verificación de la Comisión de Garantía y Evaluación correspondiente. La persona solicitante también debe recibir información sobre las alternativas terapéuticas y los cuidados paliativos disponibles.

La prestación forma parte de la cartera común del Sistema Nacional de Salud y cuenta con financiación pública.

La legislación contempla asimismo situaciones en las que la persona ha perdido la capacidad para manifestar su voluntad, siempre que haya dejado previamente un documento válido de instrucciones previas o voluntades anticipadas.

Durante 2025, 57 de las prestaciones realizadas, el 9,9%, correspondieron a procedimientos iniciados al amparo de un documento de instrucciones previas o equivalente.

Cinco años de eutanasia legal: 1.698 prestaciones realizadas

El balance acumulado desde la entrada en vigor de la ley permite situar los resultados de 2025 en perspectiva. Entre el 25 de junio de 2021 y el 31 de diciembre de 2025 se registraron 3.896 solicitudes de ayuda para morir en España.

Durante ese periodo finalizaron 3.649 procedimientos y 1.698 personas recibieron efectivamente la prestación.

El informe también recoge el impacto de la donación de órganos después de la eutanasia. En 2025, 73 personas que recibieron la prestación fueron donantes efectivos, el 12,7% del total. Sus donaciones permitieron realizar trasplantes a 205 pacientes que se encontraban en lista de espera.

Desde junio de 2021, un total de 227 personas han donado órganos después de recibir la prestación de ayuda para morir, lo que ha permitido que 647 pacientes recibieran un trasplante.

El balance de 2025 confirma un aumento tanto de las solicitudes como de las prestaciones realizadas. También deja una cuestión relevante para la aplicación de la ley: la duración de los procedimientos, especialmente cuando la enfermedad avanza más deprisa que la tramitación.

Las 574 prestaciones realizadas, las 382 personas fallecidas durante el procedimiento y las diferencias entre comunidades autónomas permiten observar cómo se está aplicando este derecho sanitario cinco años después de su entrada en vigor.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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