Turismo sanitario: hasta 300.000 euros por un tratamiento de cáncer

El turismo sanitario en España vuelve a situarse en el centro del debate sobre la financiación de la sanidad pública. La llegada de pacientes extranjeros que viajan expresamente para recibir tratamientos contra enfermedades graves ha puesto de manifiesto una realidad compleja: algunas intervenciones pueden alcanzar los 300.000 euros, y parte de su coste termina siendo asumido por el sistema sanitario español.

Uno de los casos más significativos se encuentra en Cataluña, donde 186 menores procedentes de Perú recibieron atención oncológica entre 2023 y 2025. Las investigaciones sobre un periodo más amplio elevan la cifra a más de 200 pacientes. Mientras tanto, el Real Decreto 180/2026, en vigor desde marzo, ha establecido un procedimiento común para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria de extranjeros sin residencia legal en España.

La situación plantea un problema que va más allá de las cifras. Por una parte, está la obligación de atender a personas enfermas, especialmente cuando se trata de niños con patologías potencialmente mortales. Por otra, la necesidad de garantizar que los recursos públicos se utilicen correctamente, que los costes se facturen cuando corresponda y que la llegada de nuevos pacientes no comprometa la atención al resto de la población.

No todos los extranjeros que reciben asistencia sanitaria constituyen casos de turismo sanitario. Tampoco todos los tratamientos de pacientes llegados del exterior se financian con impuestos españoles. Distinguir entre residentes, visitantes y desplazamientos por motivos médicos resulta fundamental para comprender el alcance real del problema.

Cataluña registra 186 menores peruanos con cáncer en tres años

Los datos sobre Cataluña permiten conocer una parte de este fenómeno. Entre 2023 y 2025 llegaron 186 niños y adolescentes peruanos para recibir tratamientos oncológicos en hospitales catalanes, principalmente en Barcelona.

La distribución anual muestra una llegada relativamente constante: 68 pacientes en 2023, 64 en 2024 y 54 en 2025. Al ampliar el periodo de observación hasta 2022, el número supera los 200 menores.

Uno de los centros más vinculados a esta situación es el Hospital Sant Joan de Déu, cuyo Pediatric Cancer Center abrió en 2022 con capacidad para atender más de 400 nuevos casos de cáncer infantil al año. El hospital se ha consolidado como un centro especializado en oncología pediátrica, con pacientes procedentes de diferentes países.

Muchas de las familias llegan después de haber recibido un diagnóstico grave en Perú y ante las dificultades para acceder a determinadas terapias en su país. Algunas acuden directamente a los servicios de urgencias, mientras que otras intentan obtener el empadronamiento y la tarjeta sanitaria para iniciar o continuar el tratamiento.

Los datos de la Generalitat reflejan también que 129 menores extranjeros obtuvieron la tarjeta sanitaria en menos de tres meses desde su llegada a Cataluña durante 2025. Esta última cifra comprende distintas nacionalidades y no debe confundirse con los casos de niños peruanos con cáncer.

El Departamento de Salud catalán ha identificado circuitos que facilitan estos desplazamientos y ha planteado la necesidad de regularlos. El objetivo no se limita a controlar el gasto sanitario, sino también a evitar viajes de menores cuyo estado clínico hace extremadamente improbable que puedan beneficiarse del tratamiento solicitado.

Tratamientos de hasta 300.000 euros y un gasto de seis millones

El coste de determinados tratamientos contra el cáncer infantil explica buena parte de la preocupación económica. Algunos procedimientos especializados pueden alcanzar los 300.000 euros por paciente, una cantidad que incluye actuaciones médicas de elevada complejidad.

No se trata del coste habitual de todos los pacientes extranjeros. Es una cifra correspondiente a determinados tratamientos especialmente caros, que pueden requerir hospitalizaciones prolongadas, medicamentos de alto precio, pruebas diagnósticas y un seguimiento especializado.

En el caso de los menores peruanos atendidos en Cataluña, fuentes de la Administración autonómica han situado el gasto asociado al fenómeno en aproximadamente seis millones de euros. Se trata de una estimación del colectivo analizado, no de una factura que pueda atribuirse por igual a cada paciente.

El debate tampoco puede reducirse a una simple comparación de costes. Buena parte de estas familias procede de situaciones de vulnerabilidad económica y busca en España tratamientos que considera inaccesibles en su país.

La Generalitat ha mantenido contactos con autoridades peruanas para estudiar fórmulas de cooperación médica y transferencia de conocimientos. La posibilidad de desarrollar determinadas terapias en Perú permitiría reducir desplazamientos, mejorar la atención en origen y evitar viajes que, en algunos casos, terminan sin el resultado esperado.

Qué permite el Real Decreto 180/2026 y qué no

La regulación sanitaria también ha cambiado durante 2026. El Real Decreto 180/2026, aprobado el 11 de marzo y vigente desde el día 13, desarrolla el procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria pública de personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal.

La principal novedad consiste en facilitar la tramitación administrativa y permitir que las personas que presentan una solicitud obtengan un documento provisional de asistencia sanitaria mientras se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

La Administración dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente. Durante la tramitación, ese documento permite acceder provisionalmente a la asistencia con cargo a fondos públicos.

Pero la norma no establece que cualquier extranjero pueda viajar a España y obtener automáticamente tratamientos gratuitos.

Para reconocer la cobertura deben cumplirse determinadas condiciones, entre ellas acreditar la residencia habitual en España, no disponer de una cobertura sanitaria que deba aplicarse por otra vía y que no exista un tercero obligado al pago.

En los supuestos de estancia temporal contemplados legalmente, la acreditación de una situación de especial vulnerabilidad exige un informe favorable de los servicios sociales.

Si finalmente se deniega el derecho y el paciente no puede acreditar que cumplía los requisitos cuando recibió la asistencia, los servicios prestados pueden ser facturados.

Los menores de edad tienen una protección específica

La situación cambia cuando se trata de niños. La legislación española reconoce una protección sanitaria reforzada a los menores extranjeros que se encuentran en las situaciones contempladas por la normativa.

Esta protección no nació con el decreto de 2026. Ya existía anteriormente, una circunstancia importante porque los casos de menores peruanos documentados entre 2023 y 2025 son anteriores a la entrada en vigor de la nueva regulación.

Por tanto, no resulta correcto atribuir aquellas llegadas a la reforma de marzo.

El decreto también contempla reglas específicas para embarazadas, solicitantes de protección internacional y otros colectivos especialmente vulnerables. La intención es garantizar una atención adecuada sin eliminar los controles administrativos sobre quién tiene derecho a la financiación pública.

Quién paga la factura sanitaria de los extranjeros

La financiación de la asistencia sanitaria depende de la situación jurídica y sanitaria de cada paciente.

Cuando una persona extranjera tiene reconocido el derecho a la asistencia sanitaria pública española, los tratamientos incluidos en la cobertura correspondiente se financian con cargo al sistema público, en las condiciones legalmente establecidas.

Si se trata de una persona que llega temporalmente y dispone de un seguro médico, una cobertura exportable desde otro país o una entidad responsable del pago, la factura debe dirigirse a quien corresponda, conforme a la normativa aplicable.

El problema aparece cuando la asistencia se presta, pero posteriormente no se consigue recuperar el importe debido.

El Tribunal de Cuentas ya identificó dificultades relacionadas con esta cuestión en una fiscalización del Hospital Comarcal de Melilla correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023.

El organismo detectó un bajo nivel de recuperación del coste de determinadas prestaciones realizadas a extranjeros sin derecho a asistencia gratuita, además de problemas administrativos y de facturación.

Aquellas deficiencias corresponden específicamente al hospital analizado y no permiten concluir que todos los centros españoles sufran la misma situación. Sí evidencian la importancia de disponer de procedimientos eficaces para identificar al responsable del pago y recuperar las cantidades pendientes.

La presión asistencial y el debate político

La discusión sobre el turismo sanitario se produce en un contexto de elevada actividad hospitalaria.

Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, los hospitales del Sistema Nacional de Salud atendieron 25,7 millones de urgencias, de las que el 10,1 % terminaron en ingreso hospitalario.

Estos datos reflejan la magnitud de la actividad asistencial, pero no permiten atribuir la presión hospitalaria al turismo sanitario. Para determinar su impacto sería necesario conocer cuántos pacientes se desplazan específicamente para recibir tratamientos, qué recursos utilizan y qué parte de los costes termina efectivamente financiada por el sistema público.

El asunto también ha llegado al debate político. El 10 de noviembre, la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, defendió la atención sanitaria a las personas migrantes en situación irregular por razones humanitarias y de prevención, pero reclamó actuar contra el turismo sanitario.

Prohens sostuvo que debe distinguirse entre garantizar asistencia a quienes se encuentran en España y permitir desplazamientos destinados específicamente a utilizar recursos públicos sin la cobertura correspondiente.

La presidenta balear reconoció, no obstante, que los principales retos de la sanidad autonómica están relacionados con el crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población, factores que también incrementan la demanda de atención médica.

La distinción es relevante. La presencia de pacientes extranjeros no constituye, por sí misma, una irregularidad, y las estadísticas disponibles no permiten medir el peso del turismo sanitario sobre el conjunto de las listas de espera españolas.

Regular las derivaciones sin abandonar a los pacientes

El caso de los menores con cáncer procedentes de Perú evidencia las dificultades de gestionar una sanidad pública que combina cobertura universal, tratamientos altamente especializados y recursos necesariamente limitados.

La experiencia catalana ha puesto sobre la mesa una posible respuesta: mejorar la coordinación internacional, evaluar previamente la viabilidad de los tratamientos y reforzar la cooperación con los países de origen.

Ese trabajo permitiría identificar qué pacientes pueden beneficiarse realmente de un traslado, qué alternativas existen en sus países y cómo debe financiarse la atención cuando intervienen diferentes sistemas sanitarios.

También resulta necesario reforzar los mecanismos de facturación y comprobar que los costes de la asistencia se imputan correctamente. Un tratamiento financiado por una aseguradora o por una entidad extranjera no debería terminar convertido en un gasto público español por simples deficiencias administrativas.

El debate de fondo no consiste en decidir si un niño gravemente enfermo merece recibir atención médica. Consiste en establecer cómo garantizar esa asistencia, quién debe financiarla y cómo evitar desplazamientos que no ofrecen expectativas clínicas razonables.

Los tratamientos de hasta 300.000 euros muestran la dimensión económica del problema. Los casos documentados en Cataluña, su complejidad humana. La respuesta exige ambas perspectivas: proteger a los pacientes vulnerables y gestionar con rigor los recursos de una sanidad pública que debe responder ante toda la población.