Feijóo pide a la JEC más garantías para asegurar el voto por correo

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que el Partido Popular propondrá a la Junta Electoral Central (JEC) nuevas medidas para reforzar las garantías del voto por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre. El líder del PP ha acompañado el anuncio de una frase llamada a marcar la precampaña: asegura que confía plenamente en los carteros y empleados de Correos, pero no en los directivos de la empresa pública.

Feijóo no ha concretado todavía cuáles serán esas medidas adicionales. Ese es, de momento, el dato decisivo. El PP trasladará sus propuestas a la autoridad electoral en los próximos días, mientras el debate sobre la seguridad del voto postal ha ido creciendo después de que dirigentes como Isabel Díaz Ayuso recomendaran acudir personalmente a las urnas. El dirigente popular, sin embargo, también ha llamado a una participación masiva y no ha pedido a los ciudadanos que renuncien al voto por correo.

Feijóo pone el foco en la dirección de Correos

Las declaraciones se produjeron en Ceuta, durante el primer acto de precampaña de Feijóo tras la convocatoria de las elecciones generales. Allí intentó trazar una frontera muy clara entre quienes manejan físicamente la correspondencia electoral y la dirección de Correos.

Feijóo afirmó que confía plenamente en los carteros y empleados, pero señaló su desconfianza hacia los directivos. Para justificarla, aludió a la investigación judicial que afecta al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y a Leire Díez, dentro de una causa seguida en la Audiencia Nacional.

El matiz importa. La investigación citada por Feijóo afecta a un antiguo presidente de Correos y no constituye por sí misma una prueba de irregularidades en el sistema electoral ni en la gestión del voto postal de las elecciones del 29-N. Tampoco el líder del PP presentó indicios de manipulación de votos. Su argumento es político: sostiene que esos antecedentes justifican elevar todavía más los controles.

Y ahí empieza una discusión bastante más seria que el ruido de campaña: hasta dónde deben reforzarse unas garantías electorales que ya están reguladas y qué vulnerabilidad concreta pretende corregir el PP.

El PP aún no ha detallado qué controles quiere añadir

Feijóo se comprometió a presentar medidas adicionales a la Junta Electoral Central, pero no explicó si el PP pretende aumentar la vigilancia de la custodia, modificar los protocolos de entrega, reforzar la trazabilidad de los sobres o introducir algún mecanismo externo de supervisión.

Por eso conviene separar dos planos que en campaña se mezclan con facilidad: pedir más garantías no significa acreditar que las actuales hayan fallado. Una cosa es considerar mejorable un procedimiento y otra sostener que existe fraude. Hasta este momento, Feijóo ha anunciado lo primero.

La Junta Electoral Central, por cierto, ya dispone de capacidad para exigir medidas adicionales sobre la custodia de la documentación electoral. La normativa y los acuerdos electorales permiten solicitar modificaciones o imponer garantías suplementarias cuando se consideren necesarias. El mecanismo institucional que ahora invoca el PP, por tanto, no nace con esta polémica.

Cómo se protege actualmente el voto por correo

El voto postal español no consiste en meter una papeleta en un buzón corriente y confiar en que el sobre encuentre su camino. El procedimiento está regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y deja un rastro documental desde la solicitud hasta la llegada del voto a la mesa electoral.

El elector debe acreditar su identidad al solicitar el voto. La Oficina del Censo Electoral comprueba después su inscripción y remite la documentación mediante correo certificado. El ciudadano vuelve a identificarse para recibirla y también debe acreditar su identidad al depositar el voto en Correos.

Identificación, registro y trazabilidad

Hay, por tanto, varios controles de identidad durante el recorrido. Una vez solicitado el voto postal, queda además anotado en el censo para impedir que esa misma persona pueda votar presencialmente en su mesa como si nada hubiera ocurrido. La documentación viaja registrada y Correos debe conservar los envíos electorales hasta la jornada de votación.

El día de las elecciones, Correos traslada los sobres a las mesas. Allí son las mesas electorales, con presencia posible de interventores y apoderados de los partidos, las que incorporan esos votos y realizan el escrutinio público.

Esa arquitectura no convierte un sistema humano en metafísicamente infalible —ningún procedimiento administrativo lo es—, pero sí hace que una manipulación organizada exija quebrar controles de distintas instituciones y dejar rastros en varios puntos del proceso.

Ayuso abrió un debate que Feijóo ya no esquiva

La intervención de Feijóo supone también un movimiento político dentro del propio PP. Durante los primeros compases de la polémica, la posición de algunos dirigentes populares no había sido exactamente la misma. Isabel Díaz Ayuso pidió a los ciudadanos que acudieran a votar físicamente, alimentando el debate sobre el voto postal.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, explicó que sus hijos, pese a estudiar fuera, viajarían a Zaragoza para hacerlo presencialmente. Borja Sémper había defendido, en cambio, que el sistema español es garantista y que el PP animaría a votar por cualquiera de las vías disponibles.

Feijóo ha elegido una posición intermedia y bastante calculada: no cuestiona a los trabajadores de Correos que gestionan el proceso ni pide abandonar el voto postal, pero recoge la desconfianza política hacia la dirección de la empresa y la transforma en una iniciativa ante la JEC.

Hay una diferencia relevante. La Junta Electoral Central es precisamente el órgano al que corresponde supervisar el procedimiento. Sacar la discusión del mitin y llevarla a ese terreno obliga a concretar qué falla, qué se pretende cambiar y con qué fundamento.

El voto por correo entra de lleno en la campaña del 29-N

La polémica llega con el procedimiento electoral en marcha y convierte al voto por correo en uno de los asuntos políticos de la campaña del 29 de noviembre. Un mecanismo administrativo que normalmente vive lejos de los focos ha terminado, otra vez, en el centro de la pelea partidista.

Aquí aparece el riesgo más delicado. Exigir controles a una administración pública es perfectamente legítimo; de hecho, es saludable. Convertir una sospecha política en la idea de que el resultado puede estar amañado exige otra cosa: pruebas. Hasta el momento no se han presentado evidencias de una manipulación del voto por correo en estas elecciones.

La propia regulación prevé controles sobre la custodia, la identificación de los electores, el registro de los envíos, la supervisión electoral y el escrutinio público. La discusión razonable puede estar en si deben añadirse más. Lo que no debería confundirse es una propuesta para reforzar el sistema con la demostración de que el sistema está siendo vulnerado.

La JEC tendrá que convertir la polémica en medidas concretas

El siguiente movimiento del PP será mucho más revelador que las frases de precampaña. Cuando Feijóo entregue sus propuestas a la Junta Electoral Central, podrá saberse qué vulnerabilidad concreta cree haber detectado y qué solución plantea para reforzar el voto por correo.

De momento, quedan dos hechos sobre la mesa. El líder popular confía públicamente en los empleados de Correos pero cuestiona a su dirección, y quiere que la JEC adopte garantías adicionales. No ha detallado cuáles ni ha aportado pruebas de fraude electoral.

En unas elecciones, la confianza institucional no debería funcionar como una cuestión de fe. Tampoco la desconfianza. Para ambas hacen falta procedimientos, controles y hechos comprobables. Precisamente por eso existe la Junta Electoral Central.