Gonzalo Bernardos plantea dejar pisos vacíos como «huelga silenciosa»

Gonzalo Bernardos ha vuelto a meter el dedo en una de las heridas más sensibles del mercado inmobiliario español. El economista y profesor de la Universidad de Barcelona plantea qué ocurriría si los propietarios decidieran retirar temporalmente sus viviendas del mercado del alquiler y llega a definir ese escenario como una «huelga silenciosa» de los caseros, sin manifestaciones pero con una repercusión considerable.

No es una huelga convocada ni existe, de momento, una movilización organizada de propietarios. Es un escenario planteado por Bernardos que encaja, sin embargo, con otra recomendación mucho más concreta que ha realizado estos días: ante la incertidumbre que atribuye a los nuevos decretos de vivienda, el economista ha sugerido mantener los pisos vacíos hasta que exista una legislación estable que, a su juicio, equilibre mejor los derechos de propietarios e inquilinos.

Bernardos traslada el conflicto del alquiler a los caseros

El debate sobre una posible huelga de alquileres suele mirar hacia el inquilino: dejar de pagar la renta como mecanismo colectivo de presión. Bernardos da la vuelta al tablero. Su planteamiento consiste en preguntarse qué sucedería si fueran los propietarios quienes decidieran no poner sus viviendas en alquiler durante un determinado periodo.

El efecto, sostiene, recaería rápidamente sobre quienes necesitan encontrar casa. Una pareja cuyo contrato termina podría tener dificultades para localizar otra vivienda; una persona que empieza a buscar piso podría encontrarse ante menos oferta y más competencia entre candidatos.

De ahí la expresión utilizada por el economista: una «huelga silenciosa». No habría pancartas, concentraciones ni servicios mínimos. Simplemente, viviendas que podrían alquilarse dejarían de aparecer en el mercado.

La idea toca un punto especialmente delicado porque el alquiler español arrastra desde hace años un desequilibrio entre una demanda intensa y una oferta que crece con menor velocidad. El Banco de España ha señalado que el incremento de los precios desde 2015 ha sido particularmente acusado en las grandes zonas urbanas y que detrás de esa evolución existe, entre otros factores, un crecimiento de la demanda superior al de la oferta.

Qué está proponiendo exactamente el economista

Las palabras de Bernardos tienen dos planos que conviene separar. Por un lado está el escenario de una retirada coordinada o generalizada de pisos, utilizado para explicar el poder que tendría la oferta dentro del mercado. Por otro, una recomendación directa a los propietarios ante los cambios regulatorios.

Bernardos ha defendido que los dueños de viviendas podrían dejarlas vacías hasta disponer de una normativa que consideren suficientemente estable. Según su interpretación, determinadas medidas incrementan el riesgo percibido por el arrendador y reducen el atractivo económico de alquilar. Si esa situación se mantuviera, ha llegado a apuntar que algunos propietarios podrían optar directamente por vender.

El economista sostiene que una retirada de viviendas no perjudicaría únicamente al propietario que renuncia temporalmente a cobrar una renta. También tensaría la situación del aspirante a inquilino, porque habría menos pisos entre los que elegir.

La «huelga silenciosa» no es una convocatoria formal

Aquí importa el matiz. Bernardos no ha anunciado una organización de propietarios ni una huelga en marcha. Tampoco existe una convocatoria con fechas, adhesiones o instrucciones comunes. Ha planteado una hipótesis y, paralelamente, ha recomendado mantener viviendas fuera del mercado ante una regulación que considera perjudicial.

La diferencia no es pequeña. Presentarlo como una movilización ya organizada convertiría una declaración económica y política en un hecho que, por ahora, no existe.

Sí existe la polémica. Y bastante ruido, aunque la huelga imaginada sea silenciosa.

La disputa coincide con dos nuevos decretos de vivienda

Las declaraciones llegan justo cuando el Gobierno ha vuelto a situar la vivienda en el centro de la agenda política. El Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre dos reales decretos-ley con 21 medidas, textos que mantienen buena parte de las iniciativas que habían decaído anteriormente en el Congreso y que deberán someterse a la Diputación Permanente.

El Ejecutivo defiende que las medidas buscan facilitar el acceso a la compra y al alquiler, aumentar la oferta residencial, proporcionar mayor estabilidad contractual y limitar determinadas prácticas especulativas.

Entre las iniciativas anunciadas aparecen una deducción para inquilinos que, tomando como referencia un alquiler mensual de 800 euros, podría acercarse a los 1.000 euros anuales; incentivos fiscales para pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles y una línea del ICO de 10.000 millones de euros destinada a préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para adquirir una primera vivienda.

También se contemplan 280 millones de euros en avales para construcción industrializada y 400 millones para proveedores de vivienda social, junto con la incorporación de inmuebles de la Seguridad Social a CASA47.

Pero la zona de fricción está, sobre todo, en las reglas del alquiler. El Gobierno incluye la prórroga de hasta dos años de determinados contratos cuando los inquilinos estén al corriente de pago, límites a las subidas de las rentas y nuevas reglas para precisar cuándo se renueva o termina un contrato y en qué circunstancias el propietario puede recuperar la vivienda. También pretende regular con mayor intensidad los alquileres de temporada y por habitaciones.

Para el Ejecutivo, es estabilidad. Para Bernardos, determinadas disposiciones pueden aumentar la incertidumbre del propietario. Ahí está el choque. Dos diagnósticos casi opuestos mirando el mismo piso.

El problema de fondo: faltan viviendas donde más se necesitan

La discusión no ocurre en un mercado relajado. Los últimos datos oficiales retratan las dificultades de acceso a la vivienda con bastante crudeza.

En 2025, el 7,6% de las personas mayores de 16 años buscó vivienda sin llegar a cambiar de residencia. Entre quienes no lograron hacerlo, el 67,2% señaló el precio excesivo como principal motivo.

El problema resulta todavía más visible entre los jóvenes. El 44,3% de las personas de entre 26 y 34 años seguía viviendo con alguno de sus padres. Entre ellos, un 34,6% afirmaba que no podía permitirse alquilar y otro 12,7% señalaba que tampoco podía acceder a la compra.

Son cifras que ayudan a entender por qué una reducción adicional de la oferta podría resultar especialmente sensible. Cuando hay diez aspirantes mirando el mismo apartamento, retirar uno de los pocos disponibles no es una abstracción económica. Se nota en las colas para visitar, en las garantías exigidas, en la velocidad con que desaparece un anuncio y, finalmente, en el precio que el mercado admite.

Eso no significa que cualquier regulación provoque automáticamente una retirada masiva de viviendas. Tampoco que mantener pisos vacíos garantice mejores condiciones futuras para sus propietarios. Las decisiones individuales dependen de rentabilidad, fiscalidad, seguridad jurídica, precios y demanda, entre otros factores.

Pero el mecanismo que señala Bernardos sí es sencillo: si disminuye la oferta mientras la demanda permanece fuerte, la presión sobre el alquiler aumenta.

El alquiler, atrapado entre dos miedos

La controversia vuelve a revelar una anomalía bastante española: propietarios e inquilinos pueden mirar el mismo mercado y sentirse simultáneamente inseguros. El conflicto por la vivienda tiene dos extremos y ninguno parece especialmente cómodo.

El inquilino teme una renta que sube, un contrato que termina o una vivienda que simplemente no encuentra. El pequeño propietario teme un impago, una ocupación prolongada del inmueble, mayores limitaciones legales o perder capacidad para recuperar su casa. Entre ambos aparecen grandes propietarios, alquiler turístico, pisos de temporada, fondos de inversión y administraciones públicas, además de un parque de vivienda social que sigue teniendo dificultades para absorber la demanda.

Reducir el conflicto a buenos y malos resulta tentador. También cómodo. El problema es que no construye una sola vivienda.

La discusión seria empieza cuando se admite que España necesita proteger al arrendatario vulnerable sin convertir al alquiler residencial en una opción poco atractiva para quien tiene una vivienda disponible. Y, al mismo tiempo, ampliar una oferta que lleva demasiado tiempo corriendo por detrás de la demanda.

Una advertencia que toca el punto más sensible del alquiler

La advertencia de Gonzalo Bernardos ha conseguido colocar sobre la mesa el poder que tendría una retirada de propietarios del mercado. Su «huelga silenciosa» sigue siendo una hipótesis, no un movimiento organizado. Pero el escenario resulta incómodo porque apunta al lugar donde la crisis del alquiler se vuelve más tangible.

Si desaparecen pisos del mercado mientras miles de personas siguen buscándolos, encontrar vivienda será todavía más difícil. En un mercado ya estrecho, queda poco margen para hacer experimentos.