Europa estudia sancionar a Google Maps por el mapa de Ceuta y Melilla

La representación de Ceuta y Melilla en Google Maps ha dejado de ser una simple rareza cartográfica para convertirse en un asunto político en Bruselas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta una iniciativa que cuestiona que la plataforma dibuje las fronteras terrestres de las dos ciudades españolas con Marruecos mediante líneas discontinuas, la simbología que Google utiliza para señalar límites discutidos o en disputa. El siguiente movimiento será examinar si esa representación puede chocar con las obligaciones europeas aplicables a la plataforma.

Eso no significa que Google haya sido multada, ni siquiera que exista por ahora un procedimiento sancionador formal. La cuestión está en una fase anterior: determinar si hay motivos jurídicos suficientes para que la Comisión Europea actúe bajo el Reglamento de Servicios Digitales, conocido por sus siglas inglesas DSA. Si finalmente se constatara una infracción de esta normativa, Bruselas dispone de capacidad sancionadora sobre las grandes plataformas digitales. Y Google Maps está dentro de ese club.

La polémica tiene una fuerza peculiar porque nace de algo aparentemente insignificante: unos pocos píxeles grises alrededor de dos ciudades. Pero los mapas nunca han sido del todo inocentes. Un trazo puede representar una carretera, una frontera o una reclamación territorial. Y cuando el mapa lo consultan cientos de millones de personas, la diferencia entre una raya continua y otra discontinua deja de ser una cuestión para aficionados a la cartografía.

Por qué Google Maps señala de forma distinta a Ceuta y Melilla

Al consultar Ceuta o Melilla en Google Maps, la frontera terrestre que las separa de Marruecos aparece mediante una línea gris discontinua. No sucede lo mismo con fronteras españolas como las de Portugal o Francia. Según la nomenclatura empleada por Google, este tipo de trazo corresponde a fronteras discutidas, situaciones en las que las partes implicadas mantienen posiciones diferentes sobre la delimitación o soberanía territorial.

Google ha defendido que pretende mantener una posición neutral ante las controversias geopolíticas y que para confeccionar sus representaciones consulta información procedente de autoridades cartográficas internacionales, entre ellas Naciones Unidas. La compañía, sin embargo, no ha precisado públicamente qué fuente concreta justifica que las fronteras de Ceuta y Melilla reciban ese tratamiento gráfico.

Hay un matiz importante. La línea discontinua no es nueva ni apareció a raíz de las tensiones hispano-marroquíes de 2026. Existen referencias públicas a esa representación desde, al menos, 2020, y la cuestión volvió a suscitar críticas en años posteriores. Presentarla como una modificación reciente de Google Maps sería, por tanto, incorrecto. Lo que ha cambiado es la dimensión política del asunto.

Una línea del mapa lleva años ahí. Bruselas acaba de empezar a mirarla con otros ojos.

La Eurocámara abre la puerta a estudiar una posible sanción

Los coordinadores de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han decidido continuar la tramitación de una iniciativa que plantea precisamente esa contradicción. La petición sostiene que mostrar de esta manera las fronteras exteriores de un Estado miembro puede ofrecer a millones de usuarios una imagen que no se corresponde con el estatus jurídico europeo de Ceuta y Melilla.

La iniciativa llega además acompañada por presión política desde el Partido Popular. El eurodiputado Juan Ignacio Zoido había trasladado ya a la Comisión Europea una pregunta escrita sobre Google Maps en la que reclamaba saber si Bruselas era consciente de esa representación y si pensaba utilizar las herramientas del Reglamento de Servicios Digitales para abordar el asunto.

El paso parlamentario no equivale a declarar culpable a Google. Conviene subrayarlo porque entre que la UE estudie una cuestión y que termine imponiendo una multa cabe prácticamente todo un edificio de Bruselas. La Comisión tendría que analizar primero si existe realmente una obligación del DSA vulnerada, abrir en su caso las actuaciones correspondientes, escuchar a la compañía y terminar acreditando un incumplimiento.

Google Maps está sometido a las reglas reforzadas del DSA

Aquí aparece la parte menos vistosa, pero decisiva. Google Maps está oficialmente designada por la Comisión Europea como plataforma en línea de muy gran tamaño, una VLOP en la terminología comunitaria. La información publicada por Bruselas le atribuye alrededor de 275 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea.

Ese estatus coloca al servicio bajo las obligaciones reforzadas del Reglamento de Servicios Digitales, concebidas precisamente para plataformas cuya escala puede generar riesgos sistémicos para la sociedad, los derechos fundamentales o la seguridad pública. La Comisión Europea tiene competencias directas de supervisión sobre estos gigantes digitales.

La discusión jurídica estará en determinar si una representación cartográfica como esta encaja realmente en alguno de esos incumplimientos. No basta con considerar el mapa políticamente inoportuno o geográficamente discutible. Para imponer una multa hace falta una infracción concreta y demostrable del reglamento.

La multa podría alcanzar el 6% de la facturación mundial

El tamaño de las posibles sanciones explica buena parte de los titulares. Cuando la Comisión determina definitivamente que una plataforma de muy gran tamaño ha incumplido el DSA, puede imponer multas que, en los casos más graves, alcanzan como máximo el 6% de la facturación mundial anual del proveedor.

Ese porcentaje es el techo legal, no una multa automática ni una estimación de lo que pagaría Alphabet por este caso. La cuantía depende de factores como la naturaleza de la infracción, su gravedad, duración o reincidencia. Mucho menos puede darse por hecho que este expediente embrionario vaya a terminar en sanción.

Dicho de otro modo: existe una poderosa herramienta legal, Google Maps está sometida a ella y el Parlamento Europeo quiere que se examine si procede utilizarla. La multa todavía es una posibilidad, no una decisión.

Ese matiz importa especialmente en una noticia donde la política exterior, la regulación tecnológica y una disputa histórica viajan en el mismo coche. Y Google Maps, ironías de la era digital, conduce.

Ceuta y Melilla son territorio español y de la Unión Europea

La controversia cartográfica no modifica el estatuto jurídico de las dos ciudades autónomas. España considera a Ceuta y Melilla parte integrante de su territorio, posición que el Gobierno ha reiterado durante las recientes tensiones con Marruecos. Madrid ha rechazado expresamente cualquier negociación sobre su soberanía y recuerda que ambas ciudades forman también parte del territorio de la Unión Europea.

Naciones Unidas tampoco incluye Ceuta y Melilla en su relación de territorios no autónomos pendientes de descolonización. Marruecos mantiene, por su parte, una reivindicación histórica sobre ambas ciudades y ha vuelto a expresarla públicamente, algo que el Ejecutivo español ha contestado con un rechazo tajante.

Ahí nace precisamente el problema que Google intenta resolver mediante su política cartográfica. Para la tecnológica estadounidense, la existencia de posiciones contrapuestas basta para utilizar una simbología especial. Para quienes cuestionan ese criterio, equiparar gráficamente una reivindicación política con una frontera jurídicamente disputada concede a la reclamación marroquí una apariencia que no tiene en el derecho europeo.

Son dos planos distintos. Marruecos puede reclamar Ceuta y Melilla; de hecho lo hace. Eso no convierte automáticamente a ambas ciudades en territorios cuya soberanía esté jurídicamente pendiente de resolución.

Una polémica reavivada por las relaciones con Marruecos

El asunto difícilmente habría adquirido la misma temperatura en otro momento. Durante 2026, Ceuta y Melilla han regresado con intensidad al centro del debate diplomático entre Madrid y Rabat. El Gobierno español ha protestado por nuevas declaraciones de dirigentes marroquíes sobre las dos ciudades y ha insistido en que su soberanía no forma parte de ninguna negociación bilateral.

La cuestión llegó también al Parlamento Europeo desde otros frentes. Junto al debate sobre Google Maps se tramitan iniciativas para reforzar el encaje europeo de Ceuta y Melilla y estudiar un tratamiento equivalente al de las regiones ultraperiféricas, atendiendo a sus condicionantes geográficos, económicos y fronterizos.

De fondo aparece una idea que Madrid quiere fijar con mayor claridad en las instituciones comunitarias: las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos son también fronteras exteriores de la Unión Europea. Lo que durante décadas podía parecer un contencioso casi exclusivamente hispano-marroquí se mira cada vez más desde Bruselas.

Cuando un mapa privado acaba teniendo peso político

La polémica revela un problema mucho más amplio que Ceuta y Melilla. Durante siglos, los mapas que manejaban millones de personas estaban elaborados o supervisados principalmente por Estados, organismos públicos y grandes instituciones cartográficas. En apenas dos décadas, buena parte de esa función ha pasado a empresas tecnológicas privadas.

Google Maps no decide dónde termina un país. Pero sí influye poderosamente en cómo millones de ciudadanos imaginan dónde termina.

Ese poder es difícil de medir. Una persona puede no haber leído jamás un tratado internacional, una resolución de Naciones Unidas o un estatuto de autonomía. Abre el móvil, amplía el mapa con dos dedos y acepta intuitivamente lo que ve. Una línea sólida parece definitiva; una discontinua, dudosa. No hace falta un curso de geopolítica para entender el mensaje visual.

Por eso Bruselas se enfrenta aquí a un terreno delicado. Obligar a las plataformas a corregir información objetivamente falsa forma parte del debate sobre sus responsabilidades. Convertir a las instituciones europeas en árbitros permanentes de cada decisión cartográfica privada sería otra cosa. Entre ambos extremos hay kilómetros de terreno regulatorio, aunque Maps todavía no los haya pintado.

Europa tendrá que decidir cuánto pesa una línea gris

La disputa sobre Ceuta y Melilla demuestra hasta qué punto la cartografía digital se ha convertido en una forma silenciosa de poder. Google Maps no cambia fronteras legales, pero sí construye la imagen cotidiana que millones de personas reciben de esas fronteras.

La Eurocámara ha decidido que merece la pena examinar el caso. La Comisión Europea deberá determinar hasta dónde alcanza el Reglamento de Servicios Digitales y si la representación empleada por Google constituye simplemente una decisión cartográfica controvertida o plantea un verdadero problema de cumplimiento normativo. Solo en ese segundo escenario aparecería la posibilidad real de una sanción.

Mientras tanto, Ceuta y Melilla siguen siendo ciudades españolas y territorio de la Unión Europea. Marruecos continúa reivindicándolas. Google continúa dibujando su límite terrestre con una raya distinta a la de otras fronteras españolas. Y una línea que durante años pasó casi inadvertida se ha convertido, de pronto, en un pequeño asunto de soberanía europea.