España
Madrid amplía los servicios mínimos de la huelga educativa por la PAU
La huelga educativa en Madrid continúa, pero la Comunidad refuerza los servicios mínimos desde el 20 de noviembre y protege las clases de la PAU.
Resumen
- Madrid amplía los servicios mínimos de la huelga educativa desde el viernes
- Las materias de la PAU tendrán un 50 % de horas garantizadas hasta enero
- La huelga sigue convocada y las negociaciones no han logrado un acuerdo
La huelga indefinida de Educación en Madrid continúa este jueves 19 de noviembre de 2026, pero las condiciones en las que se desarrolla cambiarán a partir del viernes. La Comunidad de Madrid ha publicado una nueva orden que amplía los servicios mínimos en los centros públicos no universitarios, con especial atención a los estudiantes de segundo de Bachillerato que preparan la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
La medida, recogida en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), entrará en vigor el 20 de noviembre y obligará a garantizar una parte creciente de las clases de las materias evaluables en la PAU. Inicialmente deberá impartirse el 50 % de las horas lectivas semanales correspondientes a estas asignaturas, un porcentaje que aumentará al 75 % en febrero y al 90 % en mayo de 2027.
La decisión llega después de más de cinco semanas de movilizaciones iniciadas el 14 de octubre. La Consejería de Educación, dirigida por Mercedes Zarzalejo, sostiene que la prolongación del conflicto está perjudicando el aprendizaje y la evaluación de los alumnos. Los sindicatos, por su parte, cuestionan el endurecimiento de los servicios mínimos y mantienen sus reivindicaciones sobre las condiciones laborales y la calidad de la enseñanza pública.
El conflicto educativo sigue abierto. Aunque la Administración y los representantes de los trabajadores celebraron reuniones los días 13 y 16 de noviembre para abordar los servicios mínimos, no alcanzaron un acuerdo. La nueva regulación se aplicará mientras continúen vigentes las convocatorias de huelga afectadas.
Los nuevos servicios mínimos entran en vigor el 20 de noviembre
La Orden 4977/2026, fechada el 17 de noviembre y publicada este jueves, modifica la regulación establecida a principios de octubre. La principal novedad consiste en ampliar la presencia obligatoria de docentes en determinadas enseñanzas y garantizar actividades académicas que no pueden aplazarse sin perjudicar al alumnado.
En los centros de segundo ciclo de Infantil y Primaria se mantiene un maestro por cada 50 alumnos o fracción. En Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional de grado básico continuará siendo obligatorio un profesor por cada 90 estudiantes o fracción.
Para Bachillerato, Formación Profesional de grado medio y superior y cursos de especialización se incorpora una dotación específica de un profesor por cada 70 alumnos o fracción. Hasta ahora, estas enseñanzas no contaban con una previsión diferenciada de personal docente en la orden de octubre.
La nueva regulación también refuerza la atención en los cursos que cierran una etapa educativa. En sexto de Primaria, cuarto de ESO y los últimos cursos de Formación Profesional habrá un profesor adicional por cada tres grupos o fracción, además de las dotaciones generales.
El objetivo declarado por el Gobierno regional es evitar que la acumulación de jornadas de huelga comprometa las evaluaciones, la promoción de curso y la obtención de títulos.
Segundo de Bachillerato tendrá una protección especial por la PAU
El cambio más significativo afecta a los alumnos que preparan la selectividad de 2027. La Comunidad de Madrid considera que una interrupción prolongada de las clases puede colocarlos en desventaja respecto a estudiantes de otras comunidades autónomas con los que competirán por las plazas universitarias.
La nueva orden establece tres periodos de cobertura obligatoria para las asignaturas evaluables en la PAU.
Hasta el 31 de enero de 2027 deberá garantizarse el 50 % de las horas lectivas semanales de estas materias. Entre el 1 de febrero y el 30 de abril, el porcentaje aumentará al 75 %. Finalmente, desde el 1 de mayo hasta que terminen las actividades lectivas del curso, la cobertura alcanzará el 90 %.
Estas obligaciones no afectan indiscriminadamente a toda la jornada de cada profesor. La dirección del instituto deberá calcular las horas correspondientes, redondear el resultado al número entero inferior y distribuir las sesiones entre las materias del grupo de forma proporcional y equilibrada durante la semana.
Los profesores conservarán el derecho de huelga fuera de esas horas
Los docentes designados deberán impartir normalmente las clases correspondientes a los servicios mínimos, incluida la programación de los contenidos y la preparación de los exámenes.
Sin embargo, conservarán el derecho de huelga durante el resto de su horario, tanto en las sesiones no incluidas de las materias de la PAU como en otras asignaturas o cursos que tengan asignados.
La diferencia es importante: la orden no obliga a impartir toda la jornada lectiva ni garantiza que desaparezcan las interrupciones. Establece una cobertura progresiva en determinadas materias para reducir los perjuicios académicos de un conflicto prolongado.
Más de 12.700 sesiones afectadas en segundo de Bachillerato
El Gobierno madrileño fundamenta la ampliación de los servicios mínimos en la pérdida acumulada de actividad docente.
Según los datos incorporados a la orden, entre el 14 de octubre y el 16 de noviembre se habían visto afectadas 12.767 sesiones lectivas de segundo de Bachillerato.
La Administración también estima en 413.076 las horas lectivas ordinarias potencialmente no impartidas por la huelga durante 23 jornadas lectivas afectadas. Esta última cifra es una estimación de horas potencialmente perdidas, no un recuento definitivo de clases efectivamente suspendidas.
El impacto tampoco es uniforme. En su balance del 18 de noviembre, la consejera Mercedes Zarzalejo señaló que 83 de los 345 institutos públicos madrileños registraban una incidencia acumulada superior al 20 %. Entre los más de 800 colegios públicos, 53 superaban ese mismo porcentaje.
La Consejería considera que estas diferencias justifican medidas adicionales, especialmente en los centros donde los paros se han repetido con mayor intensidad. No todos los alumnos están perdiendo las mismas clases ni afrontan las mismas dificultades para recuperar los contenidos.
Qué pasará con las clases, los exámenes y las evaluaciones
La nueva normativa precisa las obligaciones del personal docente designado para servicios mínimos. Cuando un profesor atienda a sus propios alumnos, deberá continuar con la actividad lectiva habitual, incluido el avance de la programación.
Si tiene que hacerse cargo de estudiantes de otros grupos por la ausencia de docentes en huelga, deberá proporcionar atención educativa básica, que podrá incluir lectura, comprensión lectora, cálculo, razonamiento matemático, repaso de contenidos o trabajo autónomo supervisado.
Esta atención no permitirá sustituir íntegramente al profesor huelguista ni asumir su programación específica.
La orden también protege los procedimientos académicos sujetos a plazos. Entre ellos figuran las sesiones de evaluación, las decisiones de promoción y titulación, las reclamaciones de calificaciones y la documentación necesaria para presentarse a la PAU.
La Consejería ha anunciado, además, medidas para ayudar a los estudiantes que acumulan retrasos, con planes individuales de refuerzo, mayor atención tutorial y acceso a instalaciones escolares para quienes carezcan de medios adecuados en casa.
Estas actuaciones deberán organizarse respetando el derecho de huelga y las competencias de los equipos directivos.
Los sindicatos mantienen la huelga y reclaman negociar
La ampliación de los servicios mínimos no ha resuelto el conflicto laboral. Las organizaciones convocantes consideran que algunas de las obligaciones planteadas pueden restringir de manera desproporcionada el derecho fundamental de huelga.
Entre sus principales reivindicaciones figuran la reducción de las horas lectivas semanales a 17 en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Infantil y Primaria, la disminución del número de alumnos por aula y el refuerzo de los profesionales dedicados a la atención a la diversidad.
También reclaman una subida salarial de 600 euros mensuales, menos carga burocrática, mejoras en los edificios educativos, sistemas de climatización adecuados y la retirada del amianto de los centros donde todavía exista.
La postura del Gobierno autonómico es muy distinta. Mercedes Zarzalejo defendió el 18 de noviembre que la negociación debe desarrollarse en la mesa sectorial de Educación y rechazó sentarse con lo que calificó de minorías radicales. La consejera considera que la huelga tiene una motivación política y cuestiona su seguimiento.
Según sus cifras, aproximadamente el 60 % de los docentes no había secundado ninguna jornada de huelga desde el 14 de octubre. Los representantes sindicales, en cambio, insisten en que las movilizaciones continúan y reclaman una negociación directa sobre sus demandas.
La controversia también ha llegado a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió cautelarmente parte de los servicios mínimos establecidos para la huelga general del 11 de noviembre, una convocatoria de un solo día. Aquella resolución no supone la suspensión automática de la nueva orden aplicable a la huelga educativa indefinida.
Las clases tendrán más cobertura, pero la huelga no termina
A partir del viernes 20 de noviembre, las familias madrileñas encontrarán un marco de servicios mínimos más amplio, aunque su aplicación concreta dependerá de las enseñanzas impartidas, la organización de cada centro y el seguimiento de los paros.
El refuerzo será especialmente relevante en segundo de Bachillerato, donde la preparación de la PAU quedará parcialmente garantizada mediante porcentajes obligatorios de docencia. También se protegerán las evaluaciones y los trámites académicos indispensables para continuar los estudios.
Pero el aumento de los servicios mínimos no equivale al regreso a la normalidad. La huelga sigue convocada y no existe un acuerdo que permita dar por terminado el conflicto.
Madrid afronta así una nueva etapa de la protesta educativa: más obligaciones de atención al alumnado, pero las reivindicaciones del profesorado siguen sin resolverse. La efectividad de las medidas dependerá de su aplicación en los centros y de la evolución de unas negociaciones que, por el momento, no han conseguido poner fin a los paros.
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