Economía
Castilla y León prevé cobrar hasta 2.000 €/ha a los parques solares
El impuesto a los grandes parques solares de Castilla y León podría alcanzar 2.000 euros por hectárea. La patronal alerta del impacto en inversiones.
Resumen
- La Junta propone gravar los parques solares de cinco hectáreas o más
- Las cuotas previstas van de 600 a 2.000 euros por hectárea
- PP y Vox plantean descuentos del 75 % en 2027 y del 50 % en 2028
La Junta de Castilla y León ha incluido en su proyecto de medidas tributarias para 2027 un nuevo impuesto sobre los grandes parques fotovoltaicos que contempla cuotas de entre 600 y 2.000 euros anuales por hectárea. La medida ha provocado el rechazo de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que advierte de sus consecuencias para las inversiones, la competitividad industrial y el desarrollo de las energías renovables en la comunidad.
El impuesto afectaría principalmente a las instalaciones solares de cinco hectáreas o más destinadas a vender electricidad a la red. Las placas situadas en tejados, los parques de menor superficie y determinadas instalaciones de autoconsumo quedarían fuera. La propuesta todavía debe completar su tramitación parlamentaria, aunque PP y Vox han presentado una enmienda para reducir la cuota un 75 % en 2027 y un 50 % en 2028, según la información difundida el 13 de noviembre.
La controversia enfrenta dos planteamientos. El Gobierno autonómico considera que las grandes instalaciones energéticas deben compensar los efectos ambientales y territoriales de su actividad. Las empresas fotovoltaicas, por su parte, sostienen que el nuevo coste fiscal puede desincentivar proyectos que ya soportan impuestos estatales y municipales.
El debate llega en un momento delicado para el sector solar español. El crecimiento de la capacidad instalada ha aumentado la producción de electricidad renovable, pero también ha intensificado la competencia entre plantas que generan energía durante las mismas horas. Añadir un tributo calculado sobre el terreno ocupado, independientemente de la electricidad producida, introduce un nuevo factor de incertidumbre.
Cuánto pagarían los parques solares con el nuevo impuesto
La reforma amplía el actual Impuesto sobre la Afección Medioambiental de Castilla y León, que ya afecta a otras infraestructuras energéticas, para incorporar los grandes parques fotovoltaicos y determinados elementos de las redes de telecomunicaciones.
En el caso de las instalaciones solares, la superficie ocupada determina la cuota, no la potencia instalada ni los megavatios hora producidos.
El proyecto establece siete tramos. Las plantas de entre cinco y veinte hectáreas pagarían 600 euros por hectárea. Entre veinte y sesenta, la tarifa ascendería a 800 euros; entre sesenta y cien, a 1.000 euros; y entre cien y doscientas, a 1.200 euros.
Las instalaciones de más de doscientas y hasta trescientas hectáreas tributarían a razón de 1.350 euros por hectárea. La tarifa subiría a 1.500 euros para parques de hasta quinientas hectáreas y alcanzaría los 2.000 euros por hectárea cuando superasen esa superficie.
El impacto económico según el tamaño de la instalación
Para entender su alcance, una planta de diez hectáreas tendría una cuota anual inicial de 6.000 euros. Otra de cincuenta hectáreas alcanzaría los 40.000 euros, mientras que una de cien hectáreas afrontaría 100.000 euros.
Son cálculos realizados con las tarifas del proyecto original, antes de aplicar posibles exenciones, deducciones o las rebajas temporales planteadas mediante enmiendas.
La base imponible corresponde al espacio vallado o delimitado que ocupa la planta. Esa decisión resulta especialmente controvertida porque dos instalaciones con una superficie similar pueden generar cantidades diferentes de electricidad según su ubicación, orientación, tecnología y condiciones meteorológicas.
Qué instalaciones quedarían exentas del gravamen
El proyecto no establece un impuesto general sobre las placas solares de los hogares. Las instalaciones situadas en cubiertas y tejados de edificios no estarían sujetas al tributo, independientemente de que se utilicen en viviendas, comercios o instalaciones industriales.
Tampoco se gravarían los parques situados sobre suelo cuya superficie sea inferior a cinco hectáreas.
Para instalaciones mayores destinadas al autoconsumo existen condiciones específicas. Las que funcionan sin verter excedentes a la red quedarían exentas. En el autoconsumo con excedentes, la exención exigiría que la potencia eléctrica contratada durante el periodo punta P1 equivalga, como mínimo, al 50 % de la potencia de generación instalada.
Este requisito ha provocado críticas porque puede excluir determinadas modalidades de autoconsumo compartido utilizadas por empresas e industrias.
La propuesta también contempla exenciones durante el ejercicio de puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones y durante el siguiente ejercicio completo. Se incluyen, asimismo, deducciones vinculadas a inversiones destinadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de los municipios afectados y combatir la despoblación.
Por qué el sector fotovoltaico rechaza la medida
La Unión Española Fotovoltaica considera que el impuesto introduce una carga fiscal adicional sobre una actividad que, según defiende, ya contribuye a las arcas públicas mediante distintos tributos.
Su director general, José Donoso, lo calificó el 21 de octubre de «absolutamente recaudatorio e injustificado» y advirtió de que puede perjudicar tanto a los productores como a los consumidores de electricidad.
Una de las principales objeciones de UNEF es el criterio elegido para calcular la cuota. Al gravar las hectáreas ocupadas y no la generación real, sostiene que el sistema perjudica comparativamente a las instalaciones del norte de Castilla y León, donde las condiciones solares pueden ser menos favorables que en determinadas zonas del sur.
La patronal también advierte de un efecto sobre los proyectos que combinan la producción fotovoltaica con actividades agrícolas o ganaderas. Las instalaciones que dejan espacio para cultivos, pastoreo o apicultura podrían terminar pagando más por ocupar una mayor superficie.
UNEF cuestiona igualmente que la recaudación tenga una repercusión suficientemente directa sobre las localidades que albergan los parques. El texto legislativo prevé destinar los ingresos a programas medioambientales y de eficiencia energética definidos en los presupuestos autonómicos, pero no establece que todo lo recaudado deba regresar específicamente a los municipios afectados.
La organización recuerda que la energía fotovoltaica ya genera ingresos tributarios locales y defiende que su contribución económica debe valorarse junto con el empleo, la actividad empresarial y los efectos sobre el precio de la electricidad.
La Junta defiende el impuesto como compensación ambiental
El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco sostiene que la reforma responde a la necesidad de compensar los impactos de las grandes infraestructuras energéticas sobre el territorio.
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió el 22 de octubre que la finalidad del impuesto no es aumentar la recaudación, sino conseguir que una mayor parte de los beneficios vinculados a la generación eléctrica permanezca en las zonas donde se produce.
La administración autonómica invoca el principio de que quien ocasiona efectos ambientales debe contribuir a compensarlos. También destaca que Castilla y León genera más electricidad renovable de la que consume y soporta las consecuencias territoriales de numerosas instalaciones destinadas a abastecer otros mercados.
La discusión tiene una dimensión que va más allá de las cifras. Los grandes parques solares transforman el uso de determinadas superficies agrícolas y pueden generar conflictos paisajísticos, ambientales y sociales. Al mismo tiempo, proporcionan ingresos a propietarios, ayuntamientos y empresas vinculadas a su construcción y mantenimiento.
La cuestión es cómo equilibrar esas aportaciones y costes, y si un gravamen sobre la superficie constituye el instrumento más adecuado para hacerlo.
PP y Vox proponen rebajar el impuesto durante 2027 y 2028
La tramitación parlamentaria ha introducido una novedad importante. Según la información publicada por la agencia Ical el 13 de noviembre, PP y Vox han registrado una enmienda que plantea reducir un 75 % la cuota del impuesto para 2027 y un 50 % para 2028.
La modificación supondría aplicar el gravamen de manera gradual durante sus dos primeros ejercicios. No implica, sin embargo, su eliminación ni modifica necesariamente la estructura de tarifas inicialmente propuesta.
El proyecto superó el 12 de noviembre el debate de totalidad en las Cortes autonómicas, después de que PP y Vox rechazaran las enmiendas de devolución planteadas por la oposición. La iniciativa continúa su tramitación y todavía pueden producirse cambios antes de su aprobación definitiva.
Por ese motivo, las cuotas publicadas deben entenderse como importes previstos en una propuesta legislativa, no como cantidades exigibles a las empresas.
Una decisión con consecuencias para la inversión energética
Las repercusiones potenciales del tributo van más allá de los parques actualmente construidos. También afectan a las decisiones de inversión de las compañías que estudian desarrollar nuevas instalaciones en Castilla y León.
Un estudio de la consultora Orka Energía, difundido a finales de octubre, estimó un impacto fiscal potencial de hasta 40,42 millones de euros anuales para el conjunto de instalaciones existentes y proyectos en desarrollo. Esa cifra no representa una recaudación confirmada: depende de que los proyectos pendientes lleguen a ejecutarse y de las condiciones definitivas del impuesto.
La rentabilidad es uno de los principales factores de preocupación. En los últimos años, el crecimiento de la producción fotovoltaica ha favorecido la aparición de precios muy bajos, e incluso negativos, durante determinadas horas del mercado eléctrico. Para algunas plantas, esto significa obtener menores ingresos precisamente cuando más electricidad producen.
En este contexto, establecer una obligación fiscal independiente de la generación efectiva puede reducir los márgenes de explotación y alterar la viabilidad financiera de futuras instalaciones.
Castilla y León tiene ante sí una decisión relevante para su política energética. Compensar a los territorios que acogen grandes parques solares es un objetivo legítimo; también lo es mantener unas condiciones que permitan atraer inversiones y producir electricidad a precios competitivos.
El resultado dependerá de la versión definitiva de la ley, de las rebajas que aprueben las Cortes y del destino efectivo de los ingresos. Ahí se comprobará si el nuevo impuesto consigue beneficiar a las zonas productoras sin perjudicar el desarrollo de una de las principales fuentes de generación eléctrica renovable de la comunidad.
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