Ceuta: el jefe fronterizo declara ante la jueza por la entrada masiva

El jefe del puesto fronterizo de Ceuta y otros dos responsables de la Policía Nacional están citados este jueves, 12 de noviembre, ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón para declarar como testigos sobre la entrada masiva de migrantes desde Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026. La investigación judicial trata de esclarecer cómo se produjo aquel episodio, qué información tenían las autoridades y hasta qué punto pudieron intervenir las fuerzas de seguridad marroquíes.

Las comparecencias llegan después de que cuatro testigos protegidos señalaran directamente a agentes de Marruecos por haber facilitado el paso hacia territorio español. La Policía Nacional también ha identificado a dos altos mandos marroquíes en grabaciones realizadas durante la crisis. Son indicios que la Audiencia Nacional está examinando para determinar si la entrada masiva respondió a una actuación organizada y quiénes pudieron participar en ella.

La magistrada había previsto escuchar a los tres policías el miércoles 11 de noviembre, pero aplazó las declaraciones debido a la huelga general. La nueva jornada de interrogatorios se incorpora a una investigación que ha ido ampliándose durante los últimos meses, con declaraciones de responsables institucionales, informes policiales y documentación de los servicios de inteligencia.

El procedimiento no se limita a reconstruir lo sucedido en la frontera. También pretende determinar si existieron advertencias previas, quién tuvo acceso a ellas y qué decisiones se adoptaron antes de que decenas de miles de personas cruzaran hacia Ceuta.

Tres responsables policiales ante la jueza María Tardón

Los agentes citados ocupaban puestos relevantes en la estructura policial encargada de la vigilancia fronteriza y de la respuesta a la crisis migratoria.

Entre ellos figura el inspector jefe de la Policía Nacional responsable del puesto fronterizo de Ceuta. También comparecen el jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la ciudad autónoma y otro inspector jefe.

Según la providencia judicial, los tres habrían participado en la elaboración de los atestados policiales relacionados con los acontecimientos de finales de julio.

Su declaración puede contribuir a reconstruir la secuencia de los hechos, las actuaciones de las fuerzas de seguridad españolas y la información disponible durante las jornadas de mayor presión migratoria.

La condición procesal de los comparecientes es importante: declaran como testigos, no como investigados. Su citación no implica que la magistrada les atribuya responsabilidad penal por lo ocurrido.

La Audiencia Nacional busca contrastar sus explicaciones con el material audiovisual, los informes policiales y las declaraciones incorporadas anteriormente al procedimiento.

Cuatro testigos protegidos señalan a agentes marroquíes

Uno de los avances más relevantes de la investigación se produjo el martes 10 de noviembre, cuando cuatro testigos protegidos de origen magrebí prestaron declaración ante María Tardón.

Según sus testimonios, agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes dieron indicaciones para cruzar hacia Ceuta durante los episodios de entrada masiva.

Uno de los declarantes relató una situación especialmente grave. Aseguró que no tenía intención de acceder a España, pero que un agente marroquí le arrojó al mar y que posteriormente tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil.

Se trata, por el momento, de un testimonio incorporado a la investigación. La justicia deberá comprobar su alcance y contrastarlo con las demás pruebas disponibles.

Los testigos también mencionaron que un policía y un militar marroquíes habrían cruzado a Ceuta durante aquellos acontecimientos y se habrían alojado en dos albergues diferentes.

Otro compareciente explicó que decidió dirigirse a la frontera después de leer en las redes sociales mensajes relacionados con la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y la posibilidad de beneficiarse de esa medida.

Este último relato introduce un elemento distinto: la influencia que pudo tener la información difundida por internet en algunas decisiones individuales de cruzar la frontera. Sin embargo, no demuestra por sí mismo qué provocó el episodio colectivo ni permite establecer responsabilidades sobre su organización.

La Policía identifica a dos altos mandos de Marruecos

Las declaraciones judiciales se suman a los informes que la Policía Nacional ha remitido a la Audiencia Nacional.

En uno de los más recientes, los investigadores identificaron a dos altos responsables de las fuerzas de seguridad marroquíes que aparecen en vídeos grabados cerca del paso fronterizo de Bab Sebta, en Castillejos, también conocido como Fnideq, próximo al Tarajal.

Las imágenes muestran a estos responsables dando instrucciones en el entorno de la frontera durante los acontecimientos investigados.

La Policía considera que ambos ocupaban posiciones elevadas dentro de la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad desplegado por Marruecos.

Los investigadores siguen analizando las grabaciones para establecer qué función desempeñaron, identificar a otras personas que aparecen en ellas y reconstruir la estructura de mando.

La presencia de los responsables marroquíes en los vídeos no equivale, por sí sola, a una condena ni acredita una orden del Gobierno de Marruecos. Precisamente, la investigación debe aclarar la naturaleza de aquellas instrucciones y su posible relación con las entradas irregulares.

Una investigación por presuntos delitos contra la integridad territorial

La Audiencia Nacional asumió en septiembre la investigación de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.

La jueza Tardón considera que existen elementos suficientes para investigar una posible actuación delictiva desarrollada fuera del territorio español y dirigida contra la integridad territorial del Estado.

El procedimiento examina posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado, así como otros relacionados con las muertes registradas durante la crisis y la eventual participación de una organización criminal.

Esta calificación judicial explica por qué una investigación inicialmente relacionada con la gestión de la frontera ha adquirido una dimensión que supera las competencias ordinarias de control migratorio.

La magistrada también ha requerido documentación para averiguar qué autoridades conocían los riesgos antes del 30 de julio y qué medidas adoptaron.

Entre las diligencias acordadas figura la petición de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), comunicaciones entre administraciones, actas de reuniones y grabaciones procedentes de cámaras de vigilancia, drones y otros dispositivos de control fronterizo.

El 27 de octubre, Tardón solicitó al Gobierno la desclasificación de documentación de inteligencia relacionada con los acontecimientos. El requerimiento incluía información sobre las autoridades que habían recibido determinados avisos y las fechas de su transmisión.

El Consejo de Ministros aprobó el 10 de noviembre la desclasificación de los informes solicitados por la magistrada. El Ejecutivo ya había publicado documentación sobre la crisis en septiembre, aunque la jueza consideró necesario reclamar información adicional, particularmente sobre la actuación de las autoridades marroquíes.

La finalidad es comprobar si existían señales de alerta suficientemente concretas y si la respuesta institucional se ajustó a la información disponible.

El balance de la crisis y las cifras de la Guardia Civil

La dimensión de lo sucedido también aparece reflejada en los informes remitidos a la jueza.

Un documento de la Guardia Civil fechado el 27 de octubre estima que aproximadamente 88.146 migrantes podrían haber retornado a Marruecos después de la entrada masiva.

La cifra supera los balances comunicados anteriormente por el Gobierno, aunque debe interpretarse como una estimación del instituto armado y no como un recuento individual plenamente confirmado.

El mismo informe recoge 862 rescates en aguas españolas y 90 fallecidos, unos datos que muestran la gravedad de la crisis humanitaria que acompañó al episodio fronterizo.

La investigación también ha examinado informes anteriores a los acontecimientos. En uno de ellos, elaborado a principios de julio, la Guardia Civil advertía de un posible incremento de las entradas irregulares por vía marítima y planteaba medidas para reforzar la vigilancia.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha sostenido que no recibió antes de la crisis ninguna alerta operativa que anticipara un episodio de semejante magnitud.

La existencia de advertencias generales sobre un posible aumento de la presión migratoria y la previsión concreta de una entrada masiva son cuestiones diferentes. Determinar qué se sabía realmente antes del 30 de julio constituye uno de los objetivos de las diligencias judiciales.

La actuación de Marruecos sigue en el centro de la investigación

Las declaraciones de los tres responsables policiales pueden ayudar a completar una parte importante del procedimiento: cómo funcionó el dispositivo fronterizo español y qué ocurrió durante las horas decisivas.

También permitirán contrastar la información reflejada en los atestados con los testimonios de los migrantes y las imágenes recopiladas por los investigadores.

La principal incógnita sigue siendo el alcance de la posible implicación de las autoridades marroquíes. Los informes policiales y las declaraciones de los testigos apuntan a actuaciones que merecen ser investigadas, pero corresponde a la justicia establecer si existió una coordinación deliberada, quién pudo dirigirla y qué delitos, en su caso, se cometieron.

El examen de las advertencias previas y de la respuesta de las instituciones españolas constituye el otro gran frente de la causa.

Más de tres meses después de los acontecimientos de julio, la Audiencia Nacional continúa reuniendo pruebas para reconstruir una crisis que afectó a la seguridad fronteriza, provocó numerosas víctimas y puso a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones.

La investigación judicial permanece abierta y las responsabilidades penales todavía están por determinar.