Junta Electoral expedienta a Sánchez por su rueda de prensa en Moncloa

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de la Moncloa el pasado 6 de octubre, ya dentro del periodo electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre. El órgano examina si utilizó una comparecencia institucional para lanzar mensajes de carácter electoral y vulneró el deber de neutralidad exigido a los poderes públicos.

El procedimiento parte de las denuncias presentadas por PP y Vox. Los populares sostienen que Sánchez convirtió aquella intervención, celebrada después del Consejo de Ministros, en un «mitin» desde una sede pública al reivindicar logros de su Ejecutivo, criticar a la oposición y reclamar una mayoría parlamentaria más amplia. La apertura del expediente no equivale todavía a una sanción firme, pero coloca la actuación del presidente bajo investigación formal de la autoridad electoral.

La JEC pone el foco en la rueda de prensa del 6 de octubre

La distinción entre dos fechas resulta esencial. Sánchez compareció el 5 de octubre para anunciar el adelanto electoral y la convocatoria de las generales del 29-N. La Junta Electoral ha descartado actuar contra aquella declaración institucional porque se produjo antes de que comenzara formalmente el periodo electoral.

Otra cosa fue lo ocurrido un día después. El 6 de octubre, tras el Consejo de Ministros, Sánchez compareció de nuevo en Moncloa para explicar la aprobación de dos decretos ley sobre vivienda. Para entonces las elecciones ya estaban convocadas y, por tanto, la actividad institucional quedaba sometida a las restricciones específicas de la legislación electoral. Es precisamente esa segunda comparecencia la que ha terminado en expediente.

La cuestión no está en que el Gobierno pudiera informar sobre sus decisiones. Puede hacerlo. El problema que examina la JEC es si Sánchez fue más allá de la información institucional y utilizó recursos y escenarios públicos para poner en valor la gestión política de su Ejecutivo en pleno periodo electoral.

Las frases de Sánchez que examina la Junta Electoral

Durante aquella comparecencia, el presidente repasó parte del balance de la legislatura y defendió la acción de su Gobierno. Entre otras referencias, habló de las leyes y reales decretos aprobados, de la evolución de la denominada hucha de las pensiones y de los recursos destinados a vivienda protegida.

La resolución recoge expresiones en las que Sánchez destacó los resultados económicos, el volumen de normas aprobadas o el aumento de los fondos destinados a determinadas políticas públicas. También hubo críticas a la oposición. Esa mezcla es precisamente el terreno resbaladizo que vigila la legislación electoral: un Gobierno no deja de gobernar porque haya elecciones, pero tampoco puede convertir el atril institucional en una prolongación gratuita del escenario de campaña.

El PP argumentó que Sánchez aprovechó la sede de Presidencia para exhibir logros del Ejecutivo y dirigir mensajes electorales a los ciudadanos. Vox presentó posteriormente otra denuncia por motivos semejantes. La representación del presidente pidió que fueran archivadas al considerar que la rueda de prensa tenía como finalidad explicar medidas de evidente interés público, en este caso relacionadas con la vivienda.

Qué dice la ley sobre la neutralidad institucional

El centro jurídico del expediente está en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Desde la convocatoria de unas elecciones hasta su celebración, los poderes públicos tienen prohibido organizar o financiar actos que incluyan alusiones propagandísticas a sus realizaciones o logros.

No significa que ministros, presidentes autonómicos o el propio jefe del Ejecutivo deban guardar silencio durante semanas. Significa algo más concreto: cuando utilizan medios, instalaciones y canales institucionales deben separar la actividad pública de la lucha partidista. La Administración no puede convertirse en maquinaria electoral de ninguna candidatura.

La doctrina de la Junta Electoral y la jurisprudencia han insistido durante años en ese deber de neutralidad. Los cargos públicos conservan su libertad política, pero el margen cambia cuando hablan desde una institución y utilizan recursos públicos durante un proceso electoral.

Informar no es lo mismo que hacer balance electoral

La frontera, claro, no siempre viene pintada con una línea blanca en el suelo. Un Gobierno necesita explicar sus decisiones y muchas de ellas tienen inevitablemente contenido político. La Junta debe valorar cuándo esa explicación pasa de informar sobre una medida concreta a ensalzar la gestión propia o desacreditar a los adversarios aprovechando una plataforma institucional.

Ese matiz explica que la declaración del 5 de octubre haya quedado fuera del expediente mientras la comparecencia del día siguiente sí haya superado el filtro inicial de la Junta Electoral Central.

Sánchez se expone a una multa de hasta 3.000 euros

La apertura del procedimiento puede terminar en archivo o en sanción. Si la Junta concluye que hubo infracción, la multa prevista para este tipo de conductas se mueve entre 300 y 3.000 euros. Sánchez dispone de diez días hábiles desde la notificación para presentar alegaciones, documentos y las pruebas que considere oportunas.

El procedimiento contempla también las reducciones previstas por la legislación administrativa. El presidente podría realizar un pago voluntario antes de que termine el expediente y, en determinadas condiciones, reconocer su responsabilidad. Ese escenario solo tendría sentido si optase por asumir la infracción; de momento, su representación ha defendido la legalidad de la comparecencia.

La Junta ha instado asimismo a Sánchez a respetar durante el resto del periodo electoral la neutralidad exigida a los poderes públicos. También ha ordenado retirar de los canales oficiales de Moncloa las manifestaciones afectadas por su resolución.

Un terreno conocido para el presidente del Gobierno

No es la primera vez que la Junta Electoral examina declaraciones de Pedro Sánchez realizadas desde espacios institucionales durante una campaña. Existen precedentes en los que la JEC consideró que determinadas intervenciones del presidente podían vulnerar el artículo 50.2 de la LOREG y acabaron en procedimientos sancionadores.

Uno de los antecedentes más claros se produjo en 2023, después de unas declaraciones efectuadas tras un Consejo Europeo, cuando la Junta abrió otro expediente por posible vulneración del deber de neutralidad. También existen resoluciones posteriores con el mismo hilo conductor: la separación entre el cargo institucional y la condición de dirigente de partido cuando unas elecciones ya están en marcha.

El actual expediente, por tanto, no inaugura una doctrina nueva. Aplica una regla conocida a una circunstancia especialmente sensible: una rueda de prensa desde Moncloa celebrada apenas un día después de la convocatoria electoral.

El 29-N arranca también con batalla por las instituciones

La decisión de la Junta Electoral introduce otro frente en una precampaña que comenzó prácticamente desde el momento en que Sánchez anunció las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. PP y Vox han convertido la neutralidad institucional en uno de sus primeros campos de disputa con el Gobierno.

El PP ha celebrado la apertura del expediente como una victoria política y acusa al presidente de utilizar su posición institucional para obtener ventaja electoral. El Gobierno, por su parte, sostiene que un Ejecutivo no puede dejar de explicar decisiones de interés general simplemente porque el país haya entrado en periodo electoral. Dos argumentos previsibles; la última palabra administrativa la tendrá la JEC cuando concluya la instrucción.

De momento hay un hecho bastante menos interpretable: Pedro Sánchez está formalmente expedientado por la Junta Electoral Central por su comparecencia del 6 de octubre en Moncloa. No existe todavía una multa firme ni una declaración definitiva de responsabilidad. Lo que sí existe es una advertencia institucional bastante clara sobre dónde coloca la legislación española la frontera entre gobernar y hacer campaña cuando las urnas ya están en el calendario.