España
Leire Díez y el PP: la conciliación de diciembre por el vídeo de IA
La Audiencia Nacional rechazó la querella de Leire Díez contra el PP por el vídeo con IA. Una conciliación puede evitar un nuevo proceso penal.
Resumen
- Leire Díez denunció al PP por un vídeo de IA que le atribuye un delito
- Pedraz rechazó la querella por falta de competencia de la Audiencia Nacional
- Una conciliación en diciembre podría evitar otra querella penal
La batalla judicial entre Leire Díez y el Partido Popular por el vídeo elaborado con inteligencia artificial entra en una fase en la que un acto de conciliación podría resultar decisivo. La cita planteada para diciembre permitiría explorar un acuerdo antes de emprender nuevas acciones penales. Si fracasa, la exmilitante socialista podría intentar llevar nuevamente a los tribunales el montaje en el que una recreación digital de su imagen y su voz le atribuye la contratación de matones para actuar contra una jueza.
El procedimiento tiene un antecedente importante: la Audiencia Nacional rechazó el 27 de octubre la querella que Díez había presentado contra el PP. El juez Santiago Pedraz consideró que los delitos denunciados no eran competencia de ese tribunal. No examinó el fondo de las acusaciones ni declaró legal el vídeo. La controversia, por tanto, sigue abierta, aunque no consta una fecha concreta de conciliación confirmada públicamente para diciembre.
El enfrentamiento plantea un problema que va más allá de los dos protagonistas. ¿Hasta dónde puede llegar la sátira política cuando una herramienta tecnológica permite poner palabras falsas en boca de una persona real? La respuesta tiene consecuencias para los partidos, las campañas electorales y cualquier ciudadano cuya identidad pueda ser reproducida artificialmente.
El vídeo del PP que provocó la denuncia de Leire Díez
La controversia comenzó el 21 de octubre de 2026, cuando el PP difundió en sus redes sociales un montaje realizado mediante inteligencia artificial. La grabación reproducía la imagen y la voz de varias personas relacionadas con el PSOE, entre ellas Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Montse Mínguez y Leire Díez.
El contenido parodiaba un mensaje de Pedro Sánchez en el que el presidente reivindicaba ser de izquierdas frente a los ataques del mandatario argentino Javier Milei. Los populares transformaron aquel planteamiento en una sucesión de supuestas confesiones sobre asuntos judiciales y controversias políticas.
El fragmento más delicado era el protagonizado por Díez. Su doble digital afirmaba haber contratado matones para apartar a una jueza, en una referencia a Beatriz Biedma, magistrada que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La frase no fue pronunciada por Leire Díez. Era una recreación artificial difundida como parte de un mensaje político.
La defensa de la exmilitante sostuvo que atribuirle semejante conducta, especialmente cuando está siendo investigada judicialmente, podía perjudicar gravemente su reputación. Su abogada, Eva Bejarano, presentó una querella por presuntas calumnias con publicidad, delito contra la integridad moral y suplantación de identidad digital.
El escrito también reclamaba retirar el vídeo de las plataformas digitales e identificar a quienes habían participado en su elaboración, aprobación y publicación.
Por qué la Audiencia Nacional rechazó la querella contra el PP
La primera iniciativa judicial de Díez llegó al juzgado de Santiago Pedraz, magistrado encargado de investigar una presunta trama dirigida a obtener información para influir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y el entorno del Gobierno.
La defensa entendía que existía una conexión entre ambas cuestiones: el montaje del PP aludía precisamente a hechos investigados en aquella causa.
Pedraz rechazó ese planteamiento.
En su resolución del 27 de octubre, el magistrado concluyó que los presuntos delitos atribuidos al PP no estaban incluidos entre las materias de competencia de la Audiencia Nacional. Consideró que se trataba de una controversia personal y mediática, distinta de los hechos que investigaba su juzgado.
El instructor llegó a cuestionar la utilización de aquel procedimiento para plantear una reclamación ajena al objeto de las diligencias principales.
Sin embargo, hay una diferencia jurídica fundamental: inadmitir una querella por falta de competencia no significa absolver al denunciado.
El magistrado no resolvió si el montaje vulneraba el honor de Díez, si constituía una calumnia o si podía ampararse en la libertad de expresión. Esas cuestiones necesitarían un procedimiento ante el órgano judicial competente.
Qué puede suceder en la conciliación de diciembre
La conciliación es un procedimiento previsto en la legislación española para intentar resolver determinados conflictos antes de acudir a un proceso judicial.
En los supuestos de calumnias o injurias contra particulares, el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige, como regla general, acreditar que se ha celebrado o intentado un acto de conciliación antes de admitir la correspondiente querella.
Su finalidad es sencilla: ofrecer a las partes la posibilidad de alcanzar una solución sin necesidad de iniciar un litigio penal.
Si finalmente se celebra en diciembre, no será un juicio contra el PP. Tampoco se decidirá entonces si existe un delito ni se impondrán condenas.
Las partes podrán exponer sus posiciones e intentar pactar una salida a la controversia.
Un eventual acuerdo podría contemplar, por ejemplo, la retirada del contenido, una rectificación o compromisos relacionados con su difusión. Son posibilidades jurídicas, no condiciones que conste que hayan sido aceptadas o reclamadas formalmente en esa fase.
También podría alcanzarse una solución parcial que dejase algunos aspectos sin resolver.
Si no hay acuerdo, la denuncia podría volver a los tribunales
La falta de entendimiento no supondría automáticamente una derrota para ninguna de las partes.
Si el acto termina sin acuerdo, se dejará constancia de que la conciliación se ha intentado. Díez podría utilizar esa acreditación para presentar una nueva querella por calumnias ante el órgano judicial competente, siempre que se cumplan los demás requisitos procesales.
Ese juzgado tendría que estudiar si existen indicios suficientes para admitirla y abrir una investigación.
La admisión de una querella tampoco equivale a una condena. Es el comienzo de un procedimiento destinado a determinar si los hechos denunciados pueden constituir una infracción penal y quién sería responsable.
La defensa del PP podría alegar que el vídeo era una parodia política, que advertía de su elaboración mediante inteligencia artificial y que las declaraciones simuladas resultaban reconocibles como una exageración satírica.
Por su parte, Díez podría insistir en que recrear su identidad para atribuirle una actuación criminal concreta supera los límites de la crítica legítima.
El resultado dependería de las circunstancias del montaje, su presentación, la intención de sus responsables y su capacidad para generar una imputación lesiva jurídicamente relevante.
La inteligencia artificial y los límites de la sátira política
La libertad de expresión protege la crítica política, incluso cuando resulta incómoda, provocadora o especialmente dura. Los tribunales españoles y europeos reconocen tradicionalmente un margen amplio a la sátira en los debates de interés público.
Pero esa protección no es ilimitada.
El Código Penal considera calumnia atribuir falsamente un delito a alguien con conocimiento de la falsedad o desprecio temerario hacia la verdad. No basta, por tanto, con que una publicación moleste o perjudique la reputación de una persona: deben concurrir los requisitos específicos del delito.
En el conflicto entre Díez y el PP aparece una dificultad añadida. El vídeo no consiste únicamente en una opinión o una caricatura convencional, sino en una simulación audiovisual de una persona identificable, capaz de hablar con una voz recreada artificialmente.
La cuestión es si el público podía comprender razonablemente que se trataba de ficción o si la pieza podía interpretarse como una confesión auténtica.
El PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, ha defendido su utilización de la inteligencia artificial y ha señalado que el montaje incluía una advertencia sobre su origen artificial.
La existencia de ese aviso es relevante, pero no resuelve por sí sola todos los posibles conflictos jurídicos.
Desde el 2 de agosto de 2026 son aplicables las obligaciones de transparencia del artículo 50 del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial. Esta normativa exige identificar los contenidos audiovisuales artificiales que puedan confundirse con grabaciones auténticas, aunque establece particularidades para las obras manifiestamente satíricas, artísticas o de ficción.
Las directrices de la Comisión Europea publicadas en noviembre precisan que el origen artificial debe resultar reconocible para el público. Cumplir las obligaciones de etiquetado tampoco convierte automáticamente en lícito un contenido que pueda vulnerar otros derechos.
La tecnología cambia el formato de la controversia, pero no elimina los principios jurídicos tradicionales: libertad de expresión, protección del honor, derecho a la propia imagen y responsabilidad por las afirmaciones difundidas.
Begoña Gómez también denunció al PP por el mismo montaje
Leire Díez no fue la única persona que decidió emprender acciones legales.
El 28 de octubre, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presentó una denuncia contra los responsables del vídeo por la utilización de su imagen y la simulación de su voz.
En su caso, el montaje le atribuía una declaración relativa a su actividad universitaria que tampoco había pronunciado.
La denuncia invocaba la posible aplicación del artículo 172 ter del Código Penal, que contempla determinados supuestos de utilización no consentida de imágenes capaces de provocar situaciones de acoso, hostigamiento o humillación.
La reclamación también pretendía identificar a las personas que participaron en la preparación y difusión del contenido.
Ambas iniciativas comparten un origen, pero son procedimientos distintos. La resolución de una no determina automáticamente el resultado de la otra.
Existe, además, una circunstancia que conviene separar del conflicto por el vídeo: Leire Díez continúa investigada en la Audiencia Nacional por presuntas actuaciones destinadas a interferir en causas judiciales. Pedraz prorrogó en noviembre esa instrucción hasta junio de 2027, ante la existencia de diligencias pendientes.
La investigación sobre esas presuntas conductas y la reclamación de Díez contra el PP responden a hechos diferentes. Ninguna convierte en probadas las acusaciones de la otra.
Un conflicto que puede marcar los límites de los vídeos políticos con IA
La eventual conciliación de diciembre ofrecería una primera oportunidad para resolver el enfrentamiento por el montaje sin emprender un nuevo procedimiento penal.
Si las partes alcanzan un acuerdo, el conflicto podría terminar en los términos pactados. Si no lo consiguen, Díez conservaría la posibilidad de acudir a los tribunales por las vías que correspondan, sin que ello garantice la admisión de su reclamación.
De momento, no existe una sentencia que declare delictivo el vídeo del PP, pero tampoco una resolución judicial que haya examinado y avalado definitivamente su contenido.
Lo ocurrido ilustra una tensión cada vez más visible en la política española. La inteligencia artificial permite fabricar escenas y declaraciones con un realismo antes reservado a las grabaciones auténticas. Su utilización para ridiculizar a adversarios puede entrar en el terreno de la sátira, pero también plantea responsabilidades cuando atribuye hechos concretos que una persona nunca ha reconocido.
El derecho a criticar a los políticos es esencial en democracia. También lo es poder distinguir entre una declaración verdadera y una frase fabricada. La diferencia no debería depender de que el espectador descubra una advertencia escondida en la pantalla.
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