Luisa González, en prisión preventiva por el caso Laberinto en Ecuador

La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González ingresó la noche del viernes 23 de octubre en la cárcel de Riobamba, en la provincia andina de Chimborazo, para cumplir la prisión preventiva dictada contra ella dentro de una investigación por presunto lavado de activos relacionado con fondos de la campaña electoral de 2023.

González, una de las principales figuras de la oposición al presidente Daniel Noboa y referente del correísmo, había sido detenida el jueves en su domicilio de Canuto, en la provincia costera de Manabí. Después permaneció bajo custodia en el Cuartel Modelo de Guayaquil antes de ser trasladada en una aeronave policial hasta Cotopaxi y, desde allí, por carretera hacia Riobamba, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

El caso Laberinto pone el foco en la campaña presidencial de 2023

La causa conocida como caso Laberinto examina el origen y el recorrido de recursos utilizados para financiar gastos electorales durante la campaña presidencial de 2023. La Fiscalía trata de determinar si parte del dinero utilizado por el entorno político de González procedía de actividades ilícitas y acabó incorporándose a la financiación electoral mediante distintas operaciones.

Según la hipótesis presentada por el Ministerio Público, se habría utilizado un entramado de personas y sociedades para canalizar aproximadamente 500.000 dólares. Los investigadores analizan transferencias, pagos, cheques, facturas y comunicaciones que podrían ayudar a reconstruir la ruta seguida por esos fondos.

La investigación apunta, entre otros elementos, a dinero supuestamente relacionado con el entorno del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, actualmente encarcelado y condenado en otros procedimientos. La Fiscalía pretende aclarar si determinados recursos vinculados a negocios de hidrocarburos terminaron sufragando gastos electorales del correísmo.

El expediente incluye igualmente documentación y comunicaciones sobre facturación y pagos asociados a la campaña. Son elementos que la acusación deberá sostener ante los tribunales: la existencia de indicios no equivale a una condena y González mantiene intacta su presunción de inocencia.

Prisión preventiva para tres de los procesados

El juez encargado de la causa aceptó la petición de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para González, el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre. Para otra de las procesadas, Estefanía Molina, dispuso medidas distintas: presentaciones periódicas ante las autoridades, prohibición de abandonar Ecuador y un dispositivo de vigilancia electrónica.

La instrucción fiscal se extenderá inicialmente durante 90 días. Ese periodo servirá para profundizar en el origen de los fondos, las operaciones económicas investigadas y la responsabilidad individual que la Fiscalía atribuye a cada una de las personas procesadas.

Una investigación que comenzó antes de la detención

La situación judicial de Luisa González no nació con el operativo de esta semana. Desde marzo, la dirigente correísta estaba siendo investigada por la Fiscalía por el manejo de fondos recibidos para la campaña de 2023, unas pesquisas que habían aparecido también bajo la denominación de caso Caja Chica.

El procedimiento adquirió mayor dimensión con nuevas declaraciones, documentación financiera y diligencias policiales. Entre los testimonios examinados figura el del exasambleísta Santiago Díaz, expulsado de Revolución Ciudadana y posteriormente condenado a 29 años y cuatro meses de prisión por violación.

Díaz aseguró que había llevado dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña por indicación del expresidente Rafael Correa. Esa declaración forma parte del material investigado, aunque por sí sola no determina la veracidad de los hechos ni la responsabilidad penal de las personas señaladas.

La Fiscalía busca establecer, con documentación y movimientos financieros, si existió realmente un circuito de financiación no declarado. Ese será uno de los terrenos decisivos del procedimiento: no basta con acreditar que hubo dinero fuera de la contabilidad electoral, sino que debe demostrarse su origen ilícito y la eventual participación consciente de los acusados.

De Guayaquil a Riobamba bajo un amplio dispositivo

Tras la decisión judicial, González salió del Cuartel Modelo de Guayaquil durante la tarde del viernes. El traslado incluyó un vuelo en una aeronave policial que aterrizó en el aeropuerto de Cotopaxi y un posterior recorrido por carretera hasta la prisión de Riobamba.

El convoy estuvo acompañado por numerosos militares y policías. En los alrededores del centro penitenciario también se desplegaron agentes y barreras de seguridad mientras simpatizantes de Revolución Ciudadana se concentraban en la zona ante la llegada de la excandidata.

El ingreso en prisión modifica de forma sustancial la situación personal de una dirigente que concurrió dos veces a la Presidencia de Ecuador. González disputó la segunda vuelta de las elecciones de 2023 y 2025 frente a Daniel Noboa y perdió ambas convocatorias.

González denuncia una persecución política

La excandidata rechaza las acusaciones. Durante la audiencia sostuvo que es inocente, calificó el procedimiento como una persecución política y aseguró que pretende defenderse dentro de Ecuador. También recordó que afronta numerosos procesos fiscales y había manifestado su intención de permanecer en el país.

El correísmo ha elevado el tono tras la detención y acusa al Gobierno de Noboa de utilizar la justicia contra sus adversarios. La prisión preventiva de una de sus figuras más conocidas ha llevado el conflicto político ecuatoriano a un terreno todavía más áspero, donde las decisiones judiciales reciben casi de inmediato una lectura partidista.

Eso no altera el plano estrictamente penal. El procedimiento deberá resolverse con pruebas y garantías procesales, y no con la intensidad de la batalla política que rodea el caso. González está procesada y encarcelada preventivamente, pero no ha sido condenada por los hechos que se investigan.

Un caso que golpea de lleno al correísmo ecuatoriano

El impacto político resulta especialmente relevante porque Revolución Ciudadana sigue siendo una de las principales fuerzas del país. González fue candidata presidencial del movimiento fundado alrededor del liderazgo de Rafael Correa, expresidente de Ecuador entre 2007 y 2017, y se convirtió en uno de los rostros más visibles de la oposición a Noboa.

La investigación sobre la financiación de 2023 llega, además, en un momento delicado para el movimiento. Las sospechas sobre el origen del dinero electoral y las distintas causas que rodean a dirigentes correístas han convertido el caso Laberinto en algo más que una discusión contable sobre facturas o aportaciones de campaña.

El núcleo judicial, sin embargo, sigue siendo bastante concreto: averiguar de dónde salió el dinero, quién intervino en su movimiento, cómo se utilizó y si quienes participaron conocían un eventual origen ilícito. Ahí se jugará el proceso, lejos de los eslóganes de un lado y del otro.

Noventa días para esclarecer la ruta del dinero

Los próximos tres meses serán decisivos para que la Fiscalía complete las diligencias y trate de sostener su acusación. Tendrá que conectar documentos, movimientos bancarios, testimonios y operaciones empresariales con la financiación electoral y demostrar que existe algo más sólido que una sucesión de sospechas e indicios.

Por ahora, el hecho central es inequívoco: Luisa González permanece en prisión preventiva en Riobamba mientras avanza la investigación por presunto lavado de activos vinculado a los fondos de su campaña de 2023. La acusación tendrá que probar sus tesis y la defensa podrá combatirlas; entre ambas queda una causa de cientos de miles de dólares que ha sacudido otra vez el tablero político de Ecuador.