Lula pide al TSE anular a Flávio Bolsonaro por los algoritmos de Meta

La campaña de Luiz Inácio Lula da Silva ha llevado la batalla presidencial brasileña hasta uno de los terrenos más delicados de la política contemporánea: los algoritmos que deciden qué ve un elector en su teléfono. El equipo del presidente ha presentado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una acción para pedir la anulación de la candidatura de Flávio Bolsonaro, aspirante del Partido Liberal (PL), al considerar que Meta habría favorecido al senador mediante sus sistemas de recomendación y distribución de contenidos.

No se trata, por tanto, de Jair Bolsonaro, como podría sugerir una lectura apresurada de algunos titulares internacionales. El candidato que disputa la Presidencia a Lula en la segunda vuelta es Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, senador por Río de Janeiro y vencedor de la primera vuelta con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% logrado por Lula. La votación definitiva está prevista para el 25 de octubre de 2026.

Lula acusa a Meta de alterar la igualdad de la campaña

La iniciativa judicial de la candidatura de Lula adopta la forma de una Acción de Investigación Judicial Electoral, conocida en Brasil por sus siglas AIJE. El escrito denuncia un supuesto uso indebido de los medios de comunicación y abuso de poder económico y sostiene que los sistemas de Meta habrían proporcionado ventajas digitales a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

La acusación señala varios episodios. Entre ellos, restricciones que habrían reducido la capacidad de la campaña de Lula para promocionar determinadas publicaciones en Instagram y Facebook, mientras contenidos relacionados con Bolsonaro obtenían una difusión que los petistas consideran anormal. También se cuestionan recomendaciones realizadas por WhatsApp: según la demanda, búsquedas vinculadas con Lula habrían terminado mostrando canales favorables a Flávio Bolsonaro.

El asunto entra así en una zona difícil de iluminar. Una cosa es un anuncio electoral pagado —visible, identificable, contabilizable— y otra bastante distinta es el funcionamiento interno de un algoritmo de recomendación. Ahí no hay una valla electoral al borde de una carretera ni un mitin con altavoces: hay millones de decisiones automáticas, invisibles para el usuario, que ordenan contenidos en unas milésimas de segundo.

La campaña de Lula quiere precisamente abrir esa caja negra. Ha solicitado acceso a datos y comunicaciones internas de Meta que permitan establecer si existió una actuación capaz de alterar de manera sistemática el alcance de las dos candidaturas. Por ahora, esa supuesta interferencia algorítmica es una acusación sometida al examen del TSE, no un hecho probado por sentencia.

El TSE ya había exigido igualdad de trato a Meta

La disputa no ha nacido con esta demanda. El Tribunal Superior Electoral llevaba días examinando quejas relacionadas con el comportamiento de las plataformas digitales durante una segunda vuelta extraordinariamente ajustada.

El 15 de octubre, responsables del TSE mantuvieron una reunión con representantes de Meta en la que el tribunal subrayó la necesidad de mantener una paridad de trato entre las campañas presidenciales. Sobre la mesa estaban, entre otros asuntos, el funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial y la conservación de datos vinculados a los canales de WhatsApp.

La presión aumentó después. El TSE concedió a Meta un plazo para demostrar que sus servicios estaban proporcionando un trato equivalente a Lula y Flávio Bolsonaro y reclamó explicaciones sobre restricciones y recomendaciones denunciadas durante la campaña. La posibilidad de sanciones económicas convierte el episodio en algo más que una escaramuza entre asesores electorales y departamentos de comunicación.

Hay otro precedente reciente. El corregidor general electoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, ordenó el 19 de octubre a Meta y a X impedir el impulso pagado o un tratamiento privilegiado de determinadas cuentas investigadas por la difusión de contenidos que ya habían sido objeto de resoluciones del tribunal. El TSE lleva, en definitiva, buena parte de esta recta final intentando colocar reglas humanas sobre máquinas cuya lógica comercial consiste precisamente en seleccionar, jerarquizar y recomendar.

Meta niega haber favorecido a Flávio Bolsonaro

Meta rechaza la tesis de una intervención política deliberada. La compañía sostiene que los problemas denunciados responden a incidentes técnicos, no a una decisión orientada a favorecer a uno de los candidatos.

La empresa ha reconocido distintos fallos durante la campaña, entre ellos problemas relacionados con herramientas publicitarias y con determinadas funciones de inteligencia artificial, pero mantiene que esos episodios tuvieron explicaciones técnicas y que no existió una estrategia para beneficiar electoralmente a Flávio Bolsonaro.

Ese matiz importa. Para convertir un fallo informático en un caso de abuso electoral no basta con demostrar que una publicación tuvo menos alcance o que una recomendación salió donde no debía. El tribunal tendrá que valorar la naturaleza, gravedad, extensión y posible impacto de las conductas, además de determinar quién pudo ser responsable y quién se benefició de ellas.

El precedente de la inteligencia artificial

El TSE ya ha intervenido durante esta campaña en asuntos relacionados con el uso electoral de la inteligencia artificial. El 8 de octubre ordenó retirar tres publicaciones de Flávio Bolsonaro en X; una de ellas utilizaba inteligencia artificial para representar a Lula en una situación inexistente. Días después, el tribunal volvió a ordenar la retirada de otro vídeo generado con IA que vinculaba al presidente con el crimen organizado.

No es exactamente el mismo problema que plantea ahora la demanda contra la candidatura de Bolsonaro. Una cosa es crear contenido mediante IA y otra determinar si los sistemas automáticos de una plataforma han concedido más visibilidad a un político que a otro. Pero ambos conflictos nacen del mismo cambio de paisaje: unas elecciones ya no se disputan únicamente entre candidatos, partidos y medios. También transcurren dentro de sistemas tecnológicos privados cuyo diseño puede condicionar qué mensaje llega primero a la pantalla.

Qué puede ocurrir si prospera la demanda

La petición de Lula es de enorme alcance, pero presentar una AIJE no equivale a obtener la expulsión inmediata de un candidato. La legislación electoral brasileña permite que una acción de esta naturaleza termine, cuando se acredita un abuso suficientemente grave, en la cancelación del registro o del diploma electoral del candidato beneficiado. También puede comportar consecuencias de inelegibilidad para quienes hayan participado en la conducta ilícita.

La jurisprudencia del propio TSE exige valorar la gravedad de los hechos y su repercusión sobre el equilibrio de la competición. La ley no obliga a demostrar matemáticamente que una irregularidad cambió el ganador de las elecciones, pero sí requiere un nivel de gravedad suficiente para considerar comprometida la normalidad y la igualdad de la disputa.

Ese será probablemente uno de los grandes nudos del proceso. Incluso si se acreditan anomalías técnicas en los sistemas de Meta, quedará por establecer si tuvieron entidad suficiente para constituir abuso de poder económico o uso indebido de medios de comunicación, y también hasta qué punto pueden atribuirse jurídicamente a la candidatura beneficiada.

No es un detalle menor. Los algoritmos no figuran en las papeletas ni conceden entrevistas, pero sus efectos pueden multiplicarse a una escala que ningún periódico, emisora o cartel electoral tradicional habría imaginado hace veinte años. El derecho electoral brasileño intenta aplicar conceptos antiguos —abuso, ventaja, igualdad— a una maquinaria digital bastante nueva.

Una segunda vuelta separada por menos de dos puntos

La magnitud política del caso se entiende mejor mirando el resultado del primer turno. Flávio Bolsonaro obtuvo 56.104.268 votos, un 47,03% de los válidos. Lula consiguió 53.876.617, equivalentes al 45,16%. La diferencia quedó ligeramente por encima de 2,2 millones de votos.

Con una carrera de esa estrechez, cualquier controversia relacionada con el alcance de la propaganda digital adquiere otra dimensión. Instagram, Facebook y WhatsApp no son accesorios de campaña en Brasil; forman parte de la infraestructura cotidiana por la que circulan conversaciones familiares, noticias, publicidad, memes y política. Todo mezclado, como suele ocurrir en una pantalla de móvil a las once de la noche. En ese escenario, la visibilidad digital pesa.

La propia campaña de Lula ha reforzado su actividad digital durante la segunda vuelta después de haber apostado más intensamente por métodos tradicionales en la primera. Flávio Bolsonaro, por su parte, había construido una presencia especialmente fuerte en el entorno online. El conflicto con Meta aparece así en un momento en el que las redes pueden resultar decisivas para movilizar a los últimos indecisos.

El algoritmo entra en el tribunal electoral

La decisión que adopte el TSE tendrá consecuencias que van bastante más allá de Lula y Flávio Bolsonaro. Hasta hace no demasiado tiempo, vigilar la igualdad electoral significaba controlar minutos de televisión, espacios de radio, gastos de campaña o publicidad impresa. Esa arquitectura sigue existiendo, pero encima se ha construido otra: opaca, personalizada y gobernada por algoritmos que modifican el alcance de un mensaje sin que el ciudadano perciba necesariamente que algo ha intervenido.

El caso brasileño coloca esa nueva realidad delante de un tribunal en plena elección presidencial. Lula pide la anulación de la candidatura de Flávio Bolsonaro porque considera que Meta desequilibró la competición mediante sus algoritmos; Meta lo niega y atribuye los episodios denunciados a problemas técnicos; el TSE deberá determinar si hubo una anomalía informática, una ventaja electoral jurídicamente relevante o algo bastante más grave.

Mientras tanto, las urnas esperan al 25 de octubre. Y junto a ellas, por primera vez con tanta claridad, también espera el algoritmo.