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Madrid denuncia al exdelegado Francisco Martín por la acampada de Sol

La denuncia contra Francisco Martín por la acampada de Sol plantea una presunta prevaricación por omisión. Los daños se estiman en unos 40.000 euros.

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Francisco Martín

Foto: Pool Moncloa / Wikimedia Commons / CC BY 4.0.

Resumen

  • Madrid denuncia al exdelegado Francisco Martín por la acampada de Sol
  • El Ayuntamiento le acusa de prevaricación por no ordenar el desalojo
  • Los daños y primeros gastos municipales rondan los 40.000 euros

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes, 16 de noviembre, una denuncia penal contra Francisco Martín, exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por omisión. El Consistorio le acusa de haber permitido que la acampada por el derecho a la vivienda permaneciera en la Puerta del Sol durante más de un mes pese a conocer, según sostiene, las irregularidades y los riesgos asociados a la concentración.

La denuncia, formalizada ante los juzgados de Plaza de Castilla, consta de 30 páginas y atribuye a Martín una supuesta dejación deliberada de sus responsabilidades en materia de seguridad ciudadana. La vicealcaldesa y responsable municipal de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha explicado que los servicios jurídicos consideran que existían motivos suficientes para ordenar el desalojo mucho antes del 3 de noviembre, cuando finalmente fue desmantelado el campamento.

El conflicto tiene también una dimensión económica. El Ayuntamiento calcula que los desperfectos y los primeros gastos derivados de la ocupación de la plaza ascienden a unos 40.000 euros, una cantidad provisional que podría aumentar a medida que avancen las reparaciones.

Francisco Martín rechaza las acusaciones. Tras conocerse la denuncia, ha expresado su confianza en la Justicia y ha criticado a quienes, a su juicio, intentan utilizar los tribunales con fines políticos. El procedimiento abre así un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida y el anterior responsable de la Administración central en Madrid.

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El Ayuntamiento acusa a Martín de permitir una acampada ilegal

La denuncia se centra en la actuación de Francisco Martín durante las semanas en las que cientos de personas ocuparon la Puerta del Sol para protestar contra la crisis de la vivienda.

Según la versión municipal, el entonces delegado del Gobierno tenía conocimiento de los problemas que se estaban produciendo y disponía de competencias para intervenir, pero decidió mantener la concentración pese a los requerimientos recibidos.

Inma Sanz sostiene que existió una inacción continuada y consciente. El escrito judicial reconstruye cronológicamente los acontecimientos desde el 26 de septiembre, fecha de inicio de la protesta, hasta la dimisión de Martín, presentada un mes después.

El Ayuntamiento considera especialmente relevante que la Delegación del Gobierno recibiera hasta cuatro comunicaciones oficiales acompañadas de informes de la Policía Municipal y de otros servicios públicos.

Esos documentos, según la denuncia, advertían de la presencia de objetos potencialmente peligrosos, alteraciones del orden público, incidentes entre participantes, problemas de seguridad y daños en distintos elementos de la plaza.

La existencia de estas advertencias constituye una de las bases de la acusación. Sin embargo, corresponde a los tribunales determinar si los hechos descritos justificaban legalmente una intervención y si la conducta del exdelegado puede considerarse delictiva.

Los informes policiales y el cambio de criterio tras su dimisión

Uno de los argumentos principales del Ayuntamiento es que la acampada terminó pocos días después de que Francisco Martín abandonara su cargo.

El 26 de octubre, el entonces delegado había mantenido que no concurrían circunstancias suficientes para disolver la concentración. La situación cambió el 3 de noviembre, cuando la Policía Nacional, con participación de la Policía Municipal, procedió al desalojo.

Para el Gobierno municipal, entre ambas fechas no se produjo ningún acontecimiento nuevo de suficiente gravedad que explicara ese cambio de postura.

La denuncia sostiene que la principal diferencia fue precisamente la salida de Martín y la llegada de Pilar Trinidad Núñez a la Delegación del Gobierno.

La interpretación de la Delegación es distinta. Al justificar el desalojo, explicó que la acampada había cambiado de naturaleza, que parte de sus organizadores había anunciado el final de sus reivindicaciones y que se habían registrado incidentes y hechos presuntamente delictivos.

La institución también ha defendido que sus decisiones durante la protesta respetaron la legalidad y los derechos fundamentales.

Esta discrepancia será relevante para determinar si hubo una omisión arbitraria de las funciones del exdelegado o si su actuación respondió a una valoración de las circunstancias de seguridad y del derecho de reunión.

Los daños en la Puerta del Sol alcanzan los 40.000 euros

La factura económica es otro de los elementos que el Ayuntamiento ha incorporado al conflicto.

El balance municipal inicial sitúa los gastos y desperfectos en aproximadamente 40.000 euros, aunque la cifra todavía no está cerrada.

Entre las partidas identificadas figuran unos 12.000 euros para la restauración de monumentos, alrededor de 11.000 euros por daños en el mobiliario urbano y otros 8.500 euros para reparar las estructuras de los toldos que se instalan durante el verano y que fueron utilizadas para sujetar tiendas de campaña.

Los daños afectan a elementos emblemáticos de la plaza, entre ellos la estatua ecuestre de Carlos III, el Oso y el Madroño y la Mariblanca.

La vicealcaldesa ha advertido de que algunas actuaciones iniciales de limpieza no han sido suficientes para recuperar el estado original de los monumentos, por lo que podrían necesitarse trabajos adicionales.

A estas cantidades se suman los gastos de los dispositivos extraordinarios de Policía Municipal y limpieza, cuyo coste también forma parte del balance municipal.

Durante las semanas de protesta se tramitaron, según las cifras ofrecidas por el Consistorio, alrededor de 300 sanciones relacionadas con cuestiones como la limpieza y el consumo de alcohol y drogas.

Conviene distinguir, no obstante, entre los daños atribuidos a participantes concretos, las responsabilidades que puedan establecerse por ellos y la acusación penal dirigida contra Martín. No son necesariamente la misma cuestión jurídica.

Qué implica la denuncia por prevaricación administrativa

El delito de prevaricación administrativa está regulado en el artículo 404 del Código Penal. Castiga a la autoridad o funcionario que dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia.

La modalidad que invoca el Ayuntamiento es la prevaricación por omisión. En lugar de una resolución expresamente injusta, la acusación sostiene que Martín habría incumplido deliberadamente una obligación de actuar cuando las circunstancias exigían su intervención.

Las posibles consecuencias judiciales

El artículo 404 contempla una pena de inhabilitación especial de nueve a quince años para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

No establece una pena de prisión para este delito por sí solo.

La dificultad jurídica de la denuncia reside en demostrar algo más que una gestión discutible o una decisión administrativa equivocada. Será necesario acreditar que existía una obligación concreta de actuar, que la omisión puede constituir prevaricación y que el responsable conocía su carácter injusto.

El Ayuntamiento fundamenta parte de sus argumentos en el artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, que contempla la suspensión o disolución de concentraciones cuando concurren determinadas circunstancias, entre ellas alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

Pero el derecho de reunión también está protegido por el artículo 21 de la Constitución. Las limitaciones a su ejercicio deben estar justificadas legalmente. La ausencia de comunicación previa o la existencia de molestias no convierten automáticamente cualquier protesta en una concentración que deba disolverse.

La presentación de la denuncia tampoco equivale a una imputación judicial automática ni demuestra la comisión de un delito. El órgano competente tendrá que examinar el escrito y decidir las actuaciones que procedan.

Francisco Martín rechaza las acusaciones y denuncia un uso político de la Justicia

El exdelegado ha reaccionado públicamente a la iniciativa del Ayuntamiento mediante un mensaje en la red social X.

Martín ha asegurado que explicará su actuación con normalidad y que podrán conocerse las decisiones adoptadas durante la acampada, así como sus motivos.

También ha manifestado su plena confianza en el sistema judicial y ha mostrado su rechazo a lo que considera un intento de instrumentalizar la Justicia para conseguir objetivos políticos.

Su respuesta llega después de varias semanas de enfrentamiento institucional con el Gobierno municipal y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que habían reclamado reiteradamente el levantamiento del campamento.

Martín había ocupado la Delegación del Gobierno desde marzo de 2023. Su dimisión, anunciada el 26 de octubre, se produjo en un contexto de tensiones políticas y tras quedar fuera de las candidaturas socialistas para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La presentación de la denuncia abre un frente judicial después de que el relevo en la Delegación del Gobierno pareciera haber rebajado la tensión entre administraciones.

De una protesta por la vivienda a un conflicto judicial

La acampada de Sol comenzó el 26 de septiembre de 2026, después de una movilización contra los desahucios y los elevados precios de la vivienda.

Uno de sus detonantes fue el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había residido durante siete décadas en la misma vivienda de alquiler y que falleció semanas después de ser desahuciada.

La protesta, impulsada inicialmente por colectivos vinculados a la defensa del derecho a la vivienda, fue incorporando participantes y reivindicaciones diferentes. Con el paso de las semanas también se instalaron en el campamento personas sin hogar y otros grupos.

El 3 de noviembre, tras 38 días completos de protesta, las fuerzas policiales desalojaron la plaza durante la madrugada. La intervención terminó con dos detenidos por resistencia y desobediencia a la autoridad.

La Delegación del Gobierno defendió que la operación respondió a la evolución de las circunstancias y a la necesidad de recuperar el uso ordinario del espacio público. Algunos participantes, por su parte, denunciaron actuaciones policiales violentas.

Casi dos semanas después, el enfrentamiento se ha trasladado a los tribunales.

El Ayuntamiento sostiene que la ocupación podía haberse terminado antes y que Francisco Martín incumplió deliberadamente sus responsabilidades. El exdelegado mantiene que su actuación fue legítima y rechaza las motivaciones de la denuncia.

La cuestión que deberá examinar la Justicia no es si la acampada resultaba políticamente incómoda o si su gestión fue acertada, sino si existió una omisión consciente y arbitraria de obligaciones legales que pueda constituir un delito de prevaricación.

Por el momento, hay una denuncia presentada, dos interpretaciones enfrentadas sobre la actuación administrativa y unos daños materiales cuya cuantificación continúa abierta. La eventual responsabilidad penal de Francisco Martín está pendiente de determinarse.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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