Argentina: 31 detenidos tras la marcha universitaria contra Milei

La quinta Marcha Federal Universitaria de Argentina terminó este jueves 15 de octubre con graves incidentes frente al Congreso, en Buenos Aires. Una movilización multitudinaria de estudiantes, profesores, trabajadores universitarios y sindicatos derivó, durante su tramo final, en enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad, que emplearon gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a quienes se encontraban en las inmediaciones del Parlamento.

El balance conocido tras la protesta deja 31 detenidos en distintos puntos de la capital argentina y varios heridos. Las autoridades informaron también de agentes lesionados durante los disturbios. La movilización había sido convocada para exigir al Gobierno de Javier Milei que aplique plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso cuya ejecución se ha convertido en uno de los grandes focos de choque entre la Casa Rosada, las universidades públicas y la oposición.

Piedras, gases lacrimógenos y agua frente al Congreso

La tensión estalló poco antes de las cuatro de la tarde, cuando el acto central estaba a punto de comenzar. Un grupo de personas encapuchadas comenzó a lanzar piedras y objetos contundentes, dañó parte del mobiliario urbano y se enfrentó con los efectivos situados tras el perímetro de seguridad del Congreso.

La respuesta policial fue inmediata. Entraron en funcionamiento los camiones hidrantes y se lanzaron gases lacrimógenos para desalojar parte de la plaza. Hubo carreras, humo, personas tratando de alejarse de los chorros de agua y momentos de enorme confusión entre una concentración que, hasta entonces, se había desarrollado de forma mayoritariamente pacífica.

Los disturbios no resumen, sin embargo, toda la jornada. La marcha formaba parte de una convocatoria nacional respaldada por autoridades universitarias, organizaciones estudiantiles, sindicatos docentes y no docentes y diferentes sectores sociales. Las protestas se reprodujeron también en otras ciudades argentinas.

Por qué volvieron las universidades argentinas a la calle

Detrás de las imágenes de gases y enfrentamientos aparece el verdadero núcleo del conflicto: financiación, salarios y cumplimiento de la ley. La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria fue sancionada en 2025 después de que el Congreso superara el veto presidencial con la mayoría constitucional necesaria.

La norma busca garantizar recursos para las universidades públicas, actualizar gastos de funcionamiento, recomponer las remuneraciones de docentes y trabajadores, reforzar las becas estudiantiles y sostener áreas como la investigación científica y los hospitales universitarios.

Las universidades consideran que varios de esos compromisos continúan sin aplicarse en los términos establecidos. La disputa acabó también en los tribunales y la Justicia ha reclamado al Ejecutivo avances en la actualización de salarios y becas. Un día antes de la manifestación se impuso además una multa diaria a la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la ley.

El Presupuesto de 2027 abre otro frente

El problema no termina con las cuentas de 2026. El Consejo Interuniversitario Nacional reclama alrededor de 11 billones de pesos para el sistema universitario en 2027, aproximadamente un 33% más de lo previsto por el proyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo.

La diferencia afecta a bastante más que la electricidad de las facultades o el mantenimiento de los edificios. Las universidades la relacionan con la pérdida de poder adquisitivo del personal, las dificultades para sostener investigaciones, las becas, la renovación de equipos y la continuidad de científicos jóvenes. En Argentina, donde la universidad pública forma parte de la biografía de millones de familias, tocar ese nervio rara vez pasa inadvertido.

31 detenidos y heridos tras los enfrentamientos

Durante la jornada se contabilizaron 31 detenciones. Seis se produjeron en el contexto de los incidentes próximos al Congreso, entre ellas las de dos menores de 14 y 17 años, mientras otras 25 personas fueron arrestadas en cabeceras ferroviarias de Buenos Aires.

El Ministerio de Seguridad informó también de ocho agentes heridos: cuatro integrantes de Gendarmería Nacional, dos de Prefectura Naval y dos de la Policía Federal. Los servicios sanitarios atendieron igualmente a personas afectadas durante los altercados y por los gases empleados en la zona.

Las autoridades anunciaron una denuncia penal destinada a identificar a quienes participaron en los ataques contra los agentes y en los destrozos registrados alrededor del Congreso. Entre las posibles figuras investigadas aparecen resistencia y atentado contra la autoridad y daño agravado.

El Gobierno habla de violentos y la oposición denuncia represión

La batalla política comenzó prácticamente al mismo tiempo que los incidentes. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la intervención de las fuerzas de seguridad y acusó a los participantes violentos de intentar generar caos. El Gobierno difundió imágenes de personas encapuchadas lanzando piedras y sostuvo que el derecho a manifestarse no ampara ataques contra agentes ni daños en bienes públicos.

Desde la oposición llegó el diagnóstico contrario. Dirigentes y diputados denunciaron una actuación policial desproporcionada contra una concentración que, en su conjunto, había transcurrido pacíficamente. También surgieron acusaciones sobre la presencia de infiltrados entre quienes iniciaron los disturbios, una hipótesis que no permite atribuir aquellos ataques al conjunto de los convocantes.

Esa diferencia no es menor. Hubo piedras, destrozos y ataques contra policías; también hubo miles de estudiantes, docentes y trabajadores que acudieron a reclamar por la financiación de las universidades. Meterlo todo en la misma fotografía convierte una jornada bastante compleja en propaganda. La realidad, como suele ocurrir, fue más incómoda.

La universidad pública vuelve al centro del pulso con Milei

Las marchas universitarias se han convertido en uno de los movimientos sociales más persistentes durante la presidencia de Javier Milei. La del 15 de octubre fue la quinta convocatoria federal, después de sucesivas movilizaciones por el presupuesto, los salarios y el futuro del sistema público de educación superior.

El Ejecutivo mantiene como uno de sus ejes la disciplina fiscal y sostiene que ha realizado transferencias y adoptado medidas presupuestarias y salariales durante 2026. Las organizaciones universitarias replican que esas partidas no compensan el deterioro acumulado ni equivalen al cumplimiento íntegro de lo establecido por la ley.

Ahí aparece la frontera real del conflicto. Para el Gobierno, el gasto público debe mantenerse bajo control y dentro de sus objetivos presupuestarios. Para las universidades, la financiación de la educación superior no puede quedar congelada mientras existe una legislación que obliga a recomponer partidas, salarios y programas de becas.

Los gases se disipan, el conflicto universitario permanece

Los incidentes dejaron detenidos, heridos, daños y denuncias judiciales, pero no resolvieron el asunto que llevó a miles de personas a las calles: cuánto debe financiar el Estado argentino su sistema público universitario y de qué manera debe ejecutarse una ley respaldada por el Congreso y objeto, además, de una prolongada disputa judicial.

Con el Presupuesto de 2027 entrando en la batalla parlamentaria, el conflicto vuelve al terreno del que realmente salió: los números. Solo que esta vez llegan acompañados por imágenes de agua a presión, humo frente al Congreso y una universidad pública que, por quinta vez durante la presidencia de Milei, convirtió sus cuentas en una protesta nacional.