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El modelo de Bukele inspira 16 proyectos de megacárceles en 10 países
El modelo penitenciario de Nayib Bukele inspira 16 proyectos de megacárceles en diez países latinoamericanos, entre aperturas y denuncias de abusos.
Foto: Casa Presidencial de El Salvador / Wikimedia Commons (CC0 1.0 – dominio público).
Resumen
- Diez países impulsan 16 proyectos de megacárceles inspirados en Bukele
- Costa Rica y Ecuador ya tienen prisiones operativas; Perú anuncia dos más
- Las denuncias de abusos y las dudas sobre su eficacia acompañan al modelo
El modelo de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se extiende por América Latina. Desde la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en 2023, distintos gobiernos han planteado al menos 16 proyectos de megacárceles en diez países, atraídos por la drástica reducción de la violencia en territorio salvadoreño. La mayoría, sin embargo, todavía no se ha materializado y existen serias dudas sobre su capacidad para combatir el crimen organizado.
Costa Rica ya ha puesto en marcha una prisión inspirada en el CECOT, Ecuador tiene operativo un centro de máxima seguridad y Perú acaba de anunciar dos nuevos establecimientos penitenciarios, uno de ellos con apoyo de Estados Unidos. La expansión coincide con las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y vulneraciones de derechos humanos que organizaciones internacionales atribuyen a la política de mano dura de Bukele.
La construcción de grandes prisiones se ha convertido en una respuesta cada vez más habitual ante el avance de las organizaciones criminales. Pero las circunstancias no son iguales en todos los países. Las pandillas salvadoreñas que durante décadas controlaron numerosos barrios presentan diferencias importantes respecto a las redes de narcotráfico que operan en Ecuador, Colombia o Perú.
El atractivo político resulta evidente: mostrar una nueva cárcel de máxima seguridad permite transmitir una imagen de autoridad y determinación. Otra cuestión es demostrar que esa infraestructura sirve para reducir los homicidios, las extorsiones y el poder económico del crimen organizado.
Diez países y proyectos de megacárceles a distinta velocidad
La investigación Mapa de las megacárceles de América Latina, elaborada por InSight Crime, identificó 16 proyectos penitenciarios en diez países desde la apertura del CECOT. El recuento incluye iniciativas en distintas fases de desarrollo, desde anuncios gubernamentales hasta establecimientos que han comenzado a recibir presos.
Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala figuran entre los países que han anunciado o impulsado planes de grandes complejos penitenciarios. Paraguay y Argentina también han desarrollado instalaciones destinadas a internos considerados especialmente peligrosos.
No todas las propuestas han prosperado. En Honduras, el proyecto de construir una prisión para 20.000 personas en las islas del Cisne quedó descartado tras la oposición social y los problemas relacionados con su impacto ambiental y viabilidad. En Perú, otra iniciativa para albergar a 30.000 internos tampoco obtuvo autorización.
La diferencia entre anunciar una megacárcel y ponerla en funcionamiento es considerable. Algunos gobiernos han presentado instalaciones que todavía carecen de financiación definitiva, mientras otros ya han comenzado a trasladar reclusos.
Costa Rica y Ecuador ya tienen instalaciones operativas
Costa Rica inauguró el 14 de octubre de 2026 el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), construido dentro del complejo penitenciario La Reforma, en Alajuela. El proyecto contempla cinco módulos con una capacidad total de 5.100 presos, aunque inicialmente solo se inauguró el primero, preparado para 1.020 internos.
La presidenta Laura Fernández presentó la instalación como una respuesta al crecimiento de la delincuencia organizada. El 26 de octubre, las autoridades trasladaron a los primeros 123 internos, según informó el Ministerio de Justicia costarricense.
El establecimiento ya afronta sus primeras controversias. El 19 de noviembre falleció un recluso de 36 años que había sufrido una agresión presuntamente perpetrada por otros tres presos. El suceso se produjo mientras la Fiscalía investigaba denuncias de posibles malos tratos en la nueva prisión.
Ecuador también ha avanzado. La Cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena, comenzó a recibir reclusos en noviembre de 2025. El Gobierno de Daniel Noboa anunció igualmente otro establecimiento con capacidad prevista para 15.000 personas.
Paraguay puso en funcionamiento el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, diseñado para albergar a más de 1.300 internos. Mientras tanto, Argentina construye cerca de Rosario el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (CERIAP), conocido como El Infierno, cuya inauguración está prevista para 2027.
Perú anuncia dos megacárceles con apoyo estadounidense
Uno de los movimientos más recientes se produjo el 19 de noviembre, cuando el Gobierno peruano anunció la construcción de dos grandes prisiones en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, al norte de Lima.
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, explicó que una instalación estará destinada a unos 10.000 presos de alta peligrosidad y contará con apoyo estadounidense. La segunda tendrá aproximadamente 14.000 plazas para internos primarios, es decir, personas que ingresan por primera vez en prisión.
La presidenta Keiko Fujimori había visitado el CECOT el 29 de octubre, antes de reunirse con Bukele. Sin embargo, el Ejecutivo peruano ha introducido una distinción importante: pretende aprovechar determinadas experiencias salvadoreñas, especialmente las relacionadas con el trabajo penitenciario y la reinserción, sin reproducir las restricciones extremas del centro de máxima seguridad.
La influencia de El Salvador continúa ampliándose. El 20 de noviembre, Haití anunció un acuerdo para construir tres nuevas prisiones mediante la colaboración de empresas haitianas y salvadoreñas. Este anuncio es posterior al recuento original de InSight Crime y no debe confundirse con los 16 proyectos identificados anteriormente.
Por qué el modelo de Bukele atrae a otros gobiernos
El principal argumento a favor de la estrategia salvadoreña es la reducción de la violencia. Durante años, las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 ejercieron un considerable control territorial mediante asesinatos, amenazas, extorsiones y reclutamiento forzoso.
El Gobierno de Bukele intensificó su ofensiva contra estas organizaciones en marzo de 2022, cuando decretó un régimen de excepción tras una oleada de homicidios. La medida facilitó detenciones masivas y restringió determinadas garantías procesales.
Un año después abrió el CECOT, una instalación con capacidad anunciada para 40.000 reclusos que se convirtió en el símbolo internacional de su política de seguridad.
El Salvador ha registrado una caída histórica de los homicidios y un debilitamiento de las principales pandillas. Es un cambio relevante para una población que durante décadas sufrió niveles extraordinarios de violencia. Sin embargo, la reducción de los asesinatos había comenzado antes del régimen de excepción, y las restricciones de acceso a la información y los cambios en los criterios estadísticos dificultan determinar con precisión cuánto corresponde a cada medida.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, considera que el éxito político de Bukele está vinculado tanto a los resultados de seguridad como a la difusión de imágenes de sus cárceles y operaciones policiales.
La dirigente advierte de que otros gobiernos están copiando principalmente la imagen de firmeza, el endurecimiento de las penas y las grandes instalaciones penitenciarias, aunque sus problemas criminales sean muy distintos.
Las denuncias de abusos que acompañan al CECOT
La otra cara del modelo salvadoreño son las acusaciones de graves vulneraciones de derechos fundamentales.
Desde marzo de 2022, las autoridades han detenido a más de 90.000 personas bajo el régimen de excepción. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado casos de arrestos sin pruebas suficientes, detenciones prolongadas sin juicio, incomunicación y malos tratos.
Amnistía Internacional señaló en julio de 2026 que al menos 470 personas habían muerto bajo custodia estatal desde el inicio del régimen excepcional. La organización también denunció patrones de tortura y privación de atención médica, y advirtió de que determinadas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno salvadoreño defiende su actuación como una respuesta necesaria frente a las pandillas que habían impuesto durante décadas su propia autoridad en amplias zonas del país.
La magnitud del encarcelamiento ha obligado, no obstante, a revisar algunas decisiones. En octubre, Bukele anunció que su Gobierno estudiaba conceder la libertad condicional a aproximadamente la mitad de los detenidos acusados de colaborar con pandillas durante el régimen de excepción. También reconoció que unas 8.000 personas habían sido liberadas anteriormente.
El debate no consiste únicamente en determinar cuántos delincuentes pueden ingresar en una prisión. También afecta a las garantías judiciales, la posibilidad de corregir detenciones injustificadas y los mecanismos de supervisión de las autoridades.
El riesgo de convertir las cárceles en centros del crimen
La experiencia latinoamericana ofrece motivos para cuestionar que aumentar la capacidad penitenciaria sea suficiente para desarticular las organizaciones criminales.
Algunas de las bandas más poderosas de la región surgieron o se fortalecieron precisamente dentro de las prisiones. Es el caso del Tren de Aragua, vinculado a la cárcel venezolana de Tocorón, y de organizaciones brasileñas como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
En Ecuador, grupos como Los Choneros también han utilizado el sistema penitenciario para consolidar estructuras de poder, reclutar integrantes y organizar actividades delictivas.
El problema aparece cuando el Estado pierde el control efectivo de los establecimientos. Una cárcel puede acabar funcionando como centro de operaciones si los líderes criminales mantienen acceso a comunicaciones, recursos económicos, armas o redes de corrupción entre los funcionarios.
Construir un recinto más grande no elimina automáticamente esas condiciones.
El aislamiento de los cabecillas, la vigilancia y la separación de internos según su peligrosidad pueden contribuir a recuperar el control penitenciario. Pero necesitan acompañarse de investigaciones criminales, mecanismos anticorrupción y una administración penitenciaria capaz de impedir que las organizaciones sigan operando desde dentro.
Las políticas también deben adaptarse a la delincuencia que afronta cada país. El narcotráfico internacional, por ejemplo, depende de rutas comerciales, blanqueo de capitales, corrupción institucional y redes que atraviesan fronteras. Encerrar a sus dirigentes no destruye necesariamente esas estructuras económicas.
El resultado se medirá fuera de las cárceles
La expansión de las megacárceles refleja una presión política compartida por numerosos gobiernos latinoamericanos: responder a una ciudadanía preocupada por la violencia y demostrar que el Estado conserva el control frente a las organizaciones criminales.
El precedente salvadoreño ofrece una experiencia de reducción de homicidios y debilitamiento de las pandillas que otros dirigentes quieren reproducir. Sin embargo, ningún proyecto penitenciario garantiza por sí mismo resultados equivalentes.
La eficacia de estas nuevas instalaciones dependerá de su funcionamiento, de la capacidad de las autoridades para impedir que las bandas mantengan sus operaciones desde prisión y de la existencia de investigaciones y procesos judiciales eficaces.
También habrá que comprobar si consiguen reducir la violencia sin reproducir las vulneraciones de derechos denunciadas en El Salvador.
El verdadero balance no estará en el número de celdas construidas ni en la cantidad de presos trasladados. Estará en comprobar si disminuyen los asesinatos, las extorsiones y el poder de las organizaciones criminales, y si esa mejora puede mantenerse respetando las garantías fundamentales.
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