España
Los ocho años de Pedro Sánchez: más empleo, salarios y renovables
Desde 2018, España suma millones de ocupados, reduce la temporalidad y amplía derechos, aunque la vivienda y el riesgo de pobreza siguen preocupando.
Resumen
- El empleo supera los 22,8 millones de ocupados y el paro baja al 10,18%
- El salario mínimo será de 1.286 euros en 2027 y crecen las renovables
- La vivienda y la pobreza siguen siendo retos pese a los avances sociales
España ha experimentado cambios importantes desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018. El empleo ha crecido, el salario mínimo ha aumentado, la contratación temporal se ha reducido y se han ampliado derechos laborales y sociales. Son resultados documentados que permiten identificar mejoras concretas durante sus mandatos, al margen de la controversia política que ha acompañado a sus gobiernos.
Los datos ofrecen una primera respuesta bastante clara. España ha pasado de 19,34 millones de ocupados en el segundo trimestre de 2018 a 22,85 millones en el tercero de 2026, mientras que la tasa de paro ha descendido del 15,28% al 10,18%. El salario mínimo, que entonces era de 735,90 euros mensuales en 14 pagas, alcanza los 1.221 euros en 2026. Y desde el 1 de enero de 2027 se elevará a 1.286 euros, según el decreto publicado el 19 de noviembre. Son avances verificables, aunque no todos pueden atribuirse exclusivamente a las decisiones del Ejecutivo.
El periodo también ha estado marcado por circunstancias extraordinarias: una pandemia, la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, una inflación que castigó los presupuestos familiares y un mercado inmobiliario cada vez más difícil para los jóvenes. El Gobierno tuvo que responder a esas crisis mientras impulsaba sus propias reformas. Algunas dieron resultados medibles; otras siguen generando controversia.
Hay una precisión histórica: Sánchez ha presidido tres ejecutivos desde 2018. El primero, socialista y en minoría; el segundo, de coalición con Unidas Podemos desde enero de 2020; y el tercero, formado con Sumar tras su investidura de noviembre de 2023. Las medidas analizadas corresponden a esas tres etapas, aunque las dos últimas concentran buena parte de las principales reformas.
Más empleo y una reforma laboral que redujo la temporalidad
El mercado de trabajo ofrece uno de los cambios estadísticos más visibles de estos ocho años. Según la Encuesta de Población Activa del INE, España tenía unos 19,53 millones de ocupados en el tercer trimestre de 2018. En el mismo trimestre de 2026 son 22,85 millones. La diferencia supera los 3,3 millones de trabajadores.
El paro también ha descendido. No ha desaparecido, ni mucho menos: España continúa soportando un desempleo estructural elevado en comparación con buena parte de Europa. Pero la reducción es significativa y se produce en una economía con mayor población activa, impulsada también por la incorporación de trabajadores extranjeros y el aumento de la participación laboral.
Uno de los cambios más directamente relacionados con la acción legislativa fue la reforma laboral de 2021, promovida por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y acordada con sindicatos y organizaciones empresariales. La norma limitó las causas que permiten contratar temporalmente, reforzó el contrato indefinido y recuperó la prioridad del convenio sectorial en materia salarial.
Antes de aquella reforma, alrededor del 27% de los asalariados españoles tenía un contrato temporal. En el tercer trimestre de 2026, la tasa se sitúa aproximadamente en el 15,4%. La reducción es considerable y ha modificado una característica histórica del mercado laboral español: la facilidad con la que muchas empresas encadenaban contratos de corta duración.
Conviene matizar qué significa esa mejoría. Parte del empleo que antes se formalizaba mediante contratos temporales utiliza ahora la modalidad de fijo discontinuo, que es indefinida, pero no garantiza trabajar todos los meses del año. Por eso, una menor temporalidad contractual no equivale automáticamente a estabilidad de ingresos.
Aun así, la reforma ha cambiado la composición del empleo. No resolvió todos los problemas laborales, pero sí produjo una transformación verificable de la contratación, especialmente en sectores acostumbrados a una elevada rotación.
El salario mínimo registra una subida histórica
Otra decisión con consecuencias directas para los trabajadores con menores remuneraciones ha sido la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
En 2018 estaba fijado en 735,90 euros brutos mensuales, distribuidos en 14 pagas. En 2026 alcanza los 1.221 euros. Es un incremento nominal cercano al 66%, que supone 485,10 euros más al mes para quien perciba exactamente ese mínimo y trabaje a jornada completa.
El Consejo de Ministros aprobó el 17 de noviembre de 2026 una nueva subida hasta 1.286 euros mensuales para 2027, que entrará en vigor el próximo 1 de enero. La distancia respecto a 2018 aumentará entonces hasta aproximadamente el 75%.
Esta política ha elevado el suelo salarial legal, especialmente relevante para empleos peor remunerados. La subida también ha generado debate por sus posibles efectos sobre los costes empresariales, la contratación y los márgenes de las pequeñas empresas.
Hay otra distinción imprescindible: esas cifras son nominales. La inflación ha reducido parte de su mejora en términos de poder adquisitivo. Tampoco la evolución del SMI refleja necesariamente lo sucedido con los salarios medios de todos los trabajadores.
Los ERTE y una economía que resistió dos grandes crisis
La respuesta económica a la pandemia constituye otro apartado relevante. En marzo de 2020, el cierre de numerosas actividades dejó a millones de trabajadores y empresas ante una interrupción prácticamente inmediata de sus ingresos.
El Gobierno amplió el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), con prestaciones para los trabajadores afectados y exoneraciones de cotizaciones empresariales bajo determinadas condiciones. El objetivo era mantener los vínculos laborales durante las suspensiones de actividad y facilitar la reincorporación posterior.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó en una evaluación publicada en 2024 que el sistema español de protección del empleo desempeñó un papel importante para evitar pérdidas de puestos de trabajo durante la crisis sanitaria.
El mecanismo no fue una invención española ni una respuesta exclusiva del Ejecutivo de Sánchez: otros países europeos aplicaron fórmulas semejantes. Pero su despliegue y posteriores prórrogas formaron parte de las decisiones económicas adoptadas en España.
La recuperación posterior también merece atención. Tras el hundimiento de 2020, la economía volvió a crecer, apoyada en la demanda interna, el turismo, los servicios y la inversión, junto con la recuperación de la actividad europea.
Según la revisión estadística del INE, el PIB español aumentó un 2,6% en 2025. El avance del tercer trimestre de 2026 muestra un crecimiento del 0,6% respecto al trimestre anterior y del 2,7% interanual. Son datos que reflejan una actividad económica sostenida después de varios años de perturbaciones.
El Ejecutivo también ha gestionado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado mediante el programa europeo NextGenerationEU. Sus inversiones y reformas abarcan ámbitos como la digitalización, la movilidad, la eficiencia energética y la modernización administrativa.
El mérito de estos resultados no corresponde a un único actor. La política monetaria europea, las empresas, los trabajadores, las administraciones autonómicas y los fondos comunitarios forman parte de la explicación. El crecimiento económico tampoco demuestra, por sí solo, que haya aumentado en la misma proporción el bienestar de todos los hogares.
Pensiones e ingreso mínimo vital: más protección social
Uno de los cambios más relevantes en la protección de las personas mayores llegó con la reforma de las pensiones aprobada en 2021.
La nueva legislación recuperó un mecanismo de revalorización vinculado al IPC, con el propósito de proteger su poder adquisitivo frente al aumento general de los precios. Se sustituyó así el sistema de revalorización introducido en 2013, que había permitido incrementos del 0,25% incluso en años de inflación superior.
La aplicación de esta fórmula ha generado subidas de las pensiones contributivas del 8,5% en 2023, del 3,8% en 2024, del 2,8% en 2025 y del 2,7% en 2026.
Para los pensionistas, la diferencia es concreta: la cuantía de sus prestaciones se actualiza siguiendo una referencia relacionada con el coste de la vida. La contrapartida es un mayor compromiso de gasto público, que plantea exigencias de financiación en una sociedad cada vez más envejecida.
Otra medida estructural fue la creación del ingreso mínimo vital (IMV) en 2020, una prestación estatal destinada a hogares en situación de vulnerabilidad económica.
Los últimos datos publicados por la Seguridad Social muestran que, en octubre de 2026, el IMV alcanzaba a 911.274 hogares en los que vivían 2.781.679 personas. Más de 1,1 millones de los beneficiarios eran menores de edad.
La medida estableció una garantía estatal de ingresos que antes no existía con este alcance, aunque algunas comunidades autónomas ya disponían de sistemas propios de rentas mínimas.
Su implantación ha tenido dificultades: trámites complejos, problemas de acceso y diferencias entre las personas que cumplen los requisitos y aquellas que efectivamente reciben la prestación. La cobertura del IMV ha ido creciendo, pero el número de beneficiarios no permite medir por sí solo cuánto se ha reducido la pobreza.
Más permisos familiares y nuevos derechos individuales
Los avances legislativos no se limitan a la economía. También se han producido cambios importantes en conciliación, igualdad y derechos individuales.
Uno de los más visibles es la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menores. En 2018, los padres disponían de cinco semanas de permiso, frente a las 16 semanas de las madres. El Gobierno inició una equiparación progresiva que culminó en 2021 con 16 semanas para cada progenitor, remuneradas e intransferibles.
En julio de 2025 se aprobó una nueva ampliación hasta 19 semanas para cada progenitor, con distintas modalidades de disfrute. Para las familias monoparentales se estableció una duración de 32 semanas.
Este cambio ha ampliado el tiempo legalmente protegido para cuidar de los hijos y favorece una distribución menos desigual de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. No garantiza por sí solo que el reparto de los cuidados sea igualitario, pero modifica las condiciones laborales en las que las familias toman esas decisiones.
También se introdujeron nuevas garantías para personas en situaciones especialmente delicadas.
En 2021 se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que reconoció el derecho a solicitar una prestación de ayuda para morir en los supuestos establecidos por la norma, mediante un procedimiento con controles y garantías.
La legislación respondió a una cuestión social y sanitaria debatida durante décadas. Su valoración ética sigue siendo objeto de discrepancias legítimas, pero el cambio jurídico es indiscutible: España incorporó un derecho que anteriormente no estaba reconocido.
Según el informe definitivo de Sanidad publicado el 18 de noviembre de 2026, durante 2025 se realizaron 574 prestaciones de ayuda para morir, frente a las 423 contabilizadas en 2024.
En este periodo también se aprobaron medidas como la ley de libertad sexual, la nueva legislación sobre igualdad de las personas trans y derechos LGTBI y diversas modificaciones de la protección laboral de las empleadas del hogar.
No todas estuvieron libres de problemas. La aplicación de la ley del «solo sí es sí», por ejemplo, provocó revisiones y reducciones de penas que desembocaron en una reforma posterior. Reconocer la ampliación de derechos no exige ignorar los errores de diseño o las consecuencias imprevistas de determinadas normas.
Las energías renovables ganan peso en España
La transformación del sistema eléctrico es otro cambio que se aprecia al comparar las cifras de 2018 con las actuales.
En 2018, las energías renovables representaban aproximadamente el 38,7% de la electricidad generada en España. En 2025 alcanzaron el 55,5%, según Red Eléctrica. Si se incorpora la estimación del autoconsumo, la participación asciende al 56,6%.
La producción solar fotovoltaica alcanzó en 2025 los 50.188 gigavatios hora, con un crecimiento interanual del 12,5%. Es un avance especialmente relevante para un país que dispone de abundantes recursos solares y que tradicionalmente ha dependido de la importación de combustibles fósiles.
Durante los gobiernos de Sánchez se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, se desarrollaron instrumentos de planificación energética y se impulsaron inversiones vinculadas a la descarbonización, en parte financiadas con recursos europeos.
La expansión renovable no empezó en 2018 ni depende únicamente del Gobierno central. La caída de costes de los paneles solares, las inversiones privadas y las políticas comunitarias resultan fundamentales para entenderla.
Tampoco ha sido una evolución lineal. El porcentaje renovable de 2025 fue inferior al 56,8% registrado en 2024, debido, entre otros factores, a las variaciones meteorológicas y al crecimiento de la generación total.
Pero el cambio estructural del sistema eléctrico es claro. España produce una proporción considerablemente mayor de su electricidad con fuentes renovables que cuando Sánchez llegó a la presidencia.
Ese avance también obliga a resolver nuevos problemas: ampliar las redes eléctricas, desarrollar almacenamiento y garantizar la seguridad del suministro, además de adaptar el sistema a una producción cada vez más variable. Más potencia instalada no elimina automáticamente esas necesidades.
Una España con más empleo, pero todavía lejos de resolver sus problemas
El aumento de la actividad económica, los nuevos derechos y las prestaciones sociales conviven con dificultades persistentes que impiden interpretar los ocho años de gobierno como una mejora uniforme.
La vivienda constituye uno de los ejemplos más claros. Los precios y las dificultades de acceso han aumentado, especialmente en los grandes núcleos urbanos y las zonas turísticas. El Banco de España y la OCDE han señalado reiteradamente el desajuste entre una demanda creciente y una oferta insuficiente.
La OCDE recogía en su estudio económico de España de 2025 una estimación de déficit acumulado de unas 600.000 viviendas entre 2022 y 2025. La escasez de suelo disponible para construir, las dificultades administrativas y la limitada producción residencial condicionan la respuesta a esta situación.
La Ley de Vivienda de 2023 introdujo nuevas herramientas de regulación e intervención pública, pero su aplicación desigual y las limitaciones de oferta no han permitido resolver el problema. Para muchas personas, especialmente jóvenes, disponer de empleo ya no garantiza poder independizarse.
La pobreza también obliga a matizar el balance. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE sitúa la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en el 25,7% en 2025, frente al 27,3% de 2018. Existe una reducción, pero la cifra sigue representando aproximadamente a una cuarta parte de la población.
La carencia material y social severa afectaba al 8,1% de los residentes en España en 2025. El crecimiento de la economía y la ampliación de las ayudas no han eliminado las dificultades económicas de millones de hogares.
La situación de las cuentas públicas plantea otro desafío. La deuda de las administraciones se situó en el 100,7% del PIB al cierre de 2025, según el Banco de España. Aunque la proporción ha descendido desde los máximos alcanzados durante la pandemia, permanece por encima de la media de la zona euro.
Estos datos importan porque las mejoras sociales necesitan financiación sostenible. Subir pensiones, reforzar prestaciones o ampliar los servicios públicos tiene consecuencias presupuestarias que también forman parte del balance.
En noviembre de 2026, después de más de ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa, existen cambios positivos documentables: más ocupación, menos temporalidad contractual, un salario mínimo considerablemente más alto, nuevas protecciones sociales, permisos familiares más amplios y una mayor presencia de energías renovables.
No todos esos cambios tienen la misma relación causal con la acción del Gobierno. Las leyes y prestaciones aprobadas son decisiones políticas identificables; el crecimiento del empleo, del PIB o de la generación renovable depende también de factores económicos, demográficos, tecnológicos e internacionales.
Tampoco todos los ciudadanos han recibido sus beneficios de la misma manera. Un pensionista protegido frente a la inflación, una familia que puede disfrutar de permisos más largos y un joven que dedica buena parte de su sueldo al alquiler pueden tener experiencias muy distintas de estos años.
Los resultados permiten reconocer avances concretos sin convertirlos en una aprobación global de la gestión de Sánchez. De igual modo, las dificultades pendientes no borran automáticamente las mejoras registradas. España ha cambiado en estos ocho años, y las cifras permiten identificar tanto lo conseguido como lo que sigue sin resolverse.
-
NaturalezaTerremotos en España hoy, 22 de noviembre: Adra nota un seísmo de 2,8
-
NaturalezaIncendios en España hoy: 11 focos de calor en 6 provincias en 48 horas
-
NaturalezaLos embalses al 57 % en España: Andalucía lidera y Murcia, última
-
CulturaMuere Larry Poindexter, de ‘Friends’ y ‘CSI’, tras ser atropellado
-
CulturaEstopa publica «La Maketa», la cinta original que su madre casi tiró
-
CienciaGotas nasales con ARN mensajero mejoran la memoria de ratones mayores
-
CulturaLa Promesa: avance del 23 al 27 de noviembre, Curro encierra a Trini
-
CienciaBepiColombo entrará en órbita de Mercurio tras ocho años de viaje
-
Saber másCuántos años tiene el hijo de Feijóo: 9 años y cumplirá 10 en 2027
-
MundoTerremoto de 6,7 en Perú: un muerto, 16 heridos y 853 damnificados
-
CulturaRosalía gana cuatro premios en LOS40 Music Awards 2026 en Barcelona
-
TecnologíaEl FBI alerta de ARTEX, la IA que automatiza ciberataques en horas