Síguenos

España

Ayuso pagó 8.059 millones a Quirón y Ribera: 58,6% más de lo previsto

Los pagos del Gobierno de Ayuso a Quirón y Ribera Salud superaron en casi 3.000 millones las previsiones para cinco hospitales públicos de Madrid.

Publicado

el

8.059 millones

Resumen

  • El Gobierno de Ayuso ha pagado 8.059 millones a Quirón y Ribera desde 2019
  • Los pagos superan un 58,6% el dinero previsto para cinco hospitales
  • Sanidad atribuye parte del desfase a liquidaciones de años anteriores

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pagado 8.059 millones de euros a Quirónsalud y Ribera Salud desde que la presidenta madrileña llegó al poder en 2019. La cantidad supera en casi 3.000 millones lo que la Comunidad de Madrid había presupuestado para los cinco hospitales públicos gestionados por ambas compañías. La desviación acumulada alcanza el 58,6%, según los datos facilitados por el propio Ejecutivo autonómico a la Asamblea de Madrid y conocidos este miércoles, 18 de noviembre.

La información, conocida durante la tramitación de los presupuestos regionales de 2027, permite cuantificar la diferencia entre el dinero inicialmente previsto y los pagos realizados hasta el cierre de 2025. El importe acumulado equivale al presupuesto conjunto previsto para los 38 hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en el próximo ejercicio. No se trata, por tanto, de una partida menor dentro de las cuentas sanitarias madrileñas.

El desfase resulta especialmente pronunciado en dos centros gestionados por Quirónsalud: el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles y el Hospital Universitario General de Villalba. Ambos recibieron en 2025 más del doble de las cantidades inicialmente presupuestadas. La Consejería de Sanidad defiende, sin embargo, que parte de esos desembolsos corresponde a facturas y liquidaciones de ejercicios anteriores, por lo que no puede atribuirse todo el dinero a la actividad asistencial de un único año.

Canal oficial
El Folio en WhatsApp
Recibe las noticias más importantes, alertas y última hora.

Casi 3.000 millones por encima de las previsiones

La diferencia entre el gasto previsto y el desembolso efectivo es el dato más significativo de las cuentas. La Comunidad de Madrid había consignado aproximadamente 5.080 millones de euros para estos hospitales durante el periodo analizado, pero los pagos acumulados se han elevado hasta los 8.059 millones.

El 58,6% no representa una subida del gasto sanitario en un solo año, sino el exceso acumulado respecto a las previsiones presupuestarias de los distintos ejercicios. Esta distinción importa porque permite entender la dimensión del desfase presupuestario sin confundirlo con una variación anual.

El fenómeno tampoco es nuevo. Los datos correspondientes al periodo 2019-2024 ya situaban en 2.354 millones de euros la diferencia entre lo presupuestado y lo abonado a ambas compañías. La factura acumulada alcanzaba entonces los 6.663 millones.

Los nuevos datos incorporan el ejercicio cerrado de 2025 y muestran que la distancia entre las previsiones y los desembolsos ha seguido aumentando. Conviene precisar que la contabilidad acumulada toma como referencia 2019, aunque Ayuso asumió la Presidencia autonómica en agosto de aquel año.

Los cinco hospitales públicos gestionados por Quirón y Ribera Salud

Los pagos corresponden a cinco centros integrados en la red sanitaria madrileña cuya gestión asistencial está encomendada a empresas privadas. Son hospitales que prestan atención financiada con fondos públicos, independientemente de la naturaleza empresarial de sus gestores.

Quirónsalud gestiona cuatro centros: la Fundación Jiménez Díaz, situada en Madrid capital; el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, en Móstoles; el Hospital Universitario Infanta Elena, en Valdemoro, y el Hospital Universitario General de Villalba, en Collado Villalba.

Ribera Salud gestiona el Hospital Universitario de Torrejón, en Torrejón de Ardoz. Es el quinto centro comprendido en las cifras difundidas.

No todos funcionan bajo la misma fórmula contractual. Los hospitales de Móstoles, Valdemoro, Villalba y Torrejón están gestionados mediante concesiones administrativas, mientras que la Fundación Jiménez Díaz mantiene un concierto singular con el Servicio Madrileño de Salud.

Cómo funciona la financiación de estos centros

En los hospitales concesionados existe una financiación vinculada a la población asignada, conocida como pago capitativo. A esta cantidad pueden añadirse liquidaciones y compensaciones económicas por la asistencia prestada a pacientes que llegan desde otras áreas sanitarias.

El sistema de libre elección de hospital permite que un paciente madrileño solicite atención en un centro distinto del que le corresponde por su zona de residencia. Esa actividad tiene consecuencias económicas para los hospitales y puede generar pagos adicionales a sus gestores.

También intervienen las revisiones de precios, las obligaciones contractuales y las liquidaciones de ejercicios anteriores. El coste finalmente reconocido por la Administración puede diferir, por tanto, de las cantidades consignadas inicialmente.

La Fundación Jiménez Díaz utiliza un sistema de financiación diferente al de las concesiones. Su convenio contempla la asistencia a la población asignada y otras prestaciones que pueden dar lugar a compensaciones adicionales.

La Comunidad de Madrid defiende los pagos realizados

La Consejería de Sanidad rechaza que las diferencias presupuestarias deban interpretarse automáticamente como una gestión ineficiente.

El departamento que dirige Fátima Matute sostiene que los pagos contabilizados en un ejercicio no equivalen necesariamente al coste de la asistencia prestada durante ese mismo año. Parte del dinero corresponde a obligaciones pendientes de ejercicios anteriores.

El Ejecutivo madrileño ofrece también sus propias cifras sobre la evolución del gasto. Según Sanidad, el gasto global del SERMAS aumentó un 1,48% en 2025, mientras que el del Hospital Rey Juan Carlos creció un 1,10% y el del General de Villalba se redujo ligeramente.

La Consejería añade que los hospitales gestionados mediante concesiones privadas representaron aproximadamente el 9,96% del gasto real total del SERMAS en 2025. El 90,04% restante correspondió, según sus datos, al resto de la red sanitaria pública regional.

La explicación introduce una diferencia fundamental entre el dinero que se paga durante un ejercicio y el coste de los servicios generados en ese periodo. No obstante, las liquidaciones pendientes también forman parte de las obligaciones económicas de la Administración.

Un gasto superior al inicialmente presupuestado no demuestra, por sí solo, que exista una irregularidad. Pero tampoco elimina la necesidad de conocer qué servicios se financiaron, con qué criterios se calcularon las cantidades y cómo se supervisó su ejecución.

La supervisión de los contratos sanitarios vuelve al debate

La financiación de los hospitales de gestión privada ya había provocado controversias por las discrepancias entre las cantidades previstas y las finalmente reconocidas.

En octubre de 2026 se conoció otra circunstancia relacionada con el control de estos acuerdos. La Consejería de Sanidad reconoció, mediante una resolución de transparencia, que la Comisión Mixta de seguimiento de la Fundación Jiménez Díaz no se reunió en 2024 ni en 2025, pese a que su reglamento establece reuniones ordinarias semestrales. El último encuentro se había celebrado en 2023.

Este órgano tiene entre sus funciones el seguimiento de cuestiones económicas y asistenciales, incluidas las reclamaciones del hospital, las actualizaciones de precios y determinados aspectos relacionados con los pacientes derivados.

Su falta de reuniones durante esos dos ejercicios plantea una cuestión específica sobre la supervisión del convenio. No significa necesariamente que se hayan incumplido las obligaciones de pago, pero sí que uno de los mecanismos formales de seguimiento dejó de funcionar con la periodicidad prevista.

El debate también afecta a la manera en que se distribuyen los recursos dentro de la sanidad madrileña. Los hospitales de gestión directa y los administrados por compañías privadas pertenecen a una misma red asistencial, aunque sus fórmulas de financiación y sus procedimientos de liquidación son distintos.

Un gasto sanitario que exige explicaciones presupuestarias

Los 8.059 millones abonados a Quirónsalud y Ribera Salud representan una cantidad acumulada durante varios ejercicios, no un desembolso extraordinario aprobado de una sola vez. El dato adquiere relevancia al compararlo con las previsiones iniciales: la diferencia alcanza casi 3.000 millones de euros.

El Gobierno madrileño sostiene que los importes responden a prestaciones sanitarias, liquidaciones pendientes y obligaciones derivadas de los contratos. La información presupuestaria permite comprobar, entretanto, que las cantidades inicialmente consignadas han resultado considerablemente inferiores a los pagos finalmente realizados.

La tramitación de los presupuestos de 2027 vuelve a situar esta cuestión en el centro del debate autonómico. La previsión del gasto, su ejecución y el control de las compensaciones económicas son elementos esenciales para conocer cuánto cuesta realmente el modelo sanitario madrileño y qué recursos compromete a medio plazo.

Más allá de la discusión política sobre la gestión pública o privada de los hospitales, hay un hecho contable difícil de pasar por alto: desde 2019, la Comunidad de Madrid ha terminado pagando a estos dos grupos sanitarios un 58,6% más de lo que había presupuestado.

Newsletter

Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

Lo más leído