Madrid pagó 8,9 millones por abortos en clínicas privadas desde 2016

Los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han destinado 8,88 millones de euros a siete clínicas privadas para practicar interrupciones voluntarias del embarazo mediante 2.575 contratos menores entre 2016 y septiembre de 2026. Este sistema de contratación se ha mantenido durante años pese a las advertencias de los órganos de intervención sobre la necesidad de recurrir a procedimientos ordinarios para servicios que se prestan de manera continuada.

La situación refleja una particularidad de la sanidad madrileña: prácticamente todos los abortos se realizan en centros privados, aunque una parte mayoritaria recibe financiación pública. Durante 2025, los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) practicaron únicamente 92 interrupciones voluntarias del embarazo, frente a las 21.331 notificadas por las clínicas privadas acreditadas en la región.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende que garantiza el acceso a esta prestación y respeta la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Sin embargo, el modelo plantea dos controversias diferentes: la escasa participación de los hospitales públicos en la práctica del aborto y el uso reiterado de contratos menores para financiar las intervenciones derivadas a centros privados.

La cuestión va más allá de quién paga la factura. También afecta a la organización de los servicios sanitarios, la capacidad de elección de las pacientes y el cumplimiento de la legislación que regula la interrupción voluntaria del embarazo.

Más de 2.500 contratos menores para financiar abortos

Los datos de contratación analizados muestran que los hospitales madrileños formalizaron 2.575 contratos menores por un importe acumulado de 8,88 millones de euros desde 2016 hasta septiembre de 2026.

Solo durante 2025 se contabilizaron 318 contratos de estas características, por un valor de aproximadamente 1,24 millones de euros. Entre enero y septiembre de 2026 se habían suscrito otros 171.

Es importante distinguir estas cantidades del gasto total destinado a financiar interrupciones voluntarias del embarazo. Los importes identificados corresponden a los contratos menores examinados y no representan necesariamente la totalidad de los pagos realizados por la Administración madrileña para esta prestación.

El procedimiento utilizado es relevante. La legislación española permite adjudicar directamente determinados contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 15.000 euros, sin IVA, siempre que se cumplan los requisitos legales. Esta modalidad simplifica los trámites administrativos, pero también reduce las exigencias de concurrencia respecto a una licitación ordinaria.

El problema aparece cuando una necesidad deja de ser excepcional y se convierte en habitual. La normativa de contratación pública exige planificar las prestaciones recurrentes y prohíbe dividir artificialmente los contratos para eludir los procedimientos correspondientes.

En el caso madrileño, los órganos de intervención llevan años advirtiendo de la conveniencia de utilizar mecanismos ordinarios de contratación para estos servicios. La existencia de numerosos contratos menores no demuestra por sí sola que cada adjudicación sea ilegal, pero su utilización continuada para cubrir una necesidad previsible plantea dudas sobre la planificación administrativa.

Solo 92 abortos en hospitales públicos durante 2025

Las estadísticas de la propia Comunidad de Madrid permiten dimensionar hasta qué punto la interrupción voluntaria del embarazo depende de los centros privados.

En 2025 se notificaron 21.423 abortos realizados en establecimientos sanitarios madrileños. De ellos, 21.331 tuvieron lugar en siete clínicas privadas acreditadas y solamente 92 en siete hospitales de la red pública.

Esto significa que aproximadamente el 99,6 % de las intervenciones se practicó fuera de los hospitales públicos.

La cifra de abortos realizados a mujeres residentes en Madrid fue de 18.221. La diferencia se explica porque la comunidad también atiende a pacientes procedentes de otras regiones y del extranjero. Conviene separar ambos datos para evitar confundir el número de intervenciones realizadas en Madrid con el correspondiente exclusivamente a sus residentes.

Otro indicador resulta especialmente significativo: el 72,8 % de los abortos de mujeres residentes en Madrid recibió financiación pública durante 2025. Es decir, que una intervención se practique en una clínica privada no significa necesariamente que la paciente deba pagarla.

La sanidad pública continúa funcionando como una puerta de entrada esencial. El 49,1 % de las mujeres que interrumpieron su embarazo recibió inicialmente información sobre esta prestación en un centro sanitario público. La atención comienza muchas veces dentro del sistema público, pero la intervención termina realizándose en otro establecimiento.

La situación madrileña contrasta con la evolución de otras comunidades autónomas. Según los datos nacionales de 2024, el 21,2 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se practicó en centros públicos. Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra presentaban porcentajes muy superiores a los registrados en Madrid.

La objeción de conciencia y las obligaciones de la sanidad pública

Uno de los principales argumentos para justificar las derivaciones es la objeción de conciencia del personal sanitario.

En agosto de 2026, un expediente de contratación del Hospital Universitario El Escorial reconoció que determinados hospitales públicos madrileños no podían asegurar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, entre otros motivos, por las objeciones manifestadas por profesionales sanitarios.

La Consejería de Sanidad sostiene que el Sermas garantiza la prestación y que cualquier hospital público puede proporcionarla, respetando al mismo tiempo el derecho individual de los médicos a no participar en estas intervenciones.

El conflicto surge porque la objeción de conciencia es un derecho individual, no una exención general de las obligaciones del sistema sanitario.

Qué establece la ley del aborto

La reforma legislativa aprobada en 2023 reconoce expresamente el derecho de los profesionales directamente implicados a objetar por razones de conciencia. La decisión debe manifestarse previamente y por escrito.

Pero la misma norma obliga a los servicios públicos a organizarse de manera que existan profesionales suficientes para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.

También establece la creación de registros autonómicos de profesionales objetores, concebidos como instrumentos de organización sanitaria y sujetos a garantías de protección de datos. Su finalidad no es hacer públicos los nombres de quienes objetan, sino permitir que la Administración planifique adecuadamente los equipos asistenciales.

La negativa del Ejecutivo madrileño a implantar el registro en los términos exigidos por el Ministerio de Sanidad ha originado un enfrentamiento institucional y actuaciones judiciales.

La legislación contempla asimismo que, cuando excepcionalmente la sanidad pública no pueda proporcionar la prestación a tiempo, la paciente pueda acudir a un centro acreditado con cobertura económica de la Administración. La excepcionalidad de esa solución es precisamente uno de los elementos que suscitan controversia cuando las derivaciones se convierten en la práctica habitual.

Dos hospitales intentaron cambiar el sistema de contratación

Durante el verano de 2026, los hospitales públicos Infanta Cristina, situado en Parla, y El Escorial iniciaron procedimientos para contratar mediante acuerdos marco a centros privados que realizaran interrupciones voluntarias del embarazo.

La fórmula permitiría establecer previamente las condiciones de prestación, los precios y los requisitos exigibles a las clínicas adjudicatarias, con una planificación más estable que la contratación individual de servicios.

El Hospital Infanta Cristina publicó su procedimiento el 23 de julio y El Escorial hizo lo propio el 13 de agosto. Sin embargo, ambas licitaciones fueron anuladas una semana después de su publicación, tras detectarse errores en los pliegos.

Los expedientes justificaron el desistimiento por defectos que afectaban a elementos esenciales de los procedimientos. La Consejería de Sanidad, por su parte, atribuyó las anulaciones a problemas de redacción y explicó que trabajaba en nuevas convocatorias.

En septiembre, el director general de Gestión Económico-Financiera de la Consejería, José Nieves González, señaló ante la Asamblea de Madrid que se estaba diseñando un acuerdo marco con criterios homogéneos de calidad asistencial, seguridad y seguimiento.

Al conocerse la investigación publicada el 8 de noviembre, las dos licitaciones todavía no habían sido convocadas nuevamente y tampoco constaba la publicación de un acuerdo marco general para toda la red madrileña.

El debate administrativo tiene consecuencias prácticas. Un contrato planificado permite determinar con mayor claridad qué servicios se necesitan, en qué condiciones deben prestarse y cuáles son las obligaciones de los centros adjudicatarios.

Las clínicas privadas denuncian tarifas congeladas durante años

A las controversias sobre la contratación se suma el precio que reciben las clínicas por cada intervención.

Las tarifas madrileñas comunicadas para una interrupción voluntaria del embarazo de hasta doce semanas son de 286,89 euros con anestesia local y 382,53 euros cuando requiere anestesia general.

Son cantidades inferiores a las establecidas para prestaciones comparables en otras comunidades autónomas. En Aragón, por ejemplo, se contemplan importes de 369,52 y 519,62 euros, respectivamente.

La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) sostiene que las tarifas aplicadas en Madrid llevan más de dos décadas sin una actualización general conforme a la inflación. También ha manifestado su preferencia por acuerdos marco o convenios que proporcionen mayor estabilidad al servicio.

Las propuestas de contratación anuladas en verano incluían incrementos limitados. En las intervenciones de hasta doce semanas, el importe previsto con anestesia local pasaba de 286,89 a 304,03 euros, mientras que con anestesia general aumentaba de 382,53 a 405,39 euros.

La asociación también ha señalado que las clínicas no eligen el procedimiento administrativo empleado por el Sermas para tramitar los pagos. Son las condiciones fijadas por la Administración las que determinan cómo se factura el servicio.

Existe otra diferencia importante entre la asistencia pública y la privada: el método utilizado para interrumpir el embarazo.

Según las estadísticas madrileñas de 2025, el 93,9 % de las interrupciones se realizó mediante métodos quirúrgicos y el 3,6 % mediante procedimientos farmacológicos. Entre los 92 abortos practicados en hospitales públicos, únicamente uno fue quirúrgico.

Esta distribución contrasta con comunidades donde la atención pública tiene mayor presencia y el aborto farmacológico constituye una parte sustancial de las intervenciones.

El Ministerio de Sanidad inició en octubre de 2026 una reforma normativa para facilitar el aborto farmacológico en Atención Primaria, mediante la adaptación de los requisitos de autorización de los centros y la organización de los equipos profesionales. Se trata de una propuesta en tramitación, no de una modificación ya plenamente implantada.

Madrid mantiene una prestación pública que ejecuta la privada

La situación de los abortos en Madrid expone una diferencia fundamental entre financiar un servicio sanitario y ofrecerlo directamente.

La Comunidad sostiene que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y los datos confirman que buena parte de las intervenciones dispone de financiación pública. Sin embargo, la participación de sus hospitales continúa siendo prácticamente testimonial.

La objeción de conciencia de los profesionales es un derecho reconocido por la ley. También lo es el acceso a la prestación en las condiciones legalmente previstas. Hacer compatibles ambas garantías exige una organización sanitaria que no dependa de soluciones excepcionales convertidas en permanentes.

Mientras tanto, el recurso reiterado a contratos menores añade una controversia sobre transparencia, planificación y utilización de fondos públicos.

El desafío para el Gobierno madrileño no consiste únicamente en regularizar los procedimientos de contratación. También debe resolver por qué una prestación incluida en la cartera sanitaria pública continúa realizándose casi exclusivamente en clínicas privadas, pese a las obligaciones reforzadas por la reforma legal de 2023.