La pareja de Montse Mínguez, ligada a 30 pisos y varios desahucios

La actividad inmobiliaria de Sergi Vélez, pareja de Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha irrumpido en plena batalla política por la vivienda. Vélez dirige un grupo empresarial dedicado a la inversión, rehabilitación y gestión de inmuebles y una de sus sociedades tendría al menos 30 pisos y apartamentos en alquiler, según una investigación publicada este 13 de octubre. Fuentes próximas al grupo citadas en esa información sostienen, además, que sus empresas han recurrido en varias ocasiones a los tribunales ante impagos y han promovido procedimientos de desahucio.

El asunto tiene una evidente carga política porque llega cuando el PSOE ha colocado el precio del alquiler, los desahucios y la protección de los inquilinos entre los asuntos centrales de su discurso antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Pero conviene separar desde el principio dos planos que pueden confundirse con facilidad: no consta que Mínguez sea propietaria de esos 30 inmuebles, tampoco que participe en la gestión de las empresas de Vélez ni que haya intervenido en los procedimientos judiciales mencionados. La polémica no prueba una irregularidad; plantea, más bien, un problema de coherencia política en un momento especialmente sensible.

Un negocio inmobiliario con millones de euros en activos

El núcleo empresarial se encuentra en Nest Capital, grupo radicado en Lleida y dedicado a actividades relacionadas con inversión inmobiliaria, construcción, rehabilitación y gestión de patrimonio. Sergi Vélez aparece vinculado a distintas sociedades del conglomerado y figura como administrador único de Nest Capital Homes, empresa centrada en operaciones inmobiliarias y arrendamiento.

La relación societaria está respaldada por documentación mercantil. Sergi Vélez Viola figura como administrador único de Nest Capital Homes en la operación mediante la que esta sociedad absorbió Ascalon Capital en 2023. La compañía continúa constando como activa y su objeto social abarca la compra, venta, explotación y arrendamiento de inmuebles.

Según las últimas cuentas recogidas en la investigación, Nest Capital Homes presenta 8,4 millones de euros en activos, de los cuales alrededor de 6,3 millones corresponden a inversiones inmobiliarias contabilizadas. Su facturación ronda el medio millón de euros anual y el último ejercicio cerrado dejó un beneficio declarado de 58.364 euros. La empresa tenía un empleado registrado en 2025, aunque esa cifra no permite determinar cuántas personas trabajan para el conjunto del grupo ni qué funciones se externalizan entre sus distintas sociedades.

Los 30 pisos y lo que realmente está acreditado

Aquí aparece el dato que ha disparado la repercusión de la noticia. Fuentes próximas a la empresa, citadas por la investigación original, aseguran que el grupo mantiene en alquiler un mínimo de 30 pisos y apartamentos. El modelo consiste en adquirir inmuebles o edificios, rehabilitarlos y explotarlos posteriormente mediante alquiler.

El número es relevante, pero merece una precisión. No se ha publicado por ahora un inventario registral de esas treinta viviendas que permita comprobar una por una su titularidad, ubicación y sociedad propietaria. Es decir, el volumen procede de fuentes empresariales recogidas por el medio que reveló la información, mientras que la existencia de Nest Capital Homes, su actividad inmobiliaria y la vinculación societaria de Vélez sí aparecen respaldadas por documentación mercantil pública.

Desahucios por impago: la parte más delicada del caso

La investigación añade que las sociedades vinculadas al empresario han acudido a los tribunales cuando algunos arrendatarios dejaron de pagar. Según las fuentes citadas, se habrían promovido varios procedimientos de desahucio y en algún momento llegaron a coincidir hasta tres expedientes en tramitación.

Ese extremo exige todavía más cautela. No se han difundido los números de procedimiento, las fechas, la identidad de los arrendatarios ni las circunstancias concretas de cada caso, por lo que no puede presentarse como una relación judicial comprobada independientemente. La formulación rigurosa es que los desahucios han sido atribuidos al grupo por fuentes próximas a la empresa consultadas en la investigación publicada.

Reclamar un alquiler impagado no supone una ilegalidad

También hay una diferencia importante entre controversia política e ilegalidad. Un propietario puede reclamar judicialmente rentas impagadas y solicitar la recuperación de un inmueble dentro del procedimiento previsto por la ley. Promover un desahucio por impago no constituye, por sí mismo, una conducta ilícita.

El choque surge por el contexto. El debate público está atravesado por alquileres que absorben una parte creciente de los salarios, familias con dificultades para acceder a una vivienda y una confrontación política feroz sobre hasta dónde debe llegar la protección del inquilino frente al derecho del propietario. Ahí, precisamente ahí, es donde la actividad empresarial de la pareja de una de las principales portavoces socialistas adquiere relevancia pública.

Qué propiedades tiene realmente Montse Mínguez

El patrimonio personal de Mínguez debe mantenerse separado del negocio de Vélez. La última declaración de bienes y rentas disponible de la XV Legislatura fue presentada ante el Congreso el 3 de agosto de 2023. En ella constan participaciones en tres inmuebles.

La dirigente socialista declaró el 50 % de una casa en Lleida, adquirida mediante compraventa en 2009; un piso con aparcamiento y trastero también en Lleida, adquirido en 2016 y del que declaró el pleno dominio; y el 50 % de la nuda propiedad de un apartamento en Vila-seca, Tarragona, recibido por herencia en 2005. La misma declaración recogía un préstamo hipotecario con 170.000 euros pendientes.

Son tres propiedades o participaciones inmobiliarias, pero no los treinta pisos que han originado la polémica. Los inmuebles destinados al alquiler corresponden al ámbito empresarial de su pareja, según la información conocida. Confundir ambos patrimonios convertiría un asunto políticamente incómodo en una afirmación inexacta.

La vivienda vuelve contra el PSOE uno de sus grandes argumentos

El momento explica buena parte del ruido. Montse Mínguez ha asumido durante las últimas semanas un papel especialmente visible en la defensa de las políticas de vivienda del Gobierno. Tras la caída parlamentaria de los decretos impulsados por el Ejecutivo, la portavoz socialista defendió que era urgente recuperar medidas destinadas a proteger a quienes viven de alquiler.

El 2 de octubre fue todavía más explícita. Mínguez sostuvo que mucha gente vive con miedo por no saber si podrá pagar el alquiler y criticó a quienes, a su juicio, favorecen la especulación, las subidas ilimitadas de precios y los desahucios. Días antes también había defendido que el caso de Maricarmen Abascal, la anciana cuyo desahucio se convirtió en símbolo de la crisis residencial, había provocado un cambio político y social alrededor de la vivienda.

Ese discurso es el telón de fondo que transforma una actividad empresarial privada, en principio perfectamente legítima, en materia política. Porque el debate ya no consiste únicamente en saber cuántos pisos tiene una empresa. Consiste en determinar hasta qué punto resulta compatible exigir públicamente una mayor protección frente a los desahucios mientras la pareja de quien formula ese discurso dirige sociedades que, según la investigación publicada, han utilizado esos mismos procedimientos judiciales ante impagos.

Hay una tentación fácil: convertir esa contradicción en una acusación automática. Sería excesivo. La actividad económica de una pareja no se traslada jurídicamente ni políticamente de manera automática al otro miembro de la relación. No hay información publicada que sitúe a Mínguez tomando decisiones en Nest Capital Homes, gestionando contratos de alquiler o decidiendo acudir a los tribunales contra determinados inquilinos.

Pero tampoco es un dato irrelevante. Cuando un partido convierte la vivienda en uno de los grandes campos de batalla de una campaña electoral, el patrimonio y los intereses económicos de quienes ocupan puestos de máxima visibilidad quedan inevitablemente bajo una lupa política más potente.

Una polémica de coherencia en plena crisis del alquiler

La información conocida dibuja, por tanto, un escenario bastante más matizado que un simple titular sobre políticos y pisos. Sergi Vélez dirige un grupo inmobiliario, figura al frente de Nest Capital Homes y desarrolla una actividad empresarial vinculada a la compra, rehabilitación y alquiler de inmuebles. Una investigación periodística cifra en al menos treinta las viviendas y apartamentos alquilados por el grupo y atribuye a sus sociedades varios procedimientos de desahucio por impago. El detalle de esos procedimientos, sin embargo, no ha sido publicado y no puede verificarse individualmente con la información disponible.

Montse Mínguez, por su parte, declaró tres propiedades o participaciones inmobiliarias propias, pero no consta como dueña de la cartera de pisos de Nest Capital Homes ni como gestora de la empresa. Cuando la investigación original solicitó explicaciones al PSOE y al grupo empresarial, ninguna de las partes había respondido antes de su publicación.

No hay, con los datos disponibles, una irregularidad demostrada. Sí una contradicción política difícil de ignorar. En una España donde la vivienda se ha convertido en una especie de termómetro social —sube el alquiler y sube la temperatura—, quién posee pisos, cómo los explota y cómo actúa ante un impago ha dejado de ser una conversación exclusivamente privada. Y cuando ese debate alcanza al entorno directo de la portavoz del partido que pretende hacer de la vivienda una bandera electoral, la discusión termina entrando, inevitablemente, por la puerta de Ferraz.