Economía
A Illa compra 15 pisos decomisados a Marcial Dorado para uso público
El Ayuntamiento de A Illa comprará un edificio decomisado a Marcial Dorado para sumar 15 viviendas públicas y pagará 1,3 millones en diez años.
Resumen
- A Illa compra por 1,3 millones un edificio decomisado a Marcial Dorado
- El inmueble permitirá sumar 15 viviendas al parque público municipal
- El pago se repartirá durante diez años y comenzará en 2027
El Ayuntamiento de A Illa de Arousa, en Pontevedra, comprará por unos 1,3 millones de euros un edificio decomisado al narcotraficante Marcial Dorado para incorporarlo al parque municipal de vivienda pública. El inmueble, situado en O Xufre y todavía sin terminar, alberga un proyecto de 15 viviendas y estaba destinado a salir a subasta en noviembre.
El acuerdo con el Plan Nacional sobre Drogas cambia el destino de una propiedad marcada durante años por el patrimonio de Dorado: en vez de pasar a manos de un comprador privado en una puja estatal, será adquirida directamente por el Ayuntamiento. El pago se aplazará durante diez años y la primera anualidad llegará en 2027. Pocas veces un expediente inmobiliario ofrece una metáfora tan redonda: unos ladrillos ligados al dinero del narcotráfico acabarán, si la operación culmina como está prevista, convertidos en hogares públicos.
Un edificio decomisado que sale de la subasta
El inmueble se levanta en la zona de O Xufre, en A Illa de Arousa, y forma parte del patrimonio que terminó en manos del Estado tras las causas judiciales contra Marcial Dorado. El edificio se encuentra en un estado avanzado de construcción, aunque todavía necesita obras para poder ponerse en servicio.
El proyecto contempla 15 pisos, además de garajes, trasteros y dos grandes bajos comerciales. Estos locales podrían llegar a transformarse también en viviendas, según los estudios manejados por el gobierno municipal, de modo que el número final de hogares públicos podría incluso crecer.
Antes del acuerdo, el edificio formaba parte de la subasta de bienes decomisados que el Plan Nacional sobre Drogas preparaba para noviembre. La ficha de aquella puja fijaba para el lote un precio de salida de algo más de 1,09 millones de euros. Finalmente no habrá subasta: el Ayuntamiento comunicó su interés y la propiedad fue retirada para tramitar su venta directa al consistorio.
El importe municipal se sitúa en torno a 1,3 millones de euros. No conviene confundir ambas cifras: una era el precio inicial previsto para una puja y la otra corresponde al acuerdo de adquisición alcanzado por la Administración local, con condiciones de pago aplazado.
Diez años para pagar la operación
El calendario financiero da al municipio bastante más aire que una compra convencional. El coste se distribuirá durante una década y el primer desembolso está previsto para 2027. Para un ayuntamiento pequeño, la fórmula permite incorporar un activo inmobiliario relevante sin concentrar toda la factura en un único ejercicio presupuestario.
La operación tiene también una ventaja urbanística poco vistosa, pero importante: aprovecha una construcción existente y permite aumentar el parque público sin ocupar nuevo suelo. En un territorio insular, donde el espacio disponible es el que es —el mar no suele aceptar modificaciones puntuales del plan general—, el detalle cuenta.
Por el momento no se ha concretado públicamente cuándo estarán terminadas las obras ni qué sistema de adjudicación se utilizará para las viviendas. Esa será la siguiente parte del proceso: comprar el edificio resuelve la propiedad, no convierte automáticamente el hormigón en pisos habitables.
De patrimonio del narcotráfico a vivienda pública
El simbolismo resulta inevitable porque el antiguo propietario no es un nombre cualquiera en la historia reciente de Galicia. Marcial Dorado fue condenado por narcotráfico y posteriormente por blanqueo de capitales. El Tribunal Supremo confirmó en 2016 el decomiso de un patrimonio valorado en más de 21 millones de euros, formado por inmuebles, terrenos, sociedades, negocios y activos repartidos por distintos lugares.
Desde entonces, buena parte de esas propiedades ha ido saliendo a la venta mediante los mecanismos gestionados por el Estado. El Fondo de Bienes Decomisados, dependiente del Plan Nacional sobre Drogas, canaliza los bienes procedentes de sentencias firmes vinculadas al tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
La normativa establece que los recursos obtenidos con ese patrimonio deben revertir, entre otros fines, en la prevención de adicciones, la asistencia y reinserción de personas drogodependientes y la persecución del narcotráfico. En determinadas circunstancias, esos bienes pueden acabar también en manos de administraciones públicas mediante los procedimientos correspondientes.
En A Illa, la vuelta de tuerca es especialmente visible. El alcalde, Luis Arosa, resumió el sentido político de la operación con una idea sencilla: donde hubo dinero procedente del narcotráfico, el municipio pretende que haya familias y hogares. Sin necesidad de cargar demasiado las tintas, la imagen se explica sola.
No es la primera propiedad de Dorado que compra A Illa
El edificio de O Xufre no inaugura esta política municipal. A finales de 2024, el Ayuntamiento ya avanzó la adquisición de otras propiedades decomisadas a Marcial Dorado, dentro de un acuerdo con el Plan Nacional sobre Drogas.
Entre ellas figura una parcela de la avenida da Ponte destinada a una futura promoción de vivienda pública. Los planes municipales manejados para ese suelo apuntan a unas 70 viviendas, una actuación de mucha mayor escala que los 15 pisos que ahora se incorporarán en O Xufre.
Otras parcelas vinculadas al mismo patrimonio tienen finalidades distintas: equipamientos deportivos y espacios públicos. Aquella operación rondó los 361.000 euros y también se articuló mediante pagos distribuidos en varios ejercicios.
Sumando las distintas adquisiciones vinculadas a la vivienda, el gobierno municipal sostiene que ya ha comprometido más de 1,6 millones de euros. La compra de O Xufre, por tanto, no aparece como un episodio aislado, sino como una pieza más de una política que intenta construir parque público con propiedades que ya existen o con suelo disponible dentro del municipio.
Quince pisos no arreglan la vivienda, pero cuentan
El propio Ayuntamiento admite la evidencia: 15 viviendas no solucionan por sí solas el problema de acceso a una casa. Sería una hazaña estadística bastante improbable. Pero en municipios pequeños, donde el parque disponible es limitado y cada promoción puede alterar de forma apreciable la oferta, quince hogares tampoco son una cifra decorativa.
La prioridad declarada pasa por facilitar el acceso a personas que tienen dificultades para permanecer en A Illa, con especial atención a jóvenes y familias que se encuentran con precios difíciles de asumir. La presión inmobiliaria no es exclusiva de las grandes capitales ni de las costas más turísticas; en localidades pequeñas puede tener un efecto todavía más directo: quien no encuentra casa, sencillamente acaba viviendo en otro municipio.
Ahí está una de las razones por las que el consistorio ha defendido tanto la adquisición. La vivienda pública no solo funciona como instrumento social. En territorios con poca oferta también puede convertirse en una herramienta para retener población, sostener servicios y evitar que vivir en el lugar de origen dependa exclusivamente de lo que marque el mercado privado.
El gobierno local ha aprovechado el anuncio para reprochar a la Xunta su política de vivienda en el municipio. La batalla partidista seguirá, como suelen hacerlo estas cosas. Los pisos, mientras tanto, tienen una virtud menos sofisticada: se pueden contar.
El narcopatrimonio cambia de dirección
La historia del edificio de O Xufre resume, en pocos metros de hormigón, una parte muy gallega de las últimas décadas. Primero estuvo el dinero procedente de una de las grandes figuras del narcotráfico; después llegaron los tribunales, el decomiso, los años de gestión administrativa y una subasta que parecía encaminada a colocar la propiedad en el mercado. Finalmente, el Ayuntamiento ha decidido quedarse con ella.
El resultado previsto son 15 viviendas públicas, quizá alguna más si los bajos comerciales pueden reconvertirse. No borra el origen del inmueble ni convierte la operación en una reparación mágica de los daños provocados por el narcotráfico. Tampoco resuelve la escasez de vivienda de A Illa de Arousa.
Sí cambia algo bastante tangible: un activo que durante años formó parte del patrimonio decomisado de Marcial Dorado pasará a servir a vecinos que buscan una casa. Del narco al parque público. Esta vez, al menos, la vuelta del dinero termina en una dirección difícil de discutir.
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