Miles protestan contra De la Espriella con Petro al frente en Colombia

Miles de personas salieron a las calles de Colombia el miércoles 14 de octubre para participar en el primer gran paro nacional contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella, apenas dos meses después de que el dirigente conservador asumiera la Presidencia. Sindicatos, estudiantes, profesores, comunidades indígenas, organizaciones feministas y otros movimientos sociales protagonizaron marchas en Bogotá y diferentes ciudades del país.

Las movilizaciones concentraron el malestar por asuntos muy distintos, desde los derechos laborales y la educación pública hasta la política de seguridad del Ejecutivo y el temor a un retroceso de algunas reformas impulsadas durante el mandato de Gustavo Petro. El expresidente respaldó la convocatoria y participó en la movilización de Bogotá, convirtiéndose en una de las figuras más visibles de una jornada que abre el primer pulso importante en la calle contra el nuevo Gobierno.

De la Espriella, que llegó al poder después de unas elecciones presidenciales extraordinariamente ajustadas frente al izquierdista Iván Cepeda, afronta así una oposición que empieza a trasladar al espacio público la división política que dejaron las urnas. La protesta no fue solo contra una decisión concreta. Bajo las mismas pancartas convivieron sindicatos, estudiantes, indígenas y colectivos sociales que consideran amenazadas algunas de las conquistas de los últimos años.

Miles de personas marchan contra De la Espriella

La movilización tuvo su principal escenario en Bogotá. Los manifestantes se concentraron en distintos puntos de la capital, entre ellos el Parque Nacional, antes de dirigirse hacia la Plaza de Bolívar, corazón político de la ciudad y escenario habitual de las grandes protestas colombianas.

También hubo concentraciones en otras ciudades importantes del país. La protesta consiguió extenderse más allá de la capital y mostró que el rechazo al nuevo Ejecutivo no se limita a los círculos políticos de Bogotá. La presencia de sindicatos, docentes, estudiantes y comunidades indígenas dio además a la jornada una composición bastante más amplia que la de una simple manifestación partidista.

Las marchas se desarrollaron de manera mayoritariamente pacífica. El Gobierno había asegurado previamente que respetaría el derecho de manifestación, aunque advirtió de que las fuerzas de seguridad actuarían frente a episodios de violencia, vandalismo o bloqueos que afectaran a servicios esenciales.

Ese equilibrio entre protesta y orden público, aparentemente sencillo sobre el papel, es precisamente uno de los puntos más delicados de la nueva etapa política colombiana. La memoria de las protestas de 2021 y de los abusos denunciados entonces sigue muy presente en los movimientos sociales.

Derechos laborales, educación y reformas sociales

No existe una única reclamación detrás de las movilizaciones. Los participantes plantearon demandas relacionadas con una mayor protección de los trabajadores, la defensa del salario mínimo, las condiciones de los docentes, la educación pública y los derechos de las comunidades indígenas.

El sector educativo ocupa un lugar especialmente visible. Organizaciones de profesores han reclamado mejoras en la asistencia sanitaria del magisterio, mientras que estudiantes y asociaciones universitarias expresan preocupación ante posibles cambios que puedan afectar a la autonomía universitaria y al acceso a la enseñanza pública.

También pesa el temor a que el nuevo Gobierno desmonte parte de la arquitectura social levantada durante los cuatro años de Petro. El expresidente impulsó una agenda de reformas laborales y sociales y convirtió la ampliación del acceso a la universidad pública en una de las banderas de su mandato. De la Espriella representa, casi en el extremo opuesto del tablero, una visión más conservadora del Estado y de la economía.

La discusión tampoco se queda en salarios o universidades. Los recortes presupuestarios propuestos para instituciones vinculadas al acuerdo de paz de 2016 han despertado preocupación entre organizaciones de víctimas y responsables de los organismos encargados de investigar crímenes del conflicto y localizar desaparecidos.

Entre las instituciones afectadas aparece la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, así como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Para sus defensores, reducir sus recursos puede ralentizar investigaciones, exhumaciones y procesos de reparación en un país donde más de 137.000 personas continúan registradas como desaparecidas en el contexto de décadas de violencia.

Del proyecto de Petro al giro conservador

El choque tiene también una lectura política bastante limpia. Gustavo Petro gobernó Colombia entre 2022 y 2026 con un programa progresista que intentó transformar el sistema laboral, las pensiones, la sanidad y la política de paz. De la Espriella llegó después defendiendo seguridad, reducción del gasto y un Estado menos intervencionista.

Su victoria frente a Iván Cepeda fue estrecha. El Consejo Nacional Electoral terminó confirmando un margen de alrededor de 252.000 votos entre ambos candidatos, una diferencia mínima para un país de más de 50 millones de habitantes. Las elecciones terminaron, sí; la fractura política no desapareció con ellas.

La izquierda obtuvo casi tantos votos como el bloque que llevó a De la Espriella a la Casa de Nariño y conserva una amplia capacidad de movilización. Eso ayuda a explicar la rapidez con la que la calle ha vuelto a adquirir protagonismo apenas dos meses después de la toma de posesión del nuevo presidente.

Petro volvió además a un terreno que conoce bien. Antes de gobernar fue durante años uno de los grandes referentes de la oposición colombiana y de las movilizaciones progresistas. Su presencia en las marchas del 14 de octubre reforzó el significado político de la protesta, aunque la convocatoria agrupaba organizaciones que funcionan con agendas propias y no simplemente como una prolongación del expresidente.

El nuevo protocolo policial eleva la tensión

La manifestación llegó en un momento especialmente delicado. El Gobierno acababa de aprobar el Decreto 1525, que modifica las reglas de actuación de la Policía durante las protestas y amplía el margen de intervención cuando se produzcan episodios de violencia, vandalismo o bloqueos de determinados servicios.

El Ejecutivo sostiene que el objetivo es proteger simultáneamente el derecho constitucional a manifestarse y los derechos de quienes no participan en una protesta. De la Espriella ha defendido que las marchas pacíficas serán respetadas, pero considera inaceptables los bloqueos que impidan la circulación de alimentos, medicamentos o trabajadores.

La oposición mira la norma desde el otro lado del espejo. Sus dirigentes y distintas organizaciones de derechos humanos temen que una interpretación demasiado amplia permita a la Policía intervenir sin agotar previamente el diálogo con los manifestantes y que aumente el riesgo de enfrentamientos.

La cuestión no es menor en Colombia. Las protestas sociales de 2021 dejaron decenas de muertos y graves denuncias sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad. Aquella experiencia convirtió cualquier modificación de los protocolos policiales en una materia políticamente inflamable. Una palabra mal colocada en un decreto puede pesar mucho cuando la memoria todavía huele a gas lacrimógeno.

El nuevo protocolo incorpora también la figura de los corredores humanitarios para garantizar el acceso a servicios esenciales durante los bloqueos. El Gobierno lo presenta como una fórmula para compatibilizar derechos; sus críticos consideran que la verdadera prueba estará en cómo se aplique la norma cuando una protesta deje de ser ordenada y cómoda para el poder.

Petro reaparece y la oposición mide su fuerza

Gustavo Petro se convirtió inevitablemente en uno de los protagonistas de la jornada. El expresidente se sumó a la movilización en Bogotá junto con otros dirigentes de la izquierda, incluido Iván Cepeda, derrotado por De la Espriella en las elecciones presidenciales de junio.

Para la oposición, la protesta funciona como una primera medición de fuerzas después del cambio de Gobierno. Las organizaciones que participaron quieren demostrar que la derrota electoral no ha desactivado a los sectores sindicales, universitarios, indígenas y sociales que respaldaron buena parte de la agenda progresista durante los últimos cuatro años.

La cuestión para Petro y Cepeda será transformar esa energía callejera en una oposición política coherente. Gobernar y manifestarse son oficios bastante distintos. También lo son perder unas elecciones y conservar la capacidad de condicionar al vencedor. Colombia empieza a comprobar las diferencias con bastante rapidez.

El Gobierno, por su parte, intenta evitar que las movilizaciones marquen desde el principio el ritmo de su mandato. De la Espriella ha defendido una política más dura frente a los grupos armados vinculados al narcotráfico y ha cuestionado elementos de la estrategia de negociación que caracterizó al Ejecutivo anterior.

Ese cambio preocupa a organizaciones sociales que temen violaciones de derechos humanos o un debilitamiento de la política de paz. Para los partidarios del presidente, en cambio, supone corregir una estrategia que consideran demasiado indulgente con estructuras criminales. Ahí está uno de los grandes debates colombianos de la última década, otra vez sobre la mesa.

El giro hacia Israel añade otro frente político

Las protestas también reflejaron el fuerte cambio experimentado por la política exterior colombiana. Entre los manifestantes aparecieron numerosas banderas palestinas, en una jornada coincidente con la nueva etapa diplomática abierta por De la Espriella con Israel.

Colombia ha restablecido sus relaciones con Israel después de la ruptura decretada por Petro en 2024 y ha abierto una embajada en Jerusalén. El nuevo Ejecutivo también ha recuperado el acuerdo de libre comercio bilateral, una decisión que evidencia hasta qué punto el relevo presidencial ha modificado las alianzas internacionales del país.

Para Petro, la defensa de Palestina se convirtió durante su mandato en una cuestión central de política exterior. De la Espriella ha seguido el camino contrario y apuesta por reforzar la cooperación con Israel y Estados Unidos, especialmente en ámbitos comerciales, de seguridad y defensa.

El giro tiene una dimensión diplomática, pero también doméstica. Una parte de la izquierda colombiana interpreta la aproximación a Israel y la estrecha relación con Washington como símbolos de una política exterior demasiado alineada con gobiernos conservadores. Los seguidores de De la Espriella consideran, en cambio, que Colombia recupera socios tradicionales que Petro había alejado.

La calle abre el primer gran examen para el nuevo Gobierno

Las manifestaciones del 14 de octubre no amenazan por sí solas la estabilidad institucional del Ejecutivo. De la Espriella acaba de comenzar un mandato de cuatro años y dispone de la legitimidad de una victoria electoral posteriormente confirmada por las autoridades colombianas, aunque fuera por una distancia muy estrecha.

Lo que sí dejan es una fotografía política difícil de ignorar. Antes de cumplirse cien días desde la toma de posesión, una parte importante de la oposición ha vuelto a ocupar las calles y ha logrado reunir bajo la misma protesta reivindicaciones laborales, educativas, indígenas, sociales y de derechos humanos.

Las organizaciones convocantes han dejado abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones si consideran que el Gobierno mantiene el rumbo actual. Algunas incluso plantean ampliar la presión social durante noviembre. El 14 de octubre puede terminar siendo una protesta aislada o el comienzo de una etapa mucho más áspera; todavía es pronto para saberlo.

Colombia ha pasado en pocos meses de un Gobierno progresista que hizo de las reformas sociales y la negociación política parte central de su identidad a otro que promete orden, austeridad y una política de seguridad más contundente. Las urnas resolvieron quién gobernaría. La calle acaba de recordar que el debate, naturalmente, estaba lejos de terminar.