España
Ayuso y Almeida: 4,12 millones públicos para OKDiario en seis años
Una investigación cifra en 4,12 millones los pagos de Ayuso y Almeida a OKDiario. El caso Koldo añade interrogantes a la publicidad institucional.
Resumen
- OKDiario recibió 4,12 millones públicos de Ayuso y Almeida en seis años
- Los pagos incluyen publicidad, patrocinios y contratos para jornadas
- El PSOE pide investigar los pagos de 242.000 euros por la defensa de Koldo
OKDiario, el periódico dirigido por Eduardo Inda, ha recibido más de 4,12 millones de euros, IVA incluido, en publicidad institucional, patrocinios y otros contratos de administraciones madrileñas gobernadas por el PP durante seis años. La cifra procede de una investigación periodística publicada a finales de octubre de 2026, que reconstruye los pagos de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y la empresa pública Canal de Isabel II.
Los desembolsos, que superan los 3,4 millones de euros sin IVA, no se limitan a anuncios convencionales. Incluyen campañas institucionales, acuerdos publicitarios y contratos menores relacionados con jornadas organizadas por el propio medio. A esta información se añaden nuevas adjudicaciones de otras administraciones gobernadas por el Partido Popular durante 2026, documentadas en una investigación posterior.
El asunto ha adquirido una dimensión política y judicial después de conocerse que Dos Mil Palabras SL, la empresa editora de OKDiario, abonó 242.000 euros por la defensa jurídica de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos. El PSOE ha solicitado a la Fiscalía que investigue esos pagos y su posible relación con la publicidad institucional. El PP niega que ofreciera dinero al exasesor a cambio de declaraciones contra Pedro Sánchez, mientras que el periódico atribuye los desembolsos a un acuerdo de explotación de contenidos.
Conviene separar los hechos. Los contratos publicitarios identificados constituyen una relación económica documentada entre administraciones públicas y una empresa periodística. Las sospechas sobre un posible uso irregular de ese dinero pertenecen a otro ámbito y no están acreditadas judicialmente. Lo que sí permiten examinar las cifras es cuánto dinero público ha recibido OKDiario, quién lo ha pagado y mediante qué procedimientos.
Madrid concentra más de 3,4 millones de euros antes de impuestos
La investigación sitúa a la Comunidad de Madrid como el principal organismo financiador dentro del conjunto de administraciones madrileñas analizadas. Durante el periodo estudiado, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinó aproximadamente 2.075.000 euros a contratos de publicidad con OKDiario.
La evolución muestra un crecimiento considerable. En 2020, la publicidad contratada por el Ejecutivo autonómico ascendió a unos 148.000 euros. En 2024 alcanzó los 474.317 euros, más del triple. Ese ejercicio fue especialmente significativo: el conjunto de pagos de las instituciones madrileñas analizadas llegó a unos 718.000 euros.
El Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida, también figura entre los principales clientes institucionales del digital. Sus contratos publicitarios acumulan alrededor de 980.000 euros sin IVA durante los seis años examinados. Solo en 2025, el consistorio destinó 213.554 euros a publicidad en OKDiario.
Ayuso, Almeida y Canal de Isabel II
La relación económica no termina en los presupuestos ordinarios de la Comunidad y el Ayuntamiento. Canal de Isabel II, la empresa pública encargada del abastecimiento de agua en la región, contrató publicidad en el periódico por unos 277.000 euros sin IVA durante el mismo periodo, de acuerdo con los datos recopilados.
En 2025, los pagos publicitarios de Canal de Isabel II a OKDiario ascendieron a 55.120 euros. Se trata de una partida diferente de la publicidad contratada directamente por el Gobierno autonómico, aunque ambas proceden del sector público madrileño.
A estos importes hay que sumar otros 78.450 euros en seis contratos menores adjudicados por la Comunidad de Madrid para actividades y patrocinios. Con todos los conceptos, el cálculo supera los 3,4 millones sin IVA y alcanza aproximadamente 4,12 millones con el impuesto incluido.
Es importante precisar que esa última cifra no corresponde exclusivamente a anuncios: comprende también patrocinios y servicios vinculados a eventos.
Patrocinios de jornadas y contratos menores
Una parte especialmente significativa de la investigación se centra en los eventos organizados bajo las marcas OKGreen, OKSalud y OKTurismo. La Comunidad de Madrid contrató servicios y participaciones vinculados a estas actividades mediante adjudicaciones de importes relativamente pequeños.
En 2023, por ejemplo, el Ejecutivo madrileño concedió un contrato de 14.500 euros más IVA relacionado con la participación del consejero Carlos Novillo en un evento de OKGreen. En 2024 volvió a contratar por el mismo importe una actuación relacionada con las jornadas medioambientales del periódico.
El patrón se repitió en otras actividades. En marzo de 2026, la Comunidad de Madrid adjudicó a la editora de OKDiario un contrato de 14.450 euros sin IVA para la sexta edición de las jornadas OKTurismo. Un año antes había contratado por 6.000 euros, sin impuestos, una entrevista, una mesa de debate y una campaña publicitaria relacionadas con la Semana Europea de la Movilidad.
Los importes tienen relevancia administrativa. La legislación de contratación pública contempla contratos menores de servicios con un valor estimado inferior a 15.000 euros, sin IVA, que pueden adjudicarse directamente si cumplen los requisitos legales. No requieren el mismo procedimiento competitivo que otras contrataciones de mayor cuantía.
Eso no significa que sean ilegales. La contratación menor es un procedimiento previsto por la ley, pero exige justificar la necesidad del gasto, cumplir los requisitos establecidos y evitar el fraccionamiento indebido de contratos.
La cuestión que plantean estas adjudicaciones es si la asistencia de representantes públicos a determinadas jornadas, su patrocinio o la contratación de entrevistas responde a una finalidad institucional suficientemente acreditada y si el precio pagado resulta proporcionado al servicio recibido.
Los pagos a OKDiario continuaron en 2026
El dinero procedente de administraciones del PP no se limita a Madrid. Una investigación publicada a comienzos de noviembre identificó al menos 163.213 euros en contrataciones de 2026 relacionadas con Dos Mil Palabras SL.
La información se apoya en 22 registros de contratación correspondientes a organismos de Castilla y León, Extremadura y la Diputación Provincial de Ciudad Real. Son importes de un conjunto concreto de adjudicaciones, no un balance completo de todos los ingresos públicos del periódico durante 2026.
Castilla y León concentra la mayor cantidad de ese conjunto, con unos 92.200 euros. Las consejerías de la Presidencia y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aparecen entre los organismos contratantes.
Extremadura suma aproximadamente 35.529 euros en los contratos examinados, mientras que la Diputación de Ciudad Real registra otros 35.485 euros. La información confirma que la contratación de espacios y servicios vinculados al periódico se extiende a distintas administraciones territoriales.
Las cifras proceden de periodos y ámbitos administrativos diferentes. Por eso no deben sumarse automáticamente a los 4,12 millones de la investigación madrileña como si constituyeran un balance nacional completo.
Hay otro dato relevante. En su propia información legal y de transparencia, Dos Mil Palabras SL declara 2.130.026,23 euros asignados en 2025 por publicidad estatal, una cantidad cuyo ámbito es más amplio que el de las administraciones madrileñas examinadas.
Por su parte, OKDiario sostuvo en julio de 2026 que no había recibido publicidad de las campañas institucionales de la Administración General del Estado ejecutadas en 2025. Ambas afirmaciones se refieren a ámbitos de contratación diferentes: el Gobierno central no concentra toda la publicidad que pueden contratar comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas.
La denuncia del PSOE por los pagos a Koldo García
La controversia sobre la financiación pública del periódico ha coincidido con las revelaciones relacionadas con la defensa jurídica de Koldo García.
La documentación aportada a la Audiencia Nacional acredita pagos efectuados por la editora de OKDiario por un total de 242.000 euros, IVA incluido, correspondientes a dos facturas: una de 181.500 euros, fechada el 27 de noviembre de 2025, y otra de 60.500 euros, del 23 de enero de 2026.
El exasesor de Ábalos aseguró a la Cadena SER que el abogado del PP Alberto Durán le había ofrecido el pago de su defensa y un millón de euros adicional a cambio de facilitar declaraciones contra Pedro Sánchez y su entorno, incluso si eran falsas. Según su versión, el dinero adelantado por el periódico se recuperaría mediante publicidad institucional procedente de comunidades gobernadas por el PP.
Es una acusación de Koldo García, no un hecho probado. El Partido Popular la ha rechazado. Alberto Núñez Feijóo aseguró que su formación no había autorizado ningún ofrecimiento económico de esas características.
OKDiario, por su parte, explicó que los pagos estaban relacionados con la adquisición de derechos para una entrevista, un libro y una docuserie. El PSOE cuestiona esa explicación y considera necesario determinar la verdadera naturaleza de las operaciones.
El 13 de noviembre, los socialistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el PP, Eduardo Inda, Alberto Durán y otras posibles personas responsables. Solicitaron investigar presuntos delitos relacionados con los ofrecimientos denunciados, así como revisar las relaciones económicas y los contratos de publicidad institucional.
El 14 de noviembre, el PSOE también acudió a la Agencia Tributaria para pedir que examinara el tratamiento fiscal de los pagos. Dos días después, el 16 de noviembre, la Fiscalía General del Estado remitió la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid para que valorara las actuaciones correspondientes.
La existencia de facturas que documentan pagos de la editora por los gastos jurídicos no acredita, por sí sola, que esos desembolsos procedieran de un acuerdo ilícito con el PP ni que las adjudicaciones institucionales tuvieran como finalidad compensarlos. Esa relación es precisamente una de las cuestiones que los denunciantes pretenden que se investigue.
El control del dinero público, más allá de las siglas
La publicidad institucional es un instrumento legítimo de las administraciones. Sirve para informar sobre servicios públicos, campañas sanitarias, seguridad vial, ayudas y otras actuaciones de interés general. Su contratación puede realizarse en medios privados, con independencia de su orientación editorial.
La controversia aparece cuando el reparto de esos fondos plantea dudas sobre los criterios de selección, la proporcionalidad del gasto o la transparencia de las adjudicaciones. El alcance de una campaña, la audiencia del medio, el público al que se dirige y la relación entre coste y resultados son elementos pertinentes para evaluar esas decisiones.
La afinidad política real o supuesta entre un medio y una administración tampoco demuestra automáticamente un trato de favor. Pero no exime a los responsables públicos de explicar por qué han elegido un determinado soporte, cuánto han pagado y qué prestación han recibido a cambio.
En el caso de OKDiario, los contratos publicados permiten identificar importantes cantidades de dinero público destinadas a la empresa editora durante varios ejercicios, tanto en publicidad como en actividades patrocinadas. Los más de cuatro millones de euros calculados para Madrid constituyen una cifra relevante, aunque no permiten determinar por sí mismos si cada contratación se ajustó a criterios objetivos y proporcionados.
Las denuncias relacionadas con Koldo García añaden una cuestión distinta, de eventual trascendencia penal, que sigue pendiente de esclarecimiento.
Lo que ya muestran las investigaciones es una relación económica continuada entre distintas administraciones gobernadas por el PP y el periódico de Eduardo Inda. Su legalidad y su justificación deben examinarse contrato por contrato, sin confundir los pagos documentados con las acusaciones todavía no demostradas.
El principio es el mismo para cualquier Gobierno y cualquier cabecera: la publicidad institucional se paga con dinero público y su utilización debe poder explicarse públicamente.
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