España abre la reproducción asistida a quienes Italia aún excluye

La comparación entre reproducción asistida en Italia y España deja una diferencia difícil de esconder tras la jerga médica. España permite acceder a estos tratamientos a cualquier mujer mayor de edad con capacidad para prestar consentimiento, con independencia de su estado civil u orientación sexual. Italia mantiene un marco bastante más estrecho: la Ley 40 reserva el acceso a parejas adultas de distinto sexo, casadas o convivientes, en edad potencialmente fértil y, con carácter general, vinculando el tratamiento a problemas de esterilidad o infertilidad.

Eso significa algo muy concreto. Una mujer soltera puede recurrir legalmente a la reproducción asistida en España; en Italia, no. Una pareja formada por dos mujeres también puede hacerlo en España, mientras que el sistema italiano continúa cerrando esa vía dentro del país. La diferencia sobrevivió incluso a una importante batalla constitucional: en mayo de 2025, la Corte Constitucional italiana rechazó considerar inconstitucional la exclusión de las mujeres solteras. Meses después, otra resolución mantuvo intacta la barrera para las parejas del mismo sexo.

No sorprende, por tanto, que exista una pequeña autopista reproductiva atravesando los Pirineos y el Mediterráneo. Los datos oficiales españoles de 2023 registraron 6.684 ciclos realizados a pacientes residentes en Italia, el 19,2% de todos los tratamientos contabilizados entre pacientes residentes en el extranjero. Solo Francia aportó más.

España e Italia han construido dos modelos distintos

La frontera no está en la tecnología. Clínicamente, ambos países realizan fecundación in vitro, ICSI, criopreservación y tratamientos con gametos donados. Italia permite desde 2014 la denominada fecundación heteróloga, aquella en la que interviene semen u óvulos procedentes de un donante, después de que su Tribunal Constitucional tumbara la prohibición que contenía originalmente la Ley 40.

La diferencia aparece al preguntar quién puede entrar por la puerta de la clínica. En España, la Ley 14/2006 establece que toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar puede utilizar las técnicas reguladas, independientemente de su estado civil y orientación sexual. La norma no exige que exista una pareja masculina ni convierte la infertilidad de una pareja heterosexual en requisito universal para recibir tratamiento.

Italia conserva otra arquitectura jurídica. Pueden acceder las parejas mayores de edad de distinto sexo, casadas o convivientes, ambas vivas y en edad potencialmente fértil. Para los tratamientos heterólogos, las directrices italianas exigen además una indicación médica ligada a infertilidad o esterilidad que justifique recurrir a gametos de donante. El mapa familiar que dibuja la ley sigue pareciéndose bastante al de 2004, aunque la medicina y la sociedad hayan recorrido unos cuantos kilómetros desde entonces.

Mujeres solteras y parejas de mujeres: la gran diferencia

Una mujer que decide ser madre sin pareja encuentra probablemente aquí la divergencia más clara entre los dos países. En España puede acudir a reproducción asistida mediante semen de donante, tanto dentro del sistema privado como, cuando cumple los criterios establecidos, dentro del Sistema Nacional de Salud. Desde 2021, la cartera pública volvió a incluir expresamente a mujeres sin pareja, mujeres lesbianas y bisexuales y personas trans con capacidad de gestar.

En Italia, una mujer sola continúa excluida del acceso a la PMA. La sentencia 69/2025 de la Corte Constitucional examinó precisamente esa prohibición y decidió no anularla. El tribunal dejó abierta la posibilidad política de que el legislador cambie el modelo, pero concluyó que la Constitución italiana no obliga por sí misma a extenderlo. Una diferencia pequeña sobre el papel —un artículo de una ley— y gigantesca cuando quien lo lee está intentando tener un hijo.

El contraste se repite con las parejas femeninas. En España, la orientación sexual no constituye una causa de exclusión y existen tratamientos adaptados a distintas configuraciones familiares, desde la inseminación con semen de donante hasta la fecundación in vitro y, bajo los requisitos jurídicos y médicos aplicables, fórmulas de maternidad compartida.

Italia no ha abierto ese acceso. La legislación continúa reservando la reproducción médicamente asistida a parejas de distinto sexo. La jurisprudencia italiana ha avanzado, eso sí, en otro terreno: la protección jurídica de los hijos ya nacidos.

En mayo de 2025, la Corte Constitucional italiana declaró inconstitucional impedir, en determinadas circunstancias, que el niño nacido en Italia después de una reproducción asistida realizada legalmente en el extranjero por una pareja de mujeres tuviera reconocido también el vínculo con la madre que había prestado previamente su consentimiento al proyecto parental. Es una modificación importante para los menores, pero conviene no mezclar planos: Italia protegió la filiación sin legalizar el acceso interno de las parejas de mujeres a la reproducción asistida.

La edad introduce una paradoja entre España e Italia

Hay un matiz que rompe la imagen demasiado sencilla de una España abierta frente a una Italia restrictiva. Cuando entra en juego la financiación pública y la edad, la comparación cambia. En el Sistema Nacional de Salud español, los criterios generales establecen que la mujer o persona trans con capacidad de gestar debe ser mayor de 18 y menor de 40 años al comenzar el estudio. Existen después límites específicos según la técnica y el número de ciclos financiados.

Fuera de la sanidad pública española no existe una edad máxima fijada directamente por ley para todos los tratamientos. Entre los especialistas se ha consolidado la recomendación de limitar el tratamiento aproximadamente a mujeres menores de 50 años, siempre atendiendo a la situación clínica individual y al riesgo del embarazo.

Italia ha seguido una dirección diferente en su financiación sanitaria. Los niveles esenciales de asistencia permiten que determinadas técnicas de reproducción asistida homólogas y heterólogas puedan financiarse hasta los 46 años de la mujer, un umbral que también ha tenido reflejo en la regulación de los medicamentos empleados contra la infertilidad.

Así aparece una paradoja bastante reveladora. Italia puede ofrecer cobertura pública hasta una edad superior a la española, pero a un grupo de personas jurídicamente mucho más reducido. España corta antes la financiación ordinaria del SNS, mientras deja abierta la puerta legal a modelos familiares que en Italia continúan fuera.

Donación de óvulos y semen: las diferencias se estrechan

España tiene fama internacional por la ovodonación, aunque atribuirla simplemente a una supuesta ausencia de reglas sería un error. La donación española está regulada como gratuita, formal, confidencial y anónima. La receptora no puede escoger personalmente al donante de semen u óvulos; la selección corresponde al equipo médico, que debe buscar una adecuada compatibilidad fenotípica e inmunológica.

Los hijos pueden acceder a información general del donante, pero no a su identidad salvo circunstancias excepcionales previstas legalmente. El sistema español intenta equilibrar así el anonimato del donante, la seguridad clínica y determinados derechos de las personas nacidas mediante estas técnicas.

Italia también permite actualmente la donación de gametos y la articula sobre los principios de voluntariedad, gratuidad y anonimato. Las mujeres donantes deben tener entre 20 y 35 años y los hombres entre 18 y 40, de acuerdo con los criterios sanitarios italianos.

La divergencia vuelve a encontrarse menos en el laboratorio que en el acceso. Una pareja heterosexual italiana con una infertilidad irreversible puede recurrir a ovodonación o semen de donante en Italia. Una mujer soltera italiana que necesite exactamente el mismo material reproductivo no puede hacerlo legalmente allí por su situación familiar.

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