Varsavsky y Espinosa piden empleo e integración para inmigrar a España

Martín Varsavsky e Iván Espinosa de los Monteros han vuelto a colocar sobre la mesa uno de los debates más sensibles de la política española: qué requisitos debería exigir España a quienes quieren inmigrar. Los dos coinciden en defender un modelo más selectivo, aunque llegan a esa conclusión por caminos algo distintos. Espinosa apuesta por vincular la entrada a las necesidades del mercado laboral, la cualificación y una voluntad expresa de integración; Varsavsky pone el énfasis en el empleo, la capacidad de contribuir y la adaptación a la sociedad española.

La conversación se aleja, al menos en su planteamiento inicial, de la habitual pelea entre inmigración sí o inmigración no. El asunto es bastante más áspero —y también más complejo—: cuántas personas necesita España, con qué perfiles y bajo qué condiciones. Espinosa de los Monteros rechaza que el país deba aumentar la inmigración sin establecer antes criterios de selección más definidos.

Varsavsky introduce el otro lado de la ecuación. España envejece, tiene una natalidad muy baja y su población crece gracias a la inmigración, de modo que cerrar la puerta por completo tampoco resuelve el problema demográfico ni las necesidades de numerosos sectores económicos. Su tesis consiste en seleccionar mejor, no necesariamente en recibir menos a cualquier precio.

El debate tiene una particularidad que a menudo se pierde entre consignas: España ya dispone de requisitos diferentes según la vía de entrada y residencia. No existe una única puerta con un funcionario decidiendo quién pasa y quién no. Hay permisos por trabajo, estudios, reagrupación familiar, emprendimiento, alta cualificación, arraigo o protección internacional, además del régimen específico de los ciudadanos de la Unión Europea. El sistema es un pasillo con muchas puertas. Y cada una tiene su cerradura.

Empleo, cualificación e integración como condiciones

Espinosa de los Monteros plantea un modelo en el que la inmigración económica responda de manera mucho más directa a las necesidades laborales de España. El antiguo diputado distingue entre quien llega para trabajar y aportar en un sector donde existe demanda y una entrada que, a su juicio, se produce sin suficiente relación con las necesidades del país.

Entre las condiciones que propone aparecen algún tipo de cualificación profesional y un deseo explícito de integrarse en la sociedad de acogida. Integrarse, en su planteamiento, no supone abandonar la religión, la cultura familiar o las costumbres privadas, sino aceptar las reglas comunes sobre las que funciona el Estado.

Varsavsky comparte buena parte de esa lógica, aunque rechaza convertir la nacionalidad, la raza o la religión en el filtro. El criterio, sostiene, debería ser la capacidad de trabajar, integrarse y contribuir. Es una distinción importante: seleccionar por perfil profesional no equivale a seleccionar por origen, aunque ambas ideas se mezclen con sorprendente facilidad cuando la discusión política se calienta.

El empresario ha defendido también que determinadas regularizaciones incluyan un mayor vínculo con el empleo y el conocimiento del español. Esa propuesta vuelve indirectamente al debate sobre integración, aunque conviene separar residencia y nacionalidad: actualmente el conocimiento del idioma y de la realidad constitucional y sociocultural española se exige, con sus correspondientes excepciones, en numerosos procedimientos para obtener la nacionalidad por residencia, no como regla universal para cualquier permiso de residencia.

España ya selecciona parte de la inmigración laboral

La imagen de un país sin requisitos tampoco encaja exactamente con la normativa vigente. Para una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena de un ciudadano de fuera de la UE, por ejemplo, se exige normalmente un contrato, ausencia de determinados antecedentes y que la contratación encaje en las reglas del mercado laboral español. En ciertas situaciones debe acreditarse, además, que el puesto resulta difícil de cubrir con trabajadores ya incorporados al mercado interno.

España dispone asimismo de vías específicas para profesionales altamente cualificados, investigadores, emprendedores y trabajadores trasladados dentro de una empresa. La Tarjeta Azul de la UE exige cualificación superior o experiencia profesional equivalente y una oferta de empleo que cumpla determinadas condiciones.

Es decir, la selección laboral que Varsavsky y Espinosa reclaman no parte de una página completamente en blanco. Lo que proponen es darle mucho más peso dentro del modelo migratorio, especialmente frente a las vías extraordinarias de regularización y la inmigración irregular.

También hay un límite evidente al paralelismo: un ciudadano italiano, francés o alemán tiene derechos de libre circulación derivados de la pertenencia de España a la UE. Y una persona que solicita protección internacional entra en otra categoría jurídica. Meter trabajadores, refugiados, estudiantes, ciudadanos comunitarios y personas en situación irregular en un mismo saco puede funcionar para una tertulia; para entender la política migratoria, bastante menos.

La regularización de 2026 vuelve inevitable la discusión

El debate aparece después de un año especialmente intenso en política migratoria. España ha afrontado en 2026 un proceso extraordinario destinado a personas extranjeras que ya residían en el país, una medida que volvió a situar en primer plano las condiciones para regularizar la residencia, los antecedentes penales, el tiempo de permanencia y la inserción laboral.

Ese episodio ayuda a explicar la insistencia de Varsavsky en ligar regularización y empleo. También demuestra que la discusión contiene más matices de los que permiten algunas frases rotundas. Regularizar no significa jurídicamente aceptar a cualquiera: los procedimientos incluyen condiciones. Otra cuestión, legítimamente discutible, es si esas condiciones son suficientes, demasiado flexibles o adecuadas para una población que ya se encontraba dentro del país.

Y ahí está buena parte de la batalla política. Una cosa es diseñar la inmigración futura —quién puede venir a trabajar y para qué sectores— y otra regularizar a personas que llevan meses o años viviendo en España, muchas veces trabajando en la economía sumergida. Se parecen. No son lo mismo.

Más de diez millones de residentes nacieron fuera de España

Las cifras explican por qué este asunto ha dejado de ser periférico. España se mueve ya alrededor de los 50 millones de habitantes y más de diez millones de residentes han nacido fuera del país. La población con nacionalidad extranjera es menor, porque una parte de los ciudadanos nacidos en otros países ha adquirido posteriormente la nacionalidad española.

La diferencia no es menor. Una persona nacida en Colombia, Argentina o Marruecos que posteriormente adquiere la nacionalidad española continúa formando parte de la población nacida en el extranjero, pero ya no aparece estadísticamente como extranjera. Confundir ambos conceptos infla o reduce cifras según convenga al discurso de turno; un pequeño clásico de la política contemporánea.

El crecimiento demográfico reciente se explica en buena medida por el aumento de residentes nacidos fuera del país, mientras la población nacida en España acusa el efecto de décadas de baja natalidad. La inmigración ya forma parte de la estructura demográfica española, no de una hipotética España futura.

Algo semejante ocurre en el mercado laboral. Millones de trabajadores extranjeros cotizan a la Seguridad Social y su presencia resulta especialmente elevada en hostelería, agricultura, construcción, transporte y determinadas actividades administrativas, asistenciales y domésticas.

La paradoja aparece enseguida. España mantiene niveles elevados de desempleo y, al mismo tiempo, empresas de algunos sectores aseguran encontrar enormes dificultades para cubrir vacantes. Sobran trabajadores en unas actividades y faltan en otras. De ahí que seleccionar inmigración exclusivamente por títulos académicos tampoco sea una solución mágica: un país necesita ingenieros, sí, pero también albañiles, transportistas, agricultores, cuidadores y camareros.

El punto más delicado: qué significa integrarse

La conversación entre Varsavsky y Espinosa entra en un terreno todavía más espinoso cuando aborda la integración cultural. Espinosa sostiene que quien se instala en España debe aceptar principios como la igualdad ante la ley, la separación entre religión y Estado y la primacía de la legislación civil sobre cualquier norma religiosa.

El argumento aparece especialmente asociado a la población musulmana. Espinosa considera compatible practicar libremente una religión con exigir que ninguna confesión imponga sus normas al conjunto de la sociedad. Ahí el debate abandona las cifras de afiliación y entra en valores constitucionales, convivencia y libertades individuales, un espacio donde cada palabra pesa bastante más.

Varsavsky ha explicado también que su percepción sobre la inmigración cambió después de los incidentes sufridos por su familia en Saint-Denis durante la final de la Liga de Campeones de 2022. Desde entonces ha defendido posiciones más restrictivas frente a la inmigración irregular y una mayor selección de quienes llegan.

Las experiencias personales pueden explicar una evolución política, aunque no sustituyen a los datos. Tampoco todos los problemas de integración pueden atribuirse al origen de una población, del mismo modo que negar cualquier dificultad por miedo a alimentar prejuicios tampoco la hace desaparecer. Entre la caricatura del inmigrante como amenaza y la idea de que toda integración ocurre por generación espontánea queda un territorio incómodo: convivencia, deberes y derechos compartidos.

La inmigración irregular y el modelo de devoluciones

Espinosa de los Monteros plantea una posición especialmente severa respecto a quienes entren irregularmente en España: devolución y desincentivo de nuevas llegadas. Ha citado modelos internacionales basados en impedir que una entrada irregular termine convirtiéndose, por el mero paso del tiempo, en una vía práctica de establecimiento.

Aquí aparecen inmediatamente las obligaciones legales de España, tanto nacionales como europeas e internacionales. El control de fronteras convive con el derecho a solicitar protección internacional, la prohibición de determinadas devoluciones cuando existe riesgo para la persona y procedimientos que requieren valorar cada situación. La consigna cabe en seis palabras; el expediente administrativo suele ocupar bastante más papel.

Varsavsky mira más hacia sistemas en los que empleo e integración tengan mayor peso para permitir y mantener determinadas formas de residencia. Su diagnóstico parte de una preocupación demográfica que aparentemente contradice una política simplemente restrictiva: España necesita población, pero —según su razonamiento— debería decidir con mayor precisión qué perfiles incorpora.

Este es probablemente el punto donde ambos convergen. No proponen exactamente una España sin inmigración. Proponen una España que seleccione más.

Una discusión que España ya no puede despachar con eslóganes

La cuestión de fondo no consiste únicamente en endurecer o suavizar requisitos. España tendrá que decidir cómo combina demografía, empleo, control fronterizo, integración y derechos individuales en un país cercano a los 50 millones de habitantes y cuya transformación demográfica avanza con rapidez.

Varsavsky y Espinosa de los Monteros han reabierto ese debate desde posiciones claramente partidarias de una selección más exigente. Algunas de sus propuestas ya encuentran equivalentes parciales en la legislación; otras supondrían modificar prioridades o endurecer condiciones, o trasladar criterios que hoy existen para determinados permisos a un número mayor de inmigrantes.

La discusión real empieza precisamente ahí. España ya exige contratos en algunas vías, cualificación en otras, antecedentes limpios en numerosos procedimientos y pruebas de idioma e integración para ciertos procesos de nacionalidad. Lo que está en juego es hasta dónde extender esos filtros, cómo medir la integración sin convertirla en una prueba ideológica y qué hacer con las necesidades económicas de un país que envejece mientras buena parte de su crecimiento laboral y demográfico procede del extranjero.

Ni fronteras imaginariamente abiertas ni un portón cerrado con candado. La política migratoria se parece bastante más a una aduana con muchas ventanillas, normas distintas y una cola que no deja de crecer. El debate que han reactivado Varsavsky y Espinosa consiste, en el fondo, en decidir quién puede establecerse en España y bajo qué condiciones.