Jornaleros de la aceituna: 57,82 euros al día y meses bajo 900 euros

La campaña de la aceituna vuelve a poner sobre la mesa una paradoja conocida en buena parte del campo español: hace falta mano de obra, cuesta completar cuadrillas y, al mismo tiempo, numerosos trabajadores consideran que las condiciones económicas no compensan el desplazamiento ni la incertidumbre. Para los temporeros con contratos de hasta 120 días, el mínimo legal de 2026 se sitúa en 57,82 euros brutos por jornada, siempre que el convenio aplicable no establezca una cuantía superior.

El problema aparece cuando se mira el calendario en vez de la tarifa. En el olivar no siempre se trabajan cinco días de cada semana ni veinte o veintidós jornadas al mes. La lluvia, el estado del terreno o una interrupción de la recogida pueden borrar días enteros del jornal. Con 20 jornadas a 57,82 euros, el trabajador alcanzaría 1.156,40 euros brutos; con solo 15, se quedaría en 867,30 euros, antes de descontar cotizaciones, desplazamientos y, para quien llega desde otra localidad, alojamiento.

Ahí aparece el fondo de la denuncia. No se trata únicamente de cuánto vale un día de trabajo, sino de cuántos días terminan pagándose y cuánto cuesta estar disponible cerca de la explotación durante varias semanas. En una campaña corta, cinco jornadas menos pesan mucho más de lo que parece sobre el papel.

Los 57,82 euros se cobran por jornada trabajada

Conviene precisar qué significa esa cifra. Los 57,82 euros diarios fijados para 2026 no constituyen una tarifa específica para todos los trabajadores de la aceituna ni un precio común para todos los convenios agrarios. Son el mínimo profesional aplicable a determinados trabajadores temporales cuyos servicios en una misma empresa no superan los 120 días.

La cantidad incorpora proporcionalmente conceptos ligados a domingos, festivos y pagas extraordinarias, mientras que las vacaciones tienen su tratamiento correspondiente según las circunstancias del contrato. Cuando existe un convenio colectivo con salarios superiores, debe aplicarse esa regulación. El mínimo estatal funciona como suelo salarial, no como techo.

Y ahí el mapa se fragmenta. El campo español funciona con tablas provinciales, categorías laborales distintas y complementos que cambian de una zona a otra. Provincias como Córdoba, Málaga o Sevilla encuadran buena parte de la actividad en convenios generales del campo, mientras que Jaén tiene una regulación especialmente vinculada al olivar y determinadas categorías pueden cobrar por encima de ese mínimo.

Los sindicatos señalan también otro problema: las sucesivas subidas del salario mínimo han estrechado la distancia económica entre puestos con responsabilidades distintas. Un peón y un trabajador que maneja maquinaria especializada pueden acabar demasiado cerca en la tabla salarial. Sobre el papel son categorías diferentes; en la nómina, el incentivo para asumir más responsabilidad puede quedarse corto.

Una semana de lluvia puede hundir la nómina

La aceituna conserva una característica que la separa de muchos empleos mensuales: el tiempo también participa en la nómina. Si la lluvia impide entrar en la finca, la cuadrilla puede perder jornadas completas. El salario diario no cambia, pero sí el número de días efectivamente trabajados.

Cinco jornadas perdidas transforman 1.156,40 euros brutos en 867,30 euros. No hace falta una tormenta excepcional ni un mes entero pasado por agua; basta una semana improductiva. Cuando el contrato dura apenas unas semanas, recuperar después esas jornadas tampoco está garantizado.

Esa incertidumbre ayuda a explicar una escena aparentemente contradictoria: explotaciones buscando personal mientras trabajadores potenciales se marchan a sectores que ofrecen contratos más largos. Hostelería, almacenes, comercio, construcción o industria pueden resultar más previsibles aunque el salario diario tampoco sea espectacular. La continuidad del empleo cuenta, aunque no aparezca como concepto separado en la nómina.

Encontrar alojamiento para unas semanas añade otra barrera

El sueldo es solo una parte de la cuenta. Muchas campañas necesitan trabajadores que se desplacen entre municipios o provincias y, cuando eso ocurre, aparecen combustible, transporte y vivienda. Encontrar un alquiler para cuatro, seis u ocho semanas puede ser particularmente difícil: demasiado tiempo para vivir de soluciones improvisadas y demasiado poco para buena parte del mercado residencial convencional.

Los contratos de recogida pueden quedarse en un mes o mes y medio, y el trabajador que se desplaza dentro de España suele tener que organizar por su cuenta el viaje y el alojamiento. En municipios con una fuerte llegada de temporeros, la disponibilidad de habitaciones acaba convirtiéndose en otra pieza decisiva para completar las cuadrillas.

La diferencia con la contratación en origen

La situación cambia en determinados programas de migración circular. En esos procedimientos, el empleador debe garantizar alojamiento durante el periodo de actividad y cumplir condiciones específicas de habitabilidad para los trabajadores agrícolas desplazados mediante este sistema.

El contraste resulta evidente: un trabajador contratado a través de esos programas dispone de un marco específico para la vivienda, mientras quien ya reside en España y se desplaza por su cuenta a otra provincia puede encontrarse buscando una habitación para pocas semanas con un jornal que depende, además, de que el tiempo permita trabajar.

No es un detalle menor. Restar alquiler, combustible y desplazamientos a una campaña de 15 o 20 jornadas cambia por completo la rentabilidad real de recorrer cientos de kilómetros para trabajar en la recogida.

El fijo discontinuo tampoco despeja toda la incertidumbre

La reforma laboral convirtió al contrato fijo discontinuo en una figura central para actividades estacionales. Sobre el papel encaja bien con la agricultura: el trabajador mantiene una relación laboral indefinida y regresa cuando comienza una nueva campaña. En la práctica, el elemento decisivo es el llamamiento.

Los sindicatos advierten de problemas cuando no existe un criterio suficientemente claro para determinar cuándo se incorpora cada trabajador. El fijo discontinuo puede terminar funcionando como una especie de bolsa de personal disponible, con menos previsibilidad de la que debería ofrecer una relación laboral estable.

En una actividad condicionada por la maduración del fruto, la meteorología y las necesidades concretas de cada explotación, cierta flexibilidad es inevitable. Pero para quien organiza su año alrededor de varias campañas agrícolas, conocer cuándo será llamado y durante cuánto tiempo marca la diferencia entre un empleo recurrente y una espera casi permanente.

Más cosecha, millones de jornales y una cuenta muy ajustada

La discusión llega, además, en una campaña con mucho trabajo potencial. Las previsiones para Andalucía apuntan a una producción cercana a 1,26 millones de toneladas de aceite de oliva, con alrededor de 6,85 millones de toneladas de aceituna destinadas a almazara y un incremento notable respecto a la campaña anterior.

Ese volumen supone alrededor de 21,6 millones de jornales previstos en el olivar de almazara andaluz, con buena parte del empleo concentrado en la recolección. Jaén vuelve a ocupar un lugar central tanto por volumen de aceituna como por número de jornadas necesarias.

La necesidad de trabajadores, por tanto, existe. Pero disponer de millones de jornadas teóricas no equivale a ofrecer contratos largos ni ingresos regulares a cada persona. Una campaña grande puede necesitar muchísimas manos durante un periodo muy concreto. Ahí está el nudo: mucho empleo agregado y poca continuidad individual pueden convivir sin ninguna contradicción.

La aceituna sigue siendo uno de los grandes motores laborales del campo español, especialmente en Andalucía, pero encontrar cuadrillas no depende únicamente de que haya personas disponibles. Depende de cuánto cobran, de cuántos días podrán hacerlo y de cuánto les cuesta permanecer cerca de la explotación durante la campaña.

Los 57,82 euros brutos diarios funcionan como suelo legal para determinados temporeros, no como garantía de una nómina mensual de 1.200 o 1.400 euros. Si el calendario pierde jornadas por lluvia, un mes puede quedarse por debajo de 900 euros brutos. Si a eso se añaden carretera, combustible y alojamiento temporal, la fotografía cambia otra vez.

El olivar puede afrontar una cosecha abundante y seguir teniendo dificultades para encontrar trabajadores. No es tan extraño como parece. Entre el árbol cargado de aceitunas y el jornalero que debe pagar una habitación durante seis semanas existe una distancia económica que no aparece en las estadísticas de producción, pero pesa cada mañana cuando toca decidir si la campaña compensa.