Bangladés subirá el salario mínimo textil de 90 euros tras las huelgas

El Gobierno de Bangladés ha acordado aumentar el salario mínimo de los trabajadores textiles después de una oleada de huelgas y manifestaciones que ha paralizado cientos de fábricas. Los empleados, que actualmente perciben un sueldo mínimo de 12.500 takas mensuales (unos 90 euros), han conseguido que las autoridades y los empresarios se comprometan a revisar sus salarios. La nueva escala salarial entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026, aunque los primeros pagos con las cantidades actualizadas llegarán en enero de 2027.

La decisión supone una victoria inicial para los más de cuatro millones de trabajadores de la industria de la confección, uno de los principales motores económicos del país asiático. Sin embargo, todavía existe una cuestión fundamental: el importe definitivo de la subida continúa negociándose. Los sindicatos reclaman aumentos que permitan afrontar el encarecimiento de los alimentos, la vivienda y el transporte, mientras los fabricantes advierten del impacto que tendrían los incrementos salariales sobre sus costes de producción.

Las protestas comenzaron a finales de octubre y se intensificaron durante los primeros días de noviembre. Miles de trabajadores bloquearon carreteras, organizaron concentraciones y abandonaron sus puestos en zonas industriales próximas a Daca, la capital. Los enfrentamientos con la Policía, las detenciones y el cierre temporal de más de 500 fábricas terminaron obligando al Gobierno a acelerar las negociaciones.

El conflicto ha vuelto a poner bajo presión a una industria que fabrica millones de prendas para el mercado internacional. Zara, H&M, Uniqlo y Primark figuran entre las grandes cadenas que producen parte de sus colecciones en Bangladés, un país convertido en pieza fundamental del negocio mundial de la moda gracias, entre otros factores, a sus bajos costes laborales.

De 90 a más de 230 euros: lo que reclaman los trabajadores textiles

El salario mínimo vigente en el sector de la confección de Bangladés es de 12.500 takas mensuales, una cantidad equivalente aproximadamente a 90 euros, dependiendo del tipo de cambio.

Este sueldo se estableció en noviembre de 2023, cuando el Gobierno aprobó una subida desde los 8.000 takas anteriores. Aquel incremento, del 56,25 %, resultó insuficiente para los sindicatos, que llevaban meses reclamando una mejora mucho más ambiciosa.

Tres años después, el problema se ha agravado por el aumento del coste de la vida. La inflación, situada en torno al 8 % en 2026, ha reducido el poder adquisitivo de unos salarios que ya eran especialmente bajos.

Durante las primeras jornadas de movilización, los trabajadores exigieron elevar el salario mínimo hasta los 30.000 takas mensuales, aproximadamente 216 euros al cambio utilizado en las primeras informaciones sobre las protestas.

La negociación ha avanzado desde entonces.

En la segunda reunión de la junta salarial, celebrada el 9 de noviembre, los representantes laborales presentaron una propuesta que establece un salario mínimo de 32.000 takas, unos 230 euros, para la categoría inferior de trabajadores ordinarios. La cantidad solicitada para los aprendices es de 30.000 takas.

La propuesta contempla también una escala salarial según la categoría profesional. Los empleados de grado 1 alcanzarían los 48.000 takas mensuales; los de grado 2, 43.000; los de grado 3, 38.000; y los de grado 4, 32.000.

Los representantes empresariales solicitaron un plazo adicional para presentar su propia propuesta. Por tanto, los 32.000 takas todavía no son el nuevo salario mínimo aprobado, sino la cantidad que defienden los representantes de los trabajadores en la negociación.

La diferencia importa. El Gobierno ha asumido el compromiso de establecer una nueva estructura retributiva, pero aún debe determinarse cuánto cobrarán finalmente los empleados.

Más de 500 fábricas afectadas por las huelgas en Bangladés

La presión sindical ha tenido consecuencias inmediatas para la industria textil.

Las manifestaciones se extendieron por los principales centros manufactureros del país, especialmente Gazipur, Savar, Ashulia y Mirpur, donde se concentran numerosas fábricas dedicadas a confeccionar ropa para su exportación.

Los trabajadores cortaron vías de comunicación y organizaron concentraciones frente a instalaciones industriales. En varias jornadas se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que emplearon gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes.

La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladés contabilizó 529 fábricas afectadas por interrupciones o cierres temporales, con cerca de un millón de trabajadores vinculados a esas instalaciones.

Las movilizaciones también provocaron numerosas detenciones. La organización sindical internacional IndustriALL denunció el arresto de dirigentes sindicales y la muerte de un trabajador a consecuencia de las lesiones sufridas durante las protestas.

El anuncio de la subida salarial del 4 de noviembre no puso fin inmediatamente al conflicto. Durante los días posteriores continuaron las protestas, especialmente porque los empleados exigían conocer las cantidades concretas que iban a percibir.

Enero de 2027, la fecha prevista para cobrar los nuevos salarios

El Gobierno constituyó una junta salarial el 1 de noviembre, integrada por representantes de los trabajadores, empresarios y miembros independientes, con el cometido de revisar las remuneraciones del sector.

El organismo celebró su primera reunión el 4 de noviembre y acordó el calendario para introducir la nueva escala.

Según ese compromiso, las nuevas condiciones salariales se aplicarán desde diciembre de 2026, de manera que los trabajadores recibirán las primeras nóminas actualizadas en enero de 2027.

La junta debe completar el proceso de negociación y determinar los importes definitivos antes de su aplicación.

Zara, H&M y otras marcas dependen de la industria textil de Bangladés

Bangladés es el segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir, solo por detrás de China.

Su industria de la confección emplea a más de cuatro millones de personas y genera más del 80 % de los ingresos nacionales por exportaciones. Es, por tanto, una actividad decisiva para la economía del país.

Las fábricas bangladesíes producen ropa para grandes multinacionales que venden sus productos en Europa, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Entre las empresas que recurren a proveedores del país figuran Inditex, propietaria de Zara; H&M; Uniqlo; Gap y Primark, además de numerosas firmas internacionales.

El atractivo de Bangladés como centro de producción se explica por varios factores, entre ellos su amplia infraestructura manufacturera, la especialización de sus fábricas y unos costes laborales competitivos.

Precisamente este último aspecto se ha convertido en el centro del conflicto.

Los fabricantes consideran que una subida salarial demasiado pronunciada podría reducir su competitividad frente a países como Vietnam o India, especialmente en un contexto de mayores costes energéticos y presión sobre los márgenes empresariales.

Los sindicatos, por su parte, sostienen que una industria capaz de sostener buena parte de las exportaciones nacionales debe garantizar unas condiciones salariales que permitan cubrir las necesidades esenciales de sus empleados.

La discusión también alcanza a las marcas internacionales. Las organizaciones laborales reclaman que las grandes cadenas asuman su responsabilidad en los precios que pagan a los proveedores, para que las mejoras salariales no recaigan exclusivamente sobre los márgenes de las fábricas locales.

El 89 % de los trabajadores afirma que su salario no cubre sus necesidades

La precariedad salarial de la industria textil bangladesí no se limita a las reivindicaciones de las últimas huelgas.

Una investigación realizada por la organización Clean Clothes Campaign entre mayo y agosto de 2026, con la participación de 1.094 trabajadores de la confección, permite comprender mejor el problema.

El 89 % de los encuestados declaró que sus ingresos no eran suficientes para afrontar los gastos básicos de su familia.

El estudio también reflejó las dificultades económicas que experimentan numerosos empleados pese a disponer de un trabajo remunerado.

El 70 % reconoció haber recurrido a préstamos de familiares o amigos, mientras que el 25 % afirmó haber solicitado créditos para compensar la insuficiencia de sus ingresos. Otro 28 % señaló que necesitaba realizar horas extraordinarias adicionales.

La investigación identificó igualmente posibles incumplimientos laborales. Un 20 % de los participantes manifestó recibir una remuneración inferior al mínimo correspondiente a su categoría profesional, y un 17 % denunció horas extraordinarias obligatorias que no habían sido pagadas o registradas correctamente.

Hay otro dato especialmente revelador: el 76 % aseguró que no se sentía libre para hablar abiertamente con los inspectores o auditores que visitaban las fábricas.

Esta circunstancia plantea dudas sobre la eficacia de determinados mecanismos de supervisión de las condiciones laborales utilizados en las cadenas internacionales de suministro.

Los datos ayudan a explicar por qué la reivindicación salarial ha conseguido movilizar a miles de personas pese a las consecuencias económicas y personales que puede tener participar en una huelga.

El precedente de Rana Plaza y las condiciones laborales

La industria textil de Bangladés arrastra desde hace años importantes problemas relacionados con la seguridad, los salarios y los derechos laborales.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 24 de abril de 2013, cuando se derrumbó el complejo industrial Rana Plaza, situado en Savar, cerca de Daca.

La tragedia causó la muerte de 1.134 personas y puso al descubierto las deficiencias de seguridad existentes en numerosas instalaciones de la industria de la confección.

Desde entonces se han impulsado programas de inspección y mejoras estructurales en parte del sector, aunque las organizaciones de defensa de los trabajadores continúan denunciando problemas salariales, dificultades para ejercer derechos sindicales y otras vulneraciones laborales.

Las protestas de noviembre de 2026 demuestran que la cuestión económica sigue siendo una de las principales fuentes de tensión.

Una subida salarial pendiente de concretar en una industria millonaria

El compromiso alcanzado en Bangladés supone un avance para los trabajadores textiles después de varios días de huelgas, cierres de fábricas y enfrentamientos con las autoridades.

La nueva escala salarial tiene un calendario establecido y las negociaciones han entrado en una fase decisiva. Sin embargo, el aumento definitivo continúa sin aprobarse y los representantes empresariales todavía deben presentar su propuesta.

La distancia entre los 12.500 takas actuales y los 32.000 que solicitan los representantes laborales refleja la magnitud del desacuerdo.

Para millones de empleados, la discusión va mucho más allá de una mejora en la nómina. Se trata de poder pagar el alquiler, comprar alimentos, afrontar gastos sanitarios y mantener la escolarización de sus hijos.

El resultado de las negociaciones también tendrá consecuencias para una industria que abastece a algunas de las mayores empresas de moda del mundo.

Bangladés ha construido buena parte de su éxito exportador sobre la capacidad de producir prendas a precios competitivos. El desafío será demostrar que esa competitividad también puede sostenerse con salarios suficientes para vivir.