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Economía

Fedea alerta de que las pensiones no son financieramente sostenibles

Fedea alerta de que las pensiones mantienen un déficit contributivo del 3,8 % del PIB pese al empleo récord y la recuperación del Fondo de Reserva.

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Fedea cuestiona a Sánchez

Resumen

  • Fedea calcula un déficit contributivo de las pensiones del 3,8 % del PIB
  • La deuda de la Seguridad Social con el Estado ronda los 136.000 millones
  • El empleo récord no compensa el aumento del gasto ni el envejecimiento

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha cuestionado la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones español y ha puesto en entredicho uno de los principales argumentos económicos del Gobierno de Pedro Sánchez. Según un análisis publicado el 16 de noviembre de 2026, el déficit contributivo de las pensiones alcanzó el 3,8 % del PIB en 2025, mientras que el desequilibrio básico, antes de las transferencias del Estado, ascendió al 4,1 %. Unas cifras que contrastan con el récord de empleo y afiliación que exhibe el Ejecutivo.

El diagnóstico es contundente, aunque introduce una distinción importante: las pensiones pueden seguir pagándose, pero eso no significa que el sistema se financie de manera sostenible. Para mantener las prestaciones, la Seguridad Social necesita aportaciones crecientes del Estado, mientras su deuda acumulada ha alcanzado aproximadamente los 136.000 millones de euros en términos corrientes. El problema no es un impago inmediato, sino el coste de mantener el modelo durante las próximas décadas.

El informe, elaborado por el economista Santiago Calvo, investigador de la Universidad de las Hespérides, llega en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Sánchez ha defendido la fortaleza del sistema apoyándose en la reforma de 2023, el crecimiento del empleo, la recuperación de la denominada hucha de las pensiones y los pronunciamientos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Fedea reconoce que estos indicadores reflejan avances reales. Sin embargo, considera que no bastan para garantizar el equilibrio financiero. La diferencia entre los ingresos propios y las obligaciones del sistema continúa creciendo, y el envejecimiento de la población amenaza con ampliar todavía más esa brecha.

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El déficit de las pensiones alcanza el 4,1 % del PIB sin las transferencias del Estado

El principal dato del estudio aparece al examinar las cuentas de la Seguridad Social sin incorporar las aportaciones extraordinarias procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

Según los cálculos de Fedea, el saldo presupuestario no financiero de la Seguridad Social Ampliada, que incluye también el régimen de Clases Pasivas, registró en 2025 un déficit equivalente al 0,5 % del PIB. A primera vista, el desequilibrio parece relativamente reducido.

La situación cambia cuando se descuentan las transferencias estatales. Entonces, el déficit básico asciende al 4,1 % del PIB, equivalente a unos 59.400 millones de euros expresados a precios constantes de 2021.

El déficit específicamente contributivo, que compara los ingresos vinculados a las cotizaciones con los gastos correspondientes, se sitúa en el 3,8 % del PIB, aproximadamente 54.300 millones de euros, también a precios de 2021.

La distinción resulta fundamental. No significa que esas cantidades hayan quedado pendientes de pago, sino que el sistema necesita recursos ajenos a su financiación contributiva para atender todas sus obligaciones.

Las transferencias del Estado han pasado de representar el 0,5 % del PIB en 2005 al 3,6 % en 2025. Es una decisión presupuestaria que permite sostener las prestaciones, pero que no elimina su coste para el conjunto de las administraciones públicas.

Las cotizaciones crecen mucho menos que el gasto

El desequilibrio tampoco es consecuencia exclusiva de una mala evolución reciente del mercado laboral.

Entre 2007 y 2025, los ingresos por cotizaciones contributivas aumentaron un 29 % en términos reales. Durante ese mismo periodo, el gasto en pensiones contributivas creció un 82 %.

La distancia entre ambos porcentajes explica buena parte del problema estructural. España recauda más porque tiene más trabajadores y mejores bases de cotización, pero sus compromisos de gasto crecen todavía más deprisa.

Esta diferencia se mantiene incluso después de varios ejercicios de crecimiento económico y máximos históricos de ocupación. La financiación mediante impuestos y transferencias permite cubrirla, aunque deja menos margen presupuestario para otras políticas.

La hucha de las pensiones crece mientras la deuda alcanza los 136.000 millones

Otro de los argumentos utilizados por el Gobierno para defender la situación del sistema es la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

La conocida como hucha de las pensiones llegó a acumular 66.815 millones de euros en 2011. Después fue utilizada para afrontar el pago de prestaciones durante los años posteriores a la crisis financiera, hasta reducirse a poco más de 2.000 millones en 2019.

Desde 2023, el fondo vuelve a recibir aportaciones gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que pagan empresas y trabajadores. Su tipo comenzó en el 0,6 % y aumentará progresivamente hasta alcanzar el 1,2 % en 2029.

A 31 de marzo de 2026, el Fondo de Reserva acumulaba 15.267 millones de euros. El Ejecutivo prevé que termine el ejercicio cerca de los 20.000 millones.

El problema, según el análisis económico, aparece al observar simultáneamente la evolución de la deuda.

La Seguridad Social debía al Estado aproximadamente 136.000 millones de euros al finalizar 2025, expresados en euros corrientes. La cifra equivalía a unos 116.000 millones una vez ajustada a los precios de 2021.

Fedea sostiene que el aumento del Fondo de Reserva no puede interpretarse aisladamente como una mejora de solvencia cuando el sistema continúa recurriendo a préstamos para financiar sus obligaciones.

De hecho, sus cálculos sitúan los activos netos de la Seguridad Social Ampliada —el valor del fondo descontando la deuda considerada en el estudio— en aproximadamente 103.800 millones de euros negativos en 2025, expresados a precios constantes.

Existe un matiz contable importante: la deuda con el Estado constituye una obligación de la Seguridad Social frente a otra parte del sector público, por lo que no debe confundirse directamente con nueva deuda pública consolidada por esa misma cantidad.

La advertencia de Fedea se refiere al desequilibrio entre los recursos disponibles, las obligaciones reconocidas y la financiación necesaria para mantener las prestaciones.

El récord de empleo no consigue cerrar el agujero de las pensiones

España ha experimentado una mejora considerable de su mercado laboral durante los últimos años.

El número de ocupados pasó de 19,24 millones en el primer trimestre de 2021 a 22,78 millones en el segundo trimestre de 2026, según los datos recogidos en el informe.

Sin embargo, el déficit contributivo no ha desaparecido. Al contrario, aumentó desde los 47.700 millones de euros de 2021 hasta los 54.300 millones de 2025, en cifras ajustadas a precios constantes.

Durante ese periodo, el crecimiento del gasto contributivo superó en unos 6.500 millones de euros al incremento de los ingresos correspondientes.

El estudio también revisa una cifra que el Gobierno utiliza habitualmente para defender la fortaleza del modelo: la existencia de 2,51 cotizantes por pensionista.

Fedea señala que esa relación depende de qué colectivos se incluyan en el cálculo. Tomando las 22,44 millones de afiliaciones medias de septiembre de 2026 y los 9,54 millones de pensionistas registrados, obtiene una proporción de 2,35 afiliaciones por pensionista.

Si la comparación se realiza con el número de pensiones contributivas, en lugar de contar a sus beneficiarios, la relación baja hasta 2,13.

El estudio indica que la cifra gubernamental se aproxima al incorporar determinadas cotizaciones de personas desempleadas financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

No se trata de que una operación matemática invalide por sí sola la otra. Lo relevante es explicar qué se está contando y evitar que un indicador favorable oculte los desequilibrios del conjunto del sistema.

El envejecimiento elevará el gasto en pensiones hasta 2050

El desafío más importante todavía está por llegar.

España afronta la jubilación progresiva de las generaciones del baby boom, nacidas durante el periodo de elevada natalidad de las décadas de 1950, 1960 y parte de los años setenta.

Este cambio aumentará el número de perceptores de pensiones mientras reduce, proporcionalmente, la población en edad de trabajar.

En 1975 había aproximadamente 5,95 personas de entre 16 y 64 años por cada mayor de 64. Actualmente, esa relación ronda las 3,15 personas.

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que podría disminuir hasta 1,93 en 2050, una caída cercana al 39 % respecto a la situación actual.

Las consecuencias presupuestarias son considerables.

La AIReF estima que el gasto público bruto en pensiones pasará de representar alrededor del 13 % del PIB en 2025 al 16,4 % en 2050.

España, además, parte de un nivel de gasto relativamente elevado respecto a otros países europeos. En 2024 destinaba a pensiones el 13,2 % del PIB, frente al 12,6 % de media de la Unión Europea, pese a registrar una proporción de población mayor de 64 años relativamente inferior.

El envejecimiento no convierte automáticamente al sistema en inviable. La evolución futura dependerá también del empleo, los salarios, la productividad, la inmigración y las reformas que se aprueben.

Pero obliga a afrontar una realidad: habrá que financiar más años de jubilación y un número creciente de prestaciones. Y hacerlo sin comprometer el resto de las cuentas públicas.

La AIReF avala la regla de gasto, pero no garantiza la sostenibilidad

Uno de los puntos más delicados del debate es la interpretación de los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

El Gobierno ha destacado que la AIReF confirmó en 2025 y 2026 el cumplimiento del mecanismo de control introducido mediante la reforma de las pensiones de 2023.

Es cierto. Según el estudio publicado por el organismo en mayo de 2026, el gasto medio en pensiones, una vez descontado el impacto estimado de las nuevas medidas de ingresos, se sitúa en el 13 % del PIB entre 2022 y 2050, por debajo del umbral normativo del 13,3 %.

Sin embargo, cumplir esa regla no equivale a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La propia AIReF advirtió de que el mecanismo presenta problemas de diseño y no refleja adecuadamente la evolución conjunta de ingresos, gastos y deuda.

Sus proyecciones contemplan que, en un escenario sin nuevos cambios de políticas y sin la actuación correctora de las reglas fiscales, la deuda pública podría alcanzar el 123 % del PIB en 2050.

Esa previsión no constituye un destino inevitable, pero sí muestra la presión que ejercerán las pensiones y otros gastos asociados al envejecimiento de la población sobre las cuentas del Estado.

Fedea también llama la atención sobre otra diferencia: el gasto en pensiones podría crecer alrededor de un 4 % anual entre 2025 y 2031, mientras el Plan Fiscal y Estructural comprometido con Bruselas establece una referencia de crecimiento del 3 % para el conjunto del gasto primario neto.

Si una de las principales partidas presupuestarias crece más deprisa que el límite agregado, el Gobierno deberá compensarlo con menores incrementos en otras áreas, nuevos ingresos o los ajustes necesarios para cumplir sus compromisos fiscales.

La sostenibilidad de las pensiones exigirá decisiones más allá de las elecciones

El estudio no plantea que las pensiones públicas estén a punto de desaparecer ni que los actuales jubilados vayan a quedarse sin cobrar.

Su advertencia tiene un alcance distinto: mantener las prestaciones exige una financiación creciente, y esa necesidad puede reducir los recursos disponibles para sanidad, educación, vivienda, infraestructuras y otras prioridades públicas.

Para afrontar el problema, Santiago Calvo recoge varias propuestas de reforma estructural.

Una consiste en avanzar hacia un modelo de cuentas nocionales, en el que las prestaciones se vinculen de forma más explícita a las cotizaciones realizadas durante la vida laboral y se incorporen mecanismos de ajuste frente a los cambios económicos y demográficos.

También plantea desarrollar sistemas colectivos de ahorro complementario, con inscripción automática, que permitan diversificar las fuentes de ingresos durante la jubilación.

Otra propuesta es mejorar la información que reciben los trabajadores sobre su pensión futura estimada, las obligaciones acumuladas y la verdadera situación financiera del sistema.

Estas medidas, que requerirían un debate sobre sus efectos distributivos y su aplicación, no implican necesariamente sustituir las pensiones públicas por un sistema privado.

La discusión de fondo afecta al reparto del esfuerzo económico entre generaciones. Los actuales trabajadores financian las prestaciones de quienes están jubilados, pero también esperan recibir una pensión cuando llegue su turno.

El informe de Fedea introduce así una advertencia incómoda en la campaña electoral: más empleo, más recaudación y una hucha creciente no bastan por sí solos para demostrar que las cuentas cuadran.

La protección de las pensiones cuenta con un amplio respaldo social y político. Lo que permanece abierto es cómo financiarla cuando las obligaciones crecen más deprisa que los recursos contributivos.

Ese es el verdadero desafío del sistema español. No tanto asegurar el próximo pago mensual, que sigue respaldado por el Estado, como garantizar que las próximas generaciones puedan disfrutar de una protección comparable sin tener que asumir desequilibrios fiscales cada vez mayores.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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