Pensiones: la sostenibilidad del sistema irrumpe en la campaña del 29N

Las pensiones españolas no están al borde del impago ni existe un agujero que amenace con dejar de abonar las nóminas de los jubilados. Pero tampoco hay motivos para fingir que la discusión está resuelta. España afronta una combinación bastante conocida: más pensionistas, prestaciones medias más altas y una población que envejece, una mezcla que elevará la presión sobre las cuentas públicas durante las próximas décadas.

El problema es que esa conversación llega en plena carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre. Hablar de recortar, reformar o siquiera revisar las pensiones ante más de 9,5 millones de pensionistas tiene aproximadamente el atractivo electoral de anunciar una subida de impuestos durante un mitin. Los grandes partidos se apresuran por eso a garantizar las prestaciones mientras dejan en segundo plano la cuestión más áspera: cómo pagarlas cuando llegue el grueso de las jubilaciones del baby boom.

En septiembre, la Seguridad Social abonó alrededor de 10,55 millones de pensiones a más de 9,5 millones de personas. La nómina mensual rondó los 14.500 millones de euros, mientras la pensión media del sistema se situó cerca de los 1.375 euros y la de jubilación superó los 1.570. El desembolso anual en pensiones contributivas se mueve alrededor de los 200.000 millones de euros, una dimensión suficiente para que cualquier pequeña variación acabe traduciéndose en miles de millones.

El sistema no está quebrado, pero su factura crece

La discusión suele atascarse entre dos frases tan cómodas como incompletas: que las pensiones están garantizadas o que el sistema es insostenible. La realidad vive en una zona bastante menos televisiva. España mantiene un sistema público de reparto: las cotizaciones de los trabajadores actuales financian fundamentalmente las prestaciones de quienes ya están jubilados.

No existe una enorme cuenta individual esperando a cada trabajador cuando cumple la edad de retiro. Cuando las cotizaciones no cubren todos los compromisos aparecen las transferencias del Estado y otros recursos públicos. Eso permite garantizar los pagos, aunque también desplaza una parte del esfuerzo hacia el conjunto de los presupuestos.

Por eso la sostenibilidad de las pensiones no puede medirse mirando únicamente la caja de la Seguridad Social. Pesan el empleo, los salarios, la productividad, la inmigración, los impuestos y la deuda pública. La pensión es una pieza gigantesca dentro de un puzle fiscal todavía mayor.

La AIReF ha dejado clara esa diferencia. La regla específica de gasto en pensiones puede cumplirse formalmente y, al mismo tiempo, persistir problemas de sostenibilidad en el conjunto de las administraciones. Dicho de otro modo: superar el examen técnico del sistema no significa que desaparezca la presión sobre unas cuentas públicas muy condicionadas por el envejecimiento.

La reforma cambió cómo se pagan y actualizan las pensiones

La reforma iniciada en 2021 recuperó una cuestión políticamente decisiva: la actualización de las pensiones conforme a la inflación. El mecanismo pretende preservar el poder adquisitivo de los jubilados vinculando la revalorización a la evolución del IPC.

En 2026, las pensiones contributivas aumentaron un 2,7 %. Para millones de hogares supone protección frente al encarecimiento de la vida, pero también tiene una consecuencia presupuestaria elemental: cuando suben los precios, aumenta de manera estructural una de las partidas de gasto más grandes del Estado.

La discusión no está, por tanto, en si proteger el poder adquisitivo resulta socialmente razonable. El verdadero nudo aparece al decidir cómo financiar una factura que crece mientras aumenta el número de beneficiarios. Y ahí las soluciones fáciles empiezan a evaporarse.

Más ingresos para afrontar la jubilación del baby boom

La reforma no se limitó al IPC. También reforzó los ingresos mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido como MEI, una cotización adicional destinada a engordar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ante el incremento del gasto previsto durante las próximas décadas.

La denominada hucha de las pensiones vuelve así a ganar recursos mientras aumentan también los ingresos por cotizaciones sociales. La lógica es sencilla: aprovechar los años de fuerte empleo para acumular margen antes de que la llegada masiva del baby boom a la jubilación lleve el gasto hacia su zona de máxima tensión.

También se está intentando retrasar la salida efectiva del mercado laboral. Las penalizaciones sobre determinadas jubilaciones anticipadas conviven con incentivos para prolongar la carrera profesional mediante fórmulas como la jubilación demorada, activa o parcial.

El movimiento ya aparece en las estadísticas. La edad media de acceso a la jubilación se ha acercado a los 65,4 años, claramente por encima de los niveles anteriores a la reforma. Trabajar algunos meses o años más significa seguir cotizando y retrasar el momento en que comienza a cobrarse íntegramente la prestación.

Desde 2027 llegará otro escalón conocido desde hace años: la edad ordinaria será de 67 años para quienes no alcancen 38 años y seis meses cotizados. Quienes sí completen ese periodo podrán continuar jubilándose a los 65.

El empleo da oxígeno a la Seguridad Social

La fotografía de 2026 tiene una ventaja que no debería minimizarse: España cuenta con más trabajadores y más cotizantes. El mercado laboral se mantiene en niveles históricamente altos y esa masa de afiliados sostiene buena parte del incremento de los ingresos de la Seguridad Social.

La relación se ha situado alrededor de 2,51 cotizantes por pensionista, un nivel semejante al registrado en 2011. Es un colchón importante. Cuantas más personas trabajan y cotizan, mayor capacidad tiene el sistema para financiar las prestaciones sin aumentar en la misma proporción las transferencias procedentes de otros impuestos.

Aquí aparece uno de los factores menos disimulables del equilibrio futuro: la inmigración. El aumento del empleo extranjero ha ampliado la base de trabajadores que aportan al sistema, un fenómeno reforzado durante 2026 por la regularización extraordinaria.

En una economía envejecida, la inmigración ha dejado de ser solamente una discusión fronteriza, cultural o laboral. También es una variable decisiva para las pensiones. Una población activa más numerosa contiene, al menos durante una etapa, el deterioro de la relación entre trabajadores y jubilados.

Eso no convierte la llegada de trabajadores extranjeros en una solución automática. Quienes cotizan también generan derechos que ejercerán cuando se jubilen. Su aportación resulta especialmente valiosa cuando son jóvenes, tienen empleo estable, cobran mejores salarios y permanecen durante años en el mercado laboral. Todo conduce de nuevo al mismo punto: empleo y productividad.

El baby boom es la gran prueba que llegará hasta 2050

La tensión más seria no está en la nómina del próximo enero, sino en las próximas dos décadas. Las generaciones numerosas nacidas durante el baby boom español están entrando progresivamente en la jubilación y continuarán haciéndolo durante años.

El fenómeno avanza despacio, como una marea que sube unos centímetros cada temporada hasta transformar la playa. Crecerá el número de perceptores mientras se reduce proporcionalmente el peso de la población situada en las edades centrales de trabajar. Ahí aparece el verdadero reto demográfico.

Las últimas reformas elevan los ingresos del sistema, pero también aumentan el gasto previsto en pensiones. Parte del incremento procede de la mejora de las prestaciones medias y otra parte, sencillamente, del mayor número de jubilados. El punto de máxima presión se espera alrededor de 2050, cuando el envejecimiento del baby boom alcance uno de sus momentos más exigentes.

Las estimaciones no son idénticas. El Gobierno defiende que el incremento puede gestionarse mediante más cotizaciones, empleo, mecanismos de ajuste y recursos del Estado. Otros análisis consideran que el aumento del gasto sobre el PIB será sensiblemente mayor y reclaman medidas adicionales para contenerlo.

Fedea, entre las voces más críticas, ha planteado cambios en el cálculo de las pensiones iniciales y en su forma de revalorización. También contempla que puedan ser necesarias aportaciones adicionales desde los Presupuestos del Estado. Su escenario dibuja un incremento del gasto bastante más intenso que el manejado por el Gobierno.

La AIReF introduce otro matiz incómodo: las pensiones pueden ser pagables siempre que sea sostenible el conjunto de las administraciones públicas. No dependen exclusivamente de las cotizaciones sociales, porque el Estado actúa como garante último. Pero esa garantía no fabrica dinero; redistribuye los recursos disponibles.

Sanidad, educación, dependencia, defensa, vivienda, infraestructuras y pensiones terminan compartiendo la misma capacidad fiscal. Una transferencia mayor hacia la Seguridad Social deberá financiarse con más ingresos, menos gasto en otra partida o más deuda. Por eso garantizar una pensión no significa que financiarla sea gratuito.

El 29N convierte las pensiones en terreno electoral

Las declaraciones de dirigentes del PP alertando de que el sistema podía llegar a “petar” abrieron una grieta que Alberto Núñez Feijóo se apresuró a cerrar. El líder popular ha asegurado que mantendrá la revalorización de las pensiones con el IPC y ha presentado esa garantía como una línea innegociable.

El Gobierno ha respondido rechazando los mensajes alarmistas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene que el sistema está garantizado y recuerda que los mecanismos de control previstos en la reforma han superado las primeras evaluaciones.

El PSOE ha convertido la protección de las pensiones en uno de los argumentos de la campaña del 29N. Pedro Sánchez ha situado su revalorización entre sus compromisos políticos mientras el choque con el PP vuelve a colocar a los jubilados en el centro de una batalla electoral que ningún partido quiere perder.

La paradoja salta a la vista. Prácticamente nadie discute públicamente que los pensionistas deban conservar su poder adquisitivo, pero la factura crece y la demografía no negocia programas electorales. El debate comienza precisamente donde acaba el eslogan.

El verdadero examen llegará después de las urnas

El asunto de fondo no consiste en decidir si el próximo mes habrá dinero para abonar las pensiones. Lo habrá. Tampoco tiene sentido presentar a millones de jubilados como responsables de un desequilibrio construido durante décadas bajo las reglas fijadas por el propio Estado. La cuestión es cómo mantener prestaciones suficientes y unas finanzas públicas sostenibles cuando aumente todavía más el número de pensionistas.

España llega a esa prueba con más empleo, una base amplia de cotizantes, nuevas cotizaciones y mecanismos de financiación que hace unos años no existían. Llega también con una deuda pública elevada, una población envejecida y una nómina de pensiones que continuará creciendo.

La respuesta probablemente no saldrá de una única reforma espectacular, sino de varias piezas que deberán funcionar a la vez: mejores salarios, más productividad, empleo estable, inmigración integrada en el mercado laboral, carreras profesionales más largas y unas cuentas públicas capaces de soportar las transferencias necesarias. Ni apocalipsis ni barra libre.

Entre ambos extremos queda la conversación que una campaña electoral preferiría dejar para después del 29N. Las pensiones están garantizadas, sí, pero su sostenibilidad futura dependerá de quién trabaje, cuánto produzca España y cómo decida repartir una factura pública que será bastante mayor cuando el baby boom termine de jubilarse.