Cuerpo admite más reformas de pensiones por el gasto del ‘baby boom’

Carlos Cuerpo ha reconocido que el sistema público de pensiones necesitará nuevas reformas para absorber el aumento del gasto provocado por la jubilación de la generación del ‘baby boom’. El vicepresidente primero y ministro de Economía sostiene, al mismo tiempo, que ese incremento de la factura no significa que las pensiones españolas sean insostenibles y rechaza los mensajes que presentan el sistema al borde del colapso.

La distinción es importante. Cuerpo no ha anunciado un recorte de las pensiones, tampoco una modificación inmediata de la edad legal de jubilación ni un cambio en la revalorización anual con el IPC. Lo que admite es algo menos espectacular, pero bastante más trascendente a largo plazo: España tendrá que seguir ajustando ingresos, gasto y condiciones de jubilación a medida que avance la gran oleada de retiros de las próximas décadas. El propio sistema prevé revisiones periódicas para comprobar si hacen falta medidas adicionales.

Cuerpo reconoce que habrá que seguir reformando las pensiones

“Tenemos que poner en marcha las reformas necesarias para que se pueda absorber y que el sistema siga siendo sostenible”, señaló Cuerpo al abordar el impacto de la jubilación de las generaciones más numerosas. Su argumento es que las reformas aprobadas en 2021 y 2023 ya introdujeron mecanismos para afrontar el problema, pero no convierten el sistema en una pieza intocable durante los próximos treinta años.

El ministro intenta separar así dos debates que en campaña electoral suelen terminar mezclados con notable facilidad. Uno es indiscutible: el gasto en pensiones crecerá. Otro muy distinto es concluir que el sistema vaya necesariamente a quebrar. Las pensiones rara vez caben bien en un eslogan; la demografía, todavía menos.

Cuerpo defiende que el modelo cuenta con herramientas para evaluar periódicamente su situación y corregir desequilibrios. Según explicó, cada tres años debe revisarse la evolución del sistema para decidir si son necesarias nuevas actuaciones. Por el momento, insiste, no existe una exigencia inmediata de adoptar medidas adicionales derivada de ese mecanismo.

El ‘baby boom’ llevará el gasto a su momento más delicado

El problema de fondo tiene calendario. España está entrando en la jubilación de las generaciones nacidas durante las décadas de mayor natalidad y, durante los próximos años, llegarán al retiro cohortes mucho más numerosas que las que abandonan actualmente el sistema. A eso se suma una esperanza de vida elevada y unas nuevas pensiones que, por regla general, entran con cuantías superiores a las que desaparecen.

La AIReF proyecta casi seis millones de pensiones adicionales hasta 2050 y calcula que el gasto bruto en esta partida pasará desde alrededor del 13% del PIB hasta superar el 16% a mediados de siglo. Es el corazón del asunto: no se trata simplemente de que haya más jubilados, sino de que durante años convivirán más perceptores, prestaciones medias mayores y periodos de cobro más largos.

La presión ya se ve en las cuentas presentes, aunque el gran salto demográfico todavía esté por delante. En septiembre de 2026, la Seguridad Social abonó 10,55 millones de pensiones contributivas a más de 9,5 millones de pensionistas, con una nómina mensual de 14.498,2 millones de euros. La pensión media del sistema alcanzó los 1.374,6 euros y la de jubilación, 1.576,1 euros mensuales.

No son cifras pequeñas. Tampoco demuestran por sí solas una quiebra futura: un país más rico puede asumir en términos absolutos una factura mayor. La cuestión relevante es cuánto representa esa factura respecto al tamaño de la economía y qué recursos públicos hay que destinar a pagarla frente a sanidad, educación, dependencia, defensa, vivienda o reducción de deuda.

Las reformas que ya están pagando trabajadores y empresas

Buena parte de la reforma reciente ha optado por reforzar los ingresos en lugar de reducir las prestaciones. Ahí aparece el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el MEI, una cotización específica destinada a reforzar la financiación del sistema ante la llegada del ‘baby boom’ a la jubilación.

En 2026 el MEI supone 0,90 puntos porcentuales sobre la base de cotización. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, 0,75 puntos corresponden a la empresa y 0,15 al empleado. La legislación prevé que esa cotización siga aumentando gradualmente hasta alcanzar el 1,2% en 2029 y mantenerse posteriormente en ese nivel durante años. A ello se suma la cotización adicional de solidaridad sobre la parte de los salarios más elevados que supera la base máxima.

Al mismo tiempo, las reformas han intentado retrasar la edad efectiva de salida del mercado laboral mediante incentivos para continuar trabajando y penalizaciones más ajustadas para determinadas jubilaciones anticipadas. El movimiento empieza a notarse: la edad media de acceso a la jubilación se situó en 65,4 años en 2026, frente a 64,4 años en 2019, mientras las jubilaciones demoradas ganan peso entre las nuevas altas.

Más ingresos, eso sí, no hacen desaparecer la factura. Aumentar las cotizaciones permite financiar una parte mayor del gasto dentro del propio sistema, pero económicamente sigue existiendo un coste. Una cotización pagada por la empresa forma parte del coste laboral; una pagada por el trabajador reduce su salario neto respecto a un escenario sin esa carga.

También intervienen las transferencias del Estado a la Seguridad Social y, en última instancia, el déficit público. Cuerpo reconoció esas tres vías de financiación: cotizaciones sociales, aportaciones procedentes del Estado y endeudamiento cuando los ingresos no cubren el conjunto del gasto. Es decir, cambiar de bolsillo contable no hace desaparecer el dinero necesario para pagar las pensiones.

La AIReF enfría tanto el catastrofismo como la complacencia

La fotografía más incómoda —y probablemente más útil— la ofrece la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Su evaluación de 2026 concluye que la regla de gasto de las pensiones se cumple formalmente: el gasto neto medio previsto entre 2022 y 2050 queda en el 13% del PIB, por debajo del umbral legal del 13,3%.

Pero la misma AIReF advierte de algo que evita convertir ese aprobado en una fiesta: cumplir la regla no garantiza por sí mismo la sostenibilidad de las finanzas públicas. En su escenario a políticas constantes, la institución proyecta que la deuda podría alcanzar el 123% del PIB en 2050. Dicho de otra manera, el examen técnico que activa automáticamente nuevas medidas se supera; el desafío fiscal de largo plazo, no necesariamente.

Esa aparente contradicción explica buena parte de la discusión. El Gobierno puede afirmar, correctamente, que el mecanismo pactado no exige por ahora otra batería automática de ajustes. Y la AIReF puede advertir, también correctamente, que el envejecimiento seguirá presionando las cuentas públicas. Las dos afirmaciones pueden coexistir. La economía tiene estas pequeñas descortesías con los argumentarios políticos.

La institución fiscal calcula que el gasto en pensiones crecerá con fuerza hasta mediados de siglo, impulsado por la demografía, la revalorización de las prestaciones y el llamado efecto sustitución: salen del sistema pensiones antiguas generalmente más bajas y entran nuevas jubilaciones de mayor cuantía. Después del máximo asociado al ‘baby boom’, esa presión demográfica debería comenzar a moderarse.

Lo que Cuerpo no ha anunciado

Las palabras del ministro no equivalen a una reforma concreta. No hay una nueva edad de jubilación anunciada, ni una rebaja de las prestaciones, ni una desvinculación del IPC, ni tampoco un paquete adicional de cotizaciones presentado como consecuencia de estas declaraciones.

De hecho, Cuerpo ha reiterado que la actualización de las pensiones con la inflación está recogida en la ley y ha asegurado que no se tocará. El Gobierno pretende aplicar también la revalorización correspondiente a 2027, aunque tras las elecciones generales del 29 de noviembre el Ejecutivo esté en funciones.

Lo relevante de sus palabras está en otro sitio: el vicepresidente asume públicamente que las reformas de 2021 y 2023 no cierran para siempre el debate. El diseño actual contempla precisamente revisiones sucesivas porque proyectar población, empleo, salarios, productividad, inmigración o esperanza de vida hasta 2050 tiene algo de mirar por un telescopio con niebla: se ve la dirección, no cada piedra del camino.

Las pensiones regresan al centro de la campaña electoral

La intervención de Cuerpo llega en plena batalla política después de que la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, afirmara que el sistema, tal como está diseñado, “no funciona” y “va a petar”. Alberto Núñez Feijóo trató después de cerrar la polémica asegurando que las pensiones son “innegociables” y comprometiéndose a mantener su actualización con el IPC.

El Gobierno ha aprovechado esas declaraciones para acusar a PP y Vox de generar alarma entre los pensionistas. Cuerpo, sin embargo, introduce con su reconocimiento una dosis de realidad menos cómoda para cualquier bando: defender la continuidad del sistema público no significa sostener que pueda permanecer inmutable.

Ahí está el terreno serio del debate. Una reforma puede buscar más ingresos mediante cotizaciones o impuestos, incentivar que la gente permanezca más tiempo trabajando, modificar determinados parámetros de cálculo o combinar varias de esas vías. Cada decisión reparte costes diferentes entre trabajadores, empresas, pensionistas y contribuyentes. Presentarlo simplemente como “salvar” o “recortar” las pensiones sirve para una pancarta. Para las cuentas públicas, bastante menos.

El gasto crecerá y la verdadera discusión será cómo pagarlo

España no está ante un anuncio de recortes inmediatos, pero tampoco ante un sistema que pueda funcionar durante las próximas décadas en piloto automático. Carlos Cuerpo ha reconocido que será necesario seguir haciendo reformas para absorber el aumento del gasto asociado al ‘baby boom’, aunque defiende que las medidas actuales permiten afrontar el proceso sin declarar insostenibles las pensiones.

La generación más numerosa del país está llegando a la jubilación, la nómina mensual ya ronda los 14.500 millones de euros y las proyecciones apuntan a que el peso de las pensiones sobre la economía continuará aumentando hasta alrededor de 2050. Frente a eso caben muchas políticas, pero no demasiados trucos contables.

La cuestión que irá ganando espacio durante los próximos años no será tanto si habrá cambios —el propio mecanismo de revisión prácticamente garantiza que el sistema seguirá examinándose— como quién asumirá el esfuerzo adicional y de qué forma. Más cotizaciones, más impuestos, más empleo, jubilaciones más tardías, mayor productividad o una combinación de todo ello. El ‘baby boom’ lleva décadas figurando en las estadísticas. Empieza la parte en la que también aparece, con números bastante más grandes, en la factura.