Cuerpo aplaza a diciembre la subida de las pensiones tras el 29-N

El Gobierno dejará para después de las elecciones generales del 29 de noviembre la aprobación de la subida de las pensiones de 2027. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sitúa la decisión en diciembre, cuando el Ejecutivo estará previsiblemente en funciones, porque el dato necesario para cerrar la revalorización llegará prácticamente pegado a las urnas.

El aplazamiento no significa que las pensiones vayan a quedar congeladas ni que los pensionistas pierdan la subida de enero. La actualización seguirá vinculada al IPC, como establece la legislación vigente, y el Ejecutivo sostiene que puede aprobarla antes de que termine el año para que tenga efectos desde el comienzo de 2027. Lo que cambia es el calendario político y administrativo. Y, a las puertas de unas elecciones generales, no es precisamente un detalle pequeño.

El IPC de noviembre obliga a dejar la subida para diciembre

El calendario explica buena parte de la decisión. El dato adelantado del IPC de noviembre está previsto para el 27 de noviembre, apenas dos días antes de las elecciones generales. Esa referencia permite completar prácticamente el periodo utilizado para calcular la actualización anual, pero deja un margen mínimo para preparar y aprobar el correspondiente real decreto-ley antes de que los ciudadanos acudan a votar.

La fórmula no depende únicamente de la inflación de un mes concreto. Las pensiones contributivas se actualizan tomando como referencia el promedio de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre. Es decir, no basta con mirar cuánto han subido los precios en noviembre y trasladar esa cifra automáticamente a las nóminas.

Cuerpo ha situado la aprobación de la revalorización en diciembre. Pedro Sánchez también ha reiterado que el Ejecutivo pretende completar la actualización antes de terminar 2026. El porcentaje definitivo, eso sí, todavía no puede darse por cerrado: quedan datos de inflación por incorporar y cualquier número que circule antes de completar el cálculo será una estimación.

Qué cambia realmente para los pensionistas

Para quien cobra una pensión, el elemento importante es bastante más sencillo que el calendario institucional. La revalorización está prevista para tener efectos desde el 1 de enero de 2027, de modo que retrasar el decreto hasta diciembre no implica, por sí solo, retrasar el incremento de la prestación mensual.

Tampoco significa que el resultado electoral determine automáticamente cuánto subirá la pensión. La fórmula actualmente vigente vincula las prestaciones contributivas a la evolución de los precios. Para modificar ese mecanismo sería necesario un cambio legislativo; unas elecciones, por sí mismas, no borran la norma de un plumazo.

Eso no impide que el futuro de las pensiones haya entrado de lleno en campaña. Una cosa es la actualización de 2027 conforme a la legislación vigente y otra, bastante más grande, el debate sobre cómo sostener el sistema durante las próximas décadas ante el envejecimiento demográfico, la jubilación del baby boom y una factura que crece año tras año.

La subida podría aprobarla un Gobierno en funciones

Tras las elecciones del 29-N, el Gobierno cesará formalmente y permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del siguiente Ejecutivo. Su capacidad de actuación queda limitada durante ese periodo, aunque no desaparece por completo.

La normativa permite adoptar determinadas medidas cuando exista una situación de urgencia o interés general. Cuerpo considera que garantizar a millones de pensionistas la revalorización que debe aplicarse en enero puede encajar en ese supuesto, aunque la cobertura jurídica concreta deberá sostenerse cuando llegue el momento de aprobar el decreto.

La vía prevista pasa por un real decreto-ley. Con las Cortes disueltas después de las elecciones y hasta la constitución de las nuevas cámaras, la Diputación Permanente del Congreso puede asumir las funciones parlamentarias necesarias para tramitar este tipo de decisiones.

El escenario tiene algo de excepcional: elecciones celebradas, un nuevo Congreso todavía por constituirse plenamente y un Ejecutivo saliente adoptando una medida que afecta directamente a millones de hogares. La maquinaria constitucional tiene precisamente engranajes para estos periodos de transición, aunque rara vez resultan tan visibles como cuando la decisión toca la nómina mensual.

La subida está ligada al IPC y no al resultado del 29-N

La reforma aprobada en 2021 recuperó la vinculación de las pensiones contributivas con la inflación para tratar de preservar su poder adquisitivo. Esa es la fórmula que continúa vigente y la que Economía asegura que aplicará en la revalorización de 2027.

En 2026 las pensiones contributivas se incrementaron con carácter general un 2,7%, porcentaje obtenido a partir del promedio legal del IPC. Para 2027 habrá que repetir el cálculo con los datos correspondientes al nuevo periodo. De ahí que todavía sea demasiado pronto para afirmar con rigor cuánto aumentará exactamente cada pensión.

Puede hacerse una aproximación a medida que avanza el año, claro, pero la cifra definitiva necesita el dato que complete el cálculo. Conviene tenerlo presente ante los porcentajes redondos que suelen empezar a circular semanas antes: una previsión de inflación no es todavía la revalorización oficial.

Más de 9,5 millones de personas pendientes del cálculo

El alcance económico de la decisión es enorme. La Seguridad Social abonó en septiembre más de 10,54 millones de pensiones a más de 9,5 millones de personas, con una nómina mensual de unos 14.498 millones de euros. La pensión media del sistema se situó en 1.374,6 euros al mes.

Son cifras que ayudan a entender por qué unas pocas décimas de diferencia en la revalorización se convierten en mucho dinero cuando se proyectan sobre todo el sistema y durante doce meses. En las cuentas públicas hablamos de centenares de millones; en una casa, en cambio, la traducción es menos abstracta: supermercado, electricidad, alquiler, comunidad o farmacia.

El mecanismo busca precisamente que el avance de los precios no vaya erosionando año tras año la capacidad de compra de los pensionistas. No convierte todas las pensiones en iguales ni elimina las diferencias entre prestaciones, pero establece una referencia común para la revalorización anual.

Las pensiones se cuelan de lleno en la campaña electoral

El aplazamiento hasta diciembre no saca las pensiones de la campaña. Más bien ocurre lo contrario. El sistema público se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla entre PSOE, PP y Vox en la recta hacia las elecciones del 29-N.

El Gobierno defiende la sostenibilidad del modelo y el mantenimiento de la actualización conforme al IPC. En el PP se ha abierto el debate sobre la viabilidad futura del sistema después de las declaraciones de Ester Muñoz sobre su posible colapso, aunque Alberto Núñez Feijóo ha defendido el mantenimiento de la revalorización con la inflación. Vox, por su parte, ha planteado reformas de mayor profundidad y un sistema con elementos de capitalización.

La discusión tiene una dimensión electoral evidente. Los jubilados forman uno de los grupos con mayor participación en las urnas y cualquier modificación de las pensiones afecta de manera directa a millones de familias. No es una batalla sobre una casilla remota del presupuesto: hablamos de la principal fuente de ingresos de muchos hogares.

Economía intenta separar ambas cuestiones. Los partidos pueden discutir durante la campaña qué modelo quieren para los próximos años, pero la subida de enero, según la posición expresada por Cuerpo, debe calcularse aplicando la legislación que esté en vigor. Después llegará la política. Antes, la fórmula del IPC.

El salario mínimo llevará un calendario diferente

El calendario previsto no será idéntico para el salario mínimo interprofesional. Cuerpo considera posible que la nueva subida del SMI pueda aprobarse antes de las elecciones, una vez concluya el trabajo de la comisión de expertos que asesora al Gobierno sobre su cuantía.

La diferencia tiene también una explicación normativa. El salario mínimo puede actualizarse mediante real decreto, mientras que la revalorización de las pensiones requiere en estas circunstancias una tramitación distinta. Los sindicatos han defendido para 2027 un aumento del 7% del SMI, aunque esa propuesta no equivale a la cifra que finalmente pueda aprobar el Ejecutivo.

El resultado es un calendario poco habitual: una de las grandes decisiones sobre las rentas de millones de trabajadores podría quedar resuelta antes del 29-N, mientras la actualización que afecta a los pensionistas se desplazaría a diciembre. Mismo otoño, dos instrumentos jurídicos y dos tiempos políticos diferentes.

Diciembre decidirá cuánto suben finalmente las pensiones

La decisión de Cuerpo mueve la fecha del decreto, pero no cambia por sí misma el mecanismo previsto para actualizar las prestaciones. La referencia seguirá siendo la inflación media establecida por ley y el incremento deberá aplicarse desde el inicio de 2027 si el proceso culmina como plantea el Gobierno.

Hasta conocer el dato correspondiente de noviembre no habrá un porcentaje definitivo. Después llegará el decreto, previsiblemente con un Ejecutivo en funciones y España atravesando el tránsito hacia una nueva legislatura. Una fotografía institucional poco frecuente para una decisión tremendamente cotidiana.

Para los pensionistas, al final, todo ese recorrido parlamentario termina reducido a una cifra en la cuenta bancaria: cuánto aumentará la paga de enero. La respuesta definitiva llegará en diciembre, después de las urnas.