Ceuta: Tardón cita a tres consejeros y busca al confidente «Ahmed»

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como testigos a tres consejeros del Gobierno de Ceuta y a tres agentes de la Policía Nacional dentro de la investigación sobre la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio. La magistrada amplía así unas diligencias que ya no miran únicamente a lo ocurrido en la frontera: intenta reconstruir qué información circuló antes de la crisis, quién la recibió y cómo reaccionaron las distintas administraciones.

El nuevo auto incorpora otra pieza especialmente relevante. Tardón ha ordenado a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta que identifique al confidente conocido como «Ahmed», descrito en la causa como un posible interlocutor habitual y fiable del instituto armado. Según las diligencias conocidas, habría transmitido información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos, concentraciones de personas y otras circunstancias observadas en territorio marroquí antes de que comenzara la entrada masiva.

Tres consejeros de Ceuta deberán declarar como testigos

Los cargos citados son Alejandro Ramírez, consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos; Nabila Benzina, responsable de Sanidad y Servicios Sociales, y Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación.

Los tres acudirán en calidad de testigos, un matiz jurídico importante: su citación no implica que estén siendo investigados por la Audiencia Nacional. Tardón quiere escucharles porque el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, los señaló durante su declaración como responsables que tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participaron activamente en la gestión de aquellos días.

Las declaraciones están previstas para el 27 de octubre, a partir de las 10.00 horas. Al día siguiente deberán comparecer tres policías nacionales que se encontraban sobre el terreno cuando se produjo la entrada masiva.

El foco judicial baja así desde los grandes despachos hasta quienes tuvieron que tomar decisiones a pie de calle. No es un detalle menor. Saber qué órdenes recibieron, qué recursos tenían disponibles y qué conocían en cada momento permite reconstruir una crisis que, durante horas, desbordó la capacidad habitual de una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados.

La jueza quiere saber quién conocía los avisos antes del 30 de julio

La investigación ha ido desplazando parte de su atención hacia los días anteriores a la entrada. Ese calendario empieza a ser crucial.

Tardón reclama a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno las actas, notas, correos electrónicos, borradores y documentos preparatorios relacionados con las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio. Distintos testigos han explicado ante la jueza que en aquellos encuentros se habló de la gravedad de la situación y de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias.

La magistrada quiere comprobar qué se dijo exactamente. No versiones reconstruidas semanas después, sino el rastro documental que quedó entonces: correos, actas, avisos y comunicaciones internas.

Juan Jesús Vivas ya declaró que Ceuta disponía de menos información que el Gobierno central porque la administración autonómica no tenía contacto directo con los servicios de inteligencia. El presidente ceutí aseguró además que intentó comunicarse en varias ocasiones con Moncloa durante los días previos a la crisis.

Ahmed, el confidente que puede aclarar la cadena de avisos

En ese rompecabezas aparece ahora Ahmed. El confidente habría facilitado información sobre concentraciones y movimientos en la zona marroquí de Castillejos antes de que miles de personas se dirigieran hacia la frontera.

La relevancia judicial no está tanto en convertir a un confidente en protagonista como en determinar qué información facilitó, cuándo llegó y a quién fue transmitida. En una investigación de estas características, unas horas pueden cambiar por completo la interpretación de una actuación administrativa.

Si existieron avisos concretos y fiables con suficiente antelación, la siguiente cuestión será reconstruir cómo circularon entre Guardia Civil, Delegación del Gobierno, servicios de inteligencia y fuerzas policiales. Si fueron vagos o llegaron tarde, el cuadro sería distinto.

De ahí el interés de la Audiencia Nacional por identificarlo plenamente y contrastar su información con el resto de documentos incorporados a la causa.

Tardón reclama todos los informes de inteligencia del Ejército

La investigación tampoco termina en los testimonios. La jueza ha solicitado al Ejército de Tierra todos los informes de inteligencia y seguridad elaborados por la Comandancia General de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto.

También reclama documentación al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y quiere acceder a grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones y sistemas de control fronterizo utilizados por Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército y Autoridad Portuaria.

La amplitud temporal resulta reveladora. No se estudian solamente las horas en las que la frontera quedó desbordada; también las dos semanas anteriores y los días posteriores, cuando el Estado tuvo que reorganizar seguridad, acogida, identificación y retornos.

Entre el material reclamado figura asimismo documentación de inteligencia relacionada con los avisos sobre una posible entrada masiva. La instrucción trata de comparar los datos manejados por cada organismo y comprobar en qué momento las señales dispersas se transformaron —o debieron transformarse— en una alerta operativa.

Una crisis de más de 70.000 entradas en dos días

El Gobierno situó finalmente en torno a 72.000 personas el número de entradas irregulares registradas durante el 30 y el 31 de julio, después de corregir una estimación inicial superior. La magnitud fue extraordinaria incluso para una frontera acostumbrada desde hace décadas a una fuerte presión migratoria.

Más del 90% regresó posteriormente a Marruecos, según los datos ofrecidos por el Ejecutivo, pero las consecuencias continuaron durante semanas. Hubo que ampliar las capacidades de acogida, reforzar los controles en el puerto y reorganizar servicios sociales, sanitarios y de seguridad.

Precisamente por eso Tardón ha solicitado también información sobre la afectación de los servicios públicos esenciales de Ceuta y los daños económicos sufridos tras la crisis. La Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios deberán aportar documentación sobre su impacto en la actividad de la ciudad.

La causa tiene, por tanto, varias capas. Está lo ocurrido en la frontera; lo que se sabía antes; la reacción española; el papel de las autoridades marroquíes y, finalmente, las consecuencias de una entrada masiva que alteró durante semanas el funcionamiento cotidiano de Ceuta.

Una investigación que estrecha el foco sobre las horas previas

La Audiencia Nacional asumió la investigación al apreciar indicios de una posible actuación organizada desde Marruecos y de una conducta que habría afectado gravemente a la integridad territorial de España. La Policía Nacional describió posteriormente la entrada como planificada y señaló una supuesta actuación favorecedora de agentes marroquíes, extremos que ahora deben ser examinados dentro del procedimiento judicial y no darse por sentenciados antes de tiempo.

También el Estado se ha personado como acusación particular al considerarse perjudicado por unos hechos que excedieron con mucho una crisis migratoria convencional.

Las nuevas diligencias muestran por dónde avanza María Tardón. Menos declaraciones genéricas y más cronología: quién avisó, qué documento llegó, a qué hora, quién lo leyó y qué decisión se tomó después. La secuencia previa al 30 de julio se ha convertido en una de las piezas centrales de la causa.

Los testimonios de los tres consejeros y de los policías, la identificación de Ahmed y los informes militares pueden ayudar a cubrir huecos que siguen abiertos casi tres meses después. La Audiencia Nacional intenta reconstruirlos con algo bastante menos vistoso que los grandes discursos políticos, pero mucho más útil en un procedimiento penal: documentos, horas, nombres y órdenes concretas.