Tubos Reunidos pide liquidar su matriz mientras negocia cinco ofertas

Tubos Reunidos ha entrado en la fase más delicada de su crisis. La compañía ha solicitado al Juzgado de Vitoria-Gasteiz la apertura de la liquidación de Tubos Reunidos S.A. (TRSA), la sociedad matriz cotizada del grupo, después de que ningún inversor presentara una oferta por sus acciones y no haya sido posible alcanzar un convenio con los acreedores. La petición fue presentada el 20 de octubre y todavía requiere una resolución judicial.

Eso no significa, al menos de momento, que las fábricas vayan a cerrar. Es la diferencia esencial en un proceso concursal que puede resultar bastante menos intuitivo de lo que sugiere la palabra liquidación. Las unidades productivas continúan a la venta y quedan cinco ofertas en carrera, con distintos perímetros, precios y planes industriales. Lo que desaparece del tablero es la posibilidad de vender la matriz tal como estaba configurada; el futuro industrial se juega en otra mesa.

La liquidación afecta a la matriz, no implica cerrar las plantas

Tubos Reunidos S.A. funciona como cabecera societaria del grupo. Al no existir ninguna propuesta para adquirir sus acciones y haberse descartado un acuerdo con los acreedores, el consejo acordó, de común acuerdo con la administración concursal, pedir su liquidación.

El Juzgado de Vitoria-Gasteiz deberá dictar el correspondiente auto. La propia compañía ha precisado que la eventual apertura de esa fase no altera el procedimiento de venta de las unidades productivas ni supone por sí misma el apagado de las instalaciones industriales. El objetivo del concurso sigue siendo encontrar un comprador capaz de mantener actividad, empleo y el mayor valor posible para los acreedores.

La situación, aun con esa precisión, dista mucho de ser cómoda. Tubos Reunidos llegó al concurso voluntario en mayo tras reconocer que las medidas de su plan de viabilidad no habían podido ejecutarse como estaba previsto y que se aproximaba una insuficiencia de liquidez para atender las necesidades operativas. La matriz fue declarada formalmente en concurso en junio.

Cinco ofertas, pero ninguna deja intacta la empresa

La administración concursal ha seleccionado cinco propuestas para continuar negociando la venta. La fotografía inicial de esas ofertas deja clara la distancia que existe entre encontrar interesados y tener resuelto el futuro del fabricante vasco.

Los precios de las propuestas principales son muy dispares: un euro, un millón, 100.000 euros, 27,5 millones y otro euro. Tampoco compran lo mismo. Algunas ofertas se concentran únicamente en la unidad productiva de Trápaga; otra incluye Trápaga y Amurrio y existen alternativas subsidiarias que amplían el perímetro.

No conviene interpretar esas cifras como una simple subasta en la que vence quien escribe el número más alto. En un concurso industrial pesan también los pasivos asumidos, las inversiones comprometidas y la continuidad de las instalaciones, además de las obligaciones laborales y la capacidad real de financiar el negocio una vez firmado el acuerdo.

Hay, sin embargo, un denominador común incómodo: las cinco ofertas prevén reducciones de plantilla y modificaciones de las condiciones laborales. Todas contemplan algún compromiso de subrogación de trabajadores, pero ninguna ofrece financiación interina en esta fase. El alcance exacto de los recortes queda pendiente de las siguientes rondas del proceso.

La deuda con la SEPI se convierte en el gran obstáculo

En medio de la negociación aparece una cifra que condiciona prácticamente todas las demás: alrededor de 150 millones de euros correspondientes a la SEPI, principal acreedor de Tubos Reunidos y titular de una parte muy relevante del pasivo del grupo.

El origen está en el apoyo público concedido en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Tubos Reunidos recibió entonces 112,8 millones de euros para afrontar el impacto de la pandemia y ejecutar su plan empresarial. Con los intereses acumulados, la posición acreedora de la SEPI ronda actualmente los 150 millones, cerca de la mitad de un pasivo global que se aproxima a los 300 millones.

Ahí está uno de los nudos del concurso. Los potenciales compradores necesitan encajar una empresa industrial con una deuda que pesa sobre cualquier operación. Las ofertas plantean fórmulas que requieren resolver esa carga financiera, mientras la posibilidad de modificar las condiciones del préstamo público está sometida a restricciones jurídicas y a las reglas que acompañaron estas ayudas.

El rescate de 2021 se encuentra, además, bajo investigación judicial en una pieza separada de la Audiencia Nacional. Esa investigación analiza las circunstancias de la financiación concedida y no equivale por sí misma a considerar irregular el préstamo ni determina responsabilidades de manera automática.

De 112,8 millones de ayuda a una crisis de liquidez

El deterioro financiero ha sido rápido. En el primer semestre de 2026, Tubos Reunidos registró pérdidas de 88,2 millones de euros, después de meses marcados por la caída de actividad, los problemas para adaptar la capacidad productiva y un entorno internacional especialmente difícil para parte de sus ventas.

Estados Unidos ha sido tradicionalmente uno de los mercados fundamentales para el fabricante vasco. El endurecimiento de los aranceles sobre el acero ha golpeado esa exposición comercial y reducido la rentabilidad de determinados productos. La empresa también ha tenido que lidiar con elevados costes industriales y una estructura financiera que dejaba poco margen cuando comenzaron a caer los pedidos.

La paradoja de las últimas semanas es bastante gráfica: vuelven a entrar encargos, pero tener pedidos no basta cuando falta dinero para fabricarlos. La producción industrial exige comprar materia prima, energía, transporte y otros suministros mucho antes de cobrar una factura. Sin circulante, una cartera de pedidos puede convertirse en una estantería llena de trabajo que no llega a la fábrica.

La nómina de octubre está asegurada; después, la caja manda

La administración concursal ha comunicado a los representantes de los trabajadores que las retribuciones de octubre están garantizadas. Más allá de ese mes, la situación deberá analizarse prácticamente día a día debido a la tensión de tesorería.

Durante octubre se ha apreciado una mejor entrada de pedidos, especialmente desde Estados Unidos, pero la falta de financiación limita la capacidad para convertirlos en producción efectiva. Los sindicatos tienen previsto reunirse con los cinco potenciales compradores para conocer con mayor detalle sus proyectos industriales y, sobre todo, qué plantilla pretende conservar cada uno.

El empleo es probablemente el terreno en el que la letra pequeña será más dolorosa. Tubos Reunidos mantiene alrededor de 1.300 trabajadores vinculados a sus principales centros y todas las propuestas seleccionadas prevén algún ajuste. La discusión ya no consiste solamente en encontrar comprador, sino en determinar qué parte de la actividad sobrevivirá y bajo qué condiciones.

Trápaga y Amurrio concentran la batalla industrial

La planta de Trápaga, en Bizkaia, aparece en todas las ofertas principales seleccionadas y se ha convertido en el activo que despierta un interés más uniforme entre los potenciales compradores. Amurrio, en Álava, presenta un escenario más complejo pese a su importancia dentro de la estructura industrial del grupo.

Una de las propuestas principales incluye conjuntamente Trápaga y Amurrio, mientras otras contemplan la incorporación de Amurrio mediante alternativas subsidiarias. Es un detalle crucial. Separar instalaciones que han funcionado dentro de una misma cadena productiva puede tener consecuencias industriales que van bastante más allá del precio nominal pagado en el concurso.

El proceso continuará con reuniones, aclaraciones y ofertas definitivas. Todavía pueden producirse cambios en los importes, los perímetros de compra y los compromisos laborales. El cuadro conocido hasta este momento es una fotografía de la primera ronda, no el contrato definitivo que decidirá qué queda de Tubos Reunidos.

El futuro industrial se juega fuera de la antigua matriz

Tubos Reunidos llega así a una situación extraña pero jurídicamente posible: la sociedad matriz camina hacia su liquidación mientras parte del negocio industrial intenta sobrevivir bajo nuevos propietarios. La empresa que conocían los accionistas puede desaparecer sin que eso obligue necesariamente a apagar los hornos y las líneas de producción.

El rescate público de 2021 tampoco evitó que el grupo terminara cinco años después en concurso. Eso abre inevitablemente el debate sobre las previsiones que sustentaron aquella ayuda, aunque liquidar la cabecera societaria y cerrar las fábricas no son la misma cosa. La batalla decisiva está en determinar cuánto valor industrial puede conservarse mediante la venta de las unidades productivas.

Ese es el verdadero examen de las próximas semanas. Hay cinco candidatos, falta liquidez y ninguna oferta mantiene intacta la estructura actual. Entre balances concursales y millones de euros queda una realidad mucho menos abstracta: fábricas que siguen funcionando y trabajadores que todavía entran cada mañana por la misma puerta sin saber qué nombre habrá encima de ella dentro de unos meses.