La SEPI abre contactos con tres interesados en comprar Tubos Reunidos

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha iniciado contactos con tres posibles compradores de Tubos Reunidos para estudiar el futuro del grupo siderúrgico español. Las conversaciones se desarrollarán de forma individual y buscan conocer los proyectos industriales de los inversores en un momento decisivo para la compañía vasca, inmersa en un concurso de acreedores y con una deuda de aproximadamente 150 millones de euros con el organismo público.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha confirmado este jueves, 29 de octubre de 2026, que los tres interesados han presentado propuestas industriales y que la SEPI ya ha comenzado a establecer contactos por separado. El movimiento llega después de que no se celebrara la reunión conjunta prevista para el miércoles con los cinco aspirantes seleccionados en el proceso de venta.

La operación sigue adelante, pero todavía no existe un acuerdo de adquisición. El principal obstáculo es el tratamiento de la financiación pública que Tubos Reunidos recibió durante la pandemia. Los posibles inversores no quieren asumir ese pasivo en las condiciones planteadas, mientras que la SEPI mantiene sus reservas ante una eventual condonación por las restricciones europeas sobre ayudas de Estado.

El futuro de la compañía afecta a cerca de 1.300 trabajadores, principalmente en sus instalaciones de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia). También está en juego la continuidad de una actividad industrial especializada en la fabricación de tubos de acero sin soldadura, con presencia en mercados internacionales.

La SEPI negociará por separado con tres posibles compradores

La decisión de abrir conversaciones individuales supone un nuevo movimiento en el proceso de búsqueda de inversores para Tubos Reunidos. Según ha explicado Ubarretxena en una entrevista en Radio Euskadi, los tres interesados han presentado proyectos industriales y el objetivo es que puedan trasladar sus propuestas directamente a la sociedad pública.

El Gobierno Vasco considera prioritario encontrar un socio industrial capaz de mantener la actividad productiva. No basta con presentar una oferta económica: el futuro propietario tendría que disponer de capacidad financiera, experiencia en el sector y un proyecto viable para las instalaciones.

La nueva fórmula sustituye, al menos de momento, a la reunión conjunta prevista para el miércoles 28 de octubre. Aquel encuentro debía reunir a la SEPI con los cinco candidatos que habían superado la primera fase del procedimiento de venta, pero finalmente no llegó a celebrarse.

Aunque la administración concursal mantiene cinco propuestas seleccionadas, las conversaciones anunciadas este jueves se refieren específicamente a tres posibles inversores. No se ha comunicado oficialmente por qué los contactos iniciales se limitan a esos tres interesados ni se ha fijado una fecha pública para las reuniones.

La identidad de los participantes en estas conversaciones tampoco ha sido confirmada oficialmente.

La deuda de 150 millones amenaza la venta de Tubos Reunidos

El principal problema no está en encontrar empresas interesadas. Está en determinar qué ocurrirá con los 150 millones de euros que Tubos Reunidos adeuda a la SEPI.

Las ofertas iniciales se formularon sin contemplar que los nuevos compradores asumieran esa obligación financiera. Sin embargo, la sociedad pública sostiene que debe respetarse el marco legal aplicable a los préstamos concedidos mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

El Gobierno Vasco considera que mantener íntegra esa exigencia puede hacer inviable la operación.

Ubarretxena ha advertido de que la deuda supera ampliamente el valor atribuido a los activos en las ofertas presentadas. A su juicio, la falta de una solución al pasivo público podría provocar la retirada de los inversores y frustrar la continuidad industrial.

La posición de la SEPI es diferente. El organismo se ha mostrado dispuesto a estudiar una ampliación de los plazos de devolución y una flexibilización de las condiciones financieras, pero rechaza, por ahora, cancelar parte de la deuda.

La sociedad pública ha invocado las limitaciones de la normativa europea sobre ayudas de Estado. La controversia también afecta a la posibilidad de transmitir las unidades productivas sin que sus compradores tengan que asumir esa obligación. No se trata necesariamente de la misma operación jurídica que condonar un préstamo, y su tratamiento puede resultar determinante en el procedimiento concursal.

El préstamo público de 2021 que condiciona la operación

El origen del conflicto se remonta a julio de 2021, cuando el Gobierno español autorizó una operación de apoyo financiero a Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros.

La financiación se concedió mediante un préstamo participativo del fondo gestionado a través de la SEPI, creado para respaldar a empresas consideradas estratégicas que habían sufrido las consecuencias económicas de la pandemia.

La operación pretendía garantizar la continuidad de la actividad, reforzar la solvencia del fabricante y financiar parte de su transformación industrial.

Cinco años después, el importe pendiente, incluidos los intereses acumulados, ronda los 150 millones de euros. La deuda total del grupo se sitúa alrededor de 300 millones, según las cifras conocidas durante el concurso.

La paradoja es evidente: una financiación pública diseñada para contribuir a la supervivencia de la empresa se ha convertido en uno de los principales obstáculos para encontrarle un comprador. Eso no elimina, naturalmente, las obligaciones de devolución ni los límites legales que condicionan cualquier modificación de las condiciones pactadas.

Cinco ofertas de compra y una diferencia económica decisiva

El proceso de venta ha despertado interés entre distintos grupos industriales. En septiembre llegaron a contabilizarse 14 potenciales inversores y, tras el análisis de las propuestas recibidas, la administración concursal seleccionó cinco ofertas el 16 de octubre.

La documentación divulgada por Tubos Reunidos permite conocer sus principales características, aunque mantiene bajo confidencialidad la identidad de los candidatos.

Los importes de las propuestas principales oscilan entre un euro y 27,5 millones de euros. La oferta económicamente más elevada corresponde exclusivamente a la unidad productiva de Trapagaran, mientras que otras propuestas contemplan la adquisición conjunta de activos de Amurrio y Trapagaran o de participaciones en sociedades del grupo.

Esta diferencia resulta especialmente importante. La compañía necesita una solución que no se limite a vender los activos de mayor atractivo comercial, sino que permita conservar una estructura productiva viable.

De las cinco propuestas, tres incluyen, como oferta principal o alternativa, la posibilidad de mantener los dos grandes centros industriales. Las restantes se concentran en Trapagaran.

Ninguna de las cinco ofertas iniciales contempla aportar financiación interina, es decir, recursos inmediatos para sostener la actividad mientras se resuelve la compraventa.

Tampoco se garantiza el mantenimiento íntegro de las plantillas. Todas las propuestas seleccionadas prevén reducciones de personal y modificaciones de las condiciones laborales, aunque el alcance concreto de esos ajustes deberá definirse en fases posteriores.

Por tanto, incluso una venta satisfactoria desde el punto de vista financiero podría tener consecuencias importantes para los trabajadores.

Tubos Reunidos entra en liquidación, pero sus fábricas pueden continuar

La situación concursal de Tubos Reunidos añade otra dificultad a las negociaciones.

El 26 de octubre, el Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz acordó abrir la fase de liquidación de Tubos Reunidos, S. A., la sociedad matriz del grupo, y declaró su disolución.

La resolución también estableció el cese de su consejo de administración, cuyas funciones pasaron a ser ejercidas por PKF Attest Concursal, la firma encargada de gestionar el procedimiento.

Conviene distinguir dos situaciones que pueden confundirse fácilmente: la liquidación de la sociedad matriz no implica automáticamente el cierre de las fábricas.

La empresa ha explicado que la matriz cotizada no recibió ofertas de adquisición y, por ese motivo, quedó fuera del proceso de venta de las unidades productivas.

Las instalaciones industriales y las sociedades operativas siguen formando parte de un procedimiento competitivo destinado a encontrar un comprador.

El objetivo consiste en transmitir los activos industriales a uno o varios inversores capaces de mantener la producción, preservar el mayor número posible de empleos y ofrecer una contraprestación adecuada dentro del concurso de acreedores.

La continuidad de las plantas, sin embargo, no está garantizada. Depende de que alguna de las propuestas termine siendo viable y pueda ejecutarse conforme a las condiciones del procedimiento judicial.

El empleo y la falta de liquidez elevan la presión sobre las negociaciones

La incertidumbre tiene consecuencias inmediatas para las plantillas de Amurrio y Trapagaran, los dos principales centros de producción del fabricante de tubos.

Las instalaciones alavesas concentran aproximadamente 900 trabajadores, mientras que las vizcaínas emplean a unos 400, según las cifras difundidas durante el proceso de venta.

Los representantes sindicales han manifestado su preocupación por las reducciones de empleo previstas en las ofertas y por los posibles cambios en las condiciones laborales.

La situación financiera también dificulta la gestión cotidiana de la empresa. Aunque Tubos Reunidos ha registrado una recuperación en la entrada de pedidos, especialmente vinculada al mercado estadounidense, necesita liquidez para financiar su fabricación y atender sus compromisos.

Durante los primeros veinte días de octubre, la compañía contabilizó pedidos por aproximadamente 15 millones de euros, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. El aumento revela que sigue existiendo demanda comercial para sus productos, pero no resuelve por sí mismo los problemas de tesorería.

Una empresa puede recibir pedidos y, al mismo tiempo, carecer de recursos suficientes para producirlos. Es precisamente uno de los riesgos que afronta Tubos Reunidos.

La administración concursal había trasladado a los representantes de los trabajadores que el pago de las nóminas de octubre estaba garantizado. La situación de los meses siguientes dependerá de la evolución de la caja y de las decisiones que se adopten durante el procedimiento.

A esa incertidumbre se añade la situación de la planta de Iruña de Oca, donde se han planteado medidas de ajuste ante la falta de actividad suficiente.

El futuro industrial depende de un acuerdo sobre la deuda pública

Los contactos iniciados por la SEPI representan una oportunidad para desbloquear una operación que hasta ahora ha tropezado con posiciones financieras difíciles de conciliar.

El Gobierno Vasco insiste en que es necesario encontrar una solución para los 150 millones de euros de deuda. La sociedad pública, por su parte, defiende la necesidad de cumplir las obligaciones derivadas del apoyo financiero concedido en 2021 y de respetar las reglas europeas.

El margen de negociación existe, pero todavía no se ha concretado una fórmula aceptable para todas las partes.

Las próximas conversaciones deberán aclarar si los inversores mantienen sus ofertas, qué alternativas pueden aplicarse a la financiación pública y qué compromisos industriales y laborales están dispuestos a asumir.

La administración concursal continuará con la evaluación de las propuestas y tendrá que valorar tanto su viabilidad económica como el alcance de los proyectos productivos. El precio de adquisición es relevante, pero también lo son los recursos que aportará cada comprador para sostener las fábricas.

Para Tubos Reunidos, la cuestión inmediata es encontrar una solución antes de que los problemas de liquidez deterioren todavía más su capacidad operativa.

La entrada de nuevos inversores sigue siendo posible, incluso después de la apertura de la liquidación de la matriz. Lo que está pendiente es resolver las condiciones que permitan transformar ese interés empresarial en una adquisición efectiva.

Las conversaciones con los tres potenciales compradores serán determinantes para comprobar si existe margen de acuerdo entre la SEPI y los proyectos industriales que aspiran a mantener la actividad de Tubos Reunidos.