La UCO ve dinero y premeditación tras el doble crimen de Manzanares

La declaración de uno de los principales investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) ha reforzado ante el jurado la tesis de un móvil económico en el denominado doble crimen de Manzanares. El capitán que dirigió la investigación de la desaparición de Juan Miguel Isla ha explicado que los agentes centraron sus sospechas en Antonio Caba y Gaspar Rivera a partir de una sucesión de indicios: los 50.000 euros en efectivo cobrados por Isla el mismo día que desapareció, el recorrido posterior de su coche y los movimientos de los investigados alrededor de la finca donde acabaría apareciendo el cadáver.

La UCO considera que el dinero fue un elemento central en la muerte de Isla y, dentro de la investigación del caso, aprecia indicios compatibles con una actuación preparada y no improvisada. Esa valoración policial entra en el terreno decisivo: el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Antonio Caba afronta una petición fiscal de 46 años de prisión y Gaspar Rivera, de 19. Ambos mantienen intacta su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

Los 50.000 euros que centran la investigación de la UCO

La mañana del 22 de julio de 2022, Juan Miguel Isla había quedado con Antonio Caba, que había actuado como intermediario en la venta de una finca propiedad del empresario. Según ha explicado el investigador ante el jurado, los pagos de aquella operación se efectuaban en efectivo y Caba acompañaba habitualmente a Isla a recogerlos.

Aquel día tocaba una entrega de 50.000 euros. Isla cobró el dinero y regresó a Manzanares. Poco después se perdió su rastro.

La secuencia temporal resultó especialmente relevante para los investigadores. Según la reconstrucción expuesta en el juicio, a las 9.15 horas se produjo una comunicación entre Caba y Rivera y, apenas un minuto después, el teléfono de Caba quedó apagado durante varias horas. El dinero que llevaba Isla tampoco apareció.

La UCO no encontró durante sus pesquisas otro motivo que explicara la desaparición con la misma fuerza. El capitán señaló ante el tribunal que Caba tenía deudas, bienes embargados y reclamaciones de pago, mientras que los investigadores atribuyeron a Rivera una intensa actividad relacionada con locales de apuestas. Son circunstancias incorporadas a la hipótesis económica, aunque por sí solas, claro está, no prueban un asesinato.

Ahí está precisamente la frontera que deberá valorar el jurado: una cosa es el dibujo policial de los hechos; otra, la prueba penal suficiente para convertir ese dibujo en una condena.

El coche de Isla aportó otra pieza importante

Las cámaras de seguridad dieron a la investigación una segunda pista. El vehículo de Juan Miguel Isla salió de Manzanares después de su desaparición, pero, según declaró el capitán de la UCO, Isla no iba al volante.

Los agentes identificaron como conductor a Gaspar Rivera. El coche permaneció desaparecido durante meses hasta que fue localizado el 25 de enero de 2023 en Albacete. Tras difundirse públicamente su hallazgo, las intervenciones practicadas durante la investigación detectaron movimientos y contactos entre los sospechosos que incrementaron la atención policial sobre ambos.

No era una prueba aislada, sino otra pieza de un puzle que se iba cerrando lentamente: dinero en efectivo, un empresario desaparecido, su automóvil conducido presuntamente por otra persona y una finca que comenzó a adquirir cada vez más importancia.

Una finca de Valdepeñas terminó llevando hasta el cadáver

La investigación puso el foco en una pequeña propiedad de Valdepeñas vinculada a una operación realizada poco antes de la desaparición de Isla. Cuando desde una inmobiliaria comunicaron a Rivera que la Guardia Civil había realizado preguntas sobre esa finca, según el testimonio policial, este se puso en contacto rápidamente con Caba.

Lo verdaderamente llamativo ocurrió el 3 de marzo de 2023. Caba y Rivera se encontraron en un bar de Membrilla. Según declaró el capitán, dejaron sus teléfonos móviles en el vehículo de Rivera y siguieron camino en el BMW de Caba.

Se dirigieron hacia un punto desde el que podían observar la propiedad investigada por la Guardia Civil, aparentemente para comprobar si había agentes trabajando en la zona. El detalle de los móviles tiene peso dentro de la tesis de la UCO. No porque dejar un teléfono en un coche demuestre por sí mismo delito alguno, sino porque el comportamiento se produjo cuando la investigación policial se estaba aproximando precisamente al lugar que acabaría resultando decisivo.

Once días después, el 14 de marzo, la Guardia Civil registró la finca. En el fondo de un pozo apareció el cadáver de Juan Miguel Isla.

La investigación de Isla reabrió otro caso de 2019

El hallazgo no terminó el caso; abrió otro. Los investigadores conocían que otro empresario de Manzanares relacionado con Caba, Jesús María González Borrajo, llevaba desaparecido desde junio de 2019. La conexión entre ambos episodios fue adquiriendo fuerza hasta que las pesquisas desembocaron en la localización de sus restos en 2023.

González Borrajo había desaparecido tres años antes que Isla y también existía, según las acusaciones, una relación económica previa con el principal acusado. Sus restos fueron recuperados de un pozo tras una investigación especialmente compleja.

La Fiscalía sostiene que ambos empresarios fueron asesinados y que Antonio Caba fue el principal responsable, con la participación de Gaspar Rivera. Las defensas rechazan esa reconstrucción. La de Caba sostiene que no existen pruebas concluyentes de su autoría, mientras que la de Rivera niega que este participara en las muertes y limita su intervención a la posterior ocultación de los cadáveres.

Dos desapariciones separadas por tres años, pero con rasgos comunes

Es precisamente la repetición de determinados elementos lo que ha llevado a los investigadores a analizar ambos crímenes como parte de una misma causa. Dos empresarios conocidos por el principal acusado. Operaciones económicas antes de las desapariciones. Cadáveres ocultados en pozos. Y una investigación que, al tirar del hilo de la muerte de Isla, acabó conduciendo también hacia González Borrajo.

La UCO considera que esos elementos respaldan una hipótesis de actuaciones deliberadas y con componente económico. Pero el juicio no consiste en validar automáticamente la conclusión policial. El jurado deberá determinar qué indicios están acreditados, cómo se relacionan entre sí y hasta dónde permiten establecer la participación concreta de cada acusado.

Ese matiz importa. Mucho. En un proceso penal de esta gravedad no basta con que una reconstrucción parezca coherente; debe resistir la contradicción de las defensas y alcanzar el estándar probatorio exigido para condenar.

La Fiscalía pide 46 años para Caba

Antonio Caba se enfrenta a una solicitud de 46 años de prisión, 23 por cada uno de los dos crímenes que le atribuye el Ministerio Público. Para Gaspar Rivera la Fiscalía solicita 19 años, teniendo en cuenta la atenuante de confesión por su colaboración posterior con los investigadores.

El proceso se celebra ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Ciudad Real y reúne en una misma causa las muertes de Juan Miguel Isla y Jesús María González Borrajo. También aparecen otros acusados por conductas relacionadas con el caso, aunque las principales imputaciones por las muertes recaen sobre Caba y Rivera.

Los acusados han optado por declarar al final de la práctica de la prueba, una decisión que permite escuchar primero a investigadores, testigos y peritos. Será el jurado quien tenga que separar finalmente los indicios, las hipótesis y los hechos probados.

El dinero queda en el centro del caso

La comparecencia de la UCO ha dejado una idea especialmente nítida: para los investigadores, el componente económico no es un elemento secundario del caso, sino uno de sus ejes. Los 50.000 euros que Isla acababa de cobrar, su desaparición inmediatamente posterior y las dificultades económicas atribuidas al principal acusado forman parte de la reconstrucción presentada ante el jurado.

A ello se suman el traslado del coche de la víctima, la visita sin teléfonos a la finca de Valdepeñas y el posterior hallazgo del cadáver en su pozo. Una cadena de circunstancias que la Guardia Civil considera significativa y que las defensas tratarán de desmontar durante el juicio.

El doble crimen de Manzanares entra así en su momento más delicado después de años de desapariciones, búsquedas y registros. La investigación policial ya construyó su versión. Ahora corresponde al jurado decidir qué ocurrió realmente y quién puede responder penalmente por ello.