Naturaleza
La UE aplaza dos años los controles de metano tras la presión de EEUU
La UE pacta aplazar dos años las obligaciones sobre emisiones de metano para importadores de gas, crudo y carbón, tras las presiones de EEUU y Catar.
Resumen
- La UE retrasa de enero de 2027 a enero de 2029 los controles de metano
- La medida afecta a importadores de gas, petróleo y carbón
- Estados Unidos y Catar habían pedido flexibilizar la normativa
La Unión Europea ha acordado retrasar dos años los controles sobre las emisiones de metano que deben cumplir los importadores de gas natural, petróleo y carbón. El pacto, alcanzado este jueves 19 de noviembre de 2026 entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, traslada de enero de 2027 a enero de 2029 la aplicación de determinadas obligaciones ambientales. Es una decisión que responde a las dificultades del mercado energético y a las reclamaciones de Estados Unidos y Catar, dos importantes proveedores de combustibles fósiles.
El acuerdo provisional va más lejos de lo que había propuesto la Comisión Europea, partidaria inicialmente de conceder un año adicional a las empresas. Los negociadores han optado finalmente por una prórroga de dos años, con el argumento de garantizar el abastecimiento energético europeo en un escenario internacional marcado por la inestabilidad de los suministros y los elevados precios.
La decisión no supone la derogación del reglamento europeo sobre el metano, aprobado en 2024. Sin embargo, retrasa la entrada en aplicación de algunas de sus principales exigencias de seguimiento, información y verificación. Las instituciones comunitarias defienden que el nuevo calendario permitirá aplicar la normativa sin comprometer las importaciones, mientras que las organizaciones ecologistas cuestionan que esa flexibilización resulte necesaria.
Los controles de metano se retrasan hasta 2029
El cambio más inmediato afecta a las empresas que importan gas natural, petróleo crudo y carbón de países situados fuera de la Unión Europea. Las obligaciones específicas de seguimiento, notificación y verificación de emisiones, previstas originalmente para el 1 de enero de 2027, comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2029.
También se pospone la obligación de comunicar la intensidad de metano de los combustibles fósiles comercializados en el mercado europeo. Este indicador permite relacionar las emisiones producidas con la cantidad de energía obtenida y comparar el comportamiento ambiental de distintos productores.
Según el calendario anunciado por el Consejo, tanto los importadores como los productores de la UE deberán presentar esa información a partir del 5 de agosto de 2030, frente al 5 de agosto de 2028 establecido inicialmente.
El aplazamiento pretende dar más tiempo a los operadores para desarrollar sistemas de medición, obtener datos fiables y contratar verificadores independientes capaces de comprobar las emisiones declaradas.
Qué ocurre con los contratos de suministro y los productores europeos
La modificación también afecta a los contratos internacionales de suministro. Los importadores dispondrán hasta mayo de 2030 para acreditar que los acuerdos celebrados o renovados desde el 4 de agosto de 2024 cumplen determinados requisitos de seguimiento y verificación equivalentes a los europeos.
Para los contratos anteriores a esa fecha, las empresas deberán informar de sus esfuerzos por adaptar las condiciones de suministro a las exigencias comunitarias.
Los operadores de petróleo y gas establecidos en la UE también obtienen más margen para presentar informes verificados que combinen mediciones de emisiones en fuentes concretas y en las instalaciones donde desarrollan su actividad.
Los nuevos vencimientos serán el 5 de febrero de 2029 para los activos explotados directamente por los operadores y el 5 de agosto de 2030 para aquellos que no explotan de forma directa.
El pacto mantiene expresamente las restricciones aplicables a los países sometidos a sanciones europeas. El retraso de los controles ambientales no altera, por tanto, las prohibiciones comerciales establecidas mediante otros instrumentos jurídicos.
Estados Unidos y Catar presionaron para retrasar la normativa
La decisión llega después de varios meses de reclamaciones de importantes proveedores internacionales de energía.
Estados Unidos y Catar habían solicitado en junio una revisión de las exigencias sobre el metano, al considerar que podían dificultar las exportaciones de combustibles fósiles hacia Europa. Alemania, Italia y la República Checa también defendieron que se aplazara su aplicación.
La Comisión Europea se resistió inicialmente a modificar el calendario. Su posición cambió conforme aumentaron las preocupaciones por la seguridad del suministro y el encarecimiento de los productos energéticos, agravados por el conflicto en Oriente Próximo.
El 14 de octubre, Bruselas propuso formalmente retrasar un año determinadas obligaciones. La iniciativa recibió el respaldo político de los dirigentes europeos reunidos los días 15 y 16 de ese mes, cuando los Veintisiete abordaron distintas medidas para contener los costes energéticos.
El Consejo respaldó posteriormente la prórroga de un año, mientras que el Parlamento Europeo defendió plazos más amplios. El acuerdo alcanzado esta madrugada establece finalmente dos años adicionales, una solución intermedia entre ambas posiciones.
El resultado también satisface una parte importante de las reclamaciones estadounidenses y cataríes. Para la UE, supone disponer de más tiempo para adaptar una legislación ambiental que afecta directamente a las relaciones con sus proveedores de energía.
Por qué Europa quiere controlar las emisiones de metano
El metano es uno de los principales gases de efecto invernadero. Aunque permanece menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, tiene una capacidad de calentamiento considerablemente superior durante las primeras décadas posteriores a su emisión.
Según las instituciones europeas, este gas es responsable de aproximadamente el 30 % del calentamiento global registrado. Su reducción constituye, por ello, una de las herramientas para limitar el aumento de las temperaturas.
En el sector energético, las emisiones pueden producirse durante la extracción, el procesamiento y el transporte de combustibles fósiles. Las fugas en pozos, conducciones y otras instalaciones liberan metano directamente a la atmósfera. También existen emisiones asociadas a determinadas prácticas de venteo.
El reglamento europeo aprobado en 2024 establece mecanismos para medir las emisiones, detectar fugas y reforzar la transparencia de las actividades relacionadas con el petróleo, el gas y el carbón.
Una parte esencial de la normativa consiste en extender las exigencias de información a los combustibles importados. De poco serviría disponer de datos detallados sobre las instalaciones europeas si una parte considerable de la energía consumida procede de explotaciones extranjeras con sistemas de medición diferentes.
La legislación busca precisamente reducir esa diferencia y hacer que los proveedores internacionales acrediten el comportamiento ambiental de sus operaciones.
El enfrentamiento entre seguridad energética y política climática
La explicación oficial del aplazamiento es económica y estratégica. Las instituciones europeas consideran que exigir el cumplimiento de determinados controles en los plazos inicialmente previstos podría introducir dificultades adicionales en las cadenas de suministro.
En un mercado energético sometido a fuertes tensiones, algunas empresas importadoras habían advertido de que no podrían garantizar suficientes suministros compatibles con todas las obligaciones exigidas.
La presidencia irlandesa del Consejo ha defendido el acuerdo como un equilibrio entre la reducción de emisiones y la necesidad de proteger a los consumidores frente a los elevados precios de la energía.
Pero existe una discrepancia importante sobre sus consecuencias.
Más de 50 organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace y Amigos de la Tierra, han criticado la flexibilización de la normativa. Consideran que retrasar los requisitos de control no garantiza una reducción de los precios ni una mejora efectiva de la seguridad energética.
Su preocupación es que conceder más tiempo a las empresas debilite los incentivos para medir y reducir las fugas de metano en las operaciones vinculadas al suministro europeo.
La Comisión sostiene, por su parte, que el aplazamiento no compromete los objetivos climáticos comunitarios. Lo cierto es que la modificación concede más tiempo para cumplir determinadas obligaciones, aunque no elimina los compromisos ambientales establecidos en el reglamento.
Tampoco existe una garantía de que la prórroga se traduzca en facturas energéticas más bajas para hogares y empresas. El precio final del gas y de otros combustibles depende de numerosos factores internacionales, desde la disponibilidad de suministros hasta la demanda y los costes de transporte.
El acuerdo europeo todavía necesita su aprobación definitiva
El pacto alcanzado el 19 de noviembre es provisional. El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo deberán refrendarlo antes de proceder a la adopción formal de la modificación legislativa.
Las instituciones pretenden completar ese procedimiento antes de que termine 2026, puesto que las primeras obligaciones afectadas por el aplazamiento debían comenzar a aplicarse el próximo 1 de enero.
El texto incorpora también un mecanismo de seguimiento. La Comisión Europea deberá revisar la aplicación del reglamento antes del 1 de enero de 2028, prestando especial atención a la eficacia de los sistemas de medición y verificación, la disponibilidad de verificadores independientes y las posibles consecuencias para el abastecimiento energético.
Posteriormente, el Ejecutivo comunitario realizará evaluaciones periódicas y podrá proponer nuevos cambios legislativos cuando lo considere necesario.
Europa mantiene sus objetivos climáticos, pero amplía los plazos
El acuerdo introduce una diferencia relevante entre los objetivos establecidos por la UE y el calendario para llevarlos a la práctica. La reducción de las emisiones de metano sigue formando parte de la política climática europea, pero algunas obligaciones fundamentales para supervisar los combustibles importados no se aplicarán hasta 2029 y 2030.
La decisión refleja el peso que han adquirido la seguridad del suministro y los costes energéticos en las negociaciones comunitarias, así como la capacidad de los grandes países exportadores para intervenir en el debate regulatorio europeo.
El reglamento continúa vigente y sus exigencias no desaparecen. Lo que cambia es el tiempo concedido para cumplirlas. Para los importadores y productores afectados, supone dos años más de adaptación; para la política climática europea, significa retrasar la aplicación de controles concebidos para conocer mejor las emisiones asociadas a la energía que consume la Unión.
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