España
50 años de cárcel por el asesinato de dos empresarios de Manzanares
La Audiencia de Ciudad Real condena a Antonio Caba a 50 años por dos asesinatos en Manzanares. Los restos de los empresarios aparecieron en pozos.
Resumen
- Antonio Caba, condenado a 50 años por asesinar a dos empresarios de Manzanares
- Los crímenes de 2019 y 2022 estuvieron vinculados a 64.000 euros
- Gaspar Rivera recibe 12 años y medio por complicidad y encubrimiento
La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado este martes, 17 de noviembre de 2026, a Antonio Caba a 50 años de prisión por los asesinatos de dos empresarios de Manzanares, Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla Fernández, desaparecidos en 2019 y 2022, respectivamente. La sentencia impone 25 años de cárcel por cada crimen y aprecia la agravante de abuso de confianza.
Los dos hombres murieron en circunstancias relacionadas con operaciones económicas en las que había intervenido el condenado. Sus restos fueron localizados posteriormente en pozos de fincas de Ciudad Real. El tribunal considera probado que Caba acabó con sus vidas para apropiarse de cantidades de dinero que las víctimas habían recibido por la venta de un vehículo y de una propiedad inmobiliaria.
La resolución también condena a Gaspar Rivera a 12 años y seis meses de prisión por su participación en el primer asesinato y por encubrir el segundo. Otros dos procesados han resultado absueltos. La sentencia llega después de que un jurado popular declarase culpable al principal acusado el pasado 20 de octubre.
Dos operaciones económicas detrás de los asesinatos de Manzanares
Los crímenes ocurrieron con tres años de diferencia, pero presentan elementos comunes que resultaron determinantes durante el juicio: la relación de confianza entre el condenado y las víctimas, la existencia de importantes cantidades de dinero en efectivo y la posterior ocultación de los cadáveres.
El asesinato de 2019: 14.000 euros por la venta de un Mercedes
El primer caso se remonta al 19 de junio de 2019. Jesús María González Borrajo, de 57 años, había quedado con Antonio Caba en una nave de Manzanares para recibir 14.000 euros procedentes de la venta de un vehículo Mercedes.
Según los hechos declarados probados, Caba acabó violentamente con la vida del empresario y se quedó con los 14.000 euros. Después contactó con Rivera, que acudió a la nave y participó en el descuartizamiento y la ocultación del cadáver.
Los restos fueron trasladados a dos propiedades utilizadas por el principal condenado. En una de ellas quemaron el torso de la víctima. La cabeza y las extremidades, introducidas en bolsas, fueron arrojadas a un pozo de aproximadamente 80 metros de profundidad situado en otra finca.
La desaparición de González Borrajo permaneció sin esclarecer durante casi cuatro años. Sus restos no se encontraron hasta mayo de 2023, cuando la investigación logró reconstruir parte de lo ocurrido.
El asesinato de 2022: los 50.000 euros de una finca
El segundo crimen tuvo lugar el 22 de julio de 2022. Juan Miguel Isla Fernández, de 58 años, recogió a Caba y ambos viajaron hasta La Solana para recibir 50.000 euros en efectivo como parte del pago por la venta de la finca Monte Milla.
El condenado había actuado como intermediario en aquella operación inmobiliaria. De regreso a Manzanares, ambos se dirigieron a la finca La Mejorana, propiedad de Isla, aunque utilizada por Caba.
Allí, según la sentencia, el empresario fue asesinado violentamente y el acusado se apoderó de los 50.000 euros que acababan de recibir.
El tribunal no ha podido establecer el mecanismo exacto de la muerte. La resolución contempla como posibles causas un traumatismo craneoencefálico grave o una herida de arma blanca que hubiera provocado una hemorragia.
Esta incertidumbre sobre la lesión mortal no impidió al jurado considerar acreditada la responsabilidad del acusado. Por este segundo asesinato, la Audiencia Provincial también le ha impuesto 25 años de prisión.
Los pozos donde aparecieron los cuerpos de los empresarios
La localización de los cadáveres resultó fundamental para esclarecer los dos asesinatos.
Los restos de Juan Miguel Isla fueron encontrados en marzo de 2023 en un pozo situado en una finca del término municipal de Valdepeñas. El hallazgo permitió avanzar en la investigación de una desaparición que ya estaba relacionada con las actividades del principal acusado.
En el caso de Jesús María González Borrajo, el avance decisivo llegó el 29 de mayo de 2023, cuando Gaspar Rivera prestó declaración voluntaria ante la Fiscalía Provincial de Ciudad Real.
La información que facilitó permitió localizar, dos días después, los restos del empresario desaparecido en 2019. Se encontraban en un pozo de una finca de Manzanares vinculada al condenado.
Aquella colaboración ha tenido consecuencias en la pena impuesta a Rivera. El tribunal le reconoce una atenuante analógica de confesión por los datos aportados para recuperar los restos de la primera víctima.
Los dos hallazgos permitieron reconstruir acontecimientos separados por tres años y que, hasta entonces, habían dejado a las familias sin conocer el destino de sus allegados.
Las pruebas que llevaron al jurado a declarar culpable a Antonio Caba
El juicio se celebró en octubre de 2026 ante un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Los nueve integrantes del jurado declararon por unanimidad culpable a Antonio Caba de los dos asesinatos.
Para alcanzar su veredicto, valoraron elementos de la investigación desarrollada por la Guardia Civil y la Unidad Central Operativa (UCO), entre ellos los informes forenses, las comunicaciones telefónicas, los seguimientos policiales y los datos de localización.
En el asesinato de González Borrajo también tuvieron especial relevancia los encuentros entre los acusados, los pagarés pendientes, las herramientas encontradas y el lugar donde aparecieron los restos.
Respecto a Juan Miguel Isla, el jurado consideró demostrado que Caba aprovechó la relación de confianza que mantenía con el empresario para acabar con su vida y quedarse con el dinero procedente de la operación inmobiliaria.
Durante el juicio, el principal acusado negó haber cometido los asesinatos y atribuyó ambas muertes a terceras personas a las que no identificó.
Su explicación no convenció al jurado.
La Fiscalía había solicitado inicialmente 46 años de cárcel para Caba. La sentencia conocida este martes eleva la condena a 50 años de prisión, al establecer dos penas de 25 años por asesinato.
Gaspar Rivera, condenado a doce años y medio de prisión
La responsabilidad de Gaspar Rivera es distinta de la atribuida al principal condenado.
Por el asesinato de Jesús María González Borrajo, el tribunal le impone nueve años y seis meses de prisión como cómplice, con la atenuante analógica de confesión.
El jurado había considerado, por siete votos frente a dos, que conocía las intenciones de Caba y colaboró posteriormente en el descuartizamiento y la ocultación de los restos.
En el asesinato de Juan Miguel Isla, su responsabilidad se limita al delito de encubrimiento, castigado con otros tres años de cárcel.
Según el veredicto, Rivera intervino en las tareas destinadas a ocultar el vehículo y posteriormente el cadáver, pero no quedó demostrado que conociera la muerte del empresario cuando comenzaron las primeras actuaciones de ocultación.
Durante la vista, Rivera negó haber participado en los asesinatos y sostuvo que había colaborado posteriormente por miedo y bajo amenazas.
La resolución también absuelve a las otras dos personas que habían sido procesadas por presuntos delitos de encubrimiento.
Las indemnizaciones a las familias tras la sentencia
La condena no se limita a las penas de prisión. La Audiencia Provincial de Ciudad Real también ha establecido las cantidades que Antonio Caba deberá abonar a los familiares de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
El hermano de Jesús María González Borrajo deberá recibir una indemnización de 25.484,77 euros.
En el caso de Juan Miguel Isla Fernández, el condenado tendrá que pagar 152.908,68 euros a su pareja y otros 84.949,27 euros a cada uno de sus dos hijos.
La resolución establece asimismo la responsabilidad subsidiaria de Rivera respecto a la indemnización correspondiente al primer asesinato, en los términos fijados por el tribunal.
La sentencia supone un avance judicial decisivo en un caso marcado por dos desapariciones, el hallazgo de restos humanos en pozos y una investigación prolongada durante años.
El fallo distingue la autoría de los asesinatos de las conductas de complicidad y encubrimiento. También deja establecido el móvil económico que el jurado consideró probado: 14.000 euros en el primer crimen y 50.000 en el segundo.
En total, 64.000 euros cuya apropiación, según los hechos acreditados por el tribunal, estuvo detrás de las muertes de dos empresarios de Manzanares. Una cantidad que ayuda a explicar el móvil de los crímenes, aunque difícilmente pueda dar medida de sus consecuencias.
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