La Eurocámara pagará con dinero público las pensiones extra en 2027

El Parlamento Europeo asumirá con dinero público las pensiones complementarias de antiguos eurodiputados y otros beneficiarios a partir del 1 de enero de 2027. La decisión llega después de años de dificultades financieras y de un recorte del 50 % en las prestaciones de un fondo voluntario que, pese a las medidas de ahorro, está previsto que agote sus reservas antes de que termine 2026. La institución ha solicitado 10,03 millones de euros adicionales para garantizar los pagos durante el próximo ejercicio.

La medida supone el desenlace de una crisis que se arrastra desde hace más de dos décadas. En 2023, el Parlamento Europeo calculaba que su fondo acumulaba un déficit actuarial de unos 310 millones de euros y aprobó una reforma para reducirlo. Aquella operación debía rebajar el agujero en unos 224 millones, dejando aproximadamente 86 millones pendientes de financiación. Tres años después, el problema no ha desaparecido: Bruselas ha decidido que las pensiones sigan abonándose, pero directamente desde las cuentas de la Eurocámara.

La decisión fue adoptada por la Mesa del Parlamento Europeo el 15 de junio de 2026 y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de julio. El acuerdo establece la continuidad de los pagos a antiguos diputados y otros titulares de derechos, aunque el fondo que hasta ahora los gestionaba se quede sin activos.

El cambio afecta a un régimen especial de jubilación, no al sistema ordinario de pensiones de todos los eurodiputados. Esa distinción importa: se trata de un complemento voluntario creado antes de que la Unión Europea unificara las condiciones de jubilación de sus representantes. Un mecanismo heredado cuya factura terminará integrándose en el presupuesto parlamentario.

Un fondo de pensiones con más de 900 beneficiarios y décadas de compromisos

El origen del problema se remonta a 1990, cuando el Parlamento Europeo creó un régimen voluntario de pensiones complementarias. Su finalidad era ofrecer a los eurodiputados una prestación adicional en un momento en el que las condiciones de jubilación variaban considerablemente entre los distintos Estados miembros.

El sistema funcionaba mediante aportaciones de los propios parlamentarios y de la institución. Los diputados financiaban un tercio de las cotizaciones y el Parlamento Europeo aportaba los otros dos tercios. Es decir, el dinero público ya participaba en la financiación del fondo mucho antes de que se planteara su rescate.

En 2009, con la entrada en vigor del Estatuto común de los eurodiputados, el régimen quedó cerrado a nuevas incorporaciones. Sin embargo, los compromisos adquiridos no desaparecieron. La institución debía continuar pagando las prestaciones reconocidas a quienes habían participado en el sistema.

La interrupción de las nuevas cotizaciones y una rentabilidad insuficiente de las inversiones agravaron los desequilibrios. Los ingresos del fondo dejaron de ser suficientes para cubrir sus obligaciones futuras.

Según las cifras examinadas por el Parlamento Europeo en 2026, el régimen registraba un déficit de 105 millones de euros al cierre de 2024, con activos limitados a 23,17 millones y compromisos de pago para más de 900 beneficiarios que podrían prolongarse, como mínimo, hasta 2074.

El recorte del 50 % que no logró salvar el sistema

La institución intentó contener el deterioro con una reforma aprobada definitivamente el 12 de junio de 2023. La Mesa estableció una reducción del 50 % de las pensiones complementarias, tanto para quienes ya las estaban cobrando como para futuros beneficiarios.

También decidió congelar la actualización anual de las cuantías vinculada a la inflación y elevar de 65 a 67 años la edad de acceso a la jubilación para quienes todavía no habían empezado a percibirla.

Otra de las opciones consistía en permitir a los afiliados abandonar voluntariamente el régimen mediante un pago único. La fórmula contemplaba la devolución de sus aportaciones personales y un incentivo adicional de hasta el 20 %.

La reforma tenía una finalidad doble: reducir las obligaciones financieras futuras y limitar la cantidad de dinero público necesaria para sostenerlas. Sus resultados, sin embargo, no bastaron para garantizar la supervivencia del fondo.

De los 310 millones de déficit previstos en 2023 al agotamiento de las reservas

Los cálculos iniciales de 2023 estimaban que el paquete de medidas podía reducir el déficit actuarial desde aproximadamente 310 millones hasta 86 millones de euros. La efectividad de aquella previsión dependía, entre otros factores, del número de beneficiarios dispuestos a abandonar el régimen.

Es importante distinguir aquellas estimaciones de la situación presupuestaria actual. Los 86 millones no constituyen una nueva partida aprobada en 2026, del mismo modo que los 10,03 millones solicitados para 2027 no representan necesariamente el coste total futuro del sistema.

De hecho, la propia Eurocámara reconoció en abril de 2026 que las medidas adoptadas habían reducido las obligaciones por prestaciones en un 63 %, pero no habían resuelto la fragilidad financiera del fondo.

El resultado es especialmente significativo: se redujo a la mitad el importe de unas pensiones para contener su coste y, aun así, los activos disponibles están cerca de agotarse.

La Justicia europea avaló los recortes frente a 405 afectados

La reforma no estuvo exenta de oposición. Un total de 405 antiguos eurodiputados o sus derechohabientes recurrieron los cambios ante el Tribunal General de la Unión Europea, al considerar que la reducción de sus prestaciones vulneraba sus derechos.

Entre los procedimientos figuraba uno encabezado por el antiguo presidente del Parlamento Europeo Enrique Barón Crespo.

El 17 de diciembre de 2025, el Tribunal General desestimó los recursos y confirmó la legalidad de las medidas aprobadas en 2023.

La resolución estableció una diferencia fundamental entre el derecho a percibir una pensión y el derecho a cobrar una cantidad determinada. Según el tribunal, la protección de los derechos adquiridos no impide modificar el método de cálculo de las prestaciones cuando existen razones justificadas.

Los magistrados consideraron que los recortes perseguían objetivos legítimos, relacionados con la sostenibilidad del fondo y la reducción de sus consecuencias económicas para los contribuyentes.

La sentencia despejó así uno de los principales obstáculos jurídicos. El Parlamento podía recortar las cuantías, pero seguía teniendo responsabilidades respecto a la continuidad de las pensiones reconocidas.

Los 10 millones adicionales para pagar las pensiones en 2027

El siguiente paso llegó en junio de 2026. Ante la previsión de que el fondo agotase sus activos antes de terminar el año, la Mesa decidió que el Parlamento Europeo asumiera directamente el pago de las prestaciones desde enero de 2027.

La decisión afecta a antiguos eurodiputados y otros beneficiarios reconocidos por el régimen, incluidos determinados familiares supervivientes.

Para afrontar esas obligaciones, la Comisión Europea incorporó una dotación adicional de 10.028.000 euros al proyecto de presupuesto de 2027. El Parlamento respaldó esa incorporación en su posición presupuestaria del 21 de octubre de 2026.

La cantidad corresponde a las necesidades previstas para ese ejercicio. No equivale a una liquidación definitiva de todas las obligaciones futuras, que pueden prolongarse durante décadas.

Tampoco supone que el presupuesto comunitario para 2027 esté definitivamente cerrado. Las cuentas siguen sujetas a la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

Lo que sí está decidido es el cambio de sistema: cuando se agoten los recursos del fondo voluntario, las pensiones se abonarán directamente desde el presupuesto de la Eurocámara. El eventual capital restante, después de satisfacer las prestaciones de diciembre de 2026, pasará a la institución.

Por qué el Parlamento Europeo está obligado a asumir los pagos

La financiación pública de estas pensiones tiene un fundamento jurídico concreto. El artículo 27 del Estatuto de los eurodiputados establece la protección de los derechos y expectativas de pensión adquiridos en el antiguo régimen.

En abril de 2009, la Mesa ya había asumido el compromiso de garantizar el pago de las prestaciones si el fondo agotaba sus recursos. Aquel acuerdo adquiere ahora una importancia decisiva.

La documentación oficial de 2026 reconoce expresamente esa responsabilidad. El Parlamento no puede limitarse a dejar de pagar las pensiones reconocidas porque el vehículo financiero que debía atenderlas resulte insolvente.

Eso no significa que todos los importes sean intocables. La sentencia del Tribunal General de diciembre de 2025 confirmó precisamente que las prestaciones pueden modificarse dentro de determinados límites legales.

La cuestión es distinta: la obligación de mantener el régimen no garantiza una cuantía invariable, pero sí impone a la institución responsabilidades sobre los derechos reconocidos.

De ahí que el problema no pueda resolverse simplemente con la desaparición del fondo ni mediante una decisión administrativa que deje de abonar las prestaciones de jubilación.

Un gasto heredado que seguirá bajo examen

El caso plantea una cuestión incómoda para las instituciones europeas. Durante años, el Parlamento mantuvo un régimen complementario de jubilación que terminó acumulando obligaciones superiores a sus recursos disponibles. Después llegaron las reformas, los recortes y los litigios. Finalmente, la institución ha tenido que preparar su presupuesto para asumir directamente los pagos.

La responsabilidad financiera tiene una explicación jurídica, pero eso no elimina el debate sobre la gestión del sistema y las decisiones que permitieron que su déficit creciera durante tanto tiempo.

Tampoco conviene confundir este régimen histórico con las pensiones ordinarias de los trabajadores europeos ni con el sistema general de jubilación de los actuales eurodiputados. Se trata de prestaciones complementarias de un fondo cerrado en 2009, cuyos compromisos continúan vigentes.

El verdadero impacto económico no se medirá únicamente por los 10,03 millones presupuestados para 2027. También dependerá de la evolución de las obligaciones pendientes y del número de beneficiarios durante los próximos años.

La Eurocámara ha conseguido reducir considerablemente el coste previsto de las prestaciones y ha defendido con éxito sus reformas ante la Justicia europea. Lo que no ha conseguido es que el antiguo fondo pueda seguir pagando por sí mismo.

A partir de 2027, esa diferencia dejará de ser un problema de las reservas de un fondo voluntario y pasará a reflejarse directamente en las cuentas del Parlamento Europeo. Los recortes habrán reducido la factura, pero no habrán evitado su financiación pública.