Perder las midterms podría no frenar a Trump, sino endurecer su agenda

Donald Trump podría perder el control del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 y, paradójicamente, responder con una presidencia todavía más agresiva. La Casa Blanca lleva meses preparando medidas para seguir aplicando su programa político sin depender de las mayorías parlamentarias. Entre las opciones estudiadas figuran nuevas restricciones migratorias, aranceles, cambios en el gasto público y un uso más intenso de las facultades ejecutivas. Una derrota republicana podría convertirse en un acelerador de la agenda de Trump, aunque también reforzaría los controles sobre su Gobierno.

La posibilidad no se basa únicamente en especulaciones sobre el temperamento del presidente. Desde abril, altos cargos de su Administración, entre ellos Stephen Miller y Russell Vought, trabajan con los servicios jurídicos de la Casa Blanca para determinar hasta dónde puede llegar Trump sin nuevas leyes del Congreso. El presidente conoce esos preparativos. La cuestión ya no es solamente cuánto poder perdería si los demócratas ganan, sino cómo utilizaría el que conserva.

Estados Unidos vota este martes para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado. Los republicanos llegan a las urnas con mayorías estrechas en ambas cámaras. Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños netos en cada una para hacerse con su control. Las encuestas favorecen a la oposición en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado presenta una competición más incierta.

El resultado condicionará los dos últimos años del segundo mandato de Trump. Una victoria demócrata permitiría investigar a su Administración, bloquear iniciativas legislativas y negociar con mayor fuerza los presupuestos. Pero perder apoyo parlamentario no significa perder la presidencia. Y ahí aparece el escenario que preocupa a parte de los analistas: un mandatario enfrentado a un Congreso hostil que decida gobernar mediante órdenes ejecutivas, normas administrativas y declaraciones de emergencia.

Una derrota parlamentaria no garantiza un Trump más moderado

En una democracia presidencialista como la estadounidense, el Congreso y la Casa Blanca tienen legitimidades independientes. El electorado puede castigar al partido del presidente en las elecciones de mitad de mandato sin obligarle a abandonar el cargo ni modificar automáticamente su programa.

Trump ya ha demostrado una marcada preferencia por la acción ejecutiva desde su regreso al poder en enero de 2025. Ha utilizado las atribuciones presidenciales para impulsar políticas comerciales, endurecer el control migratorio, reducir estructuras administrativas y adoptar decisiones de política exterior sin esperar nuevas leyes.

Una mayoría demócrata complicaría la aprobación de grandes reformas, pero también podría empujar a Trump a prescindir todavía más del procedimiento legislativo. Es una hipótesis respaldada por los preparativos de su Administración y por especialistas que consideran probable una continuidad, incluso una intensificación, de esa forma de gobernar.

El cálculo político tampoco resulta especialmente complicado. Con un Congreso adverso, Trump podría presentar cada bloqueo legislativo como una prueba de que sus adversarios impiden cumplir las promesas electorales. La confrontación institucional le ofrecería un nuevo argumento frente a sus seguidores y permitiría trasladar parte de la responsabilidad por los problemas económicos a los demócratas.

Existe, sin embargo, otra posibilidad: que una derrota suficientemente amplia obligue a los republicanos a distanciarse de algunas decisiones presidenciales, especialmente las relacionadas con el coste de la vida, los aranceles y la guerra con Irán. El endurecimiento no es inevitable, y tampoco está demostrado que resulte electoralmente beneficioso.

Los ámbitos en los que Trump podría endurecer su mandato

Los preparativos de la Casa Blanca permiten identificar dónde podría hacerse más visible un enfrentamiento con el nuevo Congreso. No todos los ámbitos ofrecen al presidente la misma libertad de actuación, pero algunos dependen considerablemente de decisiones administrativas.

Inmigración: visados, deportaciones y controles fronterizos

La inmigración constituye uno de los terrenos donde Trump dispone de mayor capacidad para actuar sin nuevas mayorías parlamentarias.

Entre las medidas examinadas por su equipo figuran restricciones adicionales a los visados para estudiantes extranjeros y trabajadores temporales. También podría mantener o intensificar las operaciones de control migratorio y deportación, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación y las decisiones judiciales.

Una Cámara de Representantes controlada por los demócratas podría exigir explicaciones sobre las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), investigar posibles irregularidades o intentar introducir condiciones en futuros presupuestos.

Eso no supondría, por sí solo, paralizar las deportaciones. La Administración ya dispone de financiación aprobada anteriormente para ejecutar buena parte de su política migratoria. El Congreso podría tratar de modificar esos recursos, pero recuperar una mayoría parlamentaria no permite anular automáticamente el dinero autorizado.

El resultado podría ser una política de inmigración más vigilada desde el Capitolio, pero igualmente estricta sobre el terreno.

Aranceles, vivienda y control del dinero público

La política comercial ofrece otra vía de confrontación.

La Casa Blanca ha estudiado nuevos aranceles sobre importaciones de minerales críticos y aerogeneradores, además de otras decisiones económicas que podrían adoptarse sin una nueva ley. Trump considera los aranceles una herramienta de presión internacional, aunque sus efectos también pueden trasladarse a los costes de producción y a los precios que pagan empresas y consumidores estadounidenses.

Un Congreso demócrata podría cuestionar esas políticas e impulsar iniciativas para restringirlas. Sin embargo, las facultades comerciales delegadas al Ejecutivo permiten determinadas actuaciones unilaterales, sujetas a los límites de cada ley y al control de los tribunales.

También se preparan posibles cambios en el reparto de subvenciones federales. Russell Vought, responsable de la Oficina de Administración y Presupuesto, examina cómo utilizar partidas ya aprobadas y modificar las reglas de adjudicación para aumentar la intervención de cargos políticos en determinadas decisiones de financiación.

Esto importa especialmente porque el dinero público es uno de los instrumentos de control más poderosos del Congreso. Si la Casa Blanca consigue conservar margen de maniobra sobre los fondos existentes, una mayoría opositora tendría más dificultades para condicionar algunas políticas a corto plazo.

Las medidas relacionadas con vivienda y construcción también están sobre la mesa, aunque no existe un programa definitivo anunciado para el escenario de una derrota republicana.

Irán y política exterior: el margen del comandante en jefe

Una de las consecuencias más delicadas podría aparecer fuera de Estados Unidos.

La guerra con Irán, el aumento de los precios energéticos y el malestar por el coste de la vida forman parte del contexto electoral de estas legislativas. Una mayoría demócrata podría reclamar un mayor control de las operaciones militares y exigir explicaciones sobre las decisiones adoptadas por la Administración.

Pero la política exterior es uno de los ámbitos en los que el presidente conserva más autonomía. La Constitución estadounidense reparte las competencias sobre la guerra entre el Ejecutivo y el Congreso, aunque los presidentes han interpretado históricamente sus facultades militares de forma amplia.

El Congreso puede aprobar restricciones, ejercer supervisión y condicionar partidas presupuestarias. El problema es que Trump conserva el derecho de veto presidencial sobre las leyes aprobadas por ambas cámaras. Para superar ese veto se necesitan dos tercios de los votos en cada una, una mayoría extraordinariamente difícil de alcanzar en el escenario político actual.

Por eso, incluso con avances demócratas, Trump mantendría un margen considerable para adoptar decisiones militares y diplomáticas. Los analistas contemplan una continuidad de su activismo comercial y exterior, aunque eso no significa que necesariamente vaya a ampliar los conflictos armados.

Para Europa, las consecuencias podrían manifestarse en las relaciones comerciales, los aranceles y las decisiones de seguridad internacional. Una pérdida de apoyo interno no obliga al presidente estadounidense a adoptar posiciones más conciliadoras con sus aliados.

También existe un límite evidente: una política exterior cada vez más conflictiva puede incrementar las tensiones económicas y políticas dentro del propio Partido Republicano. El margen jurídico para actuar no equivale a disponer de apoyo político ilimitado.

Investigaciones, vetos y una batalla por los presupuestos

La recuperación de la Cámara de Representantes daría a los demócratas una herramienta de la que actualmente carecen: el control de sus comisiones parlamentarias.

Eso permitiría iniciar investigaciones, solicitar documentos y citar a responsables de la Administración. Entre los asuntos susceptibles de examen figuran la gestión migratoria, la guerra con Irán y posibles conflictos de intereses relacionados con el ejercicio del poder presidencial.

La Casa Blanca lleva meses preparándose para ese escenario. Sus abogados han asesorado a responsables gubernamentales sobre cómo responder a citaciones y solicitudes de información. También se han explorado argumentos jurídicos para ampliar la protección de determinadas comunicaciones presidenciales mediante el privilegio ejecutivo, una prerrogativa que permite mantener reservada cierta información en circunstancias concretas.

Las investigaciones podrían derivar en enfrentamientos judiciales prolongados si el Ejecutivo se niega a entregar documentos o facilitar testimonios.

La posibilidad de un tercer procedimiento de destitución contra Trump también podría regresar al debate. La Cámara de Representantes puede aprobar una acusación formal por mayoría simple, pero destituir al presidente exige posteriormente una mayoría de dos tercios en el Senado. Sin suficientes votos republicanos, la destitución seguiría siendo muy improbable.

Si los demócratas conquistaran también el Senado, el cambio sería más importante. Podrían bloquear determinados nombramientos judiciales y altos cargos de la Administración, además de controlar las comisiones de esa cámara.

Trump, por su parte, conservaría el veto presidencial. De hecho, ya ha anticipado que podría dedicar uno o dos meses a vetar iniciativas demócratas antes de negociar posibles acuerdos. Incluso se ha referido a sí mismo, con ironía, como Mr. Veto.

La confrontación más importante podría llegar con los presupuestos de 2027 y las negociaciones sobre el límite de endeudamiento federal.

En ese terreno, ambas partes dispondrían de instrumentos de presión. El Congreso controla la autorización de nuevos gastos, mientras que el presidente debe firmar las leyes correspondientes. La falta de acuerdos podría provocar cierres parciales de la Administración federal, retrasos en servicios públicos e incertidumbre económica.

Una victoria demócrata tendría, por tanto, efectos reales. Lo que no garantizaría es una reducción automática del poder ejecutivo.

La prueba decisiva empieza después de las urnas

Hay un último escenario que preocupa especialmente a los especialistas en instituciones democráticas: la reacción de Trump ante unos resultados desfavorables.

El precedente de 2020 sigue siendo relevante. Después de perder las presidenciales frente a Joe Biden, Trump sostuvo acusaciones falsas de fraude electoral y trató de revertir el resultado. Aquella crisis desembocó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En las legislativas de 2026 han reaparecido las disputas sobre la integridad del sistema electoral. El Departamento de Justicia prevé desplegar alrededor de 1.000 observadores electorales por todo el país, una cifra considerablemente superior a la de las anteriores elecciones de mitad de mandato. Algunos responsables locales temen que determinadas intervenciones federales puedan intimidar a los votantes, algo que el Departamento de Justicia rechaza.

También existen litigios relacionados con los procedimientos electorales estatales. En las contiendas ajustadas, las impugnaciones podrían prolongar el recuento y retrasar la certificación de algunos resultados.

Conviene distinguir los hechos de las hipótesis. Una reclamación judicial no constituye por sí misma un intento de alterar unas elecciones, y no puede darse por hecho que Trump vaya a repetir la conducta de 2020. Pero sus antecedentes y sus declaraciones justifican prestar atención a cómo reaccionará ante una eventual derrota republicana.

El nuevo Congreso no comenzaría sus funciones hasta enero de 2027. Ese intervalo entre las elecciones y la toma de posesión también resultará importante, porque los republicanos conservarán mientras tanto sus mayorías actuales.

La paradoja de estas legislativas es que los votantes pueden imponer límites políticos al presidente sin conseguir que modere su comportamiento. Trump podría responder aceptando negociaciones, buscando acuerdos parciales o tratando de compensar la pérdida parlamentaria con un mayor protagonismo del Ejecutivo.

Los preparativos conocidos apuntan especialmente hacia esta última opción, aunque la intensidad de la respuesta dependerá del resultado y de los límites que impongan las instituciones.

Una victoria demócrata sería un contrapeso democrático efectivo en materias como los presupuestos, las investigaciones y los nombramientos. Pero el Congreso no puede sustituir al presidente ni eliminar sus competencias constitucionales.

Ese es el verdadero alcance del 3 de noviembre: las urnas decidirán quién controla el poder legislativo, mientras que la conducta posterior de Trump y la respuesta del Congreso, los tribunales y los estados determinarán cómo se ejerce el poder presidencial durante los dos años restantes.

Perder el Congreso podría obligar a Trump a negociar. También podría llevarlo a gobernar de forma más unilateral y confrontativa. La primera posibilidad fortalecería la búsqueda de acuerdos; la segunda convertiría el resto de su mandato en una prueba todavía más exigente para el sistema estadounidense de controles y equilibrios.