Adeslas y Asisa rechazan el concierto sanitario de ISFAS para 2027

La asistencia sanitaria de más de medio millón de militares, guardias civiles, retirados y familiares afronta un nuevo periodo de incertidumbre. SegurCaixa Adeslas y Asisa han decidido no presentarse al concierto sanitario del ISFAS para 2027, dejando desierta la licitación convocada por el Ministerio de Defensa. Las dos aseguradoras que actualmente prestan el servicio consideran insuficiente la financiación propuesta por el Gobierno.

La decisión afecta especialmente a los 481.065 beneficiarios que reciben asistencia a través de aseguradoras privadas, según los últimos datos correspondientes a 2025. Sin embargo, el rechazo al nuevo contrato no significa que los mutualistas se hayan quedado sin atención médica. El concierto vigente garantiza la cobertura hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla mecanismos adicionales de continuidad durante enero de 2027.

El plazo de presentación de ofertas finalizó el 26 de octubre sin que ninguna compañía concurriera al procedimiento. La Administración deberá buscar una solución que permita mantener la asistencia sanitaria a partir del próximo año, bien mediante una nueva licitación, una revisión de las condiciones económicas o las medidas de continuidad previstas en el sistema.

La situación recuerda inevitablemente a la crisis de Muface, que obligó al Gobierno a mejorar considerablemente su propuesta económica después de que las aseguradoras rechazaran las condiciones iniciales. Esta vez, el problema afecta a la mutualidad de las Fuerzas Armadas y llega con un calendario especialmente ajustado.

Adeslas y Asisa rechazan una oferta de 609 millones de euros

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, había convocado un nuevo concierto para garantizar la asistencia sanitaria durante 2027, con un presupuesto de 609,36 millones de euros.

La propuesta contemplaba un incremento aproximado del 2 % en las primas que reciben las aseguradoras por cada beneficiario. Una subida que ambas compañías consideran insuficiente para afrontar el coste de la asistencia médica, especialmente en un contexto de encarecimiento de los servicios sanitarios.

Asisa sostiene que las condiciones económicas no permiten mantener la calidad asistencial exigida por el contrato. La compañía considera que existe una diferencia importante entre la financiación asignada a cada mutualista y el coste de prestar determinadas coberturas, algunas de las cuales, según argumenta, superan las exigencias del Sistema Nacional de Salud.

SegurCaixa Adeslas ha llegado a una conclusión similar. Tras analizar las previsiones económicas y el nuevo sistema de primas diferenciadas por edad, considera que la financiación prevista para 2027 no permite alcanzar el equilibrio necesario para asumir el concierto.

El desacuerdo tiene también una particularidad. El nuevo contrato se limita a un solo año, mientras que el convenio actualmente vigente comprende 2025 y 2026 y cuenta con un presupuesto conjunto de 1.201 millones de euros.

La decisión de las aseguradoras no implica necesariamente su salida definitiva del sistema. Ambas han dejado abierta la posibilidad de continuar vinculadas al mutualismo administrativo si las condiciones económicas permiten garantizar la prestación del servicio.

Más de 530.000 personas dependen del ISFAS

El alcance del problema supera ampliamente al personal militar en activo. El ISFAS proporciona cobertura sanitaria a miembros de las Fuerzas Armadas, guardias civiles, personal retirado y familiares que reúnen los requisitos para ser beneficiarios.

Según la memoria correspondiente a 2025, la mutualidad contaba con 531.415 personas protegidas al finalizar ese ejercicio. De ellas, 481.065 habían elegido recibir asistencia mediante una entidad privada, lo que representa aproximadamente el 90,5 % del total.

SegurCaixa Adeslas atendía a 301.842 beneficiarios y Asisa a otros 179.223. El resto estaba adscrito a los servicios sanitarios públicos, a modalidades vinculadas con la Sanidad Militar o figuraba temporalmente sin adscripción.

Estas cifras explican la dimensión del conflicto. La eventual desaparición del concierto privado no afectaría únicamente a quienes visten uniforme, sino también a pensionistas, cónyuges y otros familiares que utilizan habitualmente consultas, hospitales y centros médicos concertados.

El sistema permite a los mutualistas elegir entre distintas modalidades de asistencia sanitaria, incluida la red pública. Por ello, la falta de acuerdo con las aseguradoras no elimina el derecho a recibir atención médica, aunque sí plantea dificultades organizativas y posibles cambios de proveedor.

Qué ocurre con las citas médicas y los tratamientos en curso

Por ahora, los beneficiarios de Adeslas y Asisa pueden continuar utilizando sus servicios sanitarios conforme a las condiciones del concierto vigente.

Las dos compañías han confirmado que mantendrán sus obligaciones asistenciales. SegurCaixa Adeslas ha precisado que este compromiso incluye los tratamientos y las autorizaciones médicas en curso.

Esto significa que el rechazo al concierto de 2027 no supone, por sí solo, la cancelación de una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención programada durante la vigencia del contrato actual.

La situación exige especial atención en el caso de personas que reciben tratamientos prolongados, necesitan revisiones periódicas o tienen intervenciones previstas para los primeros meses de 2027.

Aunque no se ha anunciado una interrupción general de la asistencia, sigue pendiente conocer qué compañías prestarán el servicio el próximo año y en qué condiciones. Hasta que se concrete una solución, resulta conveniente conservar los informes médicos, las autorizaciones y la documentación relativa a los tratamientos que deban continuar después de diciembre.

El contrato garantiza asistencia hasta enero de 2027

Uno de los aspectos más relevantes para los mutualistas aparece recogido en el propio concierto sanitario de 2025-2026.

Su cláusula 7.1.2 establece que, si una aseguradora no suscribe un nuevo concierto para 2027, deberá mantener las obligaciones del contrato actual hasta el 31 de enero de 2027 respecto a las personas que tuviera adscritas al finalizar diciembre.

Por tanto, existe una garantía contractual de continuidad durante el primer mes del próximo año, incluso si alguna de las compañías decide no renovar.

La normativa contempla también determinadas situaciones médicas que requieren una protección adicional.

Si un paciente continúa hospitalizado el 31 de enero de 2027, la aseguradora deberá mantener su asistencia hasta recibir el alta, con el límite establecido para finales de marzo de ese año. También se prevé la continuidad de la atención por maternidad cuando el parto esté programado para febrero.

Estas disposiciones buscan evitar que una transición entre entidades interrumpa determinados procesos asistenciales especialmente delicados.

El concierto también establece que, cuando una aseguradora abandone el sistema, los mutualistas afectados deberán elegir una nueva entidad dentro del plazo que determine el ISFAS. La nueva adscripción tendría efectos desde el 1 de febrero de 2027, sin perjuicio de las excepciones previstas para hospitalizaciones y maternidad.

Naturalmente, estas previsiones tendrán que adaptarse a la solución que finalmente adopte Defensa. La existencia de una garantía temporal no resuelve por sí sola quién prestará la asistencia sanitaria durante el resto de 2027.

La crisis de Muface vuelve a poner a prueba al Gobierno

El rechazo de Adeslas y Asisa reproduce un conflicto que ya experimentó la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

A finales de 2024, las aseguradoras dejaron desierta la primera licitación para renovar su concierto sanitario. El desacuerdo se prolongó durante meses y obligó al Gobierno a modificar las condiciones económicas hasta alcanzar un acuerdo.

Finalmente, el concierto de Muface para 2025-2027 se adjudicó con un presupuesto de 4.808 millones de euros y una subida media acumulada de las primas del 41,2 % respecto al convenio anterior.

La experiencia demuestra que una licitación desierta no implica necesariamente el final de la colaboración entre la Administración y las aseguradoras. También evidencia que las negociaciones pueden prolongarse bastante más de lo previsto inicialmente.

En el caso del ISFAS existe una diferencia importante: mientras el nuevo concierto militar solo cubre 2027, el acuerdo de Muface tiene una duración de tres años.

La distribución territorial de los beneficiarios constituye otro elemento relevante. El personal militar y sus familias se encuentran repartidos por numerosos municipios, incluidos destinos donde mantener una red suficiente de especialistas y centros médicos puede resultar más complicado.

Las mismas aseguradoras sí aceptan el concierto de Mugeju

El contraste aparece en la Mutualidad General Judicial (Mugeju), que proporciona asistencia sanitaria a jueces, fiscales y otros trabajadores de la Administración de Justicia.

Adeslas y Asisa sí han presentado ofertas para continuar en Mugeju durante 2027, pese a que el nuevo concierto también tendrá una duración anual.

El presupuesto previsto para esta mutualidad asciende a unos 88,75 millones de euros.

Las compañías consideran que, en este caso, las condiciones permiten mantener el servicio con garantías económicas y asistenciales suficientes.

La diferencia resulta significativa. Las aseguradoras no están rechazando de manera general el modelo de mutualismo administrativo, sino las condiciones concretas del contrato ofrecido para las Fuerzas Armadas.

Defensa afronta una negociación decisiva para la sanidad militar

El Ministerio de Defensa tiene ahora varias alternativas para resolver el bloqueo. Una de ellas consiste en preparar una nueva licitación con condiciones económicas revisadas, buscando atraer nuevamente a Adeslas, Asisa o a otras compañías interesadas.

Otra posibilidad pasa por establecer medidas adicionales de continuidad mientras se alcanza un acuerdo. La aplicación de cualquier mecanismo extraordinario deberá ajustarse a las previsiones contractuales y a la normativa correspondiente.

La tercera opción sería reorganizar la asistencia de los mutualistas que actualmente utilizan aseguradoras privadas para que puedan recibirla mediante los servicios públicos de salud.

Sin embargo, un traslado de semejante magnitud plantearía dificultades importantes. Cerca de medio millón de personas utilizan actualmente el sistema sanitario concertado del ISFAS, y su eventual incorporación a la red pública requeriría planificación, coordinación entre administraciones y recursos asistenciales suficientes.

No existe, por el momento, una decisión confirmada que implique ese traslado general.

A fecha de 2 de noviembre de 2026, la licitación para el concierto sanitario del ISFAS correspondiente a 2027 continúa sin adjudicatario y no se ha confirmado públicamente un nuevo acuerdo con las aseguradoras.

El calendario añade presión al proceso. El contrato actual finaliza el 31 de diciembre y las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre pueden condicionar los tiempos administrativos de cualquier negociación.

Mientras tanto, los mutualistas mantienen su cobertura en las condiciones vigentes. La incógnita no está en si podrán acudir mañana al médico, sino en qué entidad prestará su asistencia sanitaria durante 2027 y cómo se garantizará la continuidad de los tratamientos.

Defensa dispone todavía de margen para negociar, aunque el tiempo se estrecha. El conflicto vuelve a situar sobre la mesa el equilibrio económico de un modelo que combina financiación pública y prestación privada. Para las aseguradoras, las cuentas deben resultar sostenibles. Para los beneficiarios, lo verdaderamente importante es que la atención médica no se interrumpa.

Y esa responsabilidad, independientemente del resultado de las negociaciones, sigue correspondiendo a la Administración.