Países Bajos planea recortar 25.000 empleos públicos con IA hasta 2035

Países Bajos quiere reducir 25.000 puestos de trabajo en la Administración central antes de 2035, apoyándose en la inteligencia artificial (IA), la simplificación de los trámites y una profunda reorganización del sector público. El plan del Gobierno neerlandés, presentado el 26 de octubre, supondría eliminar aproximadamente el 16 % de los empleos públicos de la Administración estatal y conseguir un ahorro anual de 3.500 millones de euros a partir de 2035.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo del primer ministro Rob Jetten, contempla una primera reducción del gasto de 900 millones de euros en 2027. La policía y las Fuerzas Armadas quedarán al margen de los recortes. Sin embargo, todavía no se ha determinado cómo se distribuirán las reducciones de plantilla entre los ministerios y organismos públicos. Tampoco se ha anunciado un despido colectivo de 25.000 trabajadores: la cifra representa una previsión de reducción de puestos equivalentes a jornada completa durante los próximos años.

El secretario de Estado responsable de la reforma administrativa, Eric van der Burg, defiende que el país necesita una Administración más sencilla, menos burocrática y capaz de aprovechar las nuevas tecnologías. Su propuesta combina automatización, eliminación de normas y reorganización de recursos. No se trata únicamente de sustituir funcionarios por programas informáticos, aunque el recorte de empleo constituye uno de los objetivos más relevantes.

La decisión abre un debate que trasciende las fronteras neerlandesas. Durante años, la digitalización se presentó como una herramienta para facilitar el trabajo de los empleados públicos. Ahora, uno de los gobiernos europeos plantea abiertamente que también sirva para reducir de forma considerable el tamaño de la Administración.

No habrá 25.000 despidos inmediatos: el recorte será progresivo

Uno de los aspectos fundamentales del anuncio es su calendario. El Gobierno pretende alcanzar la reducción de unos 25.000 puestos equivalentes a jornada completa en 2035, pero no ha establecido todavía cuántos desaparecerán cada año ni qué departamentos deberán asumir el mayor ajuste.

Van der Burg precisó el 1 de noviembre, durante una intervención televisiva difundida por WNL, que el Ejecutivo no pretende paralizar indiscriminadamente las contrataciones. De hecho, defendió la necesidad de seguir incorporando profesionales en áreas estratégicas, especialmente las relacionadas con tecnología, informática e inteligencia artificial.

La fórmula pasa, en parte, por aprovechar las jubilaciones, las salidas voluntarias y la posibilidad de no cubrir determinadas vacantes. También contempla modificar tareas y estructuras administrativas para necesitar menos personal. El secretario de Estado reconoció que cerrar organismos o eliminar empleos sin evaluar previamente sus funciones sería una decisión equivocada.

Hay una diferencia importante entre reducir 25.000 puestos y despedir a 25.000 personas. La primera opción puede incluir plazas que desaparecen cuando sus titulares se jubilan o abandonan voluntariamente la Administración. La segunda implicaría extinciones de contratos. El Gobierno todavía no ha concretado qué proporción del ajuste corresponderá a cada mecanismo.

Cómo pretende Países Bajos utilizar la inteligencia artificial

La inteligencia artificial es uno de los instrumentos con los que el Gobierno espera aumentar la productividad de los trabajadores públicos. El propósito es automatizar determinadas operaciones administrativas, simplificar procedimientos y disminuir el tiempo dedicado a tareas repetitivas.

Entre los ámbitos de aplicación se encuentran la gestión documental, el tratamiento de información, la atención de consultas y la revisión de expedientes. Van der Burg ha mencionado, por ejemplo, la posibilidad de utilizar sistemas digitales para comprobar declaraciones tributarias y reducir el trabajo manual necesario en determinadas verificaciones.

Pero existe un matiz fundamental: la IA todavía no tiene asignada una cifra concreta de puestos que vaya a sustituir. Los 25.000 empleos corresponden al conjunto de la reforma administrativa, que incluye medidas tecnológicas, organizativas y presupuestarias.

El Ejecutivo tiene previsto presentar durante el primer trimestre de 2027 objetivos específicos de productividad y planes de ahorro vinculados a la implantación de inteligencia artificial. Hasta entonces, no es posible atribuir a esta tecnología una cantidad determinada de los empleos que desaparecerían.

De los trámites automáticos a una Administración más digital

La estrategia neerlandesa también pretende evitar que los ciudadanos tengan que facilitar repetidamente información que ya poseen distintas instituciones públicas.

Para lograrlo, el Gobierno quiere facilitar el intercambio seguro de datos entre organismos como la Administración tributaria, los ayuntamientos y las entidades encargadas de prestar servicios a las empresas.

El objetivo es avanzar hacia una atención administrativa más integrada, en la que un ciudadano pueda dirigirse a una oficina y recibir asistencia sin tener que averiguar previamente qué departamento es responsable de su problema.

La automatización también plantea dificultades. La información administrativa incluye datos personales, decisiones con consecuencias económicas y procedimientos sujetos a garantías legales. Una respuesta rápida no equivale necesariamente a una decisión correcta.

Por eso, la eficacia de estos sistemas dependerá tanto de su capacidad técnica como de los mecanismos de supervisión, protección de datos y revisión humana. Especialmente cuando están en juego prestaciones sociales, impuestos o derechos individuales.

Menos funcionarios, menos normas y menos organismos públicos

La reforma no se limita a incorporar nuevos programas informáticos. Una parte considerable del ahorro previsto dependerá de que la Administración neerlandesa reduzca su propia complejidad.

El Gobierno se ha fijado como objetivo eliminar o simplificar al menos 500 normas cada año. También estudia mecanismos para revisar periódicamente la necesidad de determinadas regulaciones y evitar que las nuevas disposiciones se acumulen indefinidamente.

La intención es reducir las excepciones, los procedimientos duplicados y las obligaciones administrativas que consumen recursos sin aportar una mejora proporcional al servicio público.

Otro frente afecta a los organismos consultivos. Países Bajos cuenta con 28 órganos asesores permanentes y alrededor de 150 comisiones consultivas. El Ejecutivo pretende disminuir su número, aunque todavía debe concretar cuáles desaparecerán o serán reorganizados.

También quiere reducir las aproximadamente 400 evaluaciones de políticas públicas que se realizan anualmente. El planteamiento oficial es disminuir el trabajo burocrático asociado a estas estructuras.

La reorganización incluye medidas bastante menos sofisticadas que la inteligencia artificial: unificar sistemas informáticos, centralizar compras, reducir servicios auxiliares y aprovechar mejor las instalaciones.

El Gobierno aspira, por ejemplo, a disponer de un puesto de oficina por cada dos empleados, aprovechando las modalidades de trabajo flexible. Los edificios considerados innecesarios podrían quedar fuera de uso.

La paradoja resulta evidente: mientras la inteligencia artificial protagoniza los titulares, una parte del ahorro procederá de decisiones tan tradicionales como compartir escritorios, reducir oficinas y eliminar trámites.

Qué servicios públicos podrían verse afectados

Aunque la policía y Defensa están expresamente excluidas del recorte, el Gobierno todavía no ha identificado todos los organismos que deberán ajustar sus plantillas.

Entre las instituciones que no cuentan, por ahora, con una exclusión general figuran la Administración tributaria, el organismo responsable de prestaciones y seguros de los trabajadores (UWV) y el servicio de inmigración y naturalización (IND).

Esto no significa que se hayan aprobado despidos concretos en esas entidades. Significa que todavía no están protegidas frente a las futuras reducciones, cuya distribución deberá establecerse en las próximas decisiones presupuestarias.

El asunto es especialmente delicado porque algunas de esas instituciones ya afrontan dificultades para gestionar su carga de trabajo. Una reducción de personal sin una simplificación efectiva de los procedimientos podría traducirse en más esperas, retrasos o dificultades para atender expedientes.

El profesor emérito de Administración Pública Frits van der Meer ha cuestionado la viabilidad del proyecto y advierte de que existen servicios donde precisamente faltan trabajadores. A su juicio, antes de establecer una cifra global de recortes debería analizarse qué funciones desarrolla cada organismo y qué consecuencias tendría reducir sus recursos.

La cuestión afecta también al propio funcionamiento del Estado. Eliminar trámites innecesarios puede beneficiar a ciudadanos y empresas, pero reducir indiscriminadamente las estructuras encargadas de supervisar, evaluar o garantizar derechos puede tener consecuencias distintas.

Una Administración más pequeña no es automáticamente una Administración mejor. Todo dependerá de las funciones que conserve, de las que consiga simplificar y de la calidad de los servicios que siga ofreciendo.

El verdadero examen será mantener los servicios con menos personal

El Gobierno neerlandés sostiene que la reforma permitirá ahorrar 3.500 millones de euros anuales a partir de 2035 sin renunciar a una Administración eficaz. Es una previsión ambiciosa, pero todavía necesita convertirse en decisiones concretas y resultados verificables.

El próximo paso será definir los objetivos de productividad vinculados a la inteligencia artificial durante los primeros meses de 2027. Posteriormente deberá concretarse el reparto de las reducciones presupuestarias y de plantilla entre los diferentes organismos estatales.

La magnitud del desafío es considerable. Países Bajos ha experimentado un aumento importante de su personal administrativo durante los últimos años y ahora pretende invertir esa tendencia mediante tecnología, simplificación normativa y reorganización institucional.

También tendrá que demostrar que los ahorros no quedan compensados por nuevos gastos tecnológicos, necesidades de supervisión o problemas derivados de una atención pública insuficiente.

La experiencia neerlandesa puede convertirse en una referencia para otros países europeos que buscan contener el gasto y modernizar sus administraciones. Pero conviene no confundir una previsión de ahorro con un ahorro conseguido, ni una herramienta tecnológica con una solución universal.

La inteligencia artificial puede ayudar a que un funcionario tramite más expedientes en menos tiempo. Lo que todavía debe demostrarse es que también permitirá prescindir de miles de puestos sin perjudicar a quienes necesitan esos servicios.

Ese será el verdadero resultado que habrá que examinar en 2035: no solo cuántos empleos públicos hayan desaparecido o cuánto dinero se haya ahorrado, sino si los ciudadanos reciben una atención más rápida, accesible y eficaz. Porque reducir el tamaño del Estado es una decisión presupuestaria; conseguir que funcione mejor es bastante más complicado.