Alferro denuncia a Óscar Puente por los audios del accidente de Urda

El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) ha presentado una denuncia contra Óscar Puente ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la presunta revelación de información reservada relacionada con el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que causó 69 muertos el pasado 28 de octubre. La organización considera que el responsable de Transportes pudo divulgar comunicaciones internas de Adif que resultan relevantes para la investigación judicial de la tragedia.

La denuncia, registrada este martes 3 de noviembre, se centra en las declaraciones que Puente realizó pocas horas después del siniestro, cuando reconoció públicamente haber escuchado las grabaciones de las conversaciones entre el centro de control de Atocha y los maquinistas. El sindicato solicita investigar si esa información estaba protegida y si su difusión pudo constituir un delito de revelación de secretos. La presentación del escrito no implica, por sí misma, que se haya acreditado ninguna conducta delictiva.

El movimiento judicial ha coincidido con una jornada especialmente complicada para Puente, que posteriormente ha anunciado su dimisión durante su comparecencia en el Congreso. El ministro ha justificado su marcha por la gravedad de los dos accidentes ferroviarios mortales registrados en menos de un año, el de Adamuz y el de Urda. No consta que haya vinculado su decisión a la denuncia sindical.

La controversia abre otro frente en una crisis que ya afecta a la seguridad de la alta velocidad española, la gestión de las emergencias ferroviarias y las responsabilidades políticas. Hasta ahora, buena parte de la atención se había concentrado en las instrucciones transmitidas desde Atocha a los trenes accidentados. Alferro introduce una cuestión distinta: quién podía acceder a esas grabaciones, qué información estaba autorizado a divulgar y cómo terminaron algunos audios en los medios de comunicación.

Alferro pide investigar las declaraciones de Puente tras el accidente

La denuncia sostiene que Óscar Puente no se limitó a informar de las circunstancias generales del choque ferroviario. Según el sindicato, durante su primera comparecencia pública, realizada el 28 de octubre desde el Centro de Regulación y Control de Adif en Atocha, el ministro trasladó detalles concretos de las comunicaciones operativas mantenidas con los maquinistas.

Puente reconoció entonces que había escuchado grabaciones de las comunicaciones ferroviarias. También relató un intercambio en el que un maquinista corrigió una indicación del centro de control, al advertir que correspondía circular en «marcha a la vista» y no en «marcha normal».

Para Alferro, reproducir públicamente el contenido de esas conversaciones supone algo distinto de ofrecer información institucional sobre el accidente. El sindicato sostiene que se trataba de registros operativos de seguridad ferroviaria, conservados por Adif y potencialmente relevantes para determinar las causas de la colisión.

El escrito pide esclarecer si Puente conocía el carácter reservado de esas comunicaciones, si estaba autorizado a divulgar su contenido y si alguna de las grabaciones mencionadas ya formaba parte de las actuaciones judiciales declaradas secretas.

La organización también considera necesario determinar las circunstancias de su posterior difusión. Y aquí aparece una distinción fundamental: que el ministro admitiera haber escuchado los audios no demuestra que fuera quien los filtró a la prensa. Son hechos diferentes y requieren pruebas diferentes.

Qué revelaron las conversaciones entre Adif y los maquinistas

El accidente ocurrió el 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuando un AVE de Renfe colisionó con un tren de Iryo que permanecía detenido en las inmediaciones de Urda.

Las grabaciones conocidas permiten reconstruir parcialmente las comunicaciones mantenidas con el Centro de Regulación y Control de Atocha durante los minutos anteriores al choque.

A las 8.31 horas, el maquinista del AVE comunicó un problema de transmisión relacionado con el sistema de seguridad LZB, utilizado para supervisar y controlar la circulación ferroviaria. Cinco minutos después, desde Atocha se le indicó que desconectara y volviera a conectar el sistema antes de reanudar la circulación bajo el sistema de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL).

El punto más controvertido fue la instrucción de continuar en «marcha normal». Las condiciones de circulación aplicables tras la incidencia tecnológica están entre los aspectos que deben esclarecerse, especialmente porque el régimen de marcha a la vista exige mayores precauciones y contempla un límite máximo de 40 kilómetros por hora.

Las conversaciones también recogen comunicaciones con la maquinista del Iryo, cuyo convoy estaba detenido y presentaba dificultades relacionadas con el sistema LZB.

Estos registros son importantes para determinar qué información recibieron los conductores, qué conocían los responsables de circulación y si las instrucciones emitidas se ajustaron a los procedimientos de seguridad.

Pero escuchar fragmentos aislados no permite reconstruir por completo lo ocurrido. La secuencia íntegra de las comunicaciones, el estado de los sistemas y las decisiones operativas deben analizarse conjuntamente antes de establecer responsabilidades.

Precisamente por eso, los sindicatos han mostrado su preocupación por la publicación anticipada de las grabaciones, que podría condicionar la percepción pública de los hechos y señalar a determinados trabajadores antes de finalizar las investigaciones.

Los posibles delitos que recoge la denuncia contra Puente

Alferro plantea dos posibles vías penales relacionadas con la divulgación de información que considera reservada.

La primera se refiere al artículo 417 del Código Penal, que castiga a las autoridades y funcionarios públicos que revelen secretos o informaciones conocidos por razón de su cargo cuando no deban ser divulgados.

En su modalidad básica, el precepto establece multas de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público durante uno a tres años. Cuando la revelación provoca un perjuicio grave para la causa pública o para terceros, contempla penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación de tres a cinco años.

La segunda posibilidad mencionada por el sindicato es el artículo 466, relativo a la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas por una autoridad judicial. Su aplicación depende de circunstancias específicas, como la naturaleza de las actuaciones divulgadas y la condición de quien las revela.

Escuchar una grabación no equivale a cometer un delito

La cuestión jurídica no consiste únicamente en demostrar que Puente tuvo acceso a unas conversaciones internas. También habría que acreditar que reveló información efectivamente protegida, que no estaba autorizado a divulgarla y que concurren los demás requisitos del delito correspondiente.

Respecto al eventual secreto de las actuaciones judiciales, resulta especialmente importante determinar cuándo se incorporaron los audios al procedimiento y qué protección tenían en el momento de su difusión.

No basta con que unas grabaciones sean relevantes para una investigación para considerar automáticamente delictiva cualquier referencia pública a su contenido. La naturaleza reservada de la información y las circunstancias de su divulgación resultan determinantes.

La Fiscalía tendrá que valorar el escrito y decidir si procede practicar diligencias u otras actuaciones. La mera presentación de una denuncia tampoco significa que Puente haya adquirido la condición de investigado en un procedimiento penal.

La filtración de los audios abre otro conflicto con los trabajadores

La denuncia de Alferro no es la única iniciativa sindical relacionada con las grabaciones del accidente de Urda.

El Sector Ferroviario Estatal de Comisiones Obreras también ha denunciado la posible revelación de secretos por la filtración de las conversaciones entre el centro de control y los maquinistas. Asimismo, ha trasladado sus reclamaciones al delegado de Protección de Datos de Adif y a la Agencia Española de Protección de Datos.

Por su parte, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) presentó una denuncia ante el órgano judicial de Orgaz encargado de investigar el accidente. Esa actuación busca esclarecer cómo se difundieron las grabaciones, pero, a diferencia de la denuncia de Alferro, no se dirige específicamente contra Óscar Puente.

Las organizaciones sindicales consideran especialmente delicado que se conozcan públicamente comunicaciones en las que pueden identificarse trabajadores relacionados con un accidente de semejante gravedad.

Su preocupación va más allá de la intimidad profesional. También cuestionan que la difusión de fragmentos de audio pueda favorecer una atribución precipitada de responsabilidades a los operadores del centro de control o a los maquinistas.

El debate afecta al funcionamiento del sistema ferroviario en su conjunto. Las actuaciones individuales deben investigarse, desde luego, pero también las condiciones de trabajo, los procedimientos establecidos, la formación y los mecanismos técnicos destinados a evitar que un error termine provocando una tragedia.

La tensión laboral ya ha derivado en nuevas movilizaciones. Los sindicatos han anunciado protestas y convocatorias de huelga para reclamar mejoras en la seguridad ferroviaria, entre ellas una jornada de paro en Adif prevista para el 17 de noviembre.

La dimisión de Puente añade presión a la crisis ferroviaria

La presentación de la denuncia coincide con el día en que Óscar Puente ha anunciado su salida del Gobierno tras comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso.

El responsable de Transportes, que durante los días anteriores había defendido su continuidad, ha terminado reconociendo que la gravedad de los accidentes de Adamuz y Urda hacía necesaria su marcha por responsabilidad política.

Durante su intervención parlamentaria ha explicado que tomó la decisión poco después del último siniestro, pero que había preferido permanecer en el cargo hasta adoptar medidas inmediatas para reforzar la seguridad ferroviaria. También ha anunciado que no encabezará la candidatura socialista por Valladolid en las próximas elecciones generales.

La dimisión supone un cambio importante en la gestión política de la crisis, aunque no resuelve las responsabilidades técnicas, administrativas o penales que puedan derivarse del accidente.

Son ámbitos distintos. La responsabilidad política puede asumirse mediante una renuncia, mientras que cualquier responsabilidad penal requiere una investigación y, en su caso, una resolución judicial sustentada en pruebas.

Tampoco debe establecerse una relación causal entre la denuncia de Alferro y la dimisión del ministro sin elementos que la acrediten. Ambas noticias han coincidido en una misma jornada, pero responden a hechos y procedimientos diferentes.

La investigación de los audios continúa después de la dimisión

La salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes no elimina las cuestiones planteadas por Alferro. La Fiscalía deberá valorar si existen motivos para investigar la divulgación de las comunicaciones ferroviarias y si los hechos denunciados pueden encajar en alguna infracción penal.

También sigue pendiente esclarecer el origen de la filtración, las personas que tuvieron acceso a las grabaciones y las circunstancias en las que algunos fragmentos terminaron publicados.

La investigación del accidente de Urda, por su parte, continúa bajo la responsabilidad judicial correspondiente y debe determinar por qué fallaron los mecanismos de seguridad destinados a impedir una colisión de semejante gravedad.

Hay 69 víctimas mortales, familias que esperan respuestas y una red ferroviaria cuya seguridad se encuentra sometida a un escrutinio extraordinario.

La denuncia sindical añade una exigencia concreta: que las pruebas se custodien correctamente y que la información obtenida durante una investigación de esta naturaleza se maneje con las garantías legales correspondientes.

La dimisión resuelve la continuidad política de Puente, pero no el esclarecimiento de los hechos. Las responsabilidades por el accidente y las posibles irregularidades en la difusión de sus grabaciones deberán determinarse por separado, con pruebas y sin anticipar culpabilidades.