Las seis universidades públicas de Madrid inician dos días de huelga

Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han comenzado este miércoles, 4 de noviembre de 2026, una huelga de dos días para denunciar la falta de financiación, personal y recursos. La primera jornada ha arrancado con piquetes informativos en distintos campus, donde estudiantes y trabajadores han repartido folletos y explicado los motivos de una protesta que se prolongará hasta el jueves 5 de noviembre.

La movilización, convocada por las plataformas en defensa de la universidad pública y respaldada por organizaciones sindicales, afecta a la Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Alcalá y Rey Juan Carlos. Los convocantes acusan al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de mantener una financiación insuficiente que, según denuncian, compromete la enseñanza, la investigación y el funcionamiento de los centros. También reclaman mejores condiciones laborales y el respeto al derecho de protesta en los campus.

La huelga se produce en un momento especialmente delicado para las universidades madrileñas. Aunque el Ejecutivo autonómico aprobó este año un nuevo modelo de financiación hasta 2031, las plataformas consideran que las cantidades previstas no resuelven los problemas acumulados durante años.

El conflicto no es nuevo. Lo que ha cambiado es su dimensión: las protestas universitarias coinciden con una huelga del profesorado de otras etapas educativas, que mantiene abierto otro frente de movilizaciones en la región.

Piquetes informativos y protestas desde primera hora

La jornada ha comenzado con la presencia de grupos de estudiantes y trabajadores en diferentes facultades. En Ciudad Universitaria, los participantes han repartido folletos en las inmediaciones del metro y han recorrido varios edificios académicos para informar sobre los paros.

Durante una de las movilizaciones, encabezada por una pancarta con el lema «La educación no se negocia», se han escuchado consignas contra los recortes y la gestión del sistema universitario.

Eva Aladro, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense e integrante de la plataforma Universidad Complutense por la Pública, ha explicado que las dos jornadas combinarán las acciones en los campus con manifestaciones, clases en la calle y concentraciones ante las instituciones autonómicas.

Las reivindicaciones no se limitan a una cuestión presupuestaria. Los participantes denuncian también el deterioro de las instalaciones, la insuficiencia de las plantillas y las dificultades para mantener determinados servicios universitarios.

Las seis universidades afectadas y las consecuencias para las clases

La convocatoria comprende las seis instituciones públicas de enseñanza superior de la Comunidad de Madrid: la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad de Alcalá (UAH) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Están llamados a participar el personal docente e investigador, los investigadores, los trabajadores de administración y servicios y los estudiantes, que también han recibido el respaldo de las plataformas convocantes.

Qué ocurre con las clases durante el 4 y 5 de noviembre

La huelga puede provocar suspensiones de clases y alteraciones en la actividad académica, aunque no supone el cierre automático de todas las facultades ni la cancelación general de la docencia.

Los servicios mínimos previstos no obligan a mantener la actividad docente ordinaria cuando el profesor participa en el paro. Por tanto, el desarrollo de las clases dependerá de la participación efectiva del profesorado y de las circunstancias de cada centro.

No existe, por el momento, un balance global contrastado del seguimiento de la huelga en las seis universidades. Tampoco puede darse por hecho que todas las facultades registren la misma incidencia.

La financiación enfrenta a las universidades con Ayuso

El principal motivo de la protesta es la financiación de las universidades públicas madrileñas. Las plataformas sostienen que los recursos asignados resultan insuficientes para atender las necesidades de personal, mantenimiento, investigación y funcionamiento ordinario.

Según los convocantes, la inversión universitaria en Madrid representa aproximadamente el 0,39 % del PIB regional, una proporción que consideran alejada del objetivo de financiación pública establecido por la legislación universitaria española.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) fija como objetivo compartido entre las administraciones alcanzar un gasto público en universidades públicas equivalente, como mínimo, al 1 % del PIB nacional. Se trata de una meta de financiación progresiva para el conjunto del sistema español, no de una obligación individual e inmediata para cada comunidad autónoma.

Un acuerdo de 14.800 millones que no ha terminado con el conflicto

El pasado 3 de marzo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los rectores de las seis universidades públicas firmaron un nuevo modelo de financiación plurianual que contempla 14.790,7 millones de euros entre 2026 y 2031.

El Ejecutivo regional defiende que el acuerdo proporciona estabilidad presupuestaria y permitirá desarrollar inversiones, modernizar infraestructuras y reforzar los servicios universitarios. La Comunidad de Madrid aprobó formalmente el modelo en mayo.

Sin embargo, las plataformas convocantes cuestionan su suficiencia. Consideran que una parte importante de las cantidades anunciadas corresponde a ingresos ya previstos, fondos condicionados a determinados objetivos o partidas destinadas a obligaciones previamente comprometidas.

También hay una diferencia relevante entre la cifra global anunciada y las aportaciones presupuestarias directas. El acuerdo incluye ingresos procedentes de precios públicos universitarios, además de las transferencias autonómicas, una circunstancia que los representantes de los trabajadores consideran esencial para interpretar el verdadero alcance del esfuerzo financiero.

La discusión, en definitiva, no gira únicamente en torno a cuánto dinero se anuncia, sino a cuánto estará efectivamente disponible para resolver las necesidades de cada universidad.

Déficit, falta de trabajadores e instalaciones deterioradas

Las dificultades económicas ya tienen consecuencias concretas, según los participantes en la movilización.

Pablo González, trabajador del área técnica de gestión, administración y servicios de la Universidad Politécnica de Madrid, ha denunciado la falta de personal y el envejecimiento de parte de las instalaciones universitarias.

Entre los ejemplos mencionados figuran aulas que llevan entre 50 y 60 años sin renovarse, una situación que, según su testimonio, refleja el deterioro acumulado de algunos espacios educativos.

González también ha señalado que la Universidad Politécnica registró un déficit de 14 millones de euros, de acuerdo con la memoria económica del último ejercicio, y ha advertido de las dificultades financieras que atraviesan otras instituciones, entre ellas la Complutense y la Rey Juan Carlos.

El representante universitario ha calificado la situación de insostenible y ha reclamado a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que negocie directamente con los representantes de los centros.

Las organizaciones convocantes también exigen mayor estabilidad laboral, mejores posibilidades de promoción profesional y medidas frente a la precariedad contractual. Sostienen que los problemas de contratación y la escasez de recursos terminan afectando tanto a quienes trabajan en la universidad como a quienes estudian en ella.

Manifestaciones y movilizaciones del 4 y 5 de noviembre

El calendario de protestas continuará durante las dos jornadas con actos previstos dentro y fuera de los campus.

Para este miércoles 4 de noviembre, las organizaciones convocantes han programado piquetes informativos durante la mañana y una marcha contra la privatización de la enseñanza universitaria, con salida prevista a las 12.00 horas desde la calle Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE, y recorrido hasta la calle Génova, sede nacional del PP.

El jueves 5 de noviembre está previsto que continúen los piquetes y las actividades universitarias bajo la iniciativa «La Uni en la calle», con la que profesores y estudiantes trasladarán parte de la actividad académica a espacios públicos.

Entre las actividades convocadas figuran una concentración ante la Consejería de Educación entre las 12.00 y las 13.30 horas y un encuentro a las 15.00 horas en las inmediaciones del Museo Reina Sofía.

La principal movilización de la tarde será una manifestación desde Atocha hasta la Puerta del Sol, convocada a partir de las 17.30 horas, aunque algunos colectivos han difundido las 18.00 horas como referencia para la marcha.

Las protestas también incluyen reivindicaciones relacionadas con la libertad de expresión y el derecho de manifestación dentro de los campus universitarios.

Este último aspecto ha adquirido especial relevancia después de los incidentes registrados el pasado 14 de octubre en la Universidad Complutense, cuando una intervención policial durante una movilización frente a la Facultad de Ciencias Químicas terminó con cinco detenidos y ocho heridos.

Los convocantes denuncian lo que consideran un aumento de la presión sobre las protestas estudiantiles y reclaman garantías para ejercer sus derechos. La controversia añade un componente político y de derechos fundamentales a un conflicto cuyo origen principal continúa siendo económico.

Una huelga que devuelve la financiación universitaria al centro del debate

La huelga de este 4 y 5 de noviembre evidencia que el acuerdo presupuestario firmado entre la Comunidad de Madrid y los rectores no ha conseguido cerrar el enfrentamiento con una parte importante de la comunidad universitaria.

Para el Gobierno regional, el modelo plurianual representa un avance en la financiación y la planificación de las universidades. Para las plataformas convocantes, los recursos siguen sin responder a las necesidades reales de los centros.

La discusión afecta a cuestiones muy concretas: plantillas suficientes, instalaciones adecuadas, estabilidad en la investigación y calidad de la enseñanza pública.

Con dos jornadas de movilizaciones en marcha, la reclamación inmediata de los convocantes es abrir una negociación que permita abordar esas carencias. El alcance de la huelga dependerá de su seguimiento y de la respuesta institucional, pero el desacuerdo presupuestario que la ha provocado sigue abierto.