Trump mantendrá las deportaciones pese al revés republicano en EE. UU.

La Administración de Donald Trump ha dejado claro que no frenará las deportaciones después de la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos del 3 de noviembre. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó este miércoles 4 de noviembre que las expulsiones de inmigrantes continuarán, pese al avance de los demócratas y al creciente rechazo ciudadano a la gestión del presidente.

El mensaje llega en un momento especialmente delicado para la Casa Blanca. Los demócratas han recuperado el control de la Cámara de Representantes y del Senado, un resultado que debilita políticamente a Trump y amenaza con complicar sus dos últimos años de mandato. Sin embargo, el Gobierno estadounidense no contempla dar marcha atrás en una de las medidas más controvertidas de su agenda: la intensificación de las detenciones y deportaciones de inmigrantes en situación irregular.

«Las deportaciones continuarán», escribió Mullin en su cuenta oficial de X. Apenas tres palabras, suficientes para despejar cualquier expectativa de rectificación inmediata tras el castigo recibido por los republicanos en las urnas.

La declaración también confirma que la Administración pretende mantener su estrategia migratoria incluso cuando el nuevo equilibrio de fuerzas en Washington podría aumentar el control parlamentario sobre las actuaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

Trump mantiene su ofensiva migratoria pese al castigo electoral

Las elecciones de mitad de mandato han supuesto un importante revés para el Partido Republicano. Los demócratas han conseguido avances en estados tradicionalmente conservadores y han recuperado el control de las dos cámaras del Congreso.

El resultado refleja un deterioro del respaldo electoral a Trump, especialmente entre sectores que contribuyeron a su victoria presidencial de 2024.

Según los análisis de los resultados, los republicanos retrocedieron respecto a aquella elección en el 99 % de unos 2.200 condados examinados. La caída fue especialmente pronunciada en territorios con una elevada población hispana.

La política migratoria ha sido uno de los principales distintivos del segundo mandato de Trump. Su Gobierno ha reforzado las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ha defendido las expulsiones como una herramienta fundamental para combatir la inmigración irregular.

Mullin ha querido evitar que el resultado electoral se interprete como el comienzo de una retirada. La continuidad de las deportaciones es, por ahora, la respuesta oficial.

Pero las urnas han enviado una señal incómoda a la Casa Blanca: la inmigración no ha sido necesariamente la principal preocupación de los estadounidenses a la hora de votar.

La economía y la democracia preocupan más que la inmigración

Los sondeos a pie de urna de NBC muestran una diferencia considerable entre las prioridades del Gobierno republicano y las preocupaciones expresadas por los electores.

El 39 % de los votantes señaló la economía como el principal problema del país, mientras que el 32 % situó en primer lugar el estado de la democracia.

Solo el 14 % consideró la inmigración el asunto más importante.

Estos resultados ayudan a explicar la dimensión del retroceso republicano. Aunque Trump ha convertido el control fronterizo y las deportaciones en elementos centrales de su discurso, una parte importante del electorado ha concentrado su malestar en el coste de la vida y la situación política del país.

La política migratoria, además, tampoco genera un respaldo uniforme entre quienes consideran que constituye una prioridad. Dentro de ese grupo, el 44 % prefería la gestión republicana, frente al 41 % que se inclinaba por los demócratas.

La distancia entre ambos partidos resulta mucho menor de lo que podría sugerir la contundencia habitual del discurso presidencial.

El rechazo a las deportaciones crece entre los votantes latinos

Una de las señales más relevantes procede del electorado hispano, especialmente importante en estados como Texas, Arizona, Nevada y Florida.

Una investigación del Pew Research Center, publicada en octubre de 2026, reveló que el 62 % de los votantes latinos consideraba que la Administración Trump estaba deportando a demasiados inmigrantes en situación irregular.

El 22 % estimaba que el volumen de expulsiones era adecuado, mientras que el 14 % creía que resultaba insuficiente.

La división también se observa dentro del propio electorado republicano de origen latino, aunque en ese segmento existe un respaldo mucho mayor a las actuaciones del Gobierno.

Estos datos evidencian que la preocupación por la inmigración irregular no se traduce automáticamente en apoyo a las deportaciones masivas. La intensidad de las medidas, sus procedimientos y las personas afectadas también influyen en la percepción ciudadana.

Cerca de 980.000 deportaciones durante el segundo mandato de Trump

La magnitud de la política migratoria estadounidense queda reflejada en las estimaciones del Migration Policy Institute (MPI).

Según sus cálculos, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo aproximadamente 980.000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, durante los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump.

La cifra incluye actuaciones del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), tanto expulsiones formales como diferentes modalidades de retorno.

El instituto calculó que Estados Unidos llevaba un ritmo equivalente a unas 660.000 deportaciones durante el año fiscal 2026, terminado el 30 de septiembre. Se trata de una proyección realizada con datos disponibles hasta julio, no de un balance definitivo de todo el ejercicio.

El volumen de expulsiones supone un incremento respecto a los años anteriores, aunque permanece por debajo del objetivo de un millón de deportaciones anuales defendido por la Administración.

El 80 % de los deportados no tenía condenas penales

Uno de los datos más significativos del análisis del MPI se refiere al perfil de las personas expulsadas.

De las aproximadamente 980.000 deportaciones contabilizadas, unas 790.000 correspondieron a personas sin condenas penales, lo que representa alrededor del 80 % del total.

Las restantes 190.000 afectaron a personas que sí habían sido condenadas por algún delito.

La distinción resulta importante porque la Administración Trump presenta habitualmente sus operaciones migratorias como una estrategia centrada en personas vinculadas con actividades delictivas.

Los datos muestran una realidad más amplia: las expulsiones también afectan a numerosos inmigrantes sin condenas, incluidos residentes que llevaban varios años establecidos en Estados Unidos.

Eso no significa que todas las situaciones jurídicas sean idénticas. La ausencia de una condena penal no equivale necesariamente a disponer de autorización de residencia, pero sí permite diferenciar la infracción de las normas migratorias de la comisión de otros delitos.

Qué cambia para Trump con un Congreso controlado por los demócratas

La derrota republicana introduce un nuevo escenario político, aunque no supone la paralización automática de las deportaciones.

El presidente conserva sus competencias ejecutivas y el Departamento de Seguridad Nacional puede continuar aplicando la legislación migratoria vigente.

La nueva mayoría demócrata, que asumirá sus funciones en enero de 2027, dispondrá de mayores posibilidades para investigar las actuaciones del Gobierno, exigir explicaciones a sus responsables y promover cambios legislativos.

También podrá ejercer presión mediante el control presupuestario, aunque una parte importante de los recursos destinados al dispositivo migratorio ya cuenta con financiación aprobada para ejercicios posteriores.

Modificar sustancialmente la política de deportaciones tampoco será sencillo. La aprobación de nuevas leyes puede encontrar obstáculos en el Senado y cualquier iniciativa legislativa estará expuesta al veto presidencial.

Por eso, la victoria demócrata no implica que las expulsiones vayan a detenerse. Lo que cambia es el margen político del que dispone Trump para desarrollar su programa sin una oposición parlamentaria con capacidad de supervisión.

La continuidad anunciada por Mullin deberá convivir, previsiblemente, con una mayor exigencia de rendición de cuentas.

Las deportaciones seguirán en el centro del conflicto político

El resultado de las elecciones legislativas deja a Trump ante una contradicción difícil de resolver. Su Gobierno insiste en mantener una de sus principales promesas electorales, mientras el respaldo político que facilitó su aplicación ha sufrido un duro retroceso.

La respuesta de Seguridad Nacional indica que no habrá un cambio inmediato en las deportaciones, pero tampoco garantiza que la estrategia pueda mantenerse sin obstáculos durante el resto del mandato.

Con los demócratas al frente del Congreso, las operaciones migratorias estarán sometidas a un escrutinio político mucho mayor.

Trump conserva la presidencia y la capacidad de dirigir su Administración. Lo que ha perdido es el control republicano del Congreso. Y esa diferencia puede resultar decisiva para determinar hasta dónde podrá llevar su política migratoria antes de las elecciones presidenciales de 2028.