Perú: 77 religiosos acusados de abusos a menores antes de León XIV

La organización estadounidense BishopAccountability.org ha presentado en Perú una base de datos con 77 miembros de la Iglesia católica acusados públicamente de abusos sexuales a menores durante las últimas décadas. La investigación, difundida el jueves 5 de noviembre en Lima, llega a pocos días de la visita del papa León XIV y vuelve a situar los presuntos encubrimientos, la protección de las víctimas y la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas en el centro del debate.

El registro incluye sacerdotes, hermanos religiosos, seminaristas y laicos consagrados que han desarrollado actividades en parroquias y centros educativos peruanos. No se trata de 77 nuevas condenas ni de denuncias presentadas simultáneamente ante la Justicia, sino de una recopilación de acusaciones conocidas públicamente, con distintos recorridos judiciales y eclesiásticos. La organización pretende facilitar el acceso a esa información y reclamar una respuesta más contundente de la Iglesia.

La presentación coincide con el comienzo de la gira latinoamericana de León XIV, que este viernes 6 de noviembre emprende un viaje por Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice llegará a Lima el 11 de noviembre, en una visita especialmente significativa por su estrecha vinculación con el país, donde vivió durante más de dos décadas, obtuvo la nacionalidad peruana y ejerció como obispo de Chiclayo.

Las asociaciones de supervivientes consideran que el viaje representa una oportunidad para exigir medidas concretas. Quieren conocer el alcance de los abusos, esclarecer las posibles responsabilidades institucionales y establecer mecanismos que impidan la repetición de los hechos. El problema, sostienen, no termina con identificar a los presuntos agresores.

Una base de datos identifica a 77 religiosos acusados de abusos en Perú

La investigación ha sido elaborada por BishopAccountability.org, una entidad fundada en Estados Unidos en 2003 que recopila documentación sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia católica.

Su nueva plataforma dedicada a Perú reúne información procedente de investigaciones periodísticas, archivos judiciales y documentación pública. También incorpora materiales de investigaciones anteriores sobre los abusos sexuales contra menores en el país.

Cada perfil recoge, cuando existe información disponible, las acusaciones formuladas, las fechas de los acontecimientos, los procedimientos judiciales y las decisiones adoptadas por las autoridades eclesiásticas.

La relación incluye tanto a religiosos peruanos como a extranjeros que han trabajado en instituciones católicas del país. Tampoco se limita a los casos recientes: algunos de los hechos denunciados se remontan varias décadas atrás.

La organización advierte de que los 77 nombres no representan necesariamente la totalidad de los casos. La ausencia de estadísticas nacionales completas y públicas sobre víctimas y religiosos denunciados dificulta establecer la verdadera dimensión de los abusos.

Las acusaciones no equivalen a condenas judiciales

El registro reúne situaciones muy diferentes. Algunos religiosos han sido denunciados sin que exista una sentencia condenatoria, otros han afrontado procedimientos eclesiásticos y también aparecen casos en los que se han dictado resoluciones judiciales.

Entre los nombres documentados figura el sacerdote Marco Agüero Vidal, detenido en Lima en marzo de 2026 tras recibir denuncias por presuntos tocamientos durante las confesiones. Las acusaciones involucraban a tres menores y dos mujeres adultas. El Arzobispado de Lima informó de la apertura de una investigación preliminar canónica y de la adopción de medidas cautelares.

La existencia de una denuncia, una investigación interna o una medida disciplinaria no demuestra por sí sola la comisión de un delito. La presunción de inocencia sigue siendo aplicable a quienes no hayan sido condenados mediante sentencia firme.

Esta distinción resulta fundamental para interpretar la información publicada. La finalidad del registro es documentar acusaciones conocidas y las respuestas institucionales, no presentar como culpables a todas las personas incluidas.

Las exigencias al papa León XIV ante su visita a Perú

Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, compareció en Lima junto a representantes de las víctimas para exigir una reacción de la Iglesia peruana y del Vaticano.

La primera petición consiste en que León XIV ordene a los obispos y superiores de las congregaciones religiosas publicar los nombres de los miembros del clero contra quienes existan acusaciones fundamentadas de abusos sexuales a menores.

La organización considera que esta transparencia contribuiría a prevenir nuevos episodios y permitiría conocer mejor la actuación de las autoridades religiosas ante las denuncias.

Barrett Doyle recordó que en Estados Unidos numerosos responsables eclesiásticos han publicado relaciones de religiosos acusados. Según los datos expuestos durante la conferencia, 162 obispos y 42 superiores religiosos han adoptado medidas de este tipo.

Otra reclamación es la creación de una comisión de la verdad que investigue los abusos sexuales cometidos contra menores en instituciones católicas peruanas.

La propuesta coincide con una recomendación formulada en 2025 por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Su propósito sería esclarecer los hechos, analizar posibles encubrimientos y facilitar el reconocimiento de las víctimas.

La tercera exigencia afecta a los periodistas que han investigado estos casos. La organización pidió al pontífice que se pronuncie sobre lo que considera una persecución judicial contra profesionales que denunciaron los abusos relacionados con el Sodalicio de Vida Cristiana, especialmente Paola Ugaz.

El escándalo del Sodalicio vuelve a señalar a la Iglesia peruana

El Sodalicio de Vida Cristiana constituye uno de los antecedentes más importantes para comprender las reclamaciones actuales.

Esta organización religiosa, fundada en Perú y posteriormente extendida a otros países, quedó envuelta durante años en denuncias de abusos sexuales, violencia psicológica, maltrato físico y corrupción.

El papa Francisco ordenó su disolución en 2025 tras las investigaciones desarrolladas por el Vaticano. Su fundador, Luis Fernando Figari, había sido expulsado previamente de la organización.

Las actuaciones de los investigadores eclesiásticos permitieron reunir más de un centenar de denuncias relacionadas con distintas formas de violencia y abuso.

José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes del Sodalicio y fundador de la Red de Sobrevivientes Perú, participó en la comparecencia celebrada en Lima.

Escardó cuestionó la respuesta judicial a los acontecimientos y reclamó que las víctimas reciban una reparación integral, acompañada de mecanismos eficaces de prevención.

La disolución de una organización religiosa representa una decisión institucional de enorme alcance, pero no equivale a resolver automáticamente todas las responsabilidades penales, civiles o personales vinculadas a sus actividades.

Para los supervivientes, esa diferencia sigue siendo decisiva.

León XIV regresa al país donde fue obispo de Chiclayo

La visita del pontífice tiene un significado particular porque Robert Francis Prevost, antes de convertirse en León XIV, desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa en Perú.

Llegó al país como misionero en la década de 1980, ejerció posteriormente como obispo de Chiclayo y presidió la Comisión para la Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Peruana.

Ese recorrido hace que conozca directamente algunas de las dificultades que afronta la Iglesia peruana.

El exobispo de Caravelí Reinaldo Nann, que trabajó con Prevost en asuntos relacionados con la protección de menores, ha señalado que el actual pontífice mostró una mayor disposición a escuchar a las víctimas que otros responsables eclesiásticos. Sin embargo, también considera que las reformas avanzan con demasiada lentitud.

Según el programa oficial de la Santa Sede, León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y mantendrá un encuentro con los obispos peruanos el jueves 12.

Posteriormente viajará a Chiclayo, donde tiene previstas distintas celebraciones y reuniones con representantes religiosos y universitarios. Su itinerario también contempla actividades en Cusco y Pucallpa antes de regresar a Roma el 16 de noviembre.

El Vaticano ha anunciado su intención de que el papa se reúna con supervivientes de abusos durante la gira, aunque ese encuentro no aparece detallado con fecha y lugar en el programa público.

Para las asociaciones de víctimas, el contenido de esas reuniones y las decisiones posteriores serán más importantes que los gestos protocolarios.

La transparencia y la protección de menores, pendientes de respuesta

La publicación de los 77 nombres vuelve a poner de manifiesto las dificultades para conocer el alcance de los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica peruana.

El problema afecta a varias cuestiones distintas: la investigación de las acusaciones, la colaboración con las autoridades civiles, la reparación de las víctimas y la responsabilidad de quienes pudieron conocer los hechos sin intervenir adecuadamente.

También plantea un debate sobre los procedimientos internos de la Iglesia. Las investigaciones canónicas y las actuaciones de la Justicia ordinaria tienen competencias diferentes, y una resolución eclesiástica no sustituye las obligaciones que puedan existir ante los tribunales civiles.

La publicación de información contrastada, el respeto a las garantías legales y la creación de mecanismos independientes de supervisión aparecen entre las medidas reclamadas por quienes denuncian una falta de transparencia.

La llegada de León XIV a Perú coloca estas exigencias directamente ante el máximo responsable de la Iglesia católica. El pontífice regresa a un país que conoce bien, pero también a una institución marcada por denuncias que siguen pendientes de esclarecimiento.

Los 77 religiosos identificados son, de momento, la dimensión documentada de una investigación que abarca varias décadas. Determinar cuántas víctimas hubo, qué responsabilidades quedaron sin depurar y cómo evitar nuevos abusos continúa siendo el desafío fundamental.