EEUU vota por limitar los centros de datos y OpenAI anuncia un pacto

Los centros de datos de inteligencia artificial han sufrido un importante revés electoral en Estados Unidos. Los votantes de diez estados se pronunciaron el 3 de noviembre sobre 41 propuestas locales relacionadas con estas instalaciones y, según los resultados recopilados por Ballotpedia, 40 de las 41 consultas terminaron con decisiones favorables a limitar su expansión o rechazar medidas que facilitaban su construcción.

El resultado ha coincidido con un movimiento significativo de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, que este jueves 5 de noviembre ha presentado un nuevo pacto comunitario y una propuesta regulatoria para sus futuras instalaciones. La compañía promete asumir los costes de la electricidad y las infraestructuras necesarias, publicar datos sobre el consumo de agua y energía y permitir que los vecinos participen en las decisiones antes de que comiencen las obras.

La votación no supone una prohibición nacional de los centros de datos ni paraliza automáticamente todos los proyectos en marcha. Son decisiones municipales y de otras administraciones locales, algunas vinculantes y otras consultivas. Pero el mensaje político resulta difícil de ignorar: la expansión de la inteligencia artificial empieza a encontrar una oposición organizada entre quienes deben convivir con las enormes instalaciones que hacen funcionar esta tecnología.

La cuestión va más allá del rechazo a una obra industrial. Los vecinos quieren saber cuánta electricidad necesitarán esos complejos, quién pagará las nuevas conexiones a la red, cómo afectarán al suministro de agua y qué beneficios económicos dejarán realmente en sus comunidades.

Los votantes rechazan la expansión de centros de datos en diez estados

Las elecciones de medio mandato celebradas el martes 3 de noviembre incluyeron 41 consultas locales sobre centros de datos repartidas por diez estados. Las propuestas contemplaban prohibiciones, moratorias temporales, cambios urbanísticos y mecanismos de participación ciudadana.

El balance actualizado refleja 40 resultados favorables a restringir estas instalaciones o impedir medidas que habrían facilitado su desarrollo. La única excepción se produjo en Harwood, Dakota del Norte, donde los electores rechazaron imponer revisiones adicionales a determinados proyectos industriales, incluidos los centros de datos.

La magnitud del rechazo resulta especialmente llamativa en Ohio, que concentró 21 de las consultas. Este estado se ha convertido en uno de los territorios donde la creciente demanda de infraestructura informática coincide con una oposición vecinal cada vez más visible.

El balance de Ballotpedia para todo 2026 es todavía más contundente. Hasta el 4 de noviembre se habían resuelto 47 consultas de las 50 previstas durante el año en 13 estados. En 46 de esas 47 votaciones prevalecieron las posiciones favorables a establecer límites o rechazar facilidades para los promotores.

No todos los resultados tienen el mismo efecto jurídico. En unos municipios, los electores aprobaron restricciones directamente aplicables; en otros, expresaron una posición política que deberán considerar sus representantes.

Prohibiciones en Florida, Kansas, California y Ohio

En Edgewater, Florida, los ciudadanos respaldaron con aproximadamente el 77 % de los votos una modificación de la normativa municipal para impedir la aprobación, construcción, ampliación u operación de nuevos centros de datos. La propuesta también exige una nueva votación popular para modificar o eliminar esa prohibición.

La localidad de El Dorado, Kansas, aprobó con cerca del 71 % de apoyo prohibir durante diez años la construcción de centros de datos de alto impacto y determinadas instalaciones de almacenamiento energético mediante baterías.

En Alhambra, California, aproximadamente el 82 % de los votantes respaldó una prohibición municipal de estas instalaciones. También en Upper Sandusky, Ohio, salió adelante una modificación normativa para impedir su construcción, con un respaldo cercano al 77 %.

Los resultados evidencian que el rechazo a los grandes centros de datos no se limita a una región ni responde exclusivamente a las preferencias de un partido. La preocupación por las consecuencias locales del crecimiento tecnológico está llegando a municipios de características muy distintas.

Electricidad, agua y costes: los motivos del rechazo

Los centros de datos son instalaciones que alojan servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de comunicaciones. Permiten prestar servicios digitales de todo tipo, desde plataformas de comercio electrónico hasta aplicaciones de inteligencia artificial.

Sin embargo, los grandes complejos destinados al entrenamiento y funcionamiento de modelos avanzados de IA presentan necesidades especialmente elevadas de potencia eléctrica y refrigeración.

Su construcción puede exigir nuevas subestaciones, conexiones de alta capacidad y ampliaciones de la red. Estas inversiones plantean una cuestión fundamental para los consumidores: si las empresas tecnológicas necesitan infraestructuras adicionales, los vecinos quieren evitar que parte de esos costes termine trasladándose a sus facturas eléctricas.

El consumo de agua constituye otro motivo de preocupación. Algunos sistemas de refrigeración utilizan cantidades importantes de este recurso, aunque el volumen depende del diseño, la tecnología utilizada y las condiciones climáticas. No todos los centros presentan el mismo impacto.

También influyen la ocupación de suelo, el ruido de los equipos de refrigeración, el tráfico durante la construcción y la transformación urbanística de determinados municipios.

Los promotores defienden que estas instalaciones atraen inversiones, recaudación fiscal y empleo. Sus detractores cuestionan que los beneficios compensen necesariamente las necesidades energéticas y los efectos sobre el territorio.

Es una discusión económica bastante concreta: quién obtiene los beneficios de la inteligencia artificial y quién asume los costes de hacerla funcionar.

OpenAI promete pagar su electricidad y escuchar a los vecinos

La respuesta de OpenAI llegó el jueves 5 de noviembre con la presentación de dos documentos: el Pacto Nacional con la Comunidad (National Community Compact) y una propuesta de políticas públicas para el desarrollo responsable de infraestructuras de computación.

La compañía establece que cada futuro complejo que posea y opere directamente deberá contar con compromisos específicos adaptados a su comunidad.

Su principal promesa económica consiste en asumir íntegramente el coste de la electricidad consumida y de las infraestructuras necesarias para abastecer sus instalaciones.

También plantea ofrecer garantías financieras antes de acometer grandes inversiones, de manera que otros consumidores no soporten costes derivados de proyectos retrasados, reducidos o cancelados.

La política contempla medidas para controlar el impacto ambiental. OpenAI se compromete a elaborar planes de gestión del agua, priorizar sistemas de refrigeración de circuito cerrado o bajo consumo hídrico y divulgar información sobre el uso de agua y electricidad de cada instalación.

Asimismo, publicará los planes de construcción y encargará estudios independientes sobre el ruido antes del inicio de la actividad y posteriormente con periodicidad anual.

Otra novedad afecta a la transparencia de las negociaciones con las autoridades. OpenAI asegura que dejará de utilizar acuerdos generales de confidencialidad con funcionarios públicos, aunque mantendrá excepciones limitadas para proteger información sensible relacionada con la seguridad, los secretos comerciales y otros datos empresariales legítimamente protegidos.

La empresa también promete incorporar a los vecinos desde las primeras fases de planificación, habilitar interlocutores locales y publicar informes anuales sobre contratación, formación y cumplimiento de los compromisos adquiridos.

OpenAI sostiene que la construcción de centros de datos puede generar oportunidades económicas más allá de la instalación inicial de los servidores.

Su propuesta contempla colaborar con sindicatos, centros educativos y organizaciones de formación profesional para preparar a trabajadores locales. También pretende facilitar que los proveedores de las comunidades puedan competir por contratos de suministro y mantenimiento.

Como ejemplo de los compromisos sociales vinculados a sus proyectos, la empresa menciona una aportación de 4,8 millones de dólares destinada a financiar comidas escolares gratuitas para unos 14.000 estudiantes en el condado de Effingham, Georgia.

En el condado de Pike, Ohio, OpenAI y SB Energy han comprometido conjuntamente otros seis millones de dólares para iniciativas relacionadas con el cuidado infantil.

Estos ejemplos forman parte de la estrategia empresarial para presentar los nuevos centros como inversiones con beneficios locales identificables, aunque el verdadero alcance de esos beneficios dependerá de la ejecución de cada proyecto.

El pacto de OpenAI no equivale a una nueva ley

Conviene distinguir entre los compromisos voluntarios de la compañía y las obligaciones que podrían establecer las administraciones.

El anuncio del 5 de noviembre no constituye una regulación federal aprobada. OpenAI ha presentado sus propias condiciones para los futuros centros que posea y opere, junto con recomendaciones dirigidas a los legisladores y organismos reguladores estadounidenses.

Entre esas recomendaciones figura exigir a los grandes consumidores eléctricos que sufraguen los costes adicionales que generen en la red. La empresa también propone reforzar la transparencia de los incentivos fiscales y establecer mecanismos para recuperar beneficios públicos cuando los promotores incumplan sus compromisos.

El documento plantea igualmente facilitar que las instalaciones reduzcan temporalmente su demanda eléctrica en momentos de tensión del sistema.

OpenAI señala que su proyecto previsto en Effingham County, Georgia, contempla un acuerdo con la compañía eléctrica para reducir hasta 1.000 megavatios de suministro durante periodos de elevada demanda.

Existe, además, una limitación importante: los compromisos directos anunciados se refieren a instalaciones que OpenAI posea y opere. Buena parte de su infraestructura depende de empresas colaboradoras, como Oracle, por lo que no puede darse por hecho que todas las instalaciones vinculadas a sus servicios queden sometidas automáticamente a las mismas condiciones.

La empresa llevaba desarrollando compromisos comunitarios desde enero de 2026, cuando presentó medidas relacionadas con la iniciativa Stargate. Su nueva propuesta, publicada tras las elecciones, coincide con un momento de creciente oposición local, pero no significa que todas las medidas hayan sido improvisadas como consecuencia de las urnas.

Las restricciones pueden cambiar el futuro de la inteligencia artificial

Las decisiones de los municipios estadounidenses introducen nuevas dificultades para uno de los sectores que más inversiones tecnológicas está movilizando.

Las restricciones urbanísticas, las moratorias y las exigencias energéticas pueden retrasar proyectos, elevar costes y obligar a revisar ubicaciones. El impacto dependerá de las normas concretas de cada territorio y de las decisiones que adopten las administraciones competentes.

La reacción también tiene una dimensión política. El presidente Donald Trump ha convertido el desarrollo de la inteligencia artificial y la construcción de infraestructuras tecnológicas en prioridades económicas de su Administración.

Sin embargo, los resultados del 3 de noviembre muestran que el respaldo a la innovación no implica necesariamente aceptar cualquier proyecto industrial asociado a ella.

La tecnología puede seguir creciendo, pero las empresas tendrán que justificar con mayor precisión sus necesidades y explicar cómo evitarán trasladar costes a las poblaciones donde se instalen.

Para OpenAI y sus competidores, conseguir permisos, disponer de electricidad suficiente y mantener la aceptación de las comunidades se está convirtiendo en una condición tan importante como adquirir nuevos procesadores o ampliar la capacidad de sus sistemas.

La expansión de la IA tendrá que negociar con los municipios

Las elecciones estadounidenses han puesto de manifiesto una dificultad que el sector tecnológico no puede considerar secundaria: la infraestructura física de la inteligencia artificial necesita aceptación social.

Las votaciones no representan un rechazo general a ChatGPT ni a las aplicaciones de IA. Reflejan, más concretamente, la resistencia de numerosas comunidades a asumir las consecuencias de instalaciones de gran tamaño sin garantías suficientes.

El pacto presentado por OpenAI reconoce buena parte de esas preocupaciones. Pagar la electricidad, publicar los consumos y consultar a los vecinos son compromisos relevantes, aunque su eficacia deberá medirse en los proyectos concretos y no únicamente en los documentos anunciados.

El resultado electoral deja una situación nueva para las grandes tecnológicas estadounidenses. Su capacidad para ampliar centros de datos dependerá también de convencer a los municipios de que las inversiones ofrecen beneficios reales y costes asumibles.

La expansión de la inteligencia artificial sigue adelante. Lo que empieza a cambiar, al menos en una parte de Estados Unidos, es quién tiene voz para decidir dónde y bajo qué condiciones.